Por
PEPA SUÁREZ
Padrón por Derecho
El fuego es una tragedia recurrente en los asentamientos de Huelva. En esta ocasión, las llamas no solo han arrasado el refugio de las personas trabajadoras migrantes del fruto rojo, sino que han calcinado también los documentos probatorios en medio de un proceso de regularización extraordinaria.
Un nuevo incendio en el asentamiento chabolista “Sevillana”, en Lucena del Puerto (Huelva), dejó el pasado domingo 19 de abril a unos 25 jornaleros y jornaleras en la indigencia más absoluta. El fuego, que se desató sobre las 13:00 horas mientras la mayoría de las personas residentes trabajaba en la campaña de la fresa, provocó un herido por quemaduras y calcinó unas veinte infraviviendas. Más allá de los daños materiales, el siniestro ha tenido un impacto humano devastador: Las llamas han reducido a cenizas los pasaportes y los documentos de prueba de estancia en España desde el 31 de diciembre de 2025 de las personas afectadas, bloqueando su acceso al proceso de regularización extraordinaria actualmente en curso y cuyo plazo termina el próximo 30 de junio.
La respuesta de la administración, como suele ser habitual, ha sido de dejadez total y han sido las asociaciones pequeñas sin recursos, pero con muy buena voluntad, las que han acudido a asistir a las damnificadas y damnificados en una primera instancia con ropa, agua y mantas.
El incendio de Lucena no es un accidente aislado. Es el síntoma de un racismo estructural que permite que trabajadoras y trabajadores esenciales sean invisibles para empresarios y administraciones públicas cuando son víctimas de una emergencia humanitaria. Pero ese racismo se evidencia, sobretodo, en la ausencia de un plan de erradicación del chabolismo y una alternativa habitacional realista y seria.
Tras más de un cuarto de siglo de chabolismo estructural, miles de temporeras y temporeros, siguen atrapados en un callejón sin salida habitacional. La única alternativa, frente a la falta de alojamientos dignos, es la autoconstrucción de infraviviendas mediante palés, cartones y plásticos, o aún peor, dormir en la calle encima de un cartón, como ocurre en el término municipal de Lepe donde los continuos incendios, los derribos de chabolas por parte del ayuntamiento y la prohibición municipal de construir más chabolas, ha desembocado en el sinhogarismo.
Desde hace unos cinco años, decenas de jornaleros llegan a la campaña de la fresa a trabajar y la única solución habitacional que han encontrado ha sido dormir en la estación de autobuses de este pueblo o comprar una tienda de campaña y colocarla en zonas alejadas del casco urbano. Esto provocó que el ayuntamiento lepero impidiera la visibilidad de esta vergüenza, obligando a los jornaleros a esconder las tiendas de campaña entre la maleza, antes de ir a trabajar y colocarlas otra vez a partir de las 20 horas de la noche. Es decir, el problema no es buscar una solución, sino esconder esta vergüenza de cara a la sociedad.
Sin embargo, lo que la administración local de Lepe vende como un éxito político, la erradicación de la mayoría de los asentamientos y la apertura de un albergue municipal de 140 plazas, a todas luces insuficiente, se trata en realidad de una maniobra de maquillaje institucional sin una solución acorde a la altura de la magnitud del problema, dejando a las personas temporeras en una situación de vulnerabilidad aún mayor.
Nadie conoce el contenido de el Plan de Erradicación del chabolismo del gobierno de Bonilla, que se ha presentado a la prensa innumerables veces. El Marco de Actuación para Doñana firmado por el Gobierno y la Junta de Andalucía y liderado por el Ministerio de Transición destina 11 millones de euros a la erradicación de los asentamientos y la mejora de las condiciones de vida de las personas temporeras.
A fecha de hoy sobran planes de erradicación del chabolismo en los despachos oficiales pero la realidad a pie de calle sigue siendo inaceptable. No faltan diagnóstico ni estrategias diseñadas. Pero la falta de voluntad política resulta clamorosa.
