David Canales

Cuando la autoridad no permite mostrar algo, prohíbe entrar con cámaras o cierra las puertas a la prensa es porque quiere ocultar algo que no le conviene que se vea o que se cuente.

El pasado 13 de noviembre pasó algo insólito y a la vez preocupante contra la libertad de prensa. La seguridad del Ayuntamiento de Madrid prohibió el acceso al mirador del edificio de Correos a los fotoperiodistas que intentaron subir para registrar la gran manifestación en demanda de la sanidad que se desarrollaba en ese momento. Según la Delegación de Gobierno, en la marcha participaron alrededor de 200.000 personas, mientras que los organizadores hablan de más de 600.000.

A los informadores se les dijo que no podían acceder con equipos y que si lo hacían se arriesgaban a ser notificados. El argumento fue que había riesgo de aglomeración y que como era domingo estaba abierto al público. Algunos ni siquiera pudieron grabar con móvil, porque la taquilla ya estaba cerrada. No obstante, en un momento se pudo subir siempre y cuando se dejaran los equipos en consigna, lo que no deja otra idea que lo que se pretendía era evitar que la prensa obtuviera imágenes de calidad desde las alturas del edificio.

El fotoperiodista Olmo Calvo se negó a aceptar la imposición y bajo amenazas de ser denunciado y tras ser notificado accedió con su equipo de trabajo. Otros subieron e hicieron fotografías con sus teléfonos móviles.

Así mismo, otros profesionales de importantes agencias internacionales de noticias como Reuters o AP, al no tener acceso, tuvieron que tirar de ingenio y a través de los telefonillos y la buena voluntad de algunos propietarios de la zona pudieron acceder a algún piso o azotea con buenas vistas.

La situación es anómala por donde se quiera mirar. Históricamente cuando ha habido eventos importantes en la zona, como celebraciones deportivas, manifestaciones, maratones, visitas ilustres, el Ayuntamiento ha dejado subir a la prensa a hacer la foto de rigor, que no es más ni menos que la plaza de Cibeles abarrotada de gente.

El periodista Javier Barbancho comentaba en Twitter: “Una vergüenza que @Madrid (Ayuntamiento) no nos dejara subir a los gráficos ni pagando la entrada del mirador del ayuntamiento, cámaras en consigna. Con el teléfono pudimos informar”.

Por su parte, en la misma red social, Edu Parra, fotoperiodista de Europress se extendía y decía:

“Hasta ahora no me consta que se haya impedido a los periodistas acreditados hacer su trabajo. Yo estuve hace tiempo en esta torre sin problemas y, como podéis ver, se han cubierto manifestaciones regularmente.

Sin embargo, algunos compañeros me han avisado que en esta ocasión no habían autorizado a la prensa a subir al mirador, así que algunos compañeros han decidido ejercer su derecho a acceder a un lugar público y han comprado su entrada como un ciudadano más. Ya chirria un poco.

Sin embargo, y aquí viene lo más gordo, cuando los fotoperiodistas han tratado de acceder al mirador la seguridad les ha prohibido acceder con sus cámaras de fotos. ¿En base a qué? No se sabe. El caso es que ha habido amenazas de denuncia ‘si se publica algo’ y filiaciones.

Mas allá del absoluto ridículo que es prohibir una cámara gordota pero no prohibir un móvil, es un escándalo que en un centro público donde no consta por ningún lado la prohibición de tomar fotografías con cámaras grandes se vete el acceso precisamente hoy”.

Por su parte, @Kacho_c recordaba en su cuenta de Twitter que en una de las tantas candidaturas de Madrid para ser sede de los Juegos Olímpicos el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón dispuso de arnés para los profesionales ante el peligro que representaban las obras de rehabilitación que en ese momento se estaban ejecutando.

Si la negativa a subir al edificio fuera poca cosa, hay informaciones que dicen que las cámaras de seguridad de algunas zonas por donde se desarrolló la manifestación estuvieron apagadas durante la misma.

