Mesa contra la Exclusión de Tetuán
El pasado 28 de marzo, la Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán aprobó por consenso un nuevo informe sobre la emergencia alimentaria en el que han participado más de 20 entidades de reparto existentes en el distrito. La Mesa viene trabajando desde 2016 con el objetivo de salir al paso de las emergencias más graves y construir un frente común que incluyera los recursos públicos y privados de atención social dando la voz al vecindario afectado. Lamentablemente, en marzo de 2020 la nueva Junta Municipal del Partido Popular decidió unilateralmente abandonar la Mesa, por lo que hemos tenido que reinventarnos sin su participación.
La inseguridad alimentaria incluye una variada gama de situaciones que van desde el hambre hasta la falta de recursos económicos para acceder a una dieta suficiente y equilibrada. Se trata de una forma de exclusión que toca uno de los derechos fundamentales para el desarrollo de la vida y que se ha agudizado a raíz de la pandemia.
En 2019, una amplia encuesta de Madrid Salud permitió conocer por primera vez el alcance de la inseguridad alimentaria, que llegaba al 11,5% de la población de la ciudad y al 14,8% del distrito de Tetuán. Nuestra demarcación se situaba entre las que tenían tasas más altas junto a Usera, Centro y Vallecas. La inseguridad alimentaria era en grado severo en algo más de una tercera parte de los casos, lo que significa que se veían obligados a reducir con frecuencia el tamaño y número de las comidas o que habían experimentado hambre en sentido estricto: falta total de alimentos, irse a la cama con hambre o pasar algún día sin comer. Si trasladamos estas tasas a la población del distrito (160.000 habitantes), la insolvencia alimentaria en los años anteriores a la pandemia afectaría a unas 23.000 personas, siendo en grado severo para algo más de 8.000.
En 2020, la pandemia por COVID-19 provocó un deterioro de las condiciones económicas y sociales que trajo consigo un aumento de la emergencia alimentaria, que pudo superar el 20% en la fase más crítica (unas 32.000 personas), para remitir hasta el 16-18% en 2022, en torno a 27.000 personas, coincidiendo con una relativa recuperación del empleo y la renta de las familias.
Antes de llegar la pandemia, en mayo de 2019, había 19 entidades privadas que repartían alimentos de emergencia, además de varias ayudas públicas como las becas de comedor escolar (algo más de mil) y la Tarjeta de Alimentación de Tetuán (unas cien). En total, recibían apoyo mensual 10.200 personas aproximadamente. La mayor parte de los alimentos entregados procedía de las dos distribuidoras oficiales del Fondo Español de Garantía Agraria (Banco de Alimentos y Cruz Roja).
La etapa de pandemia supuso cambios importantes en el reparto de alimentos. Muchas pequeñas entidades cerraron temporalmente, otras ampliaron mucho las ayudas, pero lo más novedoso fueron las iniciativas vecinales de apoyo mutuo, entre las que destacan la Despensa solidaria autogestionada de La Enredadera, la Casa Vecinal de Tetuán y el Espacio Bellas Vistas (éste todavía activo), así como apoyos diversos del sector de la restauración que ofrecieron menús de emergencia (Gastronomía Solidaria del cocinero Chema de Isidro) o se desprendieron del stock de productos almacenados.
Otra novedad ha sido la Tarjeta Familias del Ayuntamiento de Madrid, que en 2021 ha terminado por reemplazar a la Tarjeta de Alimentación de Tetuán (TAT). Iniciativa esta última promovida en 2017 por la Mesa contra la Exclusión que fue derivando hacia una prestación más de los Servicios Sociales al margen de la Mesa. En el primer año de funcionamiento de la Tarjeta Familias (de octubre de 2020 a octubre de 2021), se entregaron en el distrito 556, incluidas las renovaciones (media mensual estimada de 140, dada su corta duración) y todavía en diciembre de 2021 había vigentes 44 TAT. Para adjudicar la Tarjeta Familias, los Servicios Sociales de Tetuán cuentan con nueve nuevas plazas de trabajadores sociales y tres de administrativos, pese a lo cual la tramitación supone varios meses antes de pasar a Caixabank, que se encarga de su aplicación comercial.
La reciente recuperación del empleo y de la renta de las familias, según la exploración llevada a cabo por la Mesa contra la Exclusión en los primeros meses de 2022, ha reducido el número de receptores de alimentos en relación al pico de la pandemia, pero son un 27% más que en 2019 y cubren al 48% de la población estimada con inseguridad alimentaria. La mayor parte del incremento de la ayuda corresponde a entidades privadas, que son ahora 23.
Las anteriores tendencias son coherentes con lo ocurrido en el conjunto de la Comunidad de Madrid donde, a partir de una primera fase de repliegue, se ha producido una notable expansión de las organizaciones tradicionales de carácter filantrópico, junto al surgimiento de despensas y pequeñas redes de apoyo mutuo, y un papel residual de los Gobiernos locales. En este sentido, “si algo queda claro del papel municipal durante la pandemia es la ausencia de liderazgo, la volatilidad de las acciones y la frecuente desautorización y desencuentro con el movimiento vecinal que puso en marcha 171 despensas solidarias, de las que ahora solo quedan en torno a 40” (Araceli Serrano, José Ramón González y Marian Simón, Iniciativas para enfrentar el hambre y la inseguridad alimentaria en la comunidad de Madrid: ¿está en crisis el modelo hegemónico de reparto de alimentos?, CTS, Vol.35, 2022, p. 87).
Para garantizar el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables, que se encuentran excluidos de un trabajo digno y a quienes no alcanza el actual sistema de garantía de rentas, es preciso asegurar el acceso a una alimentación equilibrada y suficiente que cuente con el liderazgo y compromiso de la Administración, la cooperación entre las entidades colaboradoras y la implicación de las personas afectadas.
