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Mantener a un millón de madrileños y madrileñas sin médico o pediatra asignado no puede ser lícito

Según la Constitución y su artículo 43, compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios

Ana Encinas

Desde el 2001 se transfirieron las competencias en sanidad a la Comunidad de Madrid. Esto quiere decir que es la Consejería de Sanidad de nuestra comunidad la responsable de proteger la salud de las personas que vivimos en Madrid.

No protegió a los mayores al obligarles a morir en las residencias sin atención sanitaria (7.291 personas), impidiendo su traslado al hospital creado en IFEMA para tal fin y no enviando a los hospitales privados, como hicieron con los que tenían seguro privado.

Tampoco mantener a un millón de madrileños y madrileñas sin médico o pediatra asignado puede ser lícito, ya que atenta contra la accesibilidad, equidad y longitudinalidad del sistema, poniendo en peligro la seguridad del paciente.

Cerrar las urgencias extrahospitalarias urbanas, que daban atención a 800.000 personas al año, sin ninguna justificación, para después abrirlas aleatoriamente y la mayoría sin médico, desmantelando los servicios de urgencias rurales, pone en peligro nuestra salud y nuestra vida. La Consejería de Sanidad no está protegiendo nuestra salud, no se responsabiliza de la atención que debemos recibir, no le preocupa quién realiza la atención, cuándo, cómo ni dónde. Los profesionales somos intercambiables y se ha perdido la longitudinalidad (atención por un mismo profesional a lo largo del tiempo) que ha demostrado disminución de las visitas a Urgencias, los ingresos hospitalarios y la mortalidad.

En la Atención Primaria eran básicas las funciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Los centros de salud se llaman así porque nuestra actividad pivotaba en torno a la salud y su mantenimiento, trabajando todos en equipo. Actualmente es tal la sobrecarga en todas las categorías que se dificulta la interacción dentro del equipo y la mayoría del tiempo lo dedicamos a atender patología. Estamos cambiando un amplio enfoque bio-psico-social de la persona por una atención raquítica a la enfermedad y los síntomas. Cambiamos la integración del paciente dentro de la familia y la comunidad por la atención puntual en ese momento del individuo. Estos cambios vienen impuestos por la falta de tiempo disponible en la consulta y por la falta de continuidad en la relación terapéutica. Todo ello forma parte de un intento de cambio de modelo sanitario.

En este momento hay dos huelgas en el servicio madrileño de salud. Una de ellas en las urgencias extrahospitalarias, tanto urbanas como rurales. Se les ha rescindido contrato para volver a contratarles con peores condiciones laborales. Esta huelga es intermitente y tiene poca repercusión, aunque sea secundada por todas las categorías, ya que el 100% del personal está como servicios mínimos y no pueden dejar de trabajar; es más bien simbólica.

La otra huelga está convocada por el sindicato médico AMYTS, afecta a médicos y pediatras de los centros de salud y se inició hace 50 días. Nunca el colectivo médico ha estado tan unido y ha tenido tanta determinación. Nunca la población ha apoyado tan firmemente una huelga médica, y la razón es sencilla: profesionales y pacientes sabemos que estamos en el mismo barco.

Las condiciones de tiempo en nuestra consulta se relacionan con la calidad de nuestra atención. Hace tiempo que las jubilaciones y los traslados definitivos no se cubren con otros profesionales. Estamos hablando de que un 20% de las plazas existentes están vacantes, sin titular. Cada día tenemos agendas inabordables, que varían entre 45 y 70 pacientes (en algunos centros aún más), en las que el 20% de los mismos no tiene médica asignada o está ausente.

La Consejería de Sanidad y la Gerencia de Atención Primaria nos están obligando a dar una atención no adecuada a los pacientes. No tienen ninguna intención de solucionar el problema, no quieren aumentar presupuesto y contrataciones, no quieren mejorar las condiciones para evitar el éxodo de profesionales hacia otras comunidades u otros países.

La última propuesta de la Consejería fue aumentar el dinero según los pacientes atendidos, como si el dinero se pudiera transformar en tiempo. Realmente no le preocupa en absoluto la atención que podamos ofrecer.

Saben que una deficiente atención en los centros de salud (donde normalmente solucionamos el 90% de las consultas) junto con el caos en las urgencias extrahospitalarias conducen al colapso en las urgencias de los hospitales.

Esta situación es la que sucede en el momento actual, con grave peligro para nuestra salud y para la supervivencia del sistema sanitario.

Defendamos juntos, profesionales y ciudadanía, nuestros derechos en salud. Exijamos aumento de contrataciones y blindaje de la sanidad pública.

¡Todas y todos a Cibeles el 12 de febrero! Nos va la vida en ello.

HEMEROTECA

Solidaridad en Acción

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