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El 1 de junio se cumple un año desde la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Despropósito, frustración, “esperanza burocratizada” (Sarah Babiker), “fiasco” (Plataforma RMI es tu derecho),”bluf” (Roberto Borda, de la Asociación Apoyo)… Durante este tiempo han sido muchas y muy diversas las voces que se han ido levantando para denunciar la decepción y el fracaso de esa medida.

 

Fuente: Marea Básica

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Este es un documento de balance sobre el primer año de vida del Ingreso Mínimo  Vital. Pero también intenta ser una aproximación a las razones del descalabro y un apunte sobre el futuro que viene si no lo impedimos, así como un esbozo sobre los caminos necesarios para salir de la pobreza y el desasosiego en el que los poderes políticos y económicos han hundido y están hundiendo a millones de personas en nuestro país.

La Marea Básica contra el paro y la precariedad nació hace 6 años, en marzo de 2015. Nacimos de un doble impulso, de dos manantiales. Por un lado el de las Marchas de la Dignidad, el gran movimiento popular que asentando su fuerza en la clase obrera desafiaba tanto al régimen del 78 como a la política austericida de la Unión Europea. Por otro lado, germinábamos en la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Renta Básica Universal, asumiendo la trascendencia y el alcance estratégico de esa propuesta. Sacábamos así la Renta Básica de los habituales debates académicos o militantes para llevarla a los barrios, a las puertas de los servicios sociales y las oficinas de empleo. El 24 de marzo de 2018, tras 320 kilómetros y trece días andando, llegaba a Madrid la Marcha Básica, arropada por más de diez mil personas y reivindicando entre otras medidas la Renta Básica y el cumplimiento de la Carta Social Europea.

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En sus seis años de existencia la Marea no ha cejado nunca en su brega contra el paro forzoso y la exclusión social. Por eso, desde el primer momento de la crisis del coronavirus, cuando el Gobierno, en marzo de 2020, declaró el estado de alarma y se inició el confinamiento domiciliario de todo el país, reivindicamos decisiones a la altura de las circunstancias. “Vivimos un momento de excepcionalidad los 47 millones de personas que habitamos este país”. Así empezaba el comunicado que la Marea difundió el 16 de marzo. En él, al tiempo que señalábamos ya la idoneidad de una Renta Básica de Cuarentena, reiterábamos la petición de una reunión tanto con el ministerio de Derechos Sociales como con el de Inclusión y Seguridad Social, para hacerle llegar nuestras propuestas.
A primeros de abril de 2020 se produjo un contacto telefónico entre uno de los portavoces designados por la Marea Básica y la secretaria de Estado –y hoy ministra de Derechos Sociales- Ione Belarra. Parecía que iban a recibirnos y a escucharnos. Pero unos días después el Gobierno anunciaba la inmediata aprobación del llamado por entonces Ingreso Mínimo Vital Puente, que recogía en lo fundamental la orientación que se plasmaría en el decreto dos meses después.

La Marea Básica se pronunciaba mediante un comunicado el 12 de abril:
“Denunciamos que millones de personas que necesitan la protección pública del Estado van a quedar en la intemperie. Con medidas como esta, el lema “Que nadie se quede atrás” se convierte en un escarnio contra los más humildes”. No somos adivinos, ni teníamos una bola de cristal. Pero sí conocíamos a fondo cómo funcionan las rentas mínimas, y no otra cosa era lo que se planteaba por parte del Gobierno. Y sabíamos también echar números y comprobábamos el poco aprecio que los flamantes políticos del nuevo gobierno tenían a sus propios programas electorales. Y sabíamos además qué era la AIREF (la Autoridad “independiente” de Responsabilidad Fiscal) y que quien habría de gestionar el ingreso mínimo vital, José Luis Escrivá, había pasado directamente desde la presidencia de ese organismo, de ortodoxa disciplina neoliberal, al ministerio.
De la reunión comprometida por Belarra nada más se supo. Citaron a Cáritas, a Cruz Roja e incluso a una federación de consumidores cuyo campo de actividad jamás había sido -ni lo es ahora- el de las rentas, ya sean mínimas, de ciudadanía o de cualquier naturaleza. Pero a la Marea y a los otros movimientos de la renta básica, no los recibieron. No querían ninguna voz discrepante, que les afeara el desatino y les recordara sus recientes discursos y compromisos. Que les pusiera delante el espejo de lo que fueron y de lo que prometieron. Sufríamos de nuevo el ostracismo institucional que habíamos sufrido con los gobiernos del PP, constatábamos hasta qué punto el sentido patrimonial de las instituciones y las prácticas clientelares calaban también en el gobierno que se autodenominaba como “el más progresista de la historia”. Insistimos una y otra vez en reunirnos con el gobierno para exponerle la posibilidad de articular una Renta Básica de Emergencia y otras medidas transitorias. Todo fue en balde. Pero lo más grave no era que el gobierno tratase con el pie a los movimientos que venían batallando, sin subvenciones ni prebendas, por la renta básica. Lo peor es que con esa política se demostraba una insensibilidad hacia el sufrimiento de millones de personas, condenadas a la penuria y a la marginación. Mientras las colas de la miseria crecían exponencialmente en los barrios, el gobierno sometía a la gente más humilde a un nuevo embrollo burocrático, al tiempo que presumía de haber dado “un paso histórico” con el IMV.

