Elena Jiménez | Radio Madrid
«El 28 de mayo elegiremos el partido que gobernará la Comunidad de Madrid durante los próximos cuatro años. Nos gustaría recordar que en esta comunidad, durante los meses de marzo y abril de 2020, murieron 9.468 personas que vivían en residencias, y de ellas 7.291 lo hicieron sin recibir atención hospitalaria». Así ha comenzado el comunicado que la Plataforma Verdad y Justicia, que reúne a familiares de mayores que han vivido o viven en residencias y a parte de la sociedad civil que se ha unido a sus reivindicaciones, ha leído en la Puerta del Sol delante de la sede del Gobierno regional de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Las familias han extendido una pancarta en la que se podía leer «7291 muertes sin asistencia sanitaria en residencias. Verdad y Justicia». Detrás de ella estaba Mercedes Huertas con una foto de su padre a la que le había puesto un cordón para podérsela colgar en el cuello. «Porque quiero que se les ponga cara a esas 7.291 víctimas. No eran números. Detrás de cada cifra hay una familia y había una vida», cuenta con los ojos llenos de lágrimas. También estaba detrás de esa pancarta otra familiar, Carmen López, que perdió a su madre durante la primera ola de la pandemia. Cuando se le pregunta si alguna vez han sido recibidos por la presidenta Ayuso dice: «nunca lo ha intentado. La verdad es que los familiares que hemos perdido a alguien en una residencia no podríamos mirarla a la cara. Sería muy violento enfrentarnos cara a cara con la persona que ha promovido unos protocolos que les dejaron sin asistencia», subraya.
Mientras por la plaza pasean turistas, los trabajadores que están terminando las obras de remodelación o ciudadanos que van y vienen, las familias siguen leyendo micrófono en mano y altavoz en el suelo su comunicado: «unos protocolos emitidos por la Consejería de Sanidad los días 18, 20, 24 y 25 de marzo impidieron el traslado de pacientes que sufrían determinado grado de dependencia o deterioro cognitivo a hospitales públicos, al hospital de campaña de Ifema, y solo 23 fueron derivados de residencias a los hoteles medicalizados y a los hospitales privados la persona que tuviese un seguro privado».
Desde esta plataforma han constituido una Comisión Ciudadana compuesta por siete personas de reconocido prestigio relacionadas con la justicia o la sanidad como José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, quien explicó a Radio Madrid que fue a petición de las familias y que participa «a la vista de que aquí no habían prosperado las reclamaciones judiciales pensamos que podía hacerse una especie de comisión ciudadana en la que se reprodujese prácticamente lo que es propio de un tribunal. Comparecerán testigos, comparecerían peritos, vamos a citar a la Comunidad de Madrid para que dé su versión y haremos una conclusión con qué es lo que ha pasado y qué irregularidades o qué conductas reprochables o, posiblemente, penales se han podido cometer».
En el acto también ha participado la asociación de familiares Marea de Residencias y ha contado con el apoyo de Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid, Asamblea de Trabajadores Summa 112 (SummAT), Taxi Project y la Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares. Al cierre, Javier Cordón, miembro de la plataforma, ha recordado que «si permitimos que la vulneración del derecho a la vida quede impune, estamos abriendo la puerta a que la vulneración de cualquier derecho salga gratis».