El asunto es serio: hay imágenes, pocas desde las alturas, pero las suficientes para dejar claro que aquella mañana al menos 200.000 almas se dejaron la garganta para exigir sus derechos. No hay prohibición, cámara guardada en una estantería o micrófono silenciado que atestigüe lo que ocurrió ese ya histórico 13 de noviembre.

Ana Encinas
Médica de Atención Primaria
y ciudadana de Madrid

Es una pena que la huelga convocada en los centros de salud solo afecte a los médicos, ya que en todas las categorías (celadores, administrativos, TCAE, enfermería y medicina) hay déficit de plantillas y nos obligan a dar una atención inadecuada.

En el caso de medicina, la falta de profesionales se debe a los contratos indignos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, la precariedad y las inaceptables condiciones de trabajo. Un cambio en estas condiciones y que no hubieran despedido a tantos profesionales revertiría la situación.

La Consejería de Hacienda ha decidido desmantelar la Atención Primaria reduciendo hasta el mínimo su inversión, excusa perfecta que aprovecha la Consejería de Sanidad para no cubrir las plazas vacantes, que aumentan exponencialmente con las jubilaciones y los abandonos de muchos profesionales. Hay en Madrid más de 600.000 personas sin médico asignado y 212.000 niños sin pediatra. Esto supone un atentado contra la seguridad del paciente y una importante sobrecarga sobre los restantes profesionales, que deben repartirse los pacientes cada día.

Las agendas no tienen límite, no hay tiempo mínimo por paciente. De esta forma se está perdiendo la esencia de nuestro trabajo. Es imposible abordar al paciente desde el enfoque biopsicosocial necesario, no podemos hacer promoción de la salud ni prevención de la enfermedad, la participación ciudadana hace tiempo que la hicieron desaparecer. Nos están obligando a dar una atención que dista mucho de la que el paciente debería recibir. La falta de tiempo relacionada con la sobrecarga nos impide trabajar con dignidad. Esta situación mantenida tanto tiempo va horadando nuestra satisfacción laboral y llega a ser causa de enfermedad para los trabajadores.

Lo último propuesto para profanar nuestro trabajo ha sido sustituir la relación terapéutica por una videoconsulta. No hay fundamento legal sobre la confidencialidad de los datos y, sobre todo, es imposible explorar con nuestros sentidos a través de una pantalla: palpar, percutir, auscultar… acompañar.

Nos quieren despojar de toda humanidad en nuestro trabajo y hacernos sentir cada vez más innobles. Incluso aplican castigos ejemplarizantes, como es el caso de Mar Noguerol, médica y directora en su Centro de Salud de Fuenlabrada, expedientada con diez meses sin empleo y sueldo por una irregularidad burocrática, al rechazar una propuesta de contrato para personal administrativo inexperto en plena pandemia. Es en Recursos Humanos donde se ejecutan los contratos y es a ella a quien han suspendido, no como directora del centro, sino como médica, sin tener ninguna justificación.

Pretenden amedrentar al resto de trabajadores, que nadie levante la voz ni informe sobre lo que está sucediendo. En estos momentos puede ser más aterrador sentirnos cómplices de este hundimiento de nuestro sistema sanitario que la idea de un posible castigo.

Sería interesante que la ciudadanía entendiese que la razón de la huelga es la exigencia de más tiempo para dar mejor atención. No es dinero lo que estamos demandando, es poder trabajar de forma digna. Por mucho dinero que nos ofrezcan, no aumentará el tiempo. Contratación de más profesionales para conseguir agendas abarcables, con un máximo de 30-35 pacientes, y tener tiempo para escuchar, explorar, diagnosticar, tratar y acompañar.

