David Canales
Cuando la autoridad no permite mostrar algo, prohíbe entrar con cámaras o cierra las puertas a la prensa es porque quiere ocultar algo que no le conviene que se vea o que se cuente.
El pasado 13 de noviembre pasó algo insólito y a la vez preocupante contra la libertad de prensa. La seguridad del Ayuntamiento de Madrid prohibió el acceso al mirador del edificio de Correos a los fotoperiodistas que intentaron subir para registrar la gran manifestación en demanda de la sanidad que se desarrollaba en ese momento. Según la Delegación de Gobierno, en la marcha participaron alrededor de 200.000 personas, mientras que los organizadores hablan de más de 600.000.
A los informadores se les dijo que no podían acceder con equipos y que si lo hacían se arriesgaban a ser notificados. El argumento fue que había riesgo de aglomeración y que como era domingo estaba abierto al público. Algunos ni siquiera pudieron grabar con móvil, porque la taquilla ya estaba cerrada. No obstante, en un momento se pudo subir siempre y cuando se dejaran los equipos en consigna, lo que no deja otra idea que lo que se pretendía era evitar que la prensa obtuviera imágenes de calidad desde las alturas del edificio.
El fotoperiodista Olmo Calvo se negó a aceptar la imposición y bajo amenazas de ser denunciado y tras ser notificado accedió con su equipo de trabajo. Otros subieron e hicieron fotografías con sus teléfonos móviles.
Así mismo, otros profesionales de importantes agencias internacionales de noticias como Reuters o AP, al no tener acceso, tuvieron que tirar de ingenio y a través de los telefonillos y la buena voluntad de algunos propietarios de la zona pudieron acceder a algún piso o azotea con buenas vistas.
La situación es anómala por donde se quiera mirar. Históricamente cuando ha habido eventos importantes en la zona, como celebraciones deportivas, manifestaciones, maratones, visitas ilustres, el Ayuntamiento ha dejado subir a la prensa a hacer la foto de rigor, que no es más ni menos que la plaza de Cibeles abarrotada de gente.
El periodista Javier Barbancho comentaba en Twitter: “Una vergüenza que @Madrid (Ayuntamiento) no nos dejara subir a los gráficos ni pagando la entrada del mirador del ayuntamiento, cámaras en consigna. Con el teléfono pudimos informar”.
Por su parte, en la misma red social, Edu Parra, fotoperiodista de Europress se extendía y decía:
“Hasta ahora no me consta que se haya impedido a los periodistas acreditados hacer su trabajo. Yo estuve hace tiempo en esta torre sin problemas y, como podéis ver, se han cubierto manifestaciones regularmente.
Sin embargo, algunos compañeros me han avisado que en esta ocasión no habían autorizado a la prensa a subir al mirador, así que algunos compañeros han decidido ejercer su derecho a acceder a un lugar público y han comprado su entrada como un ciudadano más. Ya chirria un poco.
Sin embargo, y aquí viene lo más gordo, cuando los fotoperiodistas han tratado de acceder al mirador la seguridad les ha prohibido acceder con sus cámaras de fotos. ¿En base a qué? No se sabe. El caso es que ha habido amenazas de denuncia ‘si se publica algo’ y filiaciones.
Mas allá del absoluto ridículo que es prohibir una cámara gordota pero no prohibir un móvil, es un escándalo que en un centro público donde no consta por ningún lado la prohibición de tomar fotografías con cámaras grandes se vete el acceso precisamente hoy”.
Por su parte, @Kacho_c recordaba en su cuenta de Twitter que en una de las tantas candidaturas de Madrid para ser sede de los Juegos Olímpicos el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón dispuso de arnés para los profesionales ante el peligro que representaban las obras de rehabilitación que en ese momento se estaban ejecutando.
Si la negativa a subir al edificio fuera poca cosa, hay informaciones que dicen que las cámaras de seguridad de algunas zonas por donde se desarrolló la manifestación estuvieron apagadas durante la misma.
El asunto es serio: hay imágenes, pocas desde las alturas, pero las suficientes para dejar claro que aquella mañana al menos 200.000 almas se dejaron la garganta para exigir sus derechos. No hay prohibición, cámara guardada en una estantería o micrófono silenciado que atestigüe lo que ocurrió ese ya histórico 13 de noviembre.