1. Balance: las dimensiones del fracaso

Basta con consultar los datos oficiales que hace públicos el propio Ministerio de Inclusión para comprobar la magnitud del desastre que está suponiendo la aplicación del IMV. El informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la nómina correspondiente al mes de mayo de 2021, publicados hace poco más de una semana, son reveladores:
* Expedientes presentados: el INSS ha recibido 1,32 millones de solicitudes válidas desde que se puso en marcha la prestación. A pesar de que el número es importante hay que reseñar que una parte muy sustancial de familias y personas bajo el umbral de la pobreza –al menos otro millón- ni siquiera lo ha solicitado. “Es más fácil conseguir cita para el Ingreso Mínimo Vital con la güija que por teléfono”, declaraba con sorna José Luis Yuguero, de la Red de Solidaridad Popular Latina-Lucero.
*  Expedientes tramitados y denegados. 7 de cada diez solicitudes han sido denegadas, un total de casi 750.000. Del total de las solicitudes presentadas, se han tramitado algo más del 81%, pero solo han sido aprobadas 260.000 prestaciones. De acuerdo con los datos del Ministerio, de las 1.023.703 solicitudes tramitadas se denegaron 747.617, es decir, un 73% del total. Otras 65.209 están pendientes de subsanación y previamente se desecharon 113.234 solicitudes por duplicidades.
Habría que señalar, además, que de los expedientes resueltos favorablemente más de una cuarta parte (75.000) lo han sido por el procedimiento de oficio, en sustitución de las antiguas ayudas por hijo a cargo. Es decir, que por el procedimiento ordinario sólo han “merecido” la aprobación el 18’07% de las solicitudes.
* En definitiva, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega este mes solo a 260.000 hogares, un 30% de la cantidad prometida solemnemente hace un año, que era de 850.000 familias. Este ámbito de cobertura al que inicialmente aspiraba el gobierno ya era de por sí restrictivo, puesto que no llegaba siguiera a cubrir al 25% de la población que, según el último informe AROPE, se encuentra en España por debajo del umbral de la pobreza.
* Los rasgos que caracterizan los hogares que están accediendo al IMV son una muestra esclarecedora de la desigualdad en nuestro país. La feminización de la pobreza (el 68% de las personas titulares son mujeres y la tasa de hogares monoparentales que acceden al IMV es seis veces mayor que la media) y las repercusiones lacerantes entre la población infantil y juvenil de extracción pobre (la proporción de menores de edad en los hogares receptores alcanza el 42%, muy por encima del porcentaje que representan en la población general, el 18%) son dos de los atributos que señalan el perfil de la exclusión.
*  Una cuantía media de 448 euros al mes para hogares cuyo tamaño medio es de 2,62 personas. Como ha señalado la Asociación de Directoras y Gerentes Sociales, “la cuantía media por persona perceptora de los IMV en el conjunto de España supone el 16,4% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja e inferior al 17,1% del sistema de Rentas Mínimas”. La cuantía media queda incluso por debajo del umbral de pobreza severa en España (500’5 euros/mes en 2019) y no digamos ya de la Carta Social Europea (750 euros). En el caso de Extremadura, por ejemplo, la cuantía media por unidad de convivencia es de 387 euros mensuales. Unos ingresos de miseria para unas 8.200 familias, que solo alcanza a algo menos del 5 % de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Con las ayudas que realmente se pagan (387 euros/mes/hogar), es difícil que una familia pueda hacer frente a la alimentación, luz, agua, vestidos y otros gastos.
Según el Decreto-Ley que regula el IMV el umbral de renta garantizada debería oscilar entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.