La unión con la ciudadanía es imprescindible, ya que ambas partes somos víctimas del deterioro. Son las vecinas y vecinos de muchos barrios y pueblos de nuestra Comunidad de Madrid quienes llevan dos años movilizándose, exigiendo contratación de profesionales, reapertura de sus centros de urgencias extrahospitalarias, no cierre del turno de tarde en sus centros de salud… Son ellas y ellos los que han organizado la multitudinaria manifestación del 13 de noviembre, no los partidos políticos ni sindicatos, como han querido vender la mayoría de medios de comunicación.

No es una guerra política lo que está en juego. El conflicto es la defensa de dos modelos sanitarios antagónicos: el PP que gobierna en Madrid desde 1995 defiende la colaboración público-privada, la privatización, que supone que de cada 2 euros presupuestados para la sanidad pública uno termine en bolsillos privados. Es una desposesión de lo que es nuestro, llegando incluso a pagar a la sanidad privada por camas de UCI, teniendo 25 camas UCI sin estrenar en nuestros hospitales públicos de gestión privada.

El 13 de noviembre lo que defendimos en las calles es el sistema de sanidad pública, universal y de calidad. Que nuestros impuestos se destinen de forma íntegra a reforzar nuestro Servicio Madrileño de Salud.

Seguiremos ampliando tejido social, desde la base, aportando cada uno según su habilidad, en una trama de respeto y cuidado. Y seremos muchos más….

Días 27, 28 y 29 de noviembre y 11, 12 y 13 de diciembre

AFEM, AME, CSIF, MATS, PLATAFORMA DE CENTROS DE SALUD, PLATAFORMA SAR, SUMMAT.

COMUNICADO de las organizaciones convocantes

Ante el acuerdo que el sindicato AMYTS ha firmado con la Consejería de Sanidad manifestamos que es ambiguo, restrictivo e insuficiente.

Ambiguo porque deja muchos puntos importantes sin definir y sabemos por experiencia que en acuerdos en los que no se concretan claramente los puntos, la Consejería tiende a restar, nunca a sumar, en esa política de coste cero y deterioro de lo público que la caracteriza.

Restrictivo, ya que aun sabiendo que es un sindicato profesional de médicos, consideramos que en los acuerdos de esta envergadura y que se pueda reconducir la situación, es a través de acuerdos transversales y no exclusivos de una sola categoría profesional.

Insuficiente, firmando solo la apertura de diez centros (de los 37 denominados SUAP) en la zona urbana, para casi cuatro millones de habitantes, que, en principio, se cubrirán con plantilla básica, un profesional de cada categoría, desconocemos en qué horario, qué jornada laboral, etc. Lo que recoge este acuerdo es peor que lo que la Consejería ofreció en agosto, que era abrir 17 PAC, diez con médico y siete con enfermería, y se mantenía la dotación, ubicación y horario de funcionamiento de los SAR.

Los otros 27 centros urbanos, según declaraciones del consejero, se abrirán con plantilla de enfermería.

¿Acaso es tener en cuenta la calidad y seguridad de la atención cuando se plantea la apertura de servicios de urgencias extrahospitalarias nocturnas solo con personal de enfermería? No podemos tolerar como profesionales y ciudadanos un servicio de estas características que no beneficia al ciudadano y somete a los profesionales a situaciones de estrés intolerable. Enfermería tiene muchas competencias, pero no es ni quiere ser un médico. Y da lo mismo que intenten encubrir esta realidad cambiando el nombre de los centros, dotándolos de cámaras web y conexiones Zoom.

Uno de los mantras que se recitan de forma continuada desde la Consejería de Sanidad es la falta de profesionales; argumento falaz donde los haya, porque no hace tanto que se ha despedido a 6.000 sanitarios. No hay política activa de captación de personal que concluye su especialidad o licenciatura y el maltrato a los profesionales es continuado. Desde que la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha este aberrante plan de urgencias, solo en los SAR, que funcionaron al 100% durante la pandemia, se han producido casi 30 renuncias, y eso sin contar las renuncias habidas en el Summa112.

