Pepe Mejía*
El pasado 7 de diciembre de 2022, el Congreso destituyó a Pedro Castillo —que fue elegido presidente en julio de 2021— y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales invistió a la vicepresidenta, Dina Boluarte, como presidenta.
En tres meses, bajo el régimen de Dina Boluarte, han sido asesinadas más de 60 personas que participaban en las movilizaciones contra la dictadura cívico-militar. Con Boluarte se ha colocado a personas afines tanto en el Poder Judicial como en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Fiscalía de la Nación. La actual dictadura persigue, detiene y “terruquea” (acusar falsamente de “terrorista” a personas que expresan su oposición al régimen) a ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse.
El pasado 5 de abril se cumplieron 31 años del golpe que dio Alberto Fujimori. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Congreso de la República, intervino el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, además de perseguir a miembros de la oposición y secuestrar a personas.
El golpe de Fujimori —el 5 de abril de 1992— nunca fue condenado por Felipe González, presidente del Gobierno de España y miembro de la Internacional Socialista.
El golpe de Dina Boluarte —el 7 de diciembre de 2022— no ha sido condenado por el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, miembro del PSOE y de la Internacional Socialista.
Las empresas españolas extractivistas tienen muchos intereses económicos en Perú. Fujimori aprobó una Constitución que favoreció la privatización de muchas empresas públicas peruanas. Muchas de las empresas españolas se favorecieron de esas privatizaciones.
Hoy, por lo visto, Pedro Sánchez apoya los intereses económicos de las empresas españolas y no apoya la vigencia de los derechos humanos. Tampoco expresa su apoyo y solidaridad a las víctimas de la represión.
Con estos mimbres, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y miembro del PSOE, será a partir de julio presidente de la Unión Europea. ¿Con qué cara va a defender los derechos humanos cuando no planta cara a una dictadura? ¿O es que a lo mejor se siente más cómodo con el discurso xenófobo de Giorgia Meloni de Italia y fiel aliada de Vox, partido cuyos representantes viajan a Lima a ofrecer su apoyo a la dictadura y no pronuncian palabras de consuelo a las víctimas de la represión?
Hoy como ayer los silencios abundan. Los cargos públicos de España no quieren expresar su rechazo a la dictadura. Pero las excepciones resaltan.
El alcalde de Cádiz, José María González “Kichi”, ha expresado su rechazo rotundo a la dictadura en Perú. También ha manifestado su apoyo y solidaridad con las víctimas de la represión y su apoyo a las organizaciones indígenas y campesinas. Una actitud muy digna que echamos en falta en otros cargos públicos.
A todo esto, y como colofón, el pasado 22 de marzo la dictadura nombró a Walter Francisco Gutiérrez Camacho nuevo embajador de Perú en España. Gutiérrez Camacho va a representar a Dina Boluarte, una persona que el 76% de la población peruana desaprueba. El nuevo embajador asume el cargo sin ninguna credibilidad. La comunidad peruana residente en el Estado español le ha declarado persona non grata.
Gutiérrez Camacho es la síntesis de las dos dictaduras. Siendo Defensor del Pueblo pidió la vacancia de Pedro Castillo. Recientemente, en enero del 2023, acusó a la población que protestaba en Juliaca (Puno) de quemar a un policía. Hoy se ha sabido que fue una banda criminal organizada quien realizó este crimen.
El APRA —partido miembro de la Internacional Socialista a igual que el PSOE— se valió del representante de la dictadura en Madrid y él se valió del aprismo.
*Periodista, corresponsal de Lucha Indígena en Europa y miembro del Colectivo de Peruanxs en Madrid