Sin embargo, la realidad es muy diferente puesto que el IMV se determina teniendo en cuenta los ingresos preexistentes de la unidad familiar. Por tanto, el resultado de la cantidad a cobrar procede de la contabilización de los ingresos que se han tenido con anterioridad a la solicitud. Esto conduce a ingresos incalificables que pueden ser de 30, 50, 80 o 100 euros. Han tenido la poca vergüenza de establecer una normativa que determina prestaciones de verdadera miseria, que impiden el acceso a las mismas de miles de familias. Una regulación en la que para alcanzar lo establecido, bien de modo unipersonal o como unidad familiar, se debería haber estado sin ingresos en los meses precedentes a la solicitud del IMV, lo que hubiera implicado que estas personas vivieran en la más completa pobreza y exclusión social, y en la inanición.

El hecho que el cálculo de la capacidad económica de una familia se realice sobre datos de años anteriores hace que la prestación no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia y explica por qué el número de personas beneficiarias y la inversión es sensiblemente menor a todos los estudios publicados.
Como es obvio, la capacidad económica se debería calcular sobre los ingresos en el momento de la solicitud. De este modo, podrían acceder a la prestación numerosas personas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria y han visto una merma o un corte de sus ingresos mensuales como producto de la inclusión en un ERTE o despido por el parón de la actividad económica.
*  No se están gastando ni siquiera –ni de lejos- el dinero presupuestado. En los nueve primeros meses de ejecución la Seguridad Social solo desembolsó 920 millones de euros de los 3.000 anuales previstos. La nómina correspondiente a mayo será de 195 millones de euros, según declara el Ministerio.
Detengámonos por un momento en el aspecto presupuestario del IMV para colegir el tamaño de la estafa. Paradójicamente, a pesar de las consecuencias sociales de la pandemia y de las colas del hambre que siguen creciendo, sin embargo las cantidades destinadas al IMV no han dejado de menguar, respecto de las que en su día se anunció o prometió desde diversas instancias. En el otoño de 2015 los sindicatos mayoritarios proponían destinar 7200 millones de euros y Oxfam-Intermon consideraban necesarios al menos 6400. Por su parte, los partidos que conforman el gobierno, PSOE y Unidas Podemos, contemplaban en sus más recientes programas electorales las cantidades de 6.000 y 10.000 millones, respectivamente, para la puesta en funcionamiento de una renta mínima de inserción. Al final, la cantidad presupuestada por el gobierno fueron 500 millones de euros para el año 2020 y 2956 para el 2021. Pero, ojo, porque la AIREF –no se olvide, la guarida turbo-liberal de la que procede Escrivá- ya ha propuesto rebajar esa cantidad a la mitad para el presupuesto de 2021: “La AIREF reduce su estimación del coste del Ingreso Mínimo Vital para 2021 a la mitad, 1.500 millones de euros. Este cambio se justifica por los datos publicados, que muestran que el número de beneficiarios aprobados de la prestación está siendo muy inferior al número de beneficiarios potenciales que se habían estimado” (página 41 del Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Púbicas 2021).

Curiosamente la cantidad que estima la AIREF viene a coincidir con el dinero global que asignan actualmente las Comunidades Autónomas en su conjunto al concepto de rentas mínimas de inserción. Lo comido por lo servido. Al final, si se impone ese criterio, lo que nos vendieron como “conquista histórica” se reduciría exclusivamente a un cambio del organismo pagador.
Desde la Marea Básica lo denunciamos y lo advertimos en su momento. No teníamos bola de cristal, pero conocíamos sobradamente las malas artes, la falta de escrúpulos y la aporofobia en la política dominante: “Cuando se consolide el IMV y sus cuantías irrisorias argumentarán, como hacen habitualmente los políticos de todo color, que el hecho de que se destine una cantidad pequeña es porque no hace falta –“para que queréis más presupuesto si no se gasta”; es más, será según ellos la demostración de que está disminuyendo la pobreza y están mejorando el empleo y las condiciones sociales”. La banalidad de la miseria institucionalizada: creamos una maraña inexpugnable, hacemos que la gente desista y después argumentamos que no es necesario porque los presuntos afectados no lo solicitan.
Desde que empezó la crisis del COVID-19 las empresas españolas han recibido más de 120.000 millones de euros de financiación a través de la línea de avales aprobada por el gobierno. Muchos de esos avales serán fallidos y tendrán que afrontarse desde la hacienda pública. A principios de año se consumó la fusión entre Bankia y Caixabank, con la renuncia del gobierno a recuperar 21.000 de los 24.000 millones que el Estado aportó para el rescate de la primera de las entidades. En 2020, la cuantía destinada a ERTES superó los 20.000 millones y las ayudas a autónomos rebasaron los 7000. Compárense esas cifras con las determinadas para atender a la población más pobre a través del IMV. El escritor portugués Almeida Garrett escribía a mediados del siglo XIX: “Yo pregunto a los economistas políticos, a los moralistas, si ya han calculado el número de individuos que es necesario condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmoralización, a la infamia, a la ignorancia crapulosa, a la desgracia invencible, a la penuria absoluta, para producir un rico”. Escrivá y sus conmilitones de la AIREF y el Gobierno ya han echado las cuentas. Hacen falta muchos pobres para fabricar un rico.

