Damián Rodríguez García Portavoz de COESPE Madrid
A pesar del bombardeo al que nos someten desde las tribunas del poder, medios de comunicación y diversos expertos que solo benefician al poder fáctico, desde COESPE afirmamos con rotundidad que el sistema público de pensiones que hemos tenido hasta las contrarreformas actuales es sostenible; sirve para mantener el modelo intergeneracional, interterritorial y solidario que ha permitido mantener uno de los elementos fundamentales del estado de bienestar.
Con solo dos medidas que deberían ser realizadas, y que deberían ser cumplidas, una de ellas por mandato democrático del Congreso de Diputados a través del cumplimiento de la Ley 21/12/2021 del 28 de diciembre, que acordó la celebración de la auditoria de las cuentas de la Seguridad Social y la paralización de la ley de los planes de empleo (privatización de parte de las pensiones públicas a través de la negociación colectiva), dos acciones que permitirían mantener la financiación pública total de la Seguridad Social y del sistema público de pensiones.
El ultimo decreto ley que aprobó el Congreso de los Diputados, a pesar de no ser la concreción del modelo que se pretendía por la Unión Europea y el ministro Escrivá, es un modelo que pretende imponer una serie de medidas que no resuelven aspectos determinantes para millones de pensionistas actuales, y sobre todo disminuyen las pensiones públicas futuras e introducen elementos de endurecimiento para obtener unas dignas y suficientes pensiones públicas para el conjunto de las y los trabajadores actuales.
Ampliar el periodo de cálculo para obtener una pensión digna, jubilarse a los 67 años, no cerrar la brecha de género, no fijar las pensiones contributivas y las no contributivas al nivel del salario mínimo interprofesional (SMI) y del umbral de la pobreza, mantienen las medidas y condenan en las próximas décadas a la disminución de las cuantías si a estas medidas no se acompaña con medidas fiscales y del cierre de los agujeros que supone seguir restando recursos al sistema público. El futuro de las y los trabajadores se oscurece de manera visible en relación con sus pensiones públicas futuras.
Estas breves notas no pretenden ahondar en las medidas, pues son muy prolijas y sobre todo son promesas de futuro imposibles de predecir, entre otras razones por los cambios de Gobiernos y las políticas que apliquen.
Pretendo fijar algunos criterios para las y los trabajadores actuales y sobre todo para la juventud. La cultura imperante ha conseguido de manera impactante que muchas personas pensionistas y jubiladas futuras razonen que el futuro indica que no tendrán pensiones públicas dignas y suficientes. Quiero que entiendan que esa realidad que venden no es cierta: el modelo publico que hemos tenido se ha basado en el salario diferido de las y los trabajadores y en las aportaciones de presupuestos que han garantizado un modelo social sostenible, se puede y debe mantener, y ello es posible con la paralización de las decisiones privatizadoras y la auditoria pública e independiente de la Seguridad Social.
Para ello es necesario mantener las movilizaciones y la información y el debate, como hemos hecho el colectivo de pensionistas en la última década, y una parte del movimiento sindical de base, que, junto a los ejemplos de la clase obrera de otros Estados europeos e internacionales, están demostrando que se puede mantener los sistemas solidarios e intergeneracionales sin recortes y otras políticas económicas y sociales.
Mantener la movilización y la resistencia es determinante: ni un paso atrás, esta batalla la podemos ganar si se amplían y desarrollan las acciones y movilizaciones.
Porque gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones públicas se defienden.
