Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid
Hace unas semanas el principal referente de la derecha no supo decir muy bien si su partido estaba o no en contra del aborto. Solo supo alegar que no es un derecho fundamental. No viene especificado en la Constitución, un texto que se creó hace cuatro décadas, en una época en la que el catolicismo metía aún más que hoy sus rosarios en nuestros derechos y el aborto se realizaba en la clandestinidad: cogiendo un vuelo a Londres, quien podía permitírselo; recurriendo a perejil e hinojo las mujeres con menos recursos económicos.
Como dice el título de un estudio del Colectivo Rebeldía, hecho en Bolivia con mujeres de comunidades indígenas chiquitanas, guarayas y ayoreas, el aborto existe y ha existido siempre, aunque no lo quieran ver. Utilizando las palabras de la abogada Florynce Rae Kennedy, si los hombres pudieran quedarse embarazados, el aborto sería un sacramento. Y lo que sabemos de siempre es que las derechas, en cuanto llegan al poder, intentan socavar nuestros derechos, como está pasando en la comunidad de Castilla y León, gobernada por la derecha con la ultraderecha.
En nuestra mentada Constitución, el artículo 43 establece lo siguiente: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.
La realidad es que tenemos nueva legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y un recurso del PP contra la ley del aborto de 2010 tumbado por el Tribunal Constitucional. Las mujeres de entre 16 y 18 años pueden abortar sin necesidad de tutelas y se elimina el plazo de reflexión de tres días, así como el sobre con información por si no tenemos suficiente raciocinio y nos queremos echar atrás porque no lo hemos pensado lo suficiente. Ahora, como siempre, falta que lo que está en el papel se cumpla.
La nueva ley del aborto es un gran avance, pero tiene muchas lagunas. Desconocemos cómo se va a llevar a cabo su implantación por comunidades autónomas, deja fuera a las personas migrantes en situación irregular y no aborda la falta de formación sobre IVE en la carrera de Medicina, entre otras cuestiones. Ha querido ser muy ambiciosa en cuanto a contenidos y ha introducido muchos aspectos novedosos, pero sin ninguna concreción. Es el caso de la regulación de las malas prácticas llevadas a cabo por el personal sanitario sobre las personas gestantes, la llamada violencia obstétrica, que al final la ley proporciona meras recomendaciones, sin medidas claras sobre cómo prevenir ni actuar en caso de producirse. En países como Colombia o Argentina ya recogen en su legislación medidas para prevenir este tipo de violencias, que son violencia de género, en cuanto que afectan de forma transversal a las mujeres por el hecho de serlo, y tipifican estas malas praxis como delitos contra las personas gestantes.
Este 8M saldremos a las calles a exigir que se cumplan nuestros derechos sexuales y reproductivos. Mientras, en 25 ciudades españolas habrá gente acosando a mujeres y personal de las clínicas donde se realizan las IVE (a falta de que se pueda hacer en la sanidad pública), y ello a pesar de que una norma lo prohíbe desde abril de año pasado, cuando se reformó el Código Penal con el fin de acabar con este acoso. Dicen que van a rezar, pero su papel es como el del sobre y los tres días de reflexión: un “no seas tonta, bonita, y piénsatelo mejor” acompañado de salves y padrenuestros y, muchas veces, de “no seas asesina”.
El 8M los colores morado y verde nos acompañarán en la manifestación y el 9M seguiremos activas, como lo estamos todo el año, trabajando por lo conseguido y luchando por todo lo que falta hasta el objetivo final: sacar el aborto del Código Penal.
En nuestro canal de Telegram (t.me/comisionabortomadrid) informamos de las asambleas que realizamos de forma periódica, y próximamente anunciaremos un encuentro para charlar sobre los derechos sexuales y reproductivos al amparo de la nueva normativa. Animamos a todas las compañeras de Madrid a que, tras los actos del 8 de marzo, se unan a la comisión y trabajemos juntas para que un derecho tan básico como el de decidir sobre nuestros cuerpos sea real y deje de ser un delito, se ejerza en la sanidad pública y en igualdad de derechos para todas las mujeres, con nacionalidad, sin ella, con abundantes o escasos recursos económicos, sin que un objetor de conciencia se lo impida, y que ninguna tenga que volver a acudir a un aborto clandestino e inseguro.