‘…Comunidad de Madrid llevamos viendo como la sanidad pública se degrada y empeora. Las listas de espera son enormes, y numerosos servicios sanitarios en lugar de mejorarse se degradan’
Asamblea Popular de Carabanchel
El 13 de noviembre varios cientos de miles de personas llegadas de todos lo puntos de la Comunidad recorrieron el centro de la capital, agrupadas en cuatro columnas, para encontrarse en Cibeles. Bajo el lema “Madrid se levanta por la sanidad pública”, protagonizaron una de las protestas más multitudinarias de los últimos tiempos en la capital.
La masiva participación de miles de personas —más de 200.000 según delegación de Gobierno, 670.000 según la plataforma organizadora— en la manifestación “Madrid se levanta por la sanidad pública” sorprendió incluso a sus convocantes y superó todas las expectativas. Sin embargo esta protesta ”contra el plan de destrucción de la Atención Primaria” no cayó del cielo. Fue la confluencia de diferentes resistencias al continuado y planificado desmantelamiento del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) por parte del Partido Popular a lo largo de sus años al fente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El 13N se encontraron en la calle miles de usuarias y usuarios para protestar contra la degradación de la atención sanitaria junto a miles de profesionales del SERMAS —médicas, enfermeras, administrativas, celadores…— que no aguantan más la degradación de sus condiciones de trabajo.
‘Vecina, sal: es por tu sanidad’
Para hacer una rápida genealogía de la marcha del 13N, cojamos un botón de muestra: en septiembre de 2020 en plena segunda ola de la pandemia, en la puerta del Centro de Salud Abrantes, en el distrito de clase trabajadora de Carabanchel, apareció un cartel indicando “No hay médicos ni de mañana ni de tarde”. Desde entonces, salvo unos breves parones durante las navidades y los meses tórridos del verano, cada jueves cientos de vecinos y vecinas nos hemos movilizado ante nuestro centro de Atención Primaria. Actualmente éste ha recuperado algunos médicos y médicas de familia y tiene de forma más o menos regular —su número puede variar según los días— entre diez y once. Mejor eso que nada, pero de todas formas se trata de un brutal recorte de un tercio de sus profesionales: este centro de salud que atiende un área con una población de 30.000 personas tenía en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia, 16 médicos de familia.
Una situación similar se repite en los centros de salud de toda la Comunidad de Madrid, ya que hay ahora menos médicos y pediatras que antes de la pandemia. Según los datos de la propia Administración madrileña hay un 20% de puestos no cubiertos en medicina familiar y un porcentaje mayor en el caso de pediatría de Atención Primaria. La falta de profesionales conlleva una degradación brutal de la atención sanitaria pública, con su correlato de dolencias y de sufrimiento para las miles de personas que dependemos de ella. Este problema estructural, el de la falta de recursos, es el resultado del continuado abandono de la Atención Primaria y, más en general, del conjunto de la sanidad pública, que los sucesivos Gobiernos del PP han mantenido sistemáticamente pero que el Gobierno de Ayuso ha acelerado en los últimos meses, aprovechando el shock de la pandemia. Pese a que la COVID-19 evidenció no solo la importancia social de la sanidad pública, sino además sus grandes carencias de personal y de medios, la Comunidad de Madrid (C.M.), ha destinado para sanidad en los presupuestos de 2022 menos de lo que gastó en 2019. Otro dato, la C.M., la comunidad más rica del Estado español, solo destina a la Atención Primaria el 10,73 % del gasto sanitario, lejos de la media de las otras comunidades autónomas, que es del 14,93% .
Este desmantelamiento explica que, según los datos más recientes, la bolsa de pendientes de una intervención quirúrgica, de una cita con el especialista o de una prueba diagnóstica haya superado las 900.000 personas. Otra de las consecuencias es que si durante y después de la pandemia el número de seguros médicos privados ha crecido en todo el Estado, Madrid se ha puesto a la cabeza y se ha convertido en la comunidad con el mayor número de personas con cobertura privada, un 38%. Los y las madrileñas con más recursos abandonan una sanidad pública en la que se puede tardar días e incluso semanas en ver a un médico. Pero hay muchos miles de personas que no.
Por ello las protestas ante los centros de salud se han ido extendiendo y reproduciendo por toda la región, sobre todo en las zonas más populares y de clase trabajadora. Desde hace ya un par de años hay protestas regulares como las de Abrantes en barrios como Villaverde, Latina, Arganzuela, Ciudad Lineal, Vallecas, etc.; y en localidades y ciudades como Fuenlabrada, Getafe, el corredor del Henares, Móstoles… Regularmente vecinos y vecinas salimos a la calle a defender nuestros centros de salud y con ellos nuestro acceso a la sanidad. En los barrios llevamos más de dos años haciendo de todo: asambleas, concentraciones, manifestaciones, encierros en sedes de la Administración, recogida de firmas, charlas, conciertos, acampadas, manifiestos… Es cierto que muchas de ellas no son protestas muy masivas, pero se mantienen y se repiten regularmente. Y las hay en casi todos los barrios. Esta persistencia nace del hecho de que nos estamos jugando la salud y la vida. La nuestra, pero sobre todo la de nuestras familias.