2. La pobreza en el laberinto burocrático

El gobierno en sus exposiciones escritas y orales ha señalado en todo momento que el objetivo pretendido por el IMV es acabar con la pobreza y que a la vez sea una herramienta que consiga que las personas en un estado de exclusión social pasen a integrarse y desarrollarse plenamente en la sociedad. No obstante, con el paso del tiempo se pone al descubierto que estamos ante una falacia y un embuste en toda regla ya que IMG-20210531-WA0007lo que se está consiguiendo con esta renta mínima es ahondar en el pozo de la miseria y de la indignidad, ampliando las situaciones de pobreza actualmente existentes.
El IMV tiene un carácter plenamente político y de servicio a los intereses de las clases dominantes. El gobierno entiende que “los pobres” no necesitan mucho para vivir y pueden conformarse con poco. Nos encontramos con un mecanismo de alienación e integración social de las gentes más desfavorecidas para que acepten la naturalidad de su estatus a la vez que desde el punto de vista laboral conforman un ejército de reserva que en determinados momentos pueda ser utilizado para satisfacer los intereses del capital. No es ni mucho menos un seguro colectivo como decía el Ministro Escrivá ante la falta de perspectivas profesionales para nuestra juventud, ni para hacer frente al incremento del desempleo que se producirá por las transformaciones económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y otros problemas derivados del COVID-19 que afectarán especialmente a los grupos sociales más vulnerables.
El interés de las clases dirigentes se extiende mucho más allá de la reordenación del conjunto de ayudas estatales que en la exposición de motivos del decreto que regula el IMV se explicita con toda claridad. El proceso comienza con la eliminación de la actual prestación de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento. Y en poco tiempo se intentará la reorganización de los subsidios y prestaciones no contributivas como ya venimos señalando desde la MAREA BÁSICA. Es decir, se sustituirán todos los subsidios y prestaciones no contributivas por el IMV, medida con la que esperan ahorrarse unos 10.000 millones de euros, según ellos mismos reconocen.
El IMV, como el conjunto de las rentas mínimas, es un desastre muy bien organizado,funcional a los intereses de las clases dominantes. La clase trabajadora  no existe, afirma el relato del poder. “Un colectivo disfuncional y excluido en lo más bajo y luego el feliz resto de todos nosotros”, escribía Owen Jones de modo irónico refiriéndose a la demonización de la clase obrera en Inglaterra. A un lado las amplias clases medias, ya sean reales o fantaseadas, y al otro la morralla, los excluidos. “Con la Renta Mínima de Inserción hemos creado una clase social”, afirmaba, allá por 1996, Claude Girard en la Asamblea Nacional de Francia, el país pionero de la medida. Ahí reside el cometido principal de esa herramienta y no en la retórica paternalista de sus defensores: las rentas mínimas representan la economía de la miseria, la estigmatización de la pobreza, una argamasa para fortalecer el gran muro de división en el interior de la clase trabajadora. Un conjunto articulado de dispositivos organizan la subordinación de los más humildes. La malla burocrática se adensa y las políticas sociales pasan progresivamente de la protección al castigo. El paradigma de referencia al que se aspira desde el poder son las rentas mínimas y el modelo específico de los servicios sociales, la inmersión de “la pobreza en el laberinto burocrático”, como lo denominará la escritora Sara Mesa. De ese modo, los derechos sociales se difuminan y su lugar lo ocupan gradualmente la caridad y la discrecionalidad.
