Carlos Pereda (sociólogo, Invisibles de Tetuán)
La Encuesta Financiera de las Familias, del Banco de España, es la fuente de información más completa sobre la distribución de la riqueza en España. De ella se nutren los informes internacionales del Banco Credit Suisse o del Laboratorio sobre Desigualdad Social de París. Sin embargo, la última encuesta, publicada a mediados de 2022, pasó desapercibida para los medios de comunicación de nuestro país, mientras las comunidades gobernadas por el Partido Popular alardeaban públicamente de anular sus impuestos a las grandes fortunas.
La polarización en el reparto de la riqueza durante las dos últimas décadas se ha extremado entre los hogares más ricos, que se han vuelto más ricos, y los más pobres, que ahora son mucho más pobres, tal como se recoge en la tabla adjunta. El enriquecimiento masivo de los primeros (algo menos de 2 millones de hogares) ha inflado sus activos financieros e inmobiliarios y les ha permitido mantener un alto nivel de vida y pocas deudas. En el otro extremo, los 4,7 millones de hogares más pobres registran desde 2014 un patrimonio medio negativo (mayor volumen de deudas que de activos), con los consiguientes efectos de inseguridad familiar y empobrecimiento de sus condiciones de vida. Este sector ha sido y es el más castigado por los desahucios de vivienda, y actualmente casi tres cuartas partes viven de alquiler, cuyas elevadas cuotas pasan a engrosar el patrimonio de las familias ricas.
Las encuestas trianuales del Banco de España son sensibles a los vaivenes de la actividad económica y de las políticas mantenidas por los sucesivos Gobiernos. El peor momento tuvo lugar a raíz de la crisis iniciada en 2008, muy especialmente entre 2011 y 2014, período que se corresponde con la primera legislatura de Mariano Rajoy, cuyas políticas económicas provocaron una pérdida del 37% del valor patrimonial de la mitad más pobre de los hogares, seis veces más que la sufrida por la mitad más rica (-6%). Más recientemente, asistimos a otra gran crisis provocada por la COVID-19 y la posterior guerra de Ucrania, y aunque todavía es pronto para conocer sus efectos en la distribución de la riqueza, todo apunta a que las medidas adoptadas por el Gobierno de coalición de izquierdas para evitar el desempleo (ERTEs, ayudas a autónomos, etc.) y para mejorar las condiciones laborales (subida del SMI, incremento de contratos indefinidos, derogación de los artículos más lesivos de la reforma laboral, etc.) están contribuyendo a frenar la desigualdad.
En una perspectiva histórica más amplia, las dos primeras décadas del siglo XXI forman parte de un ciclo iniciado en los años ochenta del siglo pasado cuya principal característica, según Thomas Piketty, es una fortísima concentración de la propiedad privada: “el fuerte aumento de la riqueza en manos del 10 por ciento más rico de la población implica que la parte correspondiente al resto de la población se ha desmoronado, de manera gradual e inquietante” (Capital e ideología, 2019: 822). En el fondo lo que se juega es un enfrentamiento de intereses entre sectores o clases sociales. Una asimetría de poder que es evidente en el ámbito económico y se extiende al resto de instituciones políticas y sociales, dando lugar a una sociedad jerarquizada y excluyente (de arriba-abajo) y a la vez tensionada, indignada y necesitada de cambios estructurales (de abajo-arriba).
(Más información en Papeles de relaciones ecosociales y cambio social, Nº 160, 2023)
La polarización en el reparto de la riqueza durante las dos últimas décadas se ha extremado entre los hogares más ricos, que se han vuelto más ricos
