Las autoridades españolas no han seguido el dictamen europeo de restablecer el suministro eléctrico antes del 15 de diciembre
Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana
Un artículo del pasado mes de diciembre lo titulamos Victoria histórica: Europa también exige a España el restablecimiento inmediato de la luz en la Cañada Real porque el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa se había manifestado con toda la contundencia posible exhortando a España a que tomase, antes del 15 de diciembre, las medidas que fuesen necesarias para garantizar que los habitantes de la Cañada Real tuviesen acceso inmediato a la electricidad y a la calefacción, y España estaba obligada jurídicamente a cumplir con las decisiones del Comité siguiendo la interpretación de la Carta Social Europea.
Sin embargo, el 15 de diciembre pasó y las autoridades españolas no han hecho absolutamente nada para garantizar el acceso a la electricidad y a la calefacción, con lo que han actuado en contra de lo que el derecho les obliga. De esta manera están condenando, con crueldad y falta de civilidad, a los habitantes de la Cañada, especialmente a las personas que están en situación de especial vulnerabilidad, a un tercer invierno de frío y oscuridad.
Lo que sí pasó ese 15 de diciembre es que, una vez más, los vecinos y las vecinas de la Cañada junto a los y las representantes de la plataforma se concentraron delante de la Asamblea de Madrid para exigir el restablecimiento de la electricidad y la calefacción, apoyando la proposición que, con ese objetivo, se tramitaba ese día en el hemiciclo madrileño. La lucha por los derechos, evidentemente, continuará hasta el final.
Pero lamentablemente la barbarie antijurídica de nuestras instituciones no acaba en la omisión de la orden europea. En estas últimas semanas se han derribado ya más de 20 casas y abandonado a su suerte a las familias que en ellas vivían, así como más de 400 camiones diariamente vienen vertiendo ilegalmente escombros, residuos contaminantes y basura. Los vertidos son utilizados para soterrar las casas que previamente se derriban, pero también se esparcen directamente en los caminos o junto a casas todavía no derribadas, poniéndose en grave riesgo la vida y la salud de sus habitantes.
El Comisionado de la Comunidad para la Cañada Real Galiana, Markel Gorbea, y la asociación de empresas de excavación Amaexco ya han sido denunciados por ello, pero la situación ha empeorado todavía más a causa de las últimas lluvias, que han anegado las casas y caminos con los residuos previamente vertidos. Algo que no solo no parece importar, sino que formaría parte de una programada expulsión de los actuales habitantes de la antigua vía pecuaria para poder dar cumplimiento al planificado desarrollo del sureste con nuevos planes urbanísticos.
Tercer invierno de horror y desesperanza
Hemos entrado ya en un tercer invierno de horror y desesperanza para los habitantes de la Cañada Real. A pesar de que todas las instancias jurídicas protectoras de los derechos humanos (nacionales, europeas e internacionales) lo quieren impedir, nuestras instituciones han decidido no solo no ponerle fin, sino incluso aumentar el horror. De forma especialmente activa la Comunidad de Madrid y su Comisionado para la Cañada Real Galiana, así como los ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, pero también el Gobierno central, al no garantizar el acceso a la luz como está obligado jurídicamente a hacer. En su discurso, incluso están intentando tapar esta atrocidad con la “cortina de humo” de futuros programas de realojo, los cuales reconocen que, en todo caso, tardarán entre 5 y 8 años.
Más que nunca es obvio que en la Cañada Real se está resolviendo una lucha trascendental para toda la ciudadanía española: barbarie o civilidad, derechos humanos o intereses espurios, derecho y justicia o imposición de un poder descarnado y antijurídico.