Hace unos meses, antes del verano, los vecinos y vecinas —a los que la Administración madrileña subestima e ignora— dimos un paso adelante y comenzamos a coordinarnos. Las asambleas y plataformas que han ido surgiendo por toda la C.M. confluimos en un espacio de acción conjunta y empezamos a rumiar la organización de una marcha en forma de columnas, desde los barrios hasta el centro. La convocatoria era deliberadamente amplia para que todas y todos la pudiéramos hacer nuestra. La única condición que pusimos para las marchas fue: nada de banderas partidarias, nada de protagonismos políticos ni sindicales. El único sujeto social es la ciudadanía y, por ese motivo, el cartel y la convocatoria se firmaba sin siglas, como “vecinos y vecinas, barrios y pueblos”. El lema salió casi solo: “Madrid se levanta por la sanidad pública”.
La gota que colma el vaso del maltrato a las profesionales de la sanidad
Pero lo que realmente ha hecho que la movilización del 13N desbordara cualquier previsión es la soberbia y la brutalidad de la Comunidad de Madrid y su proyecto de “reforma de las urgencias extrahospitalarias”.
El Servicio Madrileño de Salud cuenta básicamente con dos niveles asistenciales: la Atención Hospitalaria y la Atención Primaria. La Atención Primaria, que es la base y acceso al conjunto del sistema sanitario público —acceso a especialistas, pruebas diagnósticas…— a su vez está formada por 266 centros de salud y 166 consultorios locales. Hasta antes de la pandemia, este primer nivel asistencial contaba además con dos tipos de servicios de urgencias: en las zonas rurales existían 40 Servicios de Atención Rural (los SAR), y en la zona metropolitana la atención urgente corría a cargo de 37 Servicios de Urgencia de Atención Primaria (los SUAP). Esto hacía cerca de 80 dispositivos de urgencia de cercanía que complementaban la Atención Primaria por las noches, los festivos y los fines de semana, es decir, cuando los centros de salud cerraban.
Al inicio de la pandemia la Comunidad de Madrid cerró los SUAP y trasladó y desperdigó a su personal: de sus iniciales 580 efectivos, ahora han quedado unos 146, según cifras de los propios trabajadores (la Administración no da información). El cierre de estas urgencias no ha sido la principal medida de las políticas profundamente antisociales del Gobierno de Ayuso ni ha sido el mayor ni único ataque a la sanidad pública, pero era una medida concretísima, palpable. En una frase: resumía una pérdida de servicios y un retroceso de forma extremadamente gráfica, tangible y muy difícil de justificar.
El desmantelamiento de estas urgencias, por las que pasaron más de 750.000 personas (según datos de 2019 de la Administración madrileña, los últimos disponibles), ha saturado las urgencias hospitalarias, cuyo colapso se ha convertido ya en endémico. Además ha dejado sin sus únicas urgencias de cercanía a las ciudades madrileñas más pequeñas que no tienen hospital.
El hecho es que en el último año con mayor intensidad la movilización vecinal ha ido en aumento, exigiendo en sus barrios y pueblos que sus centros de salud tuviesen el personal necesario y muy concretamente que los SUAP se abriesen. Ante el aumento de la presión social, el Gobierno regional entendió que no le compensaba mantenerlos cerrados. Antes del verano, en una rectificación en toda línea, Ayuso anunciaba la reapertura de todos los Servicios de Urgencia de Atención Primaria: se trataba de la primera vez —que sepamo— que el Gobierno de Madrid daba marcha atrás y anunciaba revertir uno de sus muchos ataques sociales de calado. Sin embargo no reabrió estas urgencias como estaban antes de la pandemia, entre otras cosas porque ya no había personal suficiente, y sobre todo porque el Gobierno regional quería seguir con los recortes.
En lugar de contratar nuevos profesionales para reabrir estos servicios decidió hacerlo con la plantilla de los Servicios de Atención Rural, los SAR, que venían funcionando bien y que habían salido bastante indemnes y sin perder personal de la pandemia y los recortes. Así, el 27 de octubre la Consejería inició la llamada “reforma de las urgencias extrahospitalarias” con la apertura de 78 Puntos de Atención Continuada (PAC) y el traslado del personal de los SAR por toda la región. Pero las cuentas no salían: si no había nuevas contrataciones de profesionales no se podía cubrir 78 puntos de urgencia con sólo el personal de 40 SAR —unos 700 efectivos— más el puñado de profesionales que quedaban de los antiguos SUAP.
