Damián Rodríguez, portavoz de COESPE Madrid
En estos tiempos que vivimos de postureo, defensa de privilegios individuales y desviar la atención hacia intereses que nada tienen que ver con la mayoría de la población, las polémicas superficiales y los intereses partidistas priman sobre la realidad social y política. El gesto por el momento solo conceptual del presidente del Gobierno de coalición ha sido la gran polémica en la sociedad y sobre todo en los medios, siguiendo los designios de sus propietarios financieros.
Este periodo por el momento vacío de contenidos y de medidas para luchar contra los bulos y la ocupación conservadora de la Justicia vela de una manera grosera las necesidades y las medidas que debería tomar el bloque de progreso en el Congreso de Diputados. Los derechos sociales, los del trabajo, la sanidad y el sostenimiento de los derechos y pensiones públicas ni están en el debate ni se espera.
Y dentro de dicha espera y silencio, clama por encima de todas estas necesidades la derogación de la Ley Mordaza, que como su nombre indica está asfixiando a la sociedad y a los movimientos sociales que estamos en la calle con denuncias, amenazas y utilización de dicha ley con las actitudes de los cuerpos de seguridad del Estado y el uso represor de nuestros gobernantes estatales, regionales o locales para intentar amordazar la libre circulación, propaganda y expresión de la sociedad.
Sirva como ejemplo la imposibilidad de manifestarnos los movimientos sociales como los pensionistas ante el Congreso de los Diputados, o las denuncias que se han abierto acogiéndose a la ley a los compañeros pensionistas de Alcalá de Henares, o a personas del movimiento vecinal, y a última hora el intento de quitar las lonas de la ignominia del Gobierno regional del PP de la Sra. Ayuso, a través del Ayuntamiento de Madrid, con la utilización de normativa inexistente por miembros de la Policía Municipal.
Todos estos ejemplos nos reafirman en la necesidad de que el Gobierno de coalición estatal actúe, cumpliendo el compromiso político que adquirió con la ciudadanía, y apruebe medidas concretas para garantizar la democracia con derechos y libertades, partiendo en primer lugar de la derogación y anulación de todas las acciones derivadas de ley y normativas que amputan nuestros derechos.
De no ser así, los gestos se quedarán solo en postureo, y las consecuencia será la autopista a la ultraderecha, cada día más instalada en políticas represoras y de pérdida de derechos que nos han costado tanto esfuerzo y sacrificio.
