De finales de diciembre de 1996 a enero de 1997 tuvo lugar la mayor huelga general de la historia de Corea del Sur. Tres millones de trabajadores surcoreanos, encabezados por la industria automotriz y naval, obligaron al Gobierno del país asiático a dar marcha atrás en un controvertido proyecto de reforma laboral
Ana Merino / Colectivo Cuadernos de Trabajo
A finales de 1996, apenas una década después de la gran ola de protestas obreras en la que se vio sumido el país durante el verano de 1987, los trabajadores coreanos atrajeron la atención del mundo con una huelga masiva como respuesta la aprobación de polémicas medidas laborales.
En la madrugada del 26 de diciembre de 1996, los líderes del Gobierno, pertenecientes al Partido Nueva Corea (NKP), convocaron a sus legisladores de manera secreta. Desde cuatro hoteles en distintos puntos de la capital, éstos fueron trasladados a la Asamblea Nacional, donde a las seis de la mañana aprobaron, entre otras, una serie de leyes enfocadas a una reforma laboral sin precedentes. Ante la ausencia de legisladores de la oposición, fueron aprobadas por unanimidad.
Estas medidas, que según el Gobierno y representantes empresariales eran necesarias para convertir a Corea del Sur en un país competitivo frente a otras economías en desarrollo, incluían facilitar los despidos (eliminando las compensaciones económicas), incrementar las horas de trabajo semanal de 44 a 56 y facilitar los horarios “flexibles”. Se permitía el uso de mano de obra de reemplazo (trabajo esquirol) y se ilegalizaba el subsidio de huelga. Estas nuevas leyes también retrasaban tres años la autorización a la creación de nuevos sindicatos, que existían, pero que técnicamente estaban prohibidos, y negaba el derecho de asociación a los profesores. Otra de las medidas más controvertidas era la dotación de nuevos poderes a la Agencia de Seguridad Nacional, un órgano de inteligencia conocido previamente como la Agencia Central de Inteligencia Coreana, que había sido usada en el pasado como herramienta de represión política y espionaje doméstico.
El anuncio de lo ocurrido en la Asamblea Nacional desató una oleada de furia. Sin embargo, a diferencia de protestas anteriores, esta huelga estaba bien organizada y fue producto del esfuerzo conjunto de las dos organizaciones sindicales más importantes de la época: la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU), aún una institución ilegal en aquel momento, y la Federación de Sindicatos de Corea (FKTU), de carácter más conservador y tradicionalmente simpatizante del Gobierno.
A diferencia de conflictos previos, donde las demandas estaban más centradas en la obtención de una compensación económica a corto plazo, el foco de los trabajadores estaba en preservar la estabilidad laboral y en conseguir la institución legal de sus derechos mediante la legalización de la KCTU. Se considera que la razón del éxito de la movilización contra estas medidas legislativas es la importancia y transversalidad de las demandas. En el contexto de una globalización a marchas forzadas, el modelo tradicional de trabajo en la que el puesto se conservaba desde su obtención hasta el fin de la trayectoria laboral se veía amenazado con la flexibilización del despido. Esto se convirtió en una realidad para muchos trabajadores, no solo aquellos que desempeñaban su labor en factorías (blue collar), sino que también afectaba a mandos intermedios, puestos de gestión, asalariados, etc. En un país marcado por la escasez de políticas sociales que ofreciesen apoyo en caso de la pérdida del trabajo y al profundo enraíce entre la identidad personal y laboral, el conflicto adquirió tintes morales. La opinión pública consideró que suponía una falta al compromiso de reciprocidad entre trabajadores y empleadores, constituyente de la base del modelo empresarial coreano, y mostró su apoyo a los huelguistas.
En las horas siguientes al anuncio de las nuevas leyes, la KCTU convocó de manera inmediata la huelga, y la misma tarde del 26 de diciembre 145.000 personas abandonaron sus puestos de trabajo, liderados por las plantas de automoción de Hyundai y Kia. Al día siguiente, la FKTU declaró su apoyo a la huelga y convocó a su base de 1,2 millones de trabajadores a formar parte de los parones. Para el 28 de diciembre de 1996 372.000 trabajadores estaban en huelga, paralizando las plantas automovilísticas y los astilleros en todo el territorio peninsular.
Después de un parón festivo, que hizo a los líderes sindicales temer una pérdida de apoyo y compromiso significativa, la huelga se hizo aún más transversal, incluyendo trabajadores de la industria de los seguros, la banca, hospitales y prensa, uniéndose a los piquetes.
Así, durante tres semanas, las acciones sindicales continuaron, con parones horarios, semanales y continuos, llegando a contar con la participación de más de tres millones de trabajadores. La industria automovilística, grandes factorías y operaciones navales quedaron completamente paralizadas; se cerraron algunas áreas de más de diez hospitales de la capital y pausaron tratamientos no esenciales (se mantuvieron los servicios en las salas de emergencia y de maternidad) y sumaron a los trabajadores del metro.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, declarando la huelga ilegal. Las amenazas de represión se hicieron reales en incidentes como el arresto de los líderes sindicales el 6 de enero o el uso de gas lacrimógeno sobre los manifestantes durante la marcha a la catedral de Myongdong.
Sin embargo, los altos niveles de participación de manera consistente y un gran apoyo popular permitieron a los trabajadores mantener la presión sobre el Gobierno de manera organizada y sistemática. Finalmente, el 21 de enero de 1997 el Gobierno se veía obligado a reunirse con los líderes de los partidos de la oposición y a revisar el proyecto legislativo. La KCTU desconvocó la huelga, bajo amenaza de retomar las acciones en caso de que las nuevas leyes no cumpliesen las demandas de los trabajadores.
Esta huelga, de marcado componente político y social, es un ejemplo del impacto de la acción organizada de los trabajadores a gran escala. Si bien los éxitos pueden ser considerados modestos con la perspectiva que da el tiempo, a lo largo de 20 días, cerca de tres millones de personas pusieron en jaque a un Gobierno que pretendía imponer medidas injustas y sentaron las bases del modelo sindical más militante del movimiento obrero coreano actual.
