María Martínez Collado | Público
El espacio Vecinas y Vecinos de los Pueblos y Barrios de Madrid ha entregado el 24 de abril más de 7.000 reclamaciones, recogidas en decenas de centros de salud y hospitales de toda la Comunidad, al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Recabados en apenas dos meses, estos requerimientos se suman a las otras 4.000 reclamaciones entregadas el pasado mes de febrero.
La agrupación, integrada por diferentes asociaciones vecinales, critica que “la escasa inversión en sanidad pública, el abandono por parte de la Administración autonómica y la desviación de recursos a la sanidad privada” por parte de la Comunidad de Madrid, obligan a emprender medidas para denunciar las deficiencias y carencias que padece el sistema sanitario madrileño.
La facilidad creciente con que decenas de activistas de asambleas y colectivos han recogido estas reclamaciones en las puertas de los centros sanitarios son una prueba más del malestar ciudadano.
En tan solo cinco años, el Gobierno de Ayuso ha elevado un 70% las listas de espera en la región. En concreto, los últimos datos reflejan que la cantidad alcanza las 1.003.721 personas: 206.357 esperan por una prueba diagnóstica, 703.805 por una consulta externa y 93.559 por una intervención quirúrgica. En 2019, año en que la presidenta madrileña asumió al cargo, la cifra era de 590.517 pacientes.
Al mismo tiempo, en Atención Primaria hay una demora cada vez más grave en las citas de medicina, pediatría y enfermería por la escasez de profesionales. También las Urgencias extrahospitalarias agonizan: de acuerdo con la Consejería de Sanidad, solo 50 de los 80 centros disponen actualmente de facultativas, mientras que los otros 28 quedan en manos de enfermeras y celadores.
En el SUMMA 112, por su parte, hay UVI móviles sin médico, como vienen denunciando sus empleados. Esta situación desemboca en una enorme presión para las Urgencias hospitalarias, que tampoco son capaces de funcionar como deberían.
Una degradación paulatina que ya ha tenido consecuencias fatales. El mismo 23 de abril, vecinos de Colmenar Viejo denunciaron públicamente el fallecimiento de un hombre de 69 años que, tras sufrir un infarto, no logró ser atendido a tiempo por un médico debido que las Urgencias del municipio llevan cuatro años sin disponer de facultativo.
