UPLA La Unión
Desde UPLA La Unión y las plataformas que la componen queremos denunciar una vez más que actualmente se siguen vulnerando, de forma consciente y por tanto connivente, los derechos de las personas en situación de dependencia que viven en las residencias y los de sus familiares, así como los derechos laborales.
Se sigue sin obtener justicia sobre las miles de muertes y daños físicos y psíquicos causados en las residencias de todo el Estado, donde la Justicia parece que mira hacia otro lado, posicionándose así del lado de los responsables y en frente de las víctimas, algo del todo intolerable.
Además, la clase política, y en concreto JuntsXCat, ERC y PSC en Catalunya y PP y Vox con sus votos en contra de comisiones de investigación sobre la gestión en las residencias han demostrado un comportamiento que parece que favorece la ocultación de la verdad de lo ocurrido, para evitar tener que rendir cuentas y aceptar responsabilidades. Hay muchas instituciones y otras organizaciones que no hacen nada mencionable al respecto, acompañados en la mayoría de los casos del silencio complice de muchos medios de comunicación.
Por culpa de las personas que están en unos cargos de los que no tienen ningún conocimiento ni consciencia, las personas vulnerables en situación de dependencia están solas y desatendidas en las residencias, padeciendo un maltrato institucional continuo.
Los centros se están quedando sin personal, incluso con trabajadores en activo presuntamente contagiados y positivos COVID. ¿Para qué tantas restricciones para proteger a los más vulnerables del contagio por el contacto con sus propios familiares, si están sometidos a una gestión maliciosa e hipócrita por parte de las empresas gestoras y los propios Gobiernos que las contratan?
Colapso asistencial y privatización sanitaria, ése es el motivo real de que no haya tests para familiares, ni el personal de los centros ni los CAP pueden dar abasto; es imposible.
A los supuestos servidores públicos se les debe exigir explicaciones y responsabilidades al respecto, y dado que es evidente que no hacen su función como deberían, es inaplazable que sean cesados de sus cargos públicos.
Seguimos denunciando la mercantilización de derechos sociales a través de la prestación de servicios públicos como son las residencias y el Servicio de Atención a Domicilio (SAD), en el que empresas privadas hacen negocio a costa de las necesidades de las personas vulnerables, y todo ello con dinero público, algo que afecta a las personas en situación de dependencia, trabajadoras explotadas (en muchos casos muy vulnerables) y a sus respectivos familiares.
El 17 de diciembre cumplió el plazo de la trasposición de la directiva europea (de obligado cumplimiento), y no está en marcha, con lo cual muchas trabajadoras no tienen garantía alguna para poder denunciar lo que ocurre en las residencias y SAD por miedo a represalias, algo que ayudaría a proteger a quien quiere y debe denunciar y a la ciudadanía a saber la verdad. En estos momentos se sigue castigando al denunciante de corrupción sin ofrecerle garantías adecuadas de defensa por parte de la Justicia.
Hacemos aquí un aparte, pues no entendemos cómo en concesiones publicas y pagadas con el dinero de todos nosotros se obliga a las trabajadoras a firmar cláusulas de confidencialidad respecto a lo que vean o vivan dentro de las instalaciones, que ya de por sí hace sospechar de conductas poco adecuadas cuando no se permite su transparencia, porque quien nada teme nada debe ocultar.
Mención aparte a las cifras que presentaba en acto publico Amnistia Internacional respecto a la nula apertura de investigaciones fiscales sobre las demandas presentadas que llegan a juicio y que se podrían cifrar en aproximadamente en solo el diez por ciento, que teniendo en cuenta las cerca de 40.000 personas de edad avanzada que han fallecido hasta el momento actual y el número de las demandas presentadas no parece hablar muy bien del interés en que prevalezca la verdad y la justicia por encima del olvido institucional.