A las pocas horas de la puesta en funcionamiento de los PAC la situación en estas urgencias era caótica y lo sigue siendo ahora. La falta de profesionales hace inviable su apertura, y cuando se ha forzado que estén abiertos, estos centros de urgencias no tienen médicos —entre un 40% y 70% de los dispositivos—, o les falta el personal de enfermería —entre un 13% y un 26%—.
El nuevo modelo presentado por la C.M. supuso, de un día para otro, un cambio radical y el empeoramiento de las condiciones laborales de sus trabajadores. Algunos fueron desplazados, literalmente de la de la noche a la mañana, a 60 kilómetros de sus anteriores puestos de trabajo. Durante la mañana del jueves 27 de octubre, es decir, al inicio de la reforma de las urgencias, 94 sanitarios de los antiguos SAR renunciaban a sus nuevos puestos por la incompatibilidad de sus situaciones personales con sus nuevos destinos. En días previos ya había renunciado a su puesto cerca del 15% de los médicos de urgencias rurales de Madrid.
El consiguiente vaciamiento de los SAR impuesto por el Gobierno de Ayuso no solo ha generado un problema y un riesgo enorme en las zonas rurales, más aisladas, que en numerosos casos han perdido sus servicios de urgencia de cercanía, es que tampoco es una solución efectiva y real.
Desde que cerró los SUAP, la Consejería de Sanidad ya ha cambiado seis veces de planes respecto a las urgencias extrahospitalarias: desde la inicial propuesta de apertura de un puñado de estos centros en las ciudades con médicos y médicas y dejar el resto de las urgencias atendidas solo por enfermeras hasta la medida, humillante e inadmisible, de sustituir la asistencia médica presencial por la videoasistencia telemática en las urgencias… el resultado de esta ceremonia de confusión es que ahora mismo no está claro qué va pasar con las urgencias extrahospitalarias, con sus centros tanto urbanos como rurales, ni cómo van a funcionar, ni cuántos tendrán médicos, cuántos solo enfermeras… Ni siquiera está claro cómo se van a llamar.
Ante las críticas y las protestas, la respuesta de la Administración madrileña fue muy en la línea de Ayuso: insultar y despreciar a profesionales y tratar de sacar cortinas de humo mediáticas a cual más absurda. Pero ésta fue la gota que colmó el vaso.
Cansados de los insultos del Gobierno de Ayuso, de sus abusos y maltrato, la mecha del rechazo parece haber prendido entre los y las trabajadoras de la Atención Primaria. Y con razón. Para hacernos una idea de su precariedad, un dato: según denunciaba un médico de familia, en los siete años que llevaba trabajando ininterrumpidamente en Atención Primaria en Madrid —dos de los últimos como director de un centro de salud— había encadenado 55 contratos. No es de extrañar entonces que el 21 de noviembre haya empezado una huelga indefinida de médicos y médicas de familia de Atención Primaria —los primeros datos hablan de un seguimiento muy importante— para reclamar que se mejoren las condiciones, que se contrate más profesionales y que se reduzca la carga de trabajo y así tener más tiempo para atender a cada paciente. En resumidas cuentas, que se dignifique el trabajo de los y las médicas y que se dignifique la atención. Bien es cierto que nadie sabe cuánto puede durar y que son solo los y las médicas las llamadas la huelga, ya que por ahora el resto de categorías (enfermeras, celadoras, administrativas…) no se han lanzado a la protesta.
También hay convocadas para los próximos fines de semana huelga en las urgencias extrahospitalarias para todos y todas sus profesionales y categorías.
El resultado es que en la marcha del 13N confluimos usuarias y trabajadoras de la sanidad en una movilización multitudinaria —insistimos, ha sido una de la manifestaciones más importantes de los últimos años en Madrid— que unos días antes se antojaba imposible.
No estamos proclamando victorias. Las consecuencias del movimiento que tomó las calles de Madrid el 13N y el destino de la sanidad pública madrileña, y sobre todo de su Atención Primaria, están por decidir. Tenemos que dar una continuación a esta impresionante movilización, tenemos que seguir exigiendo los medios materiales y humanos para que los centros públicos proporcionen una asistencia de calidad. Las luchas tienen que seguir en los barrios y en los centros de salud afectados, y esas luchas tienen que seguir coordinándose y confluyendo en movilizaciones más generales que dejen claro el sentir y las exigencias de la mayoría de la población.
Detrás del desmantelamiento de los servicios sanitarios hay una cantidad de dolor y sufrimiento enorme y que no podemos consentir. Estamos ante un momento crucial que decidirá el futuro de nuestra sanidad para varias generaciones. Por ello animamos y llamamos a toda la población a participar en las convocatorias y movilizaciones por la sanidad pública y a defender lo que es de todas y todos.
