Asamblea Popular de Carabanchel
Estas semanas, buena parte del sistema de salud pública madrileño ha colapsado (de “colapsar”: caer, hundirse, derrumbarse, desplomarse). Un colapso que se ha hecho evidente en las urgencias hospitalarias saturadas y sin capacidad casi para atender a los y las pacientes. Un colapso que también se ha hecho evidente en centros de salud de Atención Primaria de la zona sur de Madrid, en los que o hay que esperar semanas para tener cita con un médico, o incluso, en algunos casos extremos, directamente no dan cita.
Ambos problemas están íntimamente conectados: el abandono por la Comunidad de Madrid de muchos centros de salud de Atención Primaria de las zonas populares y de clase trabajadora, que se han quedado sin médicos de familia y sin profesionales sanitarios suficientes para su funcionamiento normal, repercute directamente y traslada su colapso a las urgencias hospitalarias.
Pongamos un ejemplo: el Centro de Salud de Abrantes, en el distrito de Carabanchel y uno de los consultorios más abandonados por la Administración madrileña, un caso especialmente sangrante —tiene ahora cerca de un tercio de médicos de familia que hace cuatro años— de los efectos de los recortes en la Atención Primaria y en la sanidad pública. Desde finales del pasado noviembre, este centro de salud absolutamente colapsado por falta de profesionales ya no daba cita con los y las médicos de familia: sus agendas hasta finales de enero estaban ya llenas y las de los siguientes meses todavía no estaban abiertas. Es decir, que desde hace semanas, si alguien de este barrio de más de 30.000 personas tiene una necesidad médica que no puede esperar semanas a ser atendida no tiene más remedio que recurrir a las urgencias: a las de un hospital o a las de los centros de salud (los centros de salud disponen todos de una pequeña dependencia para atender las urgencias extrahospitalarias, es decir, aquellas que no requieren de ingreso ni de pruebas —radiografía, análisis, etc.—).
Volviendo al caso del C.S. Abrantes, durante el periodo de las Navidades solo hubo entre tres y cuatro médicos de familia (este consultorio tiene sobre el papel 17 plazas de estos facultativos) para atender tanto las consultas como las urgencias (urgencias que cada día uno de ellos asumía rotativamente). Como no había atención médica normal, las urgencias de este ambulatorio han atendido, tras largas esperas, hasta a 150 pacientes… ¡al día! Para tener una medida de la barbaridad de esta cifra, basta recordar que la Comunidad de Madrid se había comprometido, tras la larga huelga de hace unos meses protagonizada por los y las médicas de familia, a que éstos no atendieran a más de 34 pacientes al día (24 en el caso de los y las pediatras).
Dada la saturación del Centro de Salud de Abrantes —insistimos: había tres o cuatro médicos de familia para hacer el trabajo de 17—, la mayor parte del barrio ha terminado recurriendo a las urgencias hospitalarias.
Y esta situación se puede extrapolar a muchos barrios y pueblos de Madrid. Como no funciona la Atención Primaria, el primer eslabón del sistema sanitario público, los y las pacientes se han amontonado en las urgencias hospitalarias hasta saturarlas. Así, por ejemplo, si en las urgencias del Hospital 12 de Octubre, que da cobertura sanitaria a buena parte del sur de la capital, se atiende a una media de entre 400 y 600 personas diarias, en las semanas pasadas han llegado a atender, con los mismos recursos, a más de 800.
Saturación de las urgencias hospitalarias
Los colapsos en las urgencias de los hospitales de Madrid, que causan tanto sufrimiento y malestar —ya es habitual tener que esperar hasta siete horas para ser atendido—, se producen cada invierno: como un reloj, como una maldición. Las autoridades madrileñas aducen cada año que se deben a que hay un repunte de enfermedades provocadas por el frío y que es temporal. Pero cuando la saturación de las urgencias se repite regularmente, es evidente que las Administraciones sanitarias no han hecho lo necesario para prevenir y/o afrontar esta situación. Y aquí también hay que hablar de recortes y de abandono: conviene recordar que las camas hospitalarias públicas en la región no han parado de disminuir (1.000 camas menos desde 2010) a pesar del aumento de población, lo que ha hecho que las camas por cada 1.000 habitantes pasen de 3,37 a 3,05 en el mismo periodo. Esta insuficiencia de camas está en el origen de las imágenes de urgencias con personas que precisan de un ingreso hospitalario, pero que no tienen cama libre y quedan esperando en camillas o en sillas en los pasillos.
Los recortes, el origen
Tanto el colapso de la Atención Primaria como el de los hospitales son consecuencia de decisiones políticas, que suponen que los recursos que se destinan a la sanidad pública son insuficientes para dotar a ésta de los medios necesarios. Y tales decisiones políticas son el resultado de no otorgar a la salud de la población prioridad sobre otro tipo de gasto.
En los presupuestos de 2024 para la Comunidad, que se acaban de votar en la Asamblea de Madrid, la parte del total de gastos dedicada a sanidad es menor que antes de la pandemia: si en 2019 de cada 100 euros presupuestados 42,52 se destinaban a sanidad pública, ahora solo 36,90. Es el porcentaje más bajo de los últimos años. Pese a lo que sostiene la propaganda oficial, en 2024 Madrid será, un año más, la comunidad que menos destine a sanidad por persona.