Por idéntica situación atraviesa la Atención Primaria, columna vertebral del sistema, en la que se invierte cada vez menos y cuyos profesionales están sometidos a pésimas condiciones de trabajo, con agendas sobrecargadas, poco tiempo para valorar y atender a los pacientes, política de sustitución por baja laboral o vacaciones prácticamente inexistente, alta temporalidad y retribuciones inferiores a las de otras comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid es una de las que menos invierte en sanidad, y eso redunda en la pérdida de calidad y deterioro progresivo de los servicios públicos. No se atienden las demandas de la población que clama por una sanidad pública de calidad, con equidad en el acceso y continuidad asistencial.

Pero ante tan grave situación como la que atraviesa la sanidad madrileña, la negociación no solo se debe limitar a los sindicatos profesionales: plataformas de profesionales, asociaciones de vecinos, etc. Están pidiendo otras cosas; en las calles se clama por una sanidad pública de calidad que engloba unos servicios de urgencias extrahospitalarias adecuados, muy distantes de aquello que se ha negociado.

Por nuestra parte seguiremos luchando por aquello que venimos defendiendo desde hace tiempo:

— La apertura de todos los SUAP con la dotación de personal acorde a la actividad que desempeñan y que, en muchos casos, supone un aumento de plantilla. Como mínimo, la apertura debería realizarse en la situación previa a su cierre.

— La reversión inmediata de los cambios efectuados en los SAR, el cese inmediato de la desorganización y falta de asistencia provocada por la errática política de la Consejería, porque la atención de urgencias extrahospitalarias ni es ni puede ser una especie de feria en la que se quitan y se ponen profesionales, sin tener en cuenta el servicio que se tiene que prestar y la categoría profesional a la que se le asigna.

— Aumentar el presupuesto destinado a Atención Primaria. Realizar estudios tanto de dotación médico / población asignada, enfermera / población asignada, y otros trabajadores sanitarios y no sanitarios, también por población atendida, así como de agendas para adecuarla a una atención de calidad que, además, contemple todas las funciones que tiene asignadas este nivel asistencial.

Desde aquí queremos apoyar la huelga que se inicia este lunes 21 en Atención Primaria, que de momento solo es de los profesionales médicos, pero que se está valorando que se extienda a todas las categorías profesionales.

Nosotros seguimos manteniendo la huelga de los profesionales del Summa112 y de los PAC para los días 27, 28 y 29 de noviembre y para el 11,12 y 13 de diciembre.

El pasado día 21 de noviembre se realizó una concentración frente a la Dirección General de Recursos Humanos a las diez de la mañana (coincidiendo con la reunión de la mesa sectorial) por lo que convocamos a la prensa a esa hora.

Edith Pérez Alonso
Mar Rodríguez Gimena
Médicas SAR Buitrago del Lozoya

El 27 de octubre Isabel Díaz Ayuso y su Escudero, el consejero de Sanidad, pusieron en marcha, de forma improvisada y chapucera, un plan de urgencias extrahospitalarias que desmantelaba aquello que funcionaba, los Servicios de Atención Rural (SAR), para abrir los antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con recortes de personal y servicios.

En pocas horas los puntos de urgencia se rebautizaron como Puntos de Atención Continuada (PAC), para al poco denominarse “Urgencias 24 horas”, y en pocas semanas se sucedieron seis descabellados planes. Esta situación ha provocado movilizaciones y huelgas sanitarias, que se han seguido de una movilización ciudadana masiva y una entrega de unas 40.000 firmas de vecinos y vecinas. La multitudinaria manifestación de centenares de miles de personas en Madrid el 13 de noviembre, promovida por “vecinos y vecinas de los barrios y pueblos de Madrid” que llevan saliendo a las calles para defender la sanidad pública desde hace más de dos años, deja claro que la ciudadanía reclama una sanidad pública, universal, digna y de calidad.

