CoorpenMadrid
En las últimas semanas las calles de Madrid han visto multitudinarias manifestaciones de trabajadores y jóvenes convocados por pensionistas, sanitarios, docentes, familias, estudiantes y vecinos y vecinas para decir “basta ya” a las manipulaciones del poder para recortar derechos y acelerar el proceso de privatizaciones de las pensiones públicas y la sanidad.
La agresión a la sanidad pública de Madrid es el requisito necesario para implantar la gestión privada de la sanidad financiada con recursos públicos. La aceleración de la política de privatizaciones, que en Madrid inició Esperanza Aguirre, necesita absorber cada vez más del presupuesto de la sanidad pública.
Ése es el origen de la agresión de Ayuso a la sanidad madrileña, de la desorganización y caos creados desde su Gobierno, del destrozo de las redes asistenciales. Su objetivo es destrozar la sanidad pública para justificar su privatización.
Esos planes han causado dimisiones y renuncias de personal del propio Gobierno regional en desacuerdo con las alocadas y frenéticas medidas de desorganización y caos generadas por el PP, que concentra en Madrid su dureza para acelerar la privatización, destrozando la red rural de asistencia, la generalización de centros cerrados, el cierre de servicios sanitarios, el maltrato a los profesionales, el despido masivo de personal hace unos meses y el recargo de la carga de trabajo que pone en peligro al personal y a los pacientes.
La resistencia de los sanitarios se organiza, las vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid se levantan
La resistencia a esta política la están organizando los trabajadores y trabajadoras sanitarias con el masivo rechazo concretado en importantes movilizaciones y el llamamiento a la huelga, a la que Ayuso responde con la fijación de un ilegal 100% de servicios mínimos y con una argumentación dirigida.
Ayuso, con su verborrea, busca aislar a los sanitarios que organizan la resistencia a sus planes, aislarlos del necesario apoyo que deben tener por parte de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, los partidos, las centrales sindicales y de toda la clase obrera madrileña.
Las masivas movilizaciones de los últimos días, la del 22 de octubre, convocada unitariamente por las organizaciones de sector por más recursos para la sanidad pública, universal y de calidad y con el lema “La sanidad no se vende, se defiende”, ha reunido a decenas de miles de personas, sanitarios y ciudadanos, y marcó un punto de inflexión en el fortalecimiento de la resistencia y rechazo a las políticas de destrucción de los servicios y derechos públicos.
Las organizaciones sociales y la ciudadanía apoyamos incondicionalmente a las sanitarias
Hay un paralelismo entre la lucha de los pensionistas y la de los sanitarios, y se pone de manifiesto en el interés por privatizar no solo la sanidad, sino también las pensiones públicas. La segunda parte de la reforma de pensiones del Sr. Escrivá generaliza los PPE (Planes Privados de Empresa), llevándonos a los sistemas de capitalización. Éstos son gestionados por las entidades financieras y los agentes sociales.
La crisis económica lleva a construir relatos mentirosos sobre los problemas de los derechos y servicios y las pensiones públicas.
Por su parte, la sanidad y la educación públicas se ven acosadas por la falta de recursos y personal porque para el Gobierno regional el traspaso de recursos públicos a la gestión privada no tiene límites.
En todos los servicios públicos la misma cantinela. Se alega que no hay suficientes recursos para las pensiones, para la sanidad para la educación, etc., pero en los Presupuestos Generales del Estado se incrementa el dinero para armamento y para enviar armas a la guerra.
La educación, que es un derecho fundamental, la han convertido en un negocio. Los sucesivos Gobiernos del Partido Popular están desmantelando la educación pública madrileña. No solo no crean plazas públicas, sino que las reducen y no construyen los centros públicos necesarios; no dotan plazas para el profesorado y el personal preciso de atención a la diversidad e inclusión, con lo que hay unas ratios altísimas y excesivas cargas horarias de trabajo para el profesorado. Derivan al alumnado a la privada y a la privada-concertada para adoctrinarlo y lucrar con dinero público a determinados grupos afines. Gastan el dinero de nuestros impuestos en dar supuestas becas, que en realidad son cheques escolares, a familias con altos ingresos para que lleven a sus hijas e hijos a centros privados. Y con artimañas para saltarse la ley estatal, la LOMLOE, ceden suelo público y dan el concierto educativo a empresas privadas antes de que se construyan los centros.
Tenemos intereses comunes entre la defensa de las pensiones, la sanidad, la enseñanza, las residencias, las aspiraciones de los jóvenes, la ecología y el medio ambiente: estamos contra el aumento de gastos militares, contra las guerras y en defensa de lo público contra las privatizaciones.
Las organizaciones que defienden las residencias públicas han señalado acertadamente la responsabilidad de las autoridades en el maltrato dispensado a miles de mayores atrapados entre la COVID y las limitaciones de servicios de las residencias gestionadas por el interés privado y la prohibición del Gobierno regional de trasladar a los hospitales públicos a los pacientes con COVID. Así, ante la escasez de medios, personal, condiciones laborales y salariales dignas de las residencias se levanta la exigencia a la Fiscalía de juicio y reparación y la exigencia de reservar los recursos públicos para las residencias públicas, que constituye el marco de resistencia de los defensores del servicio público en ese ámbito.
Días antes de la gran manifestación de Madrid en defensa de la sanidad pública, el 15 de octubre, los pensionistas reunimos en Madrid a decenas de miles de personas venidas de toda España para exigir, entre otras cosas, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas y los salarios, la eliminación de la brecha de género y una auditoría a la Seguridad Social para poner de manifiesto que la Seguridad Social es sostenible y que las reformas de Escrivá no tienen razón de ser, salvo servir a los intereses de la banca.
En continuación con esas movilizaciones, el 19 de noviembre convocamos junto a otros pueblos del resto del Estado. Esta nueva movilización debe servir para fortalecer la unidad de acción y polo de referencia para la resistencia a las políticas de defensa de los derechos y servicios públicos contra su privatización.
La resistencia a las políticas privatizadoras nos interesa a todos, marca el camino de la defensa de los servicios públicos y contra las privatizaciones en todo el Estado. Lo que pase en Madrid levantando la solidaridad y la resistencia tendrá repercusiones en todo el Estado.