Por el contrario, el gasto que se destina a la sanidad privada en los presupuestos ha pasado de los 1.256 millones de euros anteriores a los actuales 1.492.
Resistencias contra el desmantelamiento
Pero el abandono y los recortes en la sanidad pública madrileña por parte de la Administración autonómica, que se ha estado produciendo desde que las fuerzas neoliberales gobiernan la región, también genera oposición y resistencias. En toda la Comunidad, trabajadores y trabajadoras de la sanidad, así como vecinos y vecinas de diferentes barrios y pueblos de Madrid, han organizado y siguen generando resistencias y organizando protestas. La persistencia de estas protestas ha permitido su organización y coordinación. Así, diversas asambleas y plataformas en defensa del derecho a la salud que han ido surgiendo por toda la Comunidad de Madrid han confluido en un espacio de acción conjunta: la coordinadora Vecinas/os de Barrios y Pueblos de Madrid, plataforma que impulsó las dos marchas que con el lema “Madrid se levanta por la sanidad pública” se convirtieron en las manifestaciones más multitudinarias jamás celebradas por la sanidad pública en Madrid (el 13 de noviembre de 2022 y el 12 de febrero de 2023) y la posterior Consulta Popular por la Sanidad (del 17 al 23 de abril de 2023).
Podemos y tenemos que combatir la destrucción del que constituye uno de nuestros derechos más básicos: el derecho a la salud
Esta plataforma ha lanzado la campaña “En defensa de la sanidad pública, ¡reclama!” (toda la información en https://vecinasporlasanidad.es/reclamaciones/en-defensa-de-la-sanidad-publica-reclama/). Se trata de una campaña fundamentalmente de concienciación. Si no reclamamos para que mejoren las cosas, en este caso la sanidad pública, querrá decir que todo va bien, y no es así. Reclamar es un derecho de la ciudadanía, pero también un deber para intentar mejorar nuestras vidas.
Desde hace semanas se están repartiendo panfletos y pegando miles de pegatinas en toda la Comunidad de Madrid, panfletos y pegatinas que además de animar a reclamar llevan un QR que dirige al formulario para reclamaciones de la web de la Administración madrileña. La idea es que presentemos una reclamación si la cita con el/la médica de familia o pediatra tarda más de 72 horas; si no hay médico en tu centro de urgencias extrahospitalario; si se demora la cita con tu especialista, tus pruebas diagnósticas o tu intervención quirúrgica.
Además, aunque algunas acusen el cansancio y el esfuerzo prolongado, siguen las protestas regulares ante centros de salud de barrios y pueblos de Madrid. Y también se han producido acciones y encierros. A mediados del pasado diciembre, cuatro vecinas de Abrantes y Carabanchel mantuvimos durante tres días un encierro reivindicativo en dependencias de la Gerencia de Atención Primaria, la Administración responsable de los centros de salud madrileños. Queríamos soluciones para la situación de abandono del Centro de Salud de Abrantes, situación de abandono que, hay que resaltar, el barrio lleva denunciando desde hace más de tres años con manifestaciones semanales. En una reunión previa al encierro con varias responsables de la Administración, éstas reconocieron la situación crítica de ese centro, pero en lo relativo a la incorporación de personal médico (la principal carencia) no dijeron nada concreto. Buenas palabras pero nada concreto, lo que después de tres años de abandono tenía sabor a tomadura de pelo.
Este encierro logró romper los muros del silencio y del ninguneo mediático e impulsó que se volviera a hablar sobre la situación de abandono de los centros de salud en los barrios de clase trabajadora del sur madrileño. El mismo día del inicio de esta protesta, el principal sindicato de médicos y médicas de Madrid hacía público un informe que, con base en la información recogida por personal sanitario, denunciaba que 18 centros de salud llevan meses con en una “situación crítica” debido a la falta de personal sanitario y reclamaba a la Comunidad “un plan de rescate específico y urgente”. Ninguno de estos 18 centros en situación “crítica” está en la zona norte de la región.
El desmantelamiento de la sanidad pública también genera convulsiones en la Administración madrileña. Sea como fuere, pocos días después del encierro Ayuso cambió a la gerente de Atención Primaria, seis meses después de su nombramiento. A finales de diciembre, la Consejería de Sanidad cesó a María Luisa López Díaz-Ufano, nombrada en julio y además elogiada por la propia presidenta, tras haber sido nombrada como mejor médico de familia del Estado español por la Real Academia Nacional de Medicina. López Díaz-Ufano se convierte, así, en la cuarta gerente en cuatro años de una de las áreas más críticas de la sanidad pública madrileña. Antes, en noviembre, el Gobierno madrileño también había cesado al viceconsejero de Sanidad, Juan José Fernández Ramos.
Las Administraciones públicas tienen la obligación legal y la responsabilidad de proveer de asistencia sanitaria a la población madrileña. Su abandono de esta responsabilidad es inadmisible y una grave vulneración de nuestros derechos fundamentales.
Podemos y tenemos que combatir la destrucción de uno de nuestros derechos más básicos: el derecho a la salud. Podemos y tenemos que revertir los recortes y exigir a la Administración madrileña que destine los recursos que necesita la sanidad pública.
Luchemos por una sanidad pública, universal y de calidad. Está en juego nuestra salud.
El abandono de muchos centros de salud de Atención Primaria traslada su colapso a las urgencias hospitalarias