¿Qué impacto tiene la imposición del plan?

Pone en riesgo la salud de la población: centros sucios desde hace años, sin material y equipo adecuado para la atención de urgencias, sin acceso a claves informáticas ni a agendas ni a receta electrónica, con teléfonos o equipos estropeados. Y el más grave: con importantes carencias de personal. Dos días que teóricamente se cubrían con “voluntarios” de Atención Primaria el 80% de los puntos de urgencia no tuvo personal médico; dos de cada tres días más de la mitad de los centros no tienen médico, y un tercio de los centros nunca lo tiene. Ha habido faltas también importantes de personal de enfermería y celadores. Esto ha desembocado en incidentes en situaciones de emergencia que han podido poner en riesgo la vida de diferentes personas.

Afecta a la equidad: las zonas con población más vulnerable, bien por su situación socioeconómica o por su ubicación en núcleos rurales pequeños, pueden quedar desatendidas.

Crisis de ansiedad en el personal y problemas de salud diversos en profesionales afectados. Se comunicó cambio de lugar y horarios a menos de 24 horas de su inicio mediante correos electrónicos de madrugada, violando todo tipo de derechos y generando una situación de angustia e incertidumbre. No se conocía de forma previa el cambio de condiciones laborales que implicaba el plan.

Las mentiras de la Consejería acusando a los profesionales, especialmente médicos, de boicot, de vagos y rojos, ha propiciado un clima de hostigamiento frente a los mismos. Se han dado al menos tres agresiones a profesionales en este periodo.

Hasta el 20 de noviembre han permanecido cerrados una media de ocho centros al día. Puede consultarse los centros que han estado abiertos, cerrados o con personal insuficiente en la web de la plataforma SAR.

— Han renunciado ya 30 médicos y médicas, y lo harán más si se prolonga la situación.

— Se podrían abrir dispositivos de urgencias solo con profesionales de enfermería.

— Se abre la posibilidad de atención médica telemática de urgencias, que precisan habitualmente de una valoración, exploración y manejo presencial.

— Tensa los servicios de Atención Primaria y la urgencia hospitalaria, que se exponen, como un castillo de naipes, al colapso.

Ante tanto despropósito seguimos respondiendo en las calles y con las huelgas. Solo nos queda volver a pedir la dimisión de Escudero y Ayuso como la medida más eficaz para poder salvaguardar a nuestra sanidad pública.

INCIDENCIAS EN LOS PUNTOS DE URGENCIAS
24 HORAS

https://plataformasarmadrid.com/2022/11/05/3243/

Asamblea Popular
de Carabanchel

“Todo Madrid sin camas y Urgencias al 200%”. Este mensaje de un médico resumía la situación de las Urgencias hospitalarias madrileñas a mediados de noviembre. Y según nos avisan los y las profesionales sanitarios, lo peor está por llegar. Aunque las Urgencias se saturan en estas fechas año tras año —cuando las temperaturas bajan se disparan las enfermedades respiratorias—, este otoño el colapso promete superar todo lo visto en periodos prepandemia.

Estos días, en las Urgencias del Hospital 12 de Octubre, que da cobertura sanitaria a buena parte del sur de la capital, han atendido una media de 250 niños y niñas cada día. Y 350 cada día de los los fines de semana. Una barbaridad provocada por una epidemia de bronquiolitis, y otras enfermedades respiratorias ligadas a la gripe, a la COVID —que ya se ha hecho endémica— y a otras dolencias respiratorias. Pero estas enfermedades, la mayor parte de ellas estacionales y que no requieren ingreso hospitalario, por sí solas no explican el tapón en los grandes hospitales de Madrid. Por ejemplo el pasado 15 de noviembre en el Hospital de La Paz había 50 pacientes para 18 camas en una sala de urgencias. Y en el Clínico, 71 pacientes en otra sala con camas para 30.

