Que se sepa la verdad y se haga justicia para las 7.291 víctimas de las residencias de Madrid por los protocolos de no derivación entre marzo y abril de 2020
Marea de Residencias y Verdad y Justicia
La fecha fue el 23 de marzo de 2023. El escenario, los juzgados de plaza de Castilla en Madrid. Muchos nervios y expectación, pero sobre todo mucha esperanza para que se sepa la verdad y se haga justicia para las 7.291 víctimas de las residencias de Madrid por los protocolos de no derivación entre marzo y abril de 2020, los protocolos de la vergüenza. La convocante fue Marea de Residencias, que se vio arropada por Verdad y Justicia y por muchas personas solidarias con la causa que se acercaron a mostrar su apoyo, algunas también familiares de víctimas que hablaron de cómo vivieron esos últimos momentos de sus familiares sin saber cómo estaban y sin poder despedirse, ese último abrazo que no pudieron darles nunca. Imposible no sentir empatía con ellos, aunque aquellas personas no fueran de tu familia.
De la expectación ante la declaración de los dos ex-cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso citados a declarar daba fe el gran número de medios de comunicación que se congregaron. La presencia de Alberto Reyero estaba confirmada, no así la de Carlos Mur de Viu al haber trasladado su residencia a Andorra (se creía que no se le podría haber notificado). El primero entró y salió sereno y habló con los allí presentes antes y después. Carlos Mur en cambio fue recibido con expresiones como “asesino” y salió protegido por la puerta de atrás. De lo que pasó dentro del Juzgado nº 9 habló tras las declaraciones de ambos ex-cargos el abogado de las familias querellantes Carlos Vila, cuya salida se retrasó para evitar algún incidente con el segundo declarante.
Carlos Vila declaró ante los medios y ante los que allí estábamos que el juez titular parecía muy interesado en investigar los hechos. Vila dijo que la declaración de Reyero había sido muy contundente y que la de Mur apuntó en el mismo sentido de lo que dijo en su momento en la Asamblea de Madrid, pero que le reconoció esta vez haber recibido un correo de Reyero el 22 de marzo en contra de los protocolos de no derivación y avisando de que podían ser delictivos, hecho que en su día negó en la sede asamblearia. Mur dijo estar en contra de los protocolos basados en las escalas de Barthel y GDS, pero que los firmó para apoyar a los geriatras de los hospitales, insistiendo en que no eran de obligado cumplimiento y que eran documentos clínicos (aplicación según criterio médico, y no una orden administrativa de cumplimiento obligatorio, y que debería ir firmada por el consejero de Sanidad, según él).
Reyero en cambio cree que sí que eran de cumplimiento obligatorio y parece que el juez también cree lo mismo, al afirmar en otro momento que así no se puede imputar a los directores de las residencias si tenían órdenes de acatar esos protocolos de no derivación hospitalaria. Los protocolos se decidieron en una reunión el 14 de marzo con geriatras, personas de la consejería de Reyero, estando también presentes Francisco Javier Martínez Peromingo (actual director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Consejería de Sanidad desde el cese de Mur) y Antonio Burgueño en dicha reunión. Su superior jerárquico Enrique Ruiz Escudero lo sabía y fue quien dio la orden y mandó los protocolos a los hospitales desde la Consejería de Sanidad. A las residencias los envió la Consejería de Políticas Sociales.
El juez va a realizar una investigación basada en informes forenses en cuatro puntos: si hubo un tratamiento adecuado, si los protocolos influyeron en las muertes, si la no derivación tuvo algo que ver en el fallecimiento o no… y Carlos Vila insistió en que además del delito de homicidio imprudente puede haber más como el de denegación de auxilio y prevaricación (muy claro para Vila). Queremos destacar que el fiscal no se personó. Las familias de las víctimas fallecidas sin atención médica persiguen la declaración de Enrique Ruiz Escudero, después de que Carlos Mur, el responsable de firmar esos triajes, haya admitido que contaba con su visto bueno.
Que se sepa la verdad. Que se imparta justicia. Y sobre todo que esto no vuelva a suceder. No nos lo podemos permitir como sociedad.