Las rentas mínimas de inserción se convierten así en una viga maestra de las políticas sociales. Engalanadas con nombres a cuál más pretencioso todas están cortadas por el mismo patrón y comparten la misma naturaleza irreformable: fortificar el gueto de pobres e impedir que los de abajo se conviertan en sujeto de transformación. Dilación, control social, arbitrariedad, estigmatización, esas son las características consustanciales a todas ellas. Pero veamos con detalle algunas de las artimañas y adobos burocráticos específicos de esta renta mínima particular a la que han denominado Ingreso Mínimo Vital:
2.1 El control de pobres por las Administraciones Públicas: Servicios Municipales, Seguridad Social y Agencia Tributaria.
a) Los trámites burocráticos son abundantes y engorrosos para los futuros perceptores; hay que recorrer diferentes organismos públicos, sobre todo ayuntamientos y juzgados, para conseguir los documentos solicitados. Y una vez presentada la documentación hay que esperar la resolución de la oficina provincial de la seguridad social.
Valga, a modo de ejemplo, un nuevo requisito que se está solicitando, al menos, en la comunidad extremeña: la fe de vida. Este documento, en el caso de las personas extranjeras es un obstáculo enorme por la complejidad que tienen para obtenerla.
Este nuevo acto administrativo tiene una orientación clara: reducir el número de personas que lo solicitan.
b) La regulación del silencio administrativo se ha establecido en unos términos que blindan a la Administración para la negligencia y acrecientan la incertidumbre de los solicitantes.
c) La decisión final suele llegar después de varios meses. La lentitud con la que se procede es desesperante, sin duda también por la falta de personal en las oficinas de la Seguridad Social. En total, hay algo menos de 25.000 trabajadores en la Seguridad Social, después de que el personal haya perdido a un 20% de sus efectivos en la última década. En 2011, la plantilla superaba las 30.000 personas.
Una muestra más de la falta de preocupación por las clases trabajadoras y especialmente por los sectores sociales más desfavorecidos es la lentitud e inoperancia de las administraciones públicas. La falta de medios que faciliten el acceso fluido y eficiente a los servicios públicos, sanidad, educación, oficinas de la seguridad social, de los servicios de empleo, juzgados es un hecho notable que perjudica más a unas clases sociales que a otras.
Lo que está ocurriendo con el IMV pone de manifiesto las graves carencias de funcionamiento de los servicios públicos en la atención a los potenciales perceptores que necesitan de aquellos documentos administrativos, presentaciones, reclamaciones y en general, diferentes actos administrativos. Estas carencias que alcanzaron su máximo déficit durante los confinamientos consecuencia de la pandemia, siguen siendo habituales. La insuficiencia de personal en los servicios sociales, las oficinas de la seguridad social o en la propia Agencia Tributaria, impide que se puedan prestar unos servicios públicos de calidad que respondan con eficacia y rapidez a las exigencias de la población.

