Laura Barrio Recio
Portavoz de la Coordinadora
de Vivienda de Madrid
Hoy, 27 de abril de 2023, estamos haciendo historia. Por fin se escribirán las primeras líneas con rango de ley sobre el derecho a la vivienda. Hoy es el día de reconocer y agradecer a las miles de familias que han pasado por nuestras asambleas la aportación de su granito de arena para que esto sea una realidad. Son personas tan generosas que salen a la calle a celebrar el avance social que supone tener estas primeras medidas aprobadas por ley a pesar de que no esperan que les vaya a cambiar la vida a medio plazo. Lo sentimientos contradictorios nos desbordan. La alegría de tener por fin una ley estatal de vivienda se mezcla con la frustración de su contenido, su alcance y su aplicabilidad en Madrid.
Una ley que no garantiza ni protege el derecho a la vivienda no debería llamarse como tal. Si no eleva la definición del derecho a la vivienda al nivel del derecho humano que es, no nos vale. Si no garantiza que todas podamos disfrutar de una vivienda adecuada donde vivir, ni tampoco permite que acudamos a la Justicia cuando se nos vulnera tal derecho, es que la ley está mal orientada. Para hacer honor a su nombre debería tener como objetivo que todos los seres humanos en nuestro territorio dispongan de una vivienda jurídicamente segura, con acceso a infraestructuras y servicios, asequible, accesible y en condiciones físicas habitables.
Además de estar desenfocada, su segundo problema es su alcance. Y es que la ley es tan pequeña, tan tímida, tan pobre, que parece un chiste que haya costado tanto esfuerzo sacarla adelante. Se intuye una intención, pero le falta arrojo y valentía. Recoge un cóctel de medidas, pero no acomete una reforma estructural del sistema residencial. Ha dejado fuera elementos tan significativos como es el acceso a la vivienda a través del crédito hipotecario, el mercado sumergido de alquiler (contratos ilegales, sin declarar, subarriendo de habitaciones y de camas, coacciones) y los desalojos sin alternativa residencial (ni pública ni privada). Ha omitido compromisos de objetivos, plazos y presupuestos, y se ha olvidado también de incluir un régimen sancionador para quienes no cumplan con la ley. Decir que la ley se ha quedado a medias es más que generoso. Quizás pecamos de inocencia o minusvaloramos los poderes económicos a los que nos enfrentamos. Confiábamos en poder conseguir más, la verdad.
Sin embargo, las activistas por el derecho a la vivienda somos optimistas por naturaleza. Vemos en la ley definiciones y conceptos (vivienda vacía, alquiler social, gran tenedor, función social) imprescindibles para diseñar un cambio de modelo residencial, y un vuelco en nuestra forma de entender el uso y el mercado de la vivienda. Esta ley hay que interpretarla en su contexto histórico y político. No nos lleva al objetivo final del derecho efectivo a la vivienda, pero es un primer escalón. Una base sobre la que trabajar. Por nuestra parte, en cuanto se publique el texto, marcaremos en fosforito los puntos de fuga de su aplicabilidad, los coladeros de las malas prácticas y las responsabilidades asignadas a la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos. Estaremos pendientes de que la ley se cumpla.
Siguiente parada: ley autonómica de vivienda para Madrid. Lo mejor de la ley es que ha cerrado el debate competencial entre Estado y comunidades autónomas. El objetivo está más que claro. Aprovechemos el momento electoral y pongamos contra las cuerdas a los candidatos autonómicos en cuanto al desarrollo de sus competencias en materia de vivienda. Nos lo han dejado en bandeja, ¡y a tiempo! Os dejo reflexionando.
