Roberto Ugena / El Plural
La Comunidad de Madrid es un oasis para las grandes fortunas. El territorio presidido por Isabel Díaz Ayuso no encuentra ningún problema en repartir becas y ayudas indiscriminadamente entre las mayores rentas de la Comunidad, destinadas a contratar personal del hogar o a financiar la educación concertada y privada. Sin embargo, si eres madre soltera es casi imposible acceder a una ayuda que contribuya a poder pagar el comedor escolar, más necesario todavía para las familias monoparentales. A algunas de estas familias se les ha denegado ahora la ayuda por no aparecer el padre en el libro de familia. El pasado mes de junio, ElPlural.com ya expuso los disparatados requisitos planteados a este tipo de familias para poder acceder a esta beca.
El umbral fijado para que a una madre soltera con un hijo la Comunidad de Madrid le cubra la mayor cuantía posible del servicio es de 3.000 euros anuales per cápita (por miembro de la unidad familiar). Esto significaría que, para que esta familia pudiese percibir esta cantidad (el 82% del precio total), no podría superar los 500 euros de ingresos mensuales. Para percibir esta bonificación, una madre con dos hijos menores no podría cobrar más de 750 euros al mes. Todo ello mientras las becas no llegan y el comedor escolar se ha encarecido en 12,4 euros al mes.
Para recibir una ayuda que cubre menos de la mitad del coste del comedor escolar, un 47,6%, el principal requisito sigue siendo la pobreza extrema. Así, el nivel de renta per cápita se sitúa en el umbral de los 4.260 euros, por lo que una madre soltera con un hijo no podría cobrar más de 710 euros al mes. Si la familia monoparental estuviese compuesta por dos menores, la renta de éstos no podría alcanzar siquiera la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No obstante, existe una manera de librarse de cumplir estos bochornosos requisitos: que algún miembro de la unidad familiar sea policía.
Ser policía, el único requisito
Los requisitos establecidos para la concesión directa de becas son de los más estrictos de España, en casi todos los casos. Las familias comunes deben ser perceptoras de la Renta Mínima de Inserción, que no llega a los 470 euros por persona, del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se sitúa en los 565 euros. De no ser beneficiario de ninguna de estas ayudas, se debe contar con una renta per cápita inferior a los 4.260 euros anuales o con algún miembro de la unidad familiar víctima de terrorismo o de violencia de género.
Todas ellas situaciones dramáticas, a las que se suma alguna como la protección internacional o el acogimiento. Sin embargo, existe otra manera de percibir estas ayudas. Ser parte de una “familia con algún miembro de la unidad familiar perteneciente a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con destino en la Comunidad de Madrid”. Así, según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, las familias con policías nacionales, policías locales, guardias civiles y militares podrán recibir la beca sin importar el nivel de renta.
Estos hogares percibirán la misma ayuda, 445 euros para todo el curso, que las “beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital con una renta per cápita desde 3.000 euros hasta 4.260 euros, familias con una renta per cápita inferior a 4.260 euros, familias con una víctima de violencia de género o del terrorismo y con un alumno en situación de acogimiento familiar”.
Gestión a cargo de ETT
La Comunidad de Madrid ha renunciado a hacerse cargo de la gestión de la concesión de las becas. En años anteriores, éstas se entregaban a los centros educativos, que asumían esta función. Sin embargo, a partir de este curso se ha aprobado la concesión directa, pero a cargo de la Empresa de Trabajo Temporal Randstad.
La empresa cobrará 227.298,50 euros por realizar una gestión que anteriormente desarrollaban organismos públicos. “La Subdirección General de Becas y Ayudas de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades no cuenta con medios personales y materiales suficientes para acometer este proyecto”, justifican desde el Gobierno de Ayuso, situación que se había vivido antes.
Además, la externalización no ha conseguido mejorar la entrega de becas, que llegarán tarde a las familias. Ni siquiera ha finalizado el proceso de resolución, con el curso ya empezado. Los retrasos en el plazo de presentación y subsanación de solicitudes, los problemas informáticos en la aplicación y los criterios restrictivos y desactualizados para acceder a las becas amenazan con postergar la recepción de la cuantía, que ha sido denegada a miles de familias en las últimas horas, a los que se les exige una documentación que ya han presentado.