d) A la malla de obstáculos habitual en diversas rentas mínimas se suma ahora la intervención de la Agencia Tributaria para controlar los niveles de pobreza en las declaraciones de la renta de quienes cobran el IMV, “para evitar fraudes”, según Escrivá. La Agencia Tributaria evaluará las declaraciones de la renta que obligatoriamente tienen que hacer todos los perceptores de la Renta.
El Ministerio debe suprimir la obligación de realizar la declaración de la renta a las personas o familias que cobran el Ingreso Mínimo Vital. Esta obligatoriedad, aunque no se superen lo mínimo establecido, es un acto burocrático cuyo objetivo es de controlar, crear problemas e incertidumbres a las familias pobres, y en definitiva, reducir el número de perceptores del IMV eliminando de la percepción a todas aquellas personas o familias que no realicen este trámite burocrático.
2.2 La confusión programada para la interpretación de las unidades de convivencia
El propio gobierno señala en el Decreto-Ley que en la evaluación de los programas de sostenimiento de rentas se refleja que muchos de sus potenciales beneficiarios acaban no accediendo a ellos, bien por la complejidad de los procedimientos, la naturaleza de los colectivos a los que va dirigido, o una combinación de estos factores.
Las unidades de convivencia que podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital es la formada por personas que vivan solas o los integrantes de una unidad de convivencia que, con carácter general, estará formada por dos o más personas que residan en la misma vivienda y que estén unidas entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, si bien se establecen excepciones para contemplar determinados supuestos, como es el caso de las personas que sin tener vínculos familiares comparten vivienda por situación de necesidad.
Estas últimas excepciones no se han tenido en cuenta, al menos en la Comunidad Extremeña. Un porcentaje importante de las solicitudes denegadas se deben a cómo entiende e interpreta la Seguridad Social la unidad de convivencia. La cuestión es de tal calibre que se han pasado de frenada por lo que el Ministerio ha tenido que modificar el criterio inicialmente establecido con el que valoraba la unidad de convivencia ya que un 10% de las denegaciones se debían a su falta de acreditación. En enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales. La casuística es enormemente variada. Comentamos algunos de los casos más frecuentes por los que se ha echado para atrás la aprobación de la ayuda social regulada:
a) A familias diferentes que viven bajo un mismo techo. En este caso, se considera la mismaunidad familiar cuando varias familias diferentes viven bajo un mismo techo,  a pesar de que no tienen nada que ver una con la otra, salvo la incapacidad económica de disponer de una vivienda propia, lo que les obliga a compartir.
b) A personas que viven en habitaciones alquiladas de una misma vivienda pero que no tienen ninguna relación de parentesco entre sí; a estas personas se les está denegando el IMV pues en la valoración que hacen las oficinas de la seguridad social se les computa a todas formando parte de la misma unidad.
c) A madres solteras o separadas que carecen de ingresos y deben buscar el amparo habitacional de las familias. A estas personas, con menores a su cargo, se les está denegando el IMV, se las considera que forman parte de la misma unidad de convivencia.
d) Especial gravedad tiene la denegación a las personas sin hogar o que disponiendo de viviendas carecen del empadronamiento, hecho este que les impide acceder a una ayuda social. El empadronamiento de las personas y familias es un elemento utilizado por las autoridades políticas para obstaculizar, retrasar y en muchos casos impedir que se puede acceder a las ayudas sociales. El acceso al padrón debe ser una cuestión automática para todas las personas y familias, y sobre todo en circunstancias de extrema necesidad.
e) A veces, en las comunicaciones de denegación que llegan a los solicitantes se describen motivos que no coinciden con la situación laboral o económica de esas personas o familias; se les atribuyen responsabilidades en empresas mercantiles o propiedades patrimoniales que no son reales. Las reclamaciones realizadas no se tienen en cuenta, pasan a un baúl de los recuerdos.
2.3 Como hemos apuntado anteriormente uno de los mecanismos de criba y exclusión de solicitantes ha sido la utilización del ejercicio fiscal anterior a la solicitud como período de referencia para hacer el cómputo de los ingresos.
La normativa establece que “el ingreso mínimo vital es una prestación económica de periodicidad mensual que cubre la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la unidad de convivencia durante el año anterior y la renta garantizada determinada por el real decreto-ley para cada supuesto, que, para el ejercicio 2020, se deduce de aplicar la escala establecida en el anexo I del real decreto-ley”. Además, los cálculos que se realizan para establecer las cantidades que corresponden a los diferentes hogares de convivencia no son transparentes ni se dan a conocer. La falta de transparencia y justificación del resultado obtenido acompaña a la determinación de la aprobación o no del IMV. Todo viene a ser una especie de misterio difícil de descifrar.
Por si esto fuera poco, muchas de las familias con hijos a cargo a las que se les reconoció automáticamente el IMV de modo provisional (28,61 euros al mes por cada hijo, 49 en caso de familias en pobreza severa y 1000 en caso de menores con discapacidad) están recibiendo comunicaciones en las que se les indican variaciones en las cantidades inicialmente asignadas una vez que han formulado su solicitud definitiva de acceso al IMV. Esto sucede al computarse los ingresos anteriores a la fecha de solicitud de los miembros de la unidad familiar.
Un ejemplo concreto que se repite en otras familias. Con el reconocimiento provisional automático del IMV por un hijo a cargo se le aprueba 552 euros/mes. Cuando se realiza la solicitud para continuar con el IMV de la unidad de convivencia formada por la pareja y el hijo, como se tiene en cuenta lo ingresado con anterioridad a la solicitud se le reduce el pago mensual a 440 euros, debiendo devolver lo cobrado con anterioridad a esta declaración.

