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COMISIÓN LEGAL SOL
En la penúltima semana de noviembre y hasta la primera de diciembre de 2024 se celebrará en el Juzgado de lo Penal n.º 20 de Madrid la vista oral contra 21 de las 35 personas que fueron detenidas el 25 de septiembre de 2012 (han leído bien, 12 años después) en el que fuera el primer “Rodea el Congreso” del ciclo de movilizaciones iniciado por la aparición del movimiento 15M. Las procesadas podrían enfrentar penas de tres años y ocho meses hasta siete años y cuatro meses de prisión por delitos de desórdenes públicos, daños, atentado a la autoridad, lesiones o resistencia.
Convocadas por la Plataforma ¡En Pie!, miles de personas se dieron cita en la plaza de Neptuno, fuertemente asediada por la policía, aquella noche de finales de verano del lejano 2012. La convocatoria exigía la dimisión del Gobierno (presidido por Mariano Rajoy hasta junio de 2018), la disolución de las Cortes y la apertura de un proceso constituyente “para exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar un proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica o social”. Para ello, se planteaba rodear “de forma pacífica” las Cortes Generales, con la finalidad de expresar el descontento ciudadano con el modelo bipartidista.
Diez días antes de la fecha, ocho personas fueron detenidas e imputadas por un delito contra las Altas Instituciones del Estado (art. 494 Código Penal) ante la Audiencia Nacional, siendo el procedimiento finalmente archivado por un auto en el que el juez Pedraz enmarcó la convocatoria en “el derecho fundamental a la libertad de expresión”, señaló que “no hubo alteración alguna: la larga sesión plenaria se desarrolló normalmente” y que no se pueden prohibir “opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”. Este auto mereció que el partido en el gobierno, “acatando una vez más la voluntad de los jueces”, calificara a Pedraz de “pijo ácrata” y le acusara de “demagogia indecente”.
La concentración fue comunicada y tuvo lugar durante horas junto a un Congreso cercado por vallas policiales y un amplio dispositivo policial, cuya intervención a partir de las 21:00 se saldó con 64 personas heridas —una de ellas de gravedad, con una lesión medular— y 35 detenidas. Tras las cargas en Neptuno, la actuación policial se extendió por el paseo del Prado, llegando hasta la estación de Atocha-Renfe.
Las personas detenidas fueron trasladadas a la sede del Grupo XXI de la Brigada Provincial de Información (encargado de vigilar a movimientos sociales) en la comisaría de Moratalaz. De su paso por dependencias policiales, 26 de las 35 interpusieron denuncia por malos tratos, de la que alguna requirió asistencia hospitalaria. A pesar de que se adjuntaron diversas pruebas como partes médicos, fotografías y grabaciones de vídeo, el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid acordó el archivo de la denuncia por malos tratos tras diez años sin practicar ni una sola diligencia de investigación; ni siquiera se tomó declaración a las denunciantes. Cabe señalar, además, que todas las demás denuncias por lesiones durante la actuación policial en las cargas acabaron siendo acumuladas en este mismo juzgado de instrucción, corriendo idéntica suerte que la interpuesta por las detenidas y vulnerando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva de las denunciantes.
Han pasado 12 años desde estos hechos. No se juzga a las 35, pues el procedimiento fue despiezado y 14 de ellas ya ha sido juzgadas en otros procedimientos previos. A lo largo de estos 12 años, una de las detenidas falleció, como también lo hizo una de nuestras mejores abogadas, Beatriz Monasterio, defensora de seis de estas personas. A la larga “pena de banquillo” se suman peticiones de prisión muy elevadas por parte del Ministerio Fiscal, en busca de condenas ejemplarizantes para sancionar la protesta pacífica. 12 años de dilaciones, de interrupción de procesos vitales y colectivos y de criminalización de la desobediencia civil, que no merecen nuestro olvido y no restarán un ápice de nuestro compromiso con la defensa de los derechos y libertades fundamentales por las que tan caro precio se paga.
Porque solo la lucha hace justicia.
