Ana Encinas
Médica de Atención Primaria
y ciudadana de Madrid
Es una pena que la huelga convocada en los centros de salud solo afecte a los médicos, ya que en todas las categorías (celadores, administrativos, TCAE, enfermería y medicina) hay déficit de plantillas y nos obligan a dar una atención inadecuada.
En el caso de medicina, la falta de profesionales se debe a los contratos indignos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, la precariedad y las inaceptables condiciones de trabajo. Un cambio en estas condiciones y que no hubieran despedido a tantos profesionales revertiría la situación.
La Consejería de Hacienda ha decidido desmantelar la Atención Primaria reduciendo hasta el mínimo su inversión, excusa perfecta que aprovecha la Consejería de Sanidad para no cubrir las plazas vacantes, que aumentan exponencialmente con las jubilaciones y los abandonos de muchos profesionales. Hay en Madrid más de 600.000 personas sin médico asignado y 212.000 niños sin pediatra. Esto supone un atentado contra la seguridad del paciente y una importante sobrecarga sobre los restantes profesionales, que deben repartirse los pacientes cada día.
Las agendas no tienen límite, no hay tiempo mínimo por paciente. De esta forma se está perdiendo la esencia de nuestro trabajo. Es imposible abordar al paciente desde el enfoque biopsicosocial necesario, no podemos hacer promoción de la salud ni prevención de la enfermedad, la participación ciudadana hace tiempo que la hicieron desaparecer. Nos están obligando a dar una atención que dista mucho de la que el paciente debería recibir. La falta de tiempo relacionada con la sobrecarga nos impide trabajar con dignidad. Esta situación mantenida tanto tiempo va horadando nuestra satisfacción laboral y llega a ser causa de enfermedad para los trabajadores.
Lo último propuesto para profanar nuestro trabajo ha sido sustituir la relación terapéutica por una videoconsulta. No hay fundamento legal sobre la confidencialidad de los datos y, sobre todo, es imposible explorar con nuestros sentidos a través de una pantalla: palpar, percutir, auscultar… acompañar.
Nos quieren despojar de toda humanidad en nuestro trabajo y hacernos sentir cada vez más innobles. Incluso aplican castigos ejemplarizantes, como es el caso de Mar Noguerol, médica y directora en su Centro de Salud de Fuenlabrada, expedientada con diez meses sin empleo y sueldo por una irregularidad burocrática, al rechazar una propuesta de contrato para personal administrativo inexperto en plena pandemia. Es en Recursos Humanos donde se ejecutan los contratos y es a ella a quien han suspendido, no como directora del centro, sino como médica, sin tener ninguna justificación.
Pretenden amedrentar al resto de trabajadores, que nadie levante la voz ni informe sobre lo que está sucediendo. En estos momentos puede ser más aterrador sentirnos cómplices de este hundimiento de nuestro sistema sanitario que la idea de un posible castigo.
Sería interesante que la ciudadanía entendiese que la razón de la huelga es la exigencia de más tiempo para dar mejor atención. No es dinero lo que estamos demandando, es poder trabajar de forma digna. Por mucho dinero que nos ofrezcan, no aumentará el tiempo. Contratación de más profesionales para conseguir agendas abarcables, con un máximo de 30-35 pacientes, y tener tiempo para escuchar, explorar, diagnosticar, tratar y acompañar.
La unión con la ciudadanía es imprescindible, ya que ambas partes somos víctimas del deterioro. Son las vecinas y vecinos de muchos barrios y pueblos de nuestra Comunidad de Madrid quienes llevan dos años movilizándose, exigiendo contratación de profesionales, reapertura de sus centros de urgencias extrahospitalarias, no cierre del turno de tarde en sus centros de salud… Son ellas y ellos los que han organizado la multitudinaria manifestación del 13 de noviembre, no los partidos políticos ni sindicatos, como han querido vender la mayoría de medios de comunicación.
No es una guerra política lo que está en juego. El conflicto es la defensa de dos modelos sanitarios antagónicos: el PP que gobierna en Madrid desde 1995 defiende la colaboración público-privada, la privatización, que supone que de cada 2 euros presupuestados para la sanidad pública uno termine en bolsillos privados. Es una desposesión de lo que es nuestro, llegando incluso a pagar a la sanidad privada por camas de UCI, teniendo 25 camas UCI sin estrenar en nuestros hospitales públicos de gestión privada.
El 13 de noviembre lo que defendimos en las calles es el sistema de sanidad pública, universal y de calidad. Que nuestros impuestos se destinen de forma íntegra a reforzar nuestro Servicio Madrileño de Salud.
Seguiremos ampliando tejido social, desde la base, aportando cada uno según su habilidad, en una trama de respeto y cuidado. Y seremos muchos más….