2.4 Las “estrategias de inclusión” ya en marcha. Lo que viene: presión a los perceptores del IMV y nicho de negocio para las empresas
A las decisiones misteriosas de la Seguridad Social acerca de la aprobación o no del IMV, se suma el incremento del control que llevarán a cabo los servicios sociales municipales, que progresivamente adoptarán un mayor protagonismo a la hora de determinar quiénes son merecedores de estas ayudas, informando sobre las unidades de convivencia y el estado de necesidad de los solicitantes para acceder o mantener este IMV. La norma establece que los beneficiarios de la prestación estarán obligados a seguir las estrategias de inclusión y no participar se podrá considerará una infracción muy grave.
La Seguridad Social anuncia que bonificará a las empresas que contraten a perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) a través de la concesión del Sello Social. Ese es el plan que está en la última fase de desarrollo por parte de los técnicos del Ministerio que dirige José Luis Escrivá y cuyo objetivo, según afirman, es “evitar que esta prestación se convierta en un foco de generación de economía sumergida, de fraude y de enquistamiento de perceptores de larga duración”. Hablar de pobreza severa y de fraude al mismo tiempo con ese desparpajo, mientras se preparan los negocios a las empresas amigas, revelan el clasismo y la catadura moral de quienes dirigen este ministerio.
El real decreto-ley ya preveía la creación de la Comisión de Seguimiento del ingreso mínimo vital y la puesta a disposición de los empresarios de los perceptores de la prestación. La Comisión de Seguimiento se constituye como órgano de cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en materia de inclusión, y el Consejo consultivo del IMV, como órgano de consulta y participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales.
Aunque el desarrollo normativo no está concluido y el reglamento definitivo determinará las estrategias que se han de seguir para la inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, en coordinación con todas las administraciones involucradas, algunas consideraciones que se desprenden del decreto-ley tienen una semejanza considerable con los Proyectos Individuales de Inserción que se aplican a las personas que cobran las rentas mínimas. Es decir, igual que los perceptores de la renta mínimas de diversas comunidades autónomas están obligados a la realización de cursos de todo tipo en el SEXPE que no tienen ningún valor pero que permiten el control y el seguimiento sucederá con quienes cobren la nueva ayuda social.
Por otro lado, como se desprende más claramente en los párrafos siguientes, las estrategias a las que se refiere la normativa están orientadas a que los perceptores sean mano de obra barata para la realización de diferentes tareas que necesiten las administraciones públicas o las entidades empresariales.
Así, son ilustrativos estos párrafos de la exposición de motivos que muestran que el ingreso mínimo vital será un acicate contra la economía informal al poder ser contratados los perceptores por empresarios que pagarán un complemento hasta llegar al salario legalmente establecido en convenio o por disposición gubernativa (SMI): “El ingreso mínimo vital, al ser compatible con los rendimientos del trabajo y estar acompañado de un mecanismo incentivador al empleo, así como de las obligaciones de los beneficiarios de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de figurar como demandantes de empleo en caso de no trabajar, brindará la oportunidad de incorporarse a la economía formal a personas y colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera de este ámbito. La incorporación al trabajo formal y el disfrute de los beneficios sociales y económicos que esto supone actuará en muchos casos como barrera para la vuelta de estas personas a la economía informal, con los beneficios individuales y colectivos que ello comporta para la sociedad en su conjunto. En el siguiente párrafo, indica el camino que deben seguir los empresarios contratando a quienes cobran el ingreso mínimo vital antes que recurrir a la economía informal. “En el caso del trabajo por cuenta ajena, la economía informal no sería posible sin la colaboración necesaria de aquellos empresarios que, con esta forma de actuar, persiguen eludir impuestos y reducir los costes laborales de su actividad. Por este motivo, la lucha contra la economía informal debe desarrollarse en un doble ámbito: tanto por el lado de los trabajadores, como por el lado de los empresarios que ostentan en esta ocasión la figura del cooperador necesario, sin la cual la infracción no sería posible. Por tanto, la reducción de la economía informal requiere necesariamente de la equiparación del autor de la infracción con el cooperador necesario, en este caso el empresario, a la hora de imponer la sanción”.
Pintado como lucha contra la economía sumergida lo que se plantea abiertamente es la posibilidad de acceso empresarial a un mercado de trabajo precario y cautivo.

