Asamblea Marea Verde Madrid
Curso tras curso el Gobierno de la Comunidad de Madrid deteriora la educación pública madrileña. Su intención es clara: estrangular cada vez más a los centros públicos para lograr un traspaso sucesivo de alumnado a su modelo educativo estrella: los centros privado-concertados.
A pesar de vivir en una de las comunidades más ricas del país, es la que menos financia su educación. Madrid invierte en educación per cápita tan solo 826 euros, mientras el País Vasco invierte 1.426 euros. ¿Podemos imaginar las diferencias de recursos personales y materiales que implica este baile de cifras? Sin duda, una escuela infrafinanciada significa una peor atención educativa.
El problema también es que el ya reducido presupuesto de educación cada vez destina más dinero público a financiar la creación y la mejora de centros privado-concertados. En las zonas nuevas no se construyen centros públicos, sino que se regala suelo público y se da el concierto a empresas. Asimismo, se financian centros completamente privados a través de los cheques escolares.
Otra cuestión preocupante es la masificación de las aulas. El Gobierno de Díaz Ayuso sostiene que está bajando las ratios, pero nos encontramos con que se trata de propaganda más que de realidad. Tampoco el Ministerio de Educación ha establecido la demandada bajada de ratios a nivel estatal. En cualquier caso, desde Asamblea Marea Verde consideramos que las ratios deberían ser de 15 estudiantes en todas las etapas (salvo Infantil) para poder ofrecer una atención adecuada a todo el alumnado.
Las aulas masificadas son unos de los motivos que impiden una adecuada atención a la diversidad. En Madrid, además, necesitamos más profesionales que trabajen con el alumnado con necesidades educativas especiales. Por el contrario, este Gobierno recorta estos perfiles y está aprobando medidas que atentan y quitan apoyos al alumnado más vulnerable.
Esta falta de interés por la atención a la diversidad también está relacionada con la política de segregación a la que se destina la educación pública. Diferentes medidas, como el área única, han provocado que haya centros que queden estigmatizados, convirtiéndose en guetos en los que solo se matricula al alumnado con mayores necesidades, en riesgo de exclusión social o que se incorpora una vez comenzado el curso.
La segregación también es fomentada por el mal llamado “bilingüismo”. Este programa está perjudicando el aprendizaje del castellano y de conocimientos básicos de las Ciencias Sociales y Naturales. Además, obliga a las familias a llevar a sus hijos a centros bilingües porque apenas quedan no bilingües.
La privatización y la segregación que denunciamos son el pilar de la llamada “Ley Maestra”, que aprobó Madrid para desobedecer a la ley estatal LOMLOE. Desde la comunidad educativa pedimos la derogación de la ley madrileña, porque atenta contra la inclusión y fomenta el negocio de las empresas de la privada- concertada.
Finalmente, señalar otra reivindicación básica: la bajada de periodos lectivos del profesorado. Mientras en el resto de comunidades se ha revertido este aumento producido en 2011, en Madrid se sigue estando como entonces o aún peor. Esto provoca que el profesorado no tenga tiempo para preparar sus clases, coordinarse o atender mejor a las familias. Sin embargo, a pesar de las negociaciones con la Consejería de Educación durante el curso 2023-24 no se ha logrado ningún resultado. La Consejería alega “falta de dinero” y se niega a llegar a acuerdos.
Desde entonces, los sindicatos y movimientos en defensa de la educación pública se han unido en numerosas movilizaciones.
La comunidad educativa comienza este curso con enfado y ganas de cambio. Se anuncian huelgas y manifestaciones. De momento, animamos a acudir a las manifestaciones del 15 y del 25 de septiembre en defensa de la educación pública, la educación de todos y todas, para todos y todas.
Nos vemos en las calles.