Y es que los recortes en la sanidad pública madrileña también han golpeado a su sistema de urgencias y sus costuras ya no aguantan.

El SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, cuenta básicamente con dos niveles asistenciales: la Atención Hospitalaria y la Atención Primaria. Y aunque cada uno de estos niveles tiene un sistema de urgencias, forman parte de un todo y están interconectados. Lo que le ocurra a uno afectará inevitablemente al otro.

Las urgencias extrahospitalarias, las de la Atención Primaria, han sido dinamitadas por la Comunidad de Madrid. Antes de la pandemia, este primer nivel asistencial contaba con dos tipos de servicios de urgencias, uno para las zonas rurales formado por 40 Servicios de Atención Rural (los SAR), y en la zona metropolitana la atención urgente corría a cargo de 37 Servicios de Urgencia de Atención Primaria (los SUAP). Esto hacía cerca de 80 dispositivos de urgencia de cercanía, con sus equipos de profesionales completos, que complementaban la Atención Primaria por las noches, los festivos y los fines de semana; es decir, cuando los centros de salud cierran.

Ahora mismo, tras el sexto cambio impuesto por la Consejería de Sanidad de Madrid, solo diez de estos centros urbanos (de los 37 antes denominados SUAP) tendrán médico o médica y una plantilla básica de profesionales de cada categoría. Se desconoce en qué horario, qué jornada laboral, etc. El resto de estas urgencias urbanas, 27 dispositivos, solo estarán atendidas por personal de enfermería, personal que no puede atender más que un número muy reducido de situaciones (por ejemplo no pueden recetar medicamentos). En cuanto a las urgencias extrahospitalarias rurales, los SAR, la única parte del SERMAS que salió relativamente indemne del sobreesfuerzo de la pandemia y que incluso mantuvo su funcionamiento al 100% durante los peores momentos de la COVID, la Consejería acaba de desmantelarlos el 27 de octubre. Y aunque el Gobierno madrileño parece haber dado marcha atrás y afirma querer reabrirlos con todos sus equipos, en estos momentos no está nada claro qué dotación de profesionales les queda ni cómo van a funcionar. Por lo pronto ya se han producido 30 renuncias de los facultativos y facultativas —cerca de un 15% de su plantilla—.

La actual saturación en los hospitales tiene mucho que ver con esto. Como denunciaba un trabajador de la sanidad en un periódico: “Éstos son los efectos del cierre de las urgencias extrahospitalarias y su falta de profesionales. Los pacientes al saber que muchos de estos centros están cerrados o atienden sin médico o sin enfermera se vienen a las urgencias de los hospitales y se colapsan”.

Y mientras tanto, ¿qué le ha pasado a las urgencias hospitalarias? Pues están también heridas por los recortes. Sirva como ejemplo la situación del servicio de Urgencias del Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), que llevó a sus profesionales a mantener una huelga durante varias semanas el pasado octubre. “Tenemos un déficit de profesionales tan importante que en los últimos tres años nos estamos obligando a hacer más guardias que las permitidas por el descanso obligatorio. Además los últimos meses empezamos a temer por la calidad asistencial y por la seguridad de nuestros pacientes. En 2008 había unas 15 camillas en la urgencia del hospital y en este momento tenemos más de 60 atendidas por el mismo personal asignado de guardia”, explicaba una urgencióloga.

Como dicen con sorna en las protestas en defensa de la sanidad, “vecina, mejor no caigas enferma, que no hay donde curarte”.

Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid

Seiscientas setenta mil personas responden al llamamiento

Vecinas y vecinos de pueblos y barrios de Madrid convirtieron la manifestación convocada “Madrid se levanta por la sanidad pública” en un tsunami contra el plan de destrucción de la Atención Primaria diseñado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La marcha, iniciada en las zonas de Nuevos Ministerios (Columna Norte), Hospital de la Princesa (Columna Este), Plaza de Carlos V (Columna Sur) y Ópera (Columna Oeste), ha recorrido calles de Madrid hasta desembocar en la plaza de Cibeles, colapsando totalmente la ciudad.