Resulta también muy llamativo que, como señala el investigador Bru Laín, el organismo responsable de evaluar estas políticas de inclusión sea –de nuevo- la AIREF, “puesto que parece más razonable que sea el INSS, el SEPE o un organismo con competencias en empleo o inclusión social más que en política fiscal y presupuestaria”.

3. Hace falta un camino nuevo: Comunidad, Rebeldía, Renta Básica y Reparto del empleo

¿Cómo es posible que ocurra todo esto, que durante una pandemia no solo sanitaria sino también social, fallen los mecanismos más elementales de solidaridad, de justicia social? Todo el mundo parece hacerse esa pregunta. ¿Todo el mundo? Escuchemos, por ejemplo, al ministro Escrivá, observemos su satisfacción cuando califica como “hito” la gestión del IMV, su serenidad cuando asegura que dicha prestación “ni de lejos” va a llegar a los 850.000 hogares que se preveía cuando se creó. O su regocijo rayando la burla cuando afirma que “nunca explicitamos el horizonte temporal en el que el objetivo iba a cumplirse”. El objetivo: pagar a la gente más desprotegida 460 euros.
Quizás ahí reside el gran error, en pensar que el IMV es un fracaso de “todos”. No, para la patronal que necesita mano de obra servicial y manejable no es un fracaso. Ni para la banca, que necesita ciudadanos atemorizados y resignados que no se atrevan a reclamar el fin de su dictadura sorda. Ni para los políticos al uso, que precisan arañar votos en el mercado del clientelismo, en la manipulación selectiva y estratégica de la escasez. Ni para las ONGs que hacen de la beneficencia su modus vivendi. Para ellos, el IMV y su gestión es un completo éxito. Está funcionando a pleno rendimiento, como debe hacerlo. Atemoriza a unos, avergüenza a otros, doma y doblega a otros muchos. Y, sobre todo, siembra resignación, pesimismo antropológico, desconfianza en que algo significativo pueda cambiarse en este mundo injusto. Enhorabuena, señor Escrivá, lo está usted consiguiendo. Usted sí que sabe lo que se trae entre manos. Es un hombre coherente, un neoliberal de libro, un servidor del artículo 135 y de la Troika, un tecnócrata al que no le conmueven las colas del hambre, ni las dietas con exceso de macarrones. Tiene usted un gran futuro y quizás le veamos de comisario en la Unión Europea o en el Banco Central dentro de unos años.
No, el problema no lo tienen ellos, lo tenemos nosotros y nosotras. La izquierda resabida que mira por encima del hombro a todo el mundo y no sabe distinguir siquiera entre un subsidio de desempleo y una renta mínima. Los movimientos sociales empeñados en desconocer que esta partida se juega en el terreno de la lucha de clases. La intelectualidad progresista que repite como papagaya los lugares comunes: las trampas de la pobreza, las recetas intemporales, sin impureza alguna de dolor concreto. El sindicalismo oficial, engolfado en el pacto social permanente y en las migajas de un sistema corrupto.
Se cumple un año del IMV. Y ahora los más incautos vendrán con nuevos remiendos, casi tan inservibles como los anteriores. Tras 33 prórrogas del trámite de enmiendas sus señorías se dignarán discutir la ley, no vaya a ser que algún día la gente se enfade de verdad y con criterio. E intentarán ponernos a correr liebres falsas, como el camelo de que las comunidades autónomas complementen las cuantías del IMV. Y mientras, los que mandan de verdad, los Escrivá y Calviño, se dedicarán a la política en serio, a los intereses estratégicos de la clase dominante, de los grandes poderes económicos. La subsunción de todos los subsidios y prestaciones no contributivas. Todo el poder asistencial para el Ingreso Mínimo Vital. De eso van los componentes 22 y 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas con nocturnidad y alevosía. Escrivá, 7 de mayo de 2021: “Hay distintas prestaciones e incluso se habla en el Plan de Recuperación de extender el IMV a todo el ámbito retributivo de prestaciones a través del SEPE”. Y para ir andando el camino, vayan por delante –componente 23- un regalito de 298 millones de euros a empresas y organizaciones sinónimo de lucro, “para el despliegue de los itinerarios de inclusión, en colaboración con otras entidades públicas y del tercer sector”. Adiós a los subsidios individuales y bienvenidos a la unidad de convivencia propia del IMV. Hay que acabar con el vicio de las cotizaciones de los parados a la seguridad social y otras bagatelas para la morralla proletaria. Esas son sus recetas.
Hay otros caminos posibles también, claro está. Caminos alternativos al neoliberalismo y también al neofascismo rampante. Un neofascismo cuyo humus es la desesperanza y la frustración de las mayorías. Pero el neofascismo es mucho más que cabezas rapadas. Es Desokupa, la dictadura financiera, la explotación laboral, los paraísos fiscales o la persecución de los inmigrantes.

Hay otro horizonte: la aplicación de la Carta Social Europea, la reivindicación de la Renta Básica Universal, la defensa de los derechos sociales y de los servicios públicos, la reorientación ecológica de la economía. Pero solo podremos avanzar hacia él desde la comunidad, desde la organización y movilización de la gente de abajo. Desde la rebeldía contra la desigualdad, la exclusión y la precariedad. A construir esos otros caminos, hombro con hombro, nos convocamos y te convocamos.

29 de mayo de 2021, Marea Básica contra el paro y la precariedad

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 UN AÑO DE INGRESO MINIMO

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