Jesús Jaén
La Ley General de Sanidad aprobada el 25 de abril de 1986, pese a numerosas lagunas e inconcreciones, fue un avance. Desarrollaba el artículo 43 de la Constitución dedicado a la protección de la salud. Han pasado 37 años. El prometedor futuro de la salud de la ciudadanía era uno de los tres pilares del estado de bienestar social junto con las pensiones y la educación pública. Se pasaba de financiar a través de la Seguridad Social, con las cuotas del trabajo y las empresas, a un sistema de salud integrado a nivel nacional financiado por los Presupuestos Generales del Estado. Este avance significó que la cobertura sanitaria antes de 1986, cifrada en un 77% de la población, pasaba al 95,5% en la dirección de una universalidad total.
La ruptura neoliberal
El gran punto de ruptura hay que situarlo en el caso de la Comunidad de Madrid en el año 2003, fecha en la que Esperanza Aguirre accede a la presidencia tras unas elecciones en las que el PP compró las voluntades de dos diputados del PSOE. En plena oleada neoliberal a nivel mundial, el PP de Madrid se situará en la vanguardia de la política de transferencias del dinero y el patrimonio público a manos del sector privado. Empezando por las concesiones de los servicios no sanitarios como la hostelería, limpieza, personal no sanitario, lavandería, etc.; y continuando con diversos modelos de gestión público-privada o directamente la entrega de suelo público para la construcción de hospitales privados. A ello hay que sumar las facilidades con las que la industria (laboratorios y farmacéuticas) accede al SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), desde el compadreo con la presidenta y Consejería hasta las gerencias del sector, pasando por las gigantescas inversiones públicas en farmacia, tecnología e investigación.
Estamos planteando además un problema que no se circunscribe a Madrid, sino a toda España, e incluso a nivel europeo y mundial. Sin embargo, como decíamos anteriormente, la peculiaridad es que Madrid es vanguardia del neoliberalismo, del trumpismo o de cualquier forma económica y política de índole reaccionaria. Pongamos algunos ejemplos. Según los últimos datos, la CM (Comunidad de Madrid) es la que menos invierte en sanidad pública por habitante (1.446 euros frente a una media de 1.808 del resto de las comunidades). En la UE la media es de 2.244 euros por habitante. Hoy el conflicto de Atención Primaria no es exclusivo de Madrid, pero la situación de los centros de salud, SUAP, etc. no está provocada por las inclemencias del tiempo, ni el año y pico de pandemia, ni el envejecimiento poblacional (todo eso puede afectar de manera contingente y puntual), sino fundamentalmente por una estudiada y estratégica decisión de destruir la primera línea de defensa de la salud en nuestra comunidad. Es una forma más de transferir lo público hacia lo privado, haciendo inviable un sistema público que se cae a pedazos mientras los profesionales se van a otras comunidades, se jubilan y se dan de baja sin ningún reemplazo estructural. Por lo tanto los pasos que viene aplicando el Gobierno de Ayuso para la Atención Primaria forman parte de un plan más general que consiste básicamente en la mercantilización, vaciamiento y desprotección de todo lo que constituye el derecho a la salud.
La pandemia ha sido una excusa para llevar adelante a mayor velocidad lo que hubieran hecho a un ritmo más pausado. En el 2012 el Gobierno de Ignacio González lanzó un plan privatizador centrado en siete hospitales y 24 centros de salud, además de otras “reordenaciones” en hospitales como La Princesa, Carlos III o los servicios de donación de sangre. El plan desató la mayor resistencia por parte de trabajadoras y trabajadores que jamás se ha conocido en el sector sanitario. A esa lucha se unieron miles y miles de usuarias y usuarios. Hubo victorias y derrotas. Hoy el ataque está concentrado en la Atención Primaria y se disimula bajo fórmulas de “eficacia” y “nuevas tecnologías”, que no son otra cosa que distracciones del problema de fondo: a) transformar un servicio público en un negocio empresarial mediante el traspaso de usuarias y usuarios a la aseguradoras del sector; b) crear las condiciones necesarias para la inversión privada a través de la implementación de nuevas tecnologías (una es la telemedicina); y c) destruir aún más las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores sanitarios y no sanitarios. ¡El sueño del ideal neoliberal!
La chispa que ha encendido la movilización social ha partido no de las trabajadoras y trabajadores del sector, sino de la ciudadanía. A continuación se han ido sumando cientos de profesionales asfixiados por unas condiciones laborales que ya resultan insoportables. La huelga de médicas y médicos de AP es la más importante que se ha vivido en Madrid desde la aprobación de la Ley General de Sanidad. Es un conflicto que tiene un triple componente: es laboral porque afecta a las trabajadoras y trabajadores; es social porque afecta y moviliza a la ciudadanía; y es político porque enfrenta en la Asamblea de Madrid dos modelos sanitarios. Por estos motivos es una lucha que trasciende cada uno de los planos y que no acabará con las elecciones de mayo sea cual sea su resultado (aunque la derrota de Ayuso ayudaría mucho a conseguir una parte de los derechos). Cualquier tipo de visión cortoplacista tiende a producir frustración, en particular entre los profesionales cuando pierden derechos concretos o se ven arrojados a unas condiciones de trabajo insoportables. En el caso de la ciudadanía es algo diferente, ya que resignarse es, más o menos, aceptar la desprotección de todo el entorno familiar y generacional.
Gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende
La entrada del nuevo año está suponiendo un repunte en las movilizaciones de las profesionales del sector. Las médicas y médicos de AP se han vuelto a reunir para reiniciar la huelga que decidieron suspender con la entrada de las Navidades. Las trabajadoras y trabajadores de las urgencias extrahospitalarias también han planteado un calendario de lucha y de movilizaciones. La caldera sigue calentándose, y ya no solo en la CM, sino en otras comunidades como Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias, etc.; es decir, tanto comunidades gobernadas por el PP como también algunas de las gobernadas por el PSOE. Esto demuestra dos cosas: por un lado que las luchas no están manipuladas por ninguna organización política y, en segundo lugar, que los recortes sanitarios no conocen —lamentablemente— de ideologías.
El nuevo año también está suponiendo un incremento de las movilizaciones por parte de la ciudadanía en Madrid. Los mismos colectivos, plataformas, personas que organizaron las grandes marchas del 13 de noviembre en Cibeles, se están reuniendo y aprobando un plan de movilizaciones que se desarrollará en los meses de febrero y marzo. Además de los encierros y de las concentraciones en las puertas de los centros de salud, se ha convocado otra gran marcha que partirá de varios puntos de la capital con el mismo formato de la manifestación del 13 de noviembre. La gran fecha es el 12 de febrero, y se espera una asistencia masiva. Finalmente, para el mes de marzo, estos grupos, organizados en torno al nombre “Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid”, están preparando una gran consulta popular en defensa de la Atención Primaria. Se espera superar la cifra de la anterior consulta que la Marea Blanca realizó en el año 2013, en la que llegaron a votar casi un millón de ciudadanas y ciudadanos de la CM. La lucha sigue, y seguirá más allá de cualquier resultado electoral.