Vecinos y vecinas, profesionales sanitarios de Atención Primaria, SAR y SUAP de la Comunidad de Madrid participantes en la manifestación se han expresado y han dicho “Basta” al maltrato de profesionales sanitarios, basta de listas de espera para cita médica, basta de Urgencias extrahospitalarias sin médicos, basta de seguir deteriorando la Atención Primaria.

El éxito alcanzado con la gran movilización llevada a cabo el 13 de noviembre hace visible la capacidad de la sociedad civil para cambiar las políticas de privatización que los Gobiernos del Partido Popular llevan aplicando en esta comunidad desde hace más de dos décadas contra la mayoría social.

Desde Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a la ciudadanía y movimientos sociales que han apoyado y participado en la movilización, comprometiéndonos con ellos en continuar la lucha hasta revertir el deterioro programado de nuestro sistema sanitario público y conseguir una sanidad cien por cien pública, de calidad y universal.

Hacemos un llamamiento a los madrileños para que tomen la responsabilidad de defender este bien común, acudiendo y participando en las asambleas que organizan las protestas en sus barrios y pueblos, para poner su parte en la inteligencia colectiva y así enriquecer y potenciar las movilizaciones.

Próximamente se celebrará una reunión para hacer balance de la manifestación y continuar con las movilizaciones en los barrios y pueblos de la Comunidad.

Madrid, 15 de noviembre de 2022

Columna Este

A nadie se le escapa que una de las muchas consecuencias que ha tenido la pandemia de COVID es haber terminado de poner encima de la mesa, en boca de todo el mundo, la salud mental… La situación a la que nos hemos visto sometidos todos y la falta de recursos y políticas adecuadas ha traído como consecuencia la necesidad de poner la salud mental en un primer plano.

Hemos visto en nuestras consultas un aumento desmesurado de personas con cuadros de ansiedad, de depresión, intentos de suicidio… y hemos observado también los déficits en la atención a los ya diagnosticados y a sus familias, a los ya diagnosticados previamente de cuadros psicóticos, trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, por las continuas políticas de recortes realizadas durante los últimos diez años.

Por ello, en la Comunidad de Madrid necesitamos un plan de salud mental diseñado en colaboración con las asociaciones de profesionales, usuarios y familiares, con una financiación que se acerque a la media europea de inversión, en torno al 10% del gasto total en sanidad, que incluya la contratación en condiciones dignas de más profesionales a nivel comunitario y de atención primaria. Con una línea específica para la prevención del suicidio y otra para la salud mental infanto-juvenil. Además, se deben reforzar y mejorar los equipos de orientación en los centros escolares con especial atención a facilitar la coordinación con los recursos sanitarios y sociales, para el abordaje precoz de problemas de salud mental en la adolescencia.

Y no debemos olvidar que la salud no se consigue solo con recursos sanitarios, sino con salud en todas las esferas de la vida… Así que… que se mejoren las condiciones laborales de las madrileñas y los madrileños, que se facilite la conciliación entre la vida laboral y la personal, que se mejore el acceso a la vivienda, que se alcance la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que se proteja del riesgo de ruina económica por la subida de las hipotecas, por la pérdida del puesto laboral o por enfermar…

Ésas son las mejores actividades preventivas para cuidar la salud mental de todas y de todos.

Columna Norte

Aunque no es lo que deseamos, y aunque estamos luchando todas juntas por cambiarlo, la realidad es que hoy las mujeres no solamente lidiamos lo mejor que podemos con nuestra propia salud, sino que nos encargamos en buena medida de la salud de nuestras familias.

