Nuestra sanidad es hospitalocentrista debido a ello
Ana Encinas.
Médica de Atención Primaria
A estas alturas, ya todas y todos sabemos que el negocio está en la enfermedad. Así entendemos el desmantelamiento programado de nuestra Atención Primaria, cuyo objetivo debería ser la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Si tuviéramos los recursos adecuados, con las plantillas necesarias de todas las categorías, en nuestros centros de salud podríamos sostener y dar respuesta al 85% de lo que allí pudiera llegar. Descongestionaríamos las urgencias hospitalarias de procesos leves, que no deberían ser tratados allí. Si tuviéramos el tiempo suficiente, podríamos hacer diagnósticos más precoces y seguimientos más estrechos de pacientes crónicos, para frenar la evolución de la enfermedad. Podríamos hacer cirugía menor y así los pacientes no se verían obligados a ir al hospital para lesiones leves. En los servicios de urgencia extrahospitalaria habría equipo completo, y los vecinos acudirían para ser atendidos.
En resumen, si la Atención Primaria contase con el presupuesto adecuado (para Madrid debería ser más del doble del actual, según la Organización Mundial de la Salud) y con ello se contratase la plantilla necesaria y se construyeran los 20 centros de salud comprometidos, la salud de la ciudadanía sería otra.
Los determinantes sociales (vivienda, educación, trabajo…) son básicos en la salud de la población. No podemos olvidar su importancia, y también están perdiendo su esencia de derecho.
Es en los hospitales donde está el mayor margen de negocio. Nuestra sanidad es hospitalocentrista debido a ello. Las privatizaciones comenzaron en los años 90 en la Comunidad de Madrid, en los servicios mal denominados “no sanitarios”: limpieza, restauración, lavandería, mantenimiento, seguridad, aparcamiento, jardinería…Además de la falta de control de gasto en la gestión de estos servicios, lo más grave es la absoluta falta de control de calidad del resultado obtenido (Véase la lavandería del Hospital 12 de Octubre, gestionada por Ilunion, donde los familiares tienen que llevar sábanas y pijamas a los pacientes ingresados, por escasez del material y estado deplorable).
Se continuó con el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 (Esperanza Aguirre presidenta de la CM y Manuel Lamela consejero de Sanidad) para la construcción de siete nuevos hospitales mediante la concesión de obra pública, modelo PFI (Private Finance Initiative): Aranjuez (Hospital del Tajo), Vallecas (Infanta Leonor), Arganda (H. del Sureste), Alcobendas (H. Infanta Sofía), Parla (H. Infanta Cristina), Coslada (H. del Henares) y Majadahonda (H. Puerta de Hierro). La concesionaria se queda con los servicios “no sanitarios” para su explotación y recibe un canon anual, como amortización del coste de construcción del hospital en el terreno público cedido. El contrato se realizó por 30 años y finalizará en 2035. Las UTE fueron inicialmente constituidas por empresas constructoras, inmobiliarias, entidades bancarias… y a lo largo de estos años han ido vendiendo sus activos o han sido absorbidas por otras empresas o fondos, muchos extranjeros. De estos siete hospitales, cinco ya pertenecen a fondos de inversión.
La colaboración público-privada supone sobrecoste, nula transmisión de riesgo al sector privado y ausencia de mecanismo de control (en el H. Puerta de Hierro se pagó durante diez años por 135 camas inexistentes más de diez millones de sobrecoste). Es una auténtica descapitalización del sistema público sanitario.
Posteriormente fue el Plan de Infraestructuras 2007-2011 para la construcción de otros cuatro hospitales (Villalba, Torrejón, Móstoles y Valdemoro) con la fórmula de concesión administrativa: cesión de terreno público y toda la gestión la explota la empresa adjudicataria, a quien se le retribuye en base a un cálculo “per cápita” de la población asignada. Se asignaron 2.280 millones a ese plan; acudieron empresas constructoras salpicadas después por la trama Gürtel o Púnica.
Ambos modelos han supuesto unos sobrecostes para el erario público. Madrid cifra en más de 1.000 millones la deuda que arrastra con los hospitales privados. Es difícil de entender el cierre de camas durante estos años en los grandes hospitales públicos y que, a pesar de la creación de 11 nuevos hospitales, hemos perdido casi 3.000 camas del 2008 al 2024, aumentando la población en un millón de habitantes.
Otra vía de negocio hospitalario es el formato de los contratos menores, troceando los contratos para evitar los concursos públicos (necesarios en contratos que superan los 15.000€) y asignando así la contratación siempre a las mismas empresas amigas, con el sobrecoste añadido. El grupo de trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad ha investigado y descubierto que en los hospitales públicos de Madrid la utilización del contrato menor superó el 99% de los contratos investigados en los años 2017 y 2018, ya antes de la pandemia, sin poder entenderlo como vía de urgencia.
La falta de plantilla en todas las categorías hospitalarias, el cierre de camas y la falta de recursos están conduciendo a un aumento en las listas de espera en sus tres vertientes: revisiones por especialista, realización de pruebas diagnósticas y cirugía.
El mes de marzo hemos superado la línea roja de un millón de personas en lista de espera hospitalaria (1.003.721 pacientes), distribuídos en: 703.805 en espera de revisión de especialista, pruebas diagnósticas 206.357 personas y cirugía 92.019. (agradecimiento a Jesús Escudero, experto en Portal de Transparencia, por estos datos).
¿Y qué solución encuentra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para disminuir estas listas de espera? Por supuesto, derivar esporádicamente a hospitales de gestión privada.
Esperanza Aguirre anuló las 11 áreas sanitarias existentes para crear el área única en 2009, no para que el ciudadano pueda elegir centro, más bien para que el call center privado que gestiona las derivaciones a hospitales pueda dirigir las citas a hospitales privados.
La Fundación Jiménez Díaz es el claro ejemplo de gestión privada, aunque se defina como “concierto público-privado”. Solo atiende como hospital de referencia a 300.000 personas de Zona Centro, y por el resto de atenciones cobra por cada asistencia. Pertenece a Quirónsalud. Si comparamos las actividades del año 2023 y 2024 vemos que ha disminuido las cirugías, filtrando las más rentables, y ha aumentado llamativamente las consultas externas (de 6.000 a 31.000) y las pruebas diagnósticas (de 5.000 a 17.000): es aquí donde gana dinero. No nos equivoquemos: no nos hacen pagar al acudir a un hospital de gestión privada, pero lo pagamos a alto precio, entre todas y todos, restando ese dinero a nuestro sistema sanitario público.
No seamos cómplices de la privatización, reclamemos una sanidad pública digna. No podemos normalizar tanto maltrato para ciudadanía y profesionales: salgamos a la calle a exigir lo que es nuestro. ¡Nos vemos en la manifestación el 19 de mayo!
