Triana Riazor Marquina
En medio de la aprobación del pacto migratorio de la Unión Europea (UE), la comunidad europea se encuentra dividida. Aunque algunos vislumbran avances en la gestión migratoria, las notables restricciones a los derechos de los solicitantes de asilo y la externalización de la gestión migratoria plantean inquietudes cruciales. Este pacto, percibido por algunos como un progreso, exige una evaluación crítica. La empatía debe ser la brújula que guíe nuestras políticas, y la denuncia social, la herramienta para desmantelar estructuras que perpetúan la injusticia y la indiferencia. Es hora de que la UE asuma su responsabilidad moral en la protección de los derechos humanos de los migrantes, liderando con un ejemplo humanitario que refleje valores fundamentales de compasión y justicia.
El recién aprobado pacto migratorio de la Unión Europea (UE), ratificado en diciembre de 2023, ha generado opiniones encontradas en la comunidad europea. Aunque algunos lo ven como un avance en la gestión migratoria dentro de la UE, se destacan notables retrocesos en materia de derechos humanos.
Este novedoso acuerdo presenta una serie de aspectos preocupantes que merecen un análisis detenido para comprender el declive que representa. En particular, se observa que el pacto impone restricciones adicionales a los derechos de los solicitantes de asilo, permite la detención de menores, así como la prolongación de sus periodos de detención y la disminución de las oportunidades para obtener residencia permanente. Además, plantea la externalización de la gestión migratoria a terceros países, donde la protección de los derechos humanos a menudo queda en entredicho.
En lo que respecta a las restricciones a los derechos de los solicitantes de asilo, el pacto introduce medidas que podrían obstaculizar o incluso impedir el acceso de las personas migrantes a la protección internacional. Un cambio significativo es la posibilidad de detener a los solicitantes de asilo por un período extendido, aumentando de 60 a 180 días el límite que existía en el antiguo sistema de asilo de la UE. Esta modificación puede tener consecuencias especialmente perjudiciales para aquellos que huyen de la persecución o la violencia.
Además, el pacto reduce las oportunidades para obtener residencia permanente al disminuir los requisitos de fuertes lazos con la UE. Esta medida complica el proceso para aquellos que buscan una residencia duradera, afectando directamente a personas que han huido en busca de un refugio seguro.
En aras de “agilizar” los procedimientos de asilo, el acuerdo reduce los plazos para la evaluación de cada caso, estableciendo que deberán resolverse en un lapso de seis meses. Este enfoque podría llevar a la toma de decisiones precipitadas, sin brindar el tiempo necesario para recopilar información detallada en cada caso, lo que podría afectar a la capacidad de garantizar la protección adecuada a cada solicitante.
Estas limitaciones a los derechos de los solicitantes de asilo generan inquietudes, ya que podrían vulnerar derechos humanos fundamentales como la libertad, la libre circulación, la protección contra la tortura y el acceso a un juicio justo.
Otro aspecto crítico del pacto migratorio es la externalización de la gestión migratoria a terceros países. Esta medida implica la colaboración con naciones externas para contener la migración irregular y repatriar a los solicitantes de asilo a sus países de origen. Sin embargo, esta cooperación podría llevar a violaciones de los derechos humanos, dado que algunos de estos países no cumplen con los estándares internacionales de protección. Además, la externalización de la gestión migratoria desplaza la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas migrantes a terceros países, lo cual plantea interrogantes sobre el compromiso de la UE con su deber de garantizar la protección de los derechos humanos en su territorio.
A esto se suma la falta de mecanismos solidarios entre los Estados miembros, quienes tienen la opción de rechazar migrantes o solicitantes de asilo a cambio de un pago de 20.000€ por cada individuo. Lo cual permite eludir la obligación de acogida recogida en los acuerdos internacionales. Esta circunstancia podría generar una saturación de los centros de detención, principalmente concentrados en países receptores clave como España, Grecia y Chipre, lo que a su vez conduciría a condiciones de acogida altamente preocupantes.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes expresaron su preocupación por la falta de enfoque en la protección de la infancia. El pacto permite la detención de niños y niñas, normalizando el uso arbitrario de la detención de inmigrantes, incluso menores, aumentando la discriminación racial y utilizando procedimientos de “crisis” para permitir devoluciones. La ausencia de una edad mínima para la detención y la posibilidad de que niños y niñas sean detenidos junto a sus familias y en solitario plantea serias inquietudes sobre el bienestar de los menores en un entorno inseguro donde no tienen acceso a educación, sanidad ni servicios propios para la satisfacción de sus necesidades.
En la encrucijada de este nuevo pacto migratorio de la Unión Europea, es esencial alzar la voz en nombre de la solidaridad y la denuncia social. Las restricciones impuestas a los derechos de los solicitantes de asilo demandan una revisión profunda, exigiendo que se respeten los principios fundamentales de derechos humanos. La cooperación con terceros países debe ser llevada a cabo de manera transparente y con un enfoque claro en salvaguardar los derechos de las personas migrantes.
Este pacto, que algunos consideran un paso adelante en la gestión migratoria, requiere una mirada crítica por parte de los ciudadanos de la UE, ya que cumple con la protección de fronteras, pero no busca la protección de las vidas migrantes. Es imperativo reflexionar sobre las consecuencias de estas medidas para aquellos que buscan refugio, pues cada migrante es un ser humano que huye de la persecución, la violencia o la pobreza. Tienen derechos innegociables a la protección internacional y a los mismos derechos que todos los ciudadanos de la UE, son portadoras de historias, esperanzas y sueños.
La UE tiene la oportunidad de liderar con un ejemplo humanitario, recordando que la protección de los derechos humanos no conoce fronteras. Los ciudadanos de la UE tienen el poder de ser agentes del cambio, exigiendo políticas que reflejen los valores fundamentales de compasión y justicia. Es hora de que la UE, en su conjunto, abrace la responsabilidad moral de construir un futuro donde la protección de los derechos humanos sea el núcleo de su identidad y acción.
El pacto introduce medidas que podrían impedir el acceso de las personas migrantes a la protección internacional
