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Modificación de los estatutos de Canal de Isabel II, S.A., retroceso y vuelta a la corrupción y al saqueo

Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII)

El 21 de diciembre de 2022, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa Canal de Isabel II, S.A., ratificó la modificación de los estatutos de la empresa que gestiona el ciclo integral urbano del agua en la Comunidad de Madrid, en los que, entre otras cuestiones, se aumentaba el número de miembros de su consejo de administración, procediéndose al nombramiento de los consejeros.

A estos efectos, publicamos una nota en la que denunciamos que la modificación de los estatutos suponía, además del retroceso a tiempos en los que campaba la corrupción en la empresa, la nula participación ciudadana y la total opacidad en el proceso de elaboración.

Con ella hicimos un llamamiento a los ayuntamientos que forman parte de la junta de accionistas para que se opusieran a la propuesta de modificación proponiendo un proceso de debate abierto y participativo sobre este tema extendido a la ciudadanía y exigiendo la representación de los ayuntamientos y de los trabajadores a través de los sindicatos y del comité de empresa en los órganos de gobierno de la empresa.

En dicha nota expresábamos nuestra preocupación por las modificaciones estatutarias realizadas, ya que suponen un retroceso a la situación de hace tres décadas, cuando, siendo Ruiz Gallardón presidente de la Comunidad de Madrid, se sentaron las bases de la corrupción y el saqueo de la empresa, en tanto que se amplió el ámbito territorial de actividad más allá de la región de Madrid, favoreciendo su presencia en otros territorios de España y, especialmente, en el contexto internacional, a la vez que se relajaron los controles por parte del Consejo de Gobierno hacia la empresa y se implantaron prácticas de gestión opacas desapareciendo la rendición de cuentas.

También se diversificó la actividad del CYII a otros sectores distintos al que es su principal objetivo, la gestión de los servicios del ciclo integral urbano del agua, incorporando los relacionados con la energía, las comunicaciones y consultoría, entre otros.

Aquellos cambios tuvieron como consecuencia los casos de corrupción en los que estuvo involucrado el Canal de Isabel II (CYII) durante la última década del siglo pasado y la primera de éste, y que culminaron con el cese e imputación de Ignacio González, ex-presidente de la Comunidad de Madrid, y del propio CYII. De hecho, la judicialización de la corrupción y saqueo del CYII empezará el 24 de mayo de 2023, cuando tenga lugar el primer juicio del caso Lezo, en el que están imputados Pedro Calvo y Juan Bravo, ex-consejeros del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón, y presidente y consejero, respectivamente.

Cuando la corrupción implosionó en el CYII, y después del cese del equipo que la había propiciado, se adoptaron medidas tendentes a evitar que se repitieran situaciones análogas, entre las que estuvieron la limitación de la actividad del CYII exclusivamente a la región de Madrid, el abandono ordenado de la actividad internacional y la liquidación de las empresas del grupo Canal dedicadas a otras actividades sectoriales distintas de las del ciclo urbano del agua.

Sin embargo, con los Gobiernos de Díaz Ayuso, estas medidas han ido remitiendo hasta llegar al punto que se concreta en los nuevos estatutos, que configuran un escenario preocupante.

En primer lugar, se modifica el objeto social de la sociedad, volviéndose a ampliar el ámbito territorial de su actividad, desde exclusivamente el de la Comunidad de Madrid a otros territorios tanto nacionales como internacionales, retrotrayendo al CYII a la situación de hace dos décadas cuando Ruiz Gallardón y Pedro Calvo tomaron una decisión similar.

En segundo lugar, se amplía sustancialmente el objeto social, convirtiéndola en una empresa multiservicios, ya que abarca, además de los asociados al ciclo urbano del agua —para cuya gestión fue creada—, una amplia gama de sectores, que van desde el desarrollo y venta de energía hasta la información y las comunicaciones, la consultoría técnica, económica o jurídica, la supervisión y dirección de obras, la promoción inmobiliaria y la gestión urbanística. Así mismo, contempla la adquisición, suscripción, tenencia, gestión, permuta, venta o transmisión de todo tipo de participaciones, acciones y valores emitidos por cualquier sociedad o entidad, española o extranjera, independientemente del tipo social del emisor, por cuenta propia y sin actuar como intermediario.

De acuerdo con los nuevos estatutos, la empresa podrá realizar sus actividades total o parcialmente, de modo indirecto o mediante la titularidad de acciones y/o participaciones de otras sociedades con objeto idéntico o análogo. De esta forma, el CYII podrá actuar directa o indirectamente a través de otras sociedades sin que se especifiquen los controles parlamentarios a los que debe someterse, reproduciéndose así la situación que propició el desarrollo de la corrupción.

El tercer aspecto que causa preocupación e incertidumbre es que el CYII pasa a ser un medio propio personificado de la Comunidad de Madrid, que lo convierte en un instrumento destinado a actuar, tanto en la región de Madrid como en otros territorios e incluso fuera de nuestras fronteras, y que puede eludir los controles de contratación pública y, de hecho, debilitar la Administración autonómica y local de la Comunidad de Madrid, lo cual es coherente con lo que pretende la Ley Ómnibus, favoreciendo, en definitiva, la privatización de los servicios públicos. Este aspecto merece un estudio profundo y pormenorizado de las consecuencias que puede traernos.

Por otra parte, en la modificación de los estatutos se pierde la oportunidad de asumir de forma consecuente los principios definitorios de los derechos humanos al agua y al saneamiento, como son la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas; igualmente, se echa en falta un compromiso firme que garantice la calidad de las masas de agua y de los ecosistemas acuáticos en la Comunidad de Madrid; y, en atención a la directiva aprobada por el Parlamento Europeo el 22 de noviembre pasado, los estatutos deberían recoger el compromiso de conseguir la paridad en la composición del consejo de administración en 2026.

HEMEROTECA

Solidaridad en Acción

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