Mónica Gortayre, activista antirracista
Eran más o menos las ocho de la tarde el 9 de abril. Estábamos nerviosas. En la calle, frente al Congreso de los Diputados, cientos de personas esperábamos la votación que se iba a producir. Banderas, gritos, consignas y nervios, muchos nervios, a pesar de que ya sabíamos que las voluntades par ece que se habían girado hacia una positiva toma en consideración de la ILP: nuestra historia de migración nos hace dudar de la buena noticia hasta que las cosas no son seguras. Necesitábamos escucharlo, teníamos un parlante fuera conectado con la retransmisión en directo de la sesión parlamentaria. Llegaron por fin las palabras de la presidenta del Congreso, Francina Armengol: “Votos emitidos 343, votos a favor 310, votos en contra 33, abstenciones 1. Como consecuencia se toma en consideración la proposición de ley”. Al escribir esta frase me vuelve a recorrer la emoción, el escalofrío y la alegría que me recorrió aquella tarde. Escribo yo, pero uso el plural colectivo porque solo así nos entendemos en la lucha. Nosotras, mis compañeras, compañeros y compañeres, las que estábamos en la puerta del Congreso aquella tarde, como tantas otras personas en todo el Estado español, somos solo un puñado: 14.000 personas voluntarias que recogimos firmas durante meses para que pudiera llegar hasta aquí la ILP Regularización Ya. Pero hay más detrás de este logro. Hay dignidad y mucha lucha colectiva. Hay además una enorme lección de lo que es construir desde abajo un sujeto político, una enorme lección de dignidad al Estado español. Sí, somos las subalternas, las que nadie mira, las que sostienen todo desde los cuidados para que el resto del país puede salir a trabajar. Las que crían a las que no son sus criaturas, las que acompañan la senectud de las que no son sus personas adultas mayores. Sin embargo, también somos las que no existen en las estadísticas, las “sin papeles”, las que no tenemos acceso al derecho a la sanidad, educación, vivienda digna, participación política. Sí, nosotras desde esa subalternidad hemos sido capaces de levantar desde abajo una voz potente y clara que exige la regularización ya por justicia social, por reparación y dignidad.
Aún más, hemos conseguido arrinconar a la ultraderecha, que se quedó sola en esta votación: todos los partidos políticos del arco parlamentario excepto Vox votaron a favor de admitir a trámite la ILP. ¿Y ahora qué? Pues se vienen duros meses de mucho trabajo, de incidencia política, de presión a los partidos políticos porque llegan otros tiempos: para empezar, se abre el plazo para que los partidos políticos puedan presentar modificaciones parciales o totales al texto original del ILP. Ojalá, en lugar de recortar y negociar a la baja, tengan la altura moral y democrática de proponer que se amplíe el plazo, porque el texto original presentado dice exactamente: El Gobierno, mediante “real decreto, establecerá, en el plazo de seis meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentran en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021”. No se pudo ampliar este plazo, pero para nosotras deberían ser todas las personas que se encuentren en situación administrativa irregular en el Estado español. Sin fechas, sin absurdos requerimientos. Siempre lo dijimos en las calles: nosotras queremos una regularización sin condiciones. Lo ideal sería que se impliquen para ampliar el plazo y que se incluya a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular.
Después, en segundo lugar, llega la negociación, los informes, las charlas y presiones a puerta cerrada en las que los diputados decidirán sobre la vida y el futuro de más de 500.000 personas que ya viven y trabajan muchas de ellas aquí y de las infancias migrantes, ya que aproximadamente un tercio de las personas en situación administrativa irregular son menores de edad.
Si llegamos al momento de deliberación, será entre el Senado primero y el Congreso después que estas enmiendas se voten, y por último la ya conocida publicación en el BOE para su posterior entrada en vigor.
Llegar aquí sería un triunfo no solo para todas las personas que hemos formado parte del proceso de la ILP Regularización Ya. Será también una demostración de que, por nosotras, por nuestra presencia y nuestra lucha, hacemos más democrática la democracia española, permítaseme la redundancia. Será la mostración de que la lucha es el único camino. Será la demostración de que unidas, en las calles y en los colectivos, hacemos mejor esta sociedad que se niega a sí misma su propia realidad diversa cada vez que legisla contra los derechos civiles y políticos del sujeto migrante.
Sabemos que no será fácil. Sabemos que jugamos en un tablero complicado en el que los partidos hacen cálculos de asuntos que se nos escapan como las elecciones autonómicas, las presiones de Europa, los intereses económicos, los cálculos políticos y la ganancia de terreno de la ultraderecha y sus discursos racistas y coloniales. Pero eso no detendrá este paso histórico, eso no detiene lo que empezamos allá en 2020 en plena pandemia. Por aquel entonces se inició la demanda de una regularización con la presentación de una proposición no de ley que obtuvo el apoyo de ocho formaciones políticas y el PSOE en contra con PP y Vox. Después en 2020 se articuló la pregunta a la comisaria de Interior de la UE contra el argumento del PSOE de que la UE no permite regularizar, lo que la comisaria desmintió. Y en 2021 se inició el camino de la ILP.
Una ILP que, no olvidemos nunca, implica a más de 900 organizaciones, 14.000 voluntarios, un año en las calles recogiendo firma por firma, 18 comités territoriales del movimiento estatal de Regularización Ya. Y lo más importante, nosotras las personas migrantes como sujeto político levantando una voz fuerte y unívoca. Aquí estamos, aquí seguimos, no nos fuimos, no nos vamos.