Somos en su mayoría mujeres quienes acompañamos al médico, pedimos las citas, vamos con la receta a la farmacia, estamos pendientes de las curas, de las revisiones, la rehabilitación y el seguimiento. El deterioro de la sanidad pública hace que gastemos en ello mucho más tiempo (las horas tratando de contactar por teléfono, las horas pasadas en la sala de espera de urgencias para algo que podría tratarse en el centro de salud, los desplazamientos a centros sanitarios alejados…), y nos aumenta considerablemente la presión, la angustia y la carga mental (los días o semanas de incertidumbre hasta poder acudir a una cita que se aplaza, la presión de no poder cambiar esa cita porque a saber cuándo tendrás otra, la inaguantable impotencia ante el sufrimiento de las personas queridas…).

Al hospital se va, al centro de salud te acercas. El injusto reparto de las tareas de cuidado hace que las mujeres en su mayoría suframos la desaparición interesada y progresiva de lo que la Atención Primaria debe también ser: el lugar donde recibir información sobre los cuidados a la infancia y a las personas mayores, sobre una alimentación adecuada o los gestos que pueden salvar nuestras vidas o hacerlas más llevaderas (primeros auxilios, vacunación, ejercicio y dieta, buenos hábitos de prevención). El centro de salud del barrio, cercano, cotidiano, con personal médico que nos conoce y conoce a nuestra familia, tiene que volver a ser ese lugar a donde nos acercamos para contar con libertad (sí, con libertad) los síntomas que nos preocupan, para recibir seguridad, para confirmar sospechas, para calmar nuestras dudas.

Aunque no es lo que deseamos y estamos luchando todas juntas por cambiarlo, la realidad es que muchas mujeres que trabajan en la sanidad pública en todas sus categorías (limpiadoras, administrativas, celadoras, enfermeras, médicas) comparten con el resto de nosotras la precariedad económica y la dificultad de compatibilizar las tareas de cuidados con la vida laboral. Cualquier deterioro de esas condiciones laborales (precariedad, intermitencia, cambios de destino inesperados, sobrecarga de trabajo, de horarios, guardias interminables) y cualquier consecuencia de ese deterioro (impotencia, angustia, estrés, aumento de las horas fuera de casa, desplazamientos inasumibles, incertidumbre económica) las afecta por lo tanto en mayor medida. Su lucha es la nuestra, nuestra lucha es la suya.

Columna Sur

Marea de residencias siempre apoyará una sanidad 100% publica y de calidad y siempre estaremos al lado de los sanitarios.

Los recortes que llevamos sufriendo en los últimos 25 años en esta comunidad provocaron que para que no colapsara el sistema sanitario durante la primera ola de la pandemia esta comunidad redactase “los protocolos de la vergüenza”. Estos protocolos discriminatorios que prohibieron trasladar a los hospitales a las personas que vivían en residencias fueron redactados los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, y llevaron a la muerte a 7,291 personas.

No tuvieron la oportunidad de acceder a una sanidad por la que trabajaron y construyeron durante su vida por el mero hecho de vivir en un centro sociosanitario y tener deterioro cognitivo o discapacidad física.

Exigimos una sanidad que cuente con una dotación de personal suficiente para atender y dedicar a los pacientes el tiempo que merecen. Exigimos médicos de la sanidad pública en centros sociosanitarios.

Necesitamos una sanidad que cuente con más inversión en tecnología, investigación y prevención.

Y siempre, siempre, una sanidad que no excluya a ningún ser humano, que cualquier ciudadano tenga acceso a recibir los cuidados necesarios que no pongan en riesgo su salud.

— Sanidad fuerte, cuidados dignos al paciente.

— ¡Sanidad y residencias públicas 100% y de calidad!

— Por justicia, responsabilidad.

— Por dignidad, derechos humanos.

¡La sanidad no se vende, se defiende!

URL vídeo: http://marearesidencias.org/sites/default/files/2022/videos/Manif20221113.mp4