Damián Rodríguez García. Portavoz de la Coordinadora de Madrid de COESPE
La comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados abordó el pasado 2 de junio el trámite para que pasara al pleno del Congreso, para su aprobación, el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, presentado por el Gobierno central el 4 de marzo de 2022. Tras diversas negociaciones de enmiendas, el proyecto de ley tuvo los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Grupo Mixto, y los votos contrarios de PP, Ciudadanos y ERC. Se abstuvieron EH Bildu y Vox. Se envía al Senado y después se votará definitivamente en el Congreso de los Diputados.
La abstención de EH Bildu en esa votación de la comisión era condición para su pase al pleno del Congreso. La argumentó informando de que había pactado con el Ministerio de Inclusión Social y Sanidad el aumento del 15% de las pensiones no contributivas (PNC); la letra pequeña demuestra que viudedad y orfandad se quedan fuera, y que es un acuerdo muy limitado en el tiempo.
El fondo antisocial de la ley
Las pensiones privadas, tanto las individuales como las de empleo, al destinar las cantidades aportadas a inversiones que buscan la máxima rentabilidad, en gran parte a través de productos financieros, contribuyen a la financiación de la economía, es decir, al aumento muy superior de los activos y pasivos financieros en relación con el valor de la producción de bienes y servicios y que ha provocado enormes desastres económico-sociales en las últimas décadas. Este proceso, que es apoyado por las instituciones financieras internacionales y también por la UE, asegura importantes beneficios a bancos y aseguradoras. Pero también, aunque no tengan beneficios inmediatos de la gestión de las pensiones privadas, es defendido por el conjunto de las organizaciones empresariales que quieren romper la solidaridad y unidad de clase asociada a las pensiones públicas basadas en el método de reparto por pensiones privadas diferenciadas por empresas y sectores. De esta forma, se contribuye a fragmentar la unidad de los y las trabajadoras en defensa de las pensiones públicas de reparto, entre quienes vayan a percibir pensiones privadas de una cierta cuantía y quienes solo las vayan a percibir de muy escasa o incluso no vayan a cobrar este tipo de pensión, lo que ocurrirá en los sectores productivos de salarios muy bajos.
El desplazamiento del peso de las pensiones públicas de reparto, que han sufrido importantes recortes en el pasado —y que se pretenden de nuevo ampliar, entre otras medidas, a través de la ampliación del período de cálculo, a las privadas de capitalización, que se quieren impulsar— aumentaría las desigualdades sociales en el interior de la población pensionista.
Particularmente las existentes entre hombres y mujeres, así como de incertidumbre para el conjunto de las y los pensionistas en cuanto a las condiciones de obtención de las pensiones y la cuantía de las mismas. En la actualidad la cobertura de las pensiones privadas es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres, en el sector público que en las empresas privadas, en las empresas de mayor tamaño que en las más pequeñas, en los trabajos a tiempo completo en relación con los de tiempo parcial, y en general entre las personas trabajadoras de mayores salarios y estabilidad en el empleo que entre las más precarizadas. La aprobación de esta ley podrá dar lugar a un aumento de esas desigualdades.
En las pensiones privadas basadas en las que la obligación empresarial es de aportar lo acordado pero no de garantizar un resultado en términos de cuantía de la pensión, la situación de las mujeres empeora debido a que su mayor esperanza de vida les supone reducción de la pensión, lo que no es impedido por la normativa de la Unión Europea en esta materia.
En el contexto actual de la voluntariedad de su constitución, solo se desarrollarán ampliamente los Planes de Empleo con recortes mayores de las pensiones públicas de reparto o con mayores ventajas fiscales para las empresas. La asociación patronal de entidades aseguradoras Inverco exponía hace unos años que el Estado “experimentará en los próximos años la mayor reducción de la tasa de sustitución del sistema público de pensiones de entre los países europeos”.
Las entidades financieras partidarias de la privatización de las pensiones usan a fondo los gabinetes de estudio, los seminarios y las tertulias en los medios de comunicación con el discurso de que el envejecimiento de la población hace inevitable la disminución de las pensiones públicas, por lo que reclaman nuevas medidas de recorte, además de mantener las ya aprobadas, en particular mediante un nuevo aumento de la edad de jubilación, el cálculo de la pensión sobre toda o la mayor parte de la vida laboral y una revalorización de las pensiones inferior a la de la renta media e incluso inferior a la que simplemente mantenga el poder adquisitivo.
En el actual contexto de muy alta inflación, este último elemento está dando lugar a una campaña desaforada de exigencia de que el Gobierno anule para el próximo año la revalorización según el IPC o la mantenga solo para las pensiones más bajas La importante cantidad de dinero que supone el gasto de la Seguridad Social, especialmente de las pensiones contributivas, cuyo importe presupuestado para el 2022 asciende a 150.000 millones de euros, da lugar a que las entidades financieras hagan de la privatización de una parte de esos recursos un objetivo prioritario. La aprobación de la ley en los términos actuales será un primer paso, que será seguido con nuevas exigencias de las entidades patronales de mayores beneficios fiscales para las empresas que acuerden establecer las pensiones de empleo.
Aunque no estaba previsto en el proyecto de ley del Gobierno, el tema del aumento del tope de las cotizaciones a la seguridad social propuesto por Unidas Podemos y que fue votado inicialmente de forma afirmativa en la comisión del Congreso y después ha sido anulado en la votación del pleno, ha mostrado la voluntad privatizadora de la mayoría del Gobierno, con la aceptación de Unidas Podemos, que ha votado sí al proyecto de ley. Mientras que se acuerda la concesión de importantes fondos públicos al desarrollo de las pensiones de empleo, el necesario aumento de los topes de cotización para conseguir los fondos necesarios para el mantenimiento y mejora de las pensiones de reparto se atrasa indefinidamente. La remisión del tema al “diálogo social”, es decir, al seguro veto de CEOE y CEPYME, solo sirve, en el mejor de los casos, para dilatar y suavizar la aplicación de una medida urgente. Así sucedió ya, y se repite, con la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años acordada por el Gobierno Zapatero, que fue una de las razones de su derrota electoral en el 2011. La desmovilización social que puede traer consigo esta política podrá venir unida a la progresión electoral de la derecha y la extrema derecha, que forzarán al máximo esta política de recorte a las pensiones públicas y de fomento de la privatización de las mismas.
Desde COESPE iniciamos una labor de denuncia y movilizaciones junto a otras organizaciones de pensionistas, y este nuevo revés al sistema público de pensiones no es un punto final: es un punto y seguido para proseguir con la campaña de denuncia del contenido antisocial de las contrarreformas del sistema público de pensiones. Mantendremos las acciones y las denuncias públicas, ante la ciudadanía y las y los trabajadores y el colectivo pensionista, y nos disponemos a intentar contribuir para que el 15 de octubre del 2022 realicemos una gran manifestación concentración de los movimientos de pensionistas y del resto de movimientos sociales y sindicales en defensa de lo público, en todas sus áreas: sanidad, educación, dependencia, medios de comunicación y pensiones públicas.
