Héloïse Nez (profesora de Sociología en la Universidad de Tours, Francia)

“No nos representan”, gritaban los Indignados en 2011. Siguiendo sus pasos, los movimientos Occupy, Nuit Debout o los Chalecos Amarillos reivindicaron, a su vez, una “democracia real” frente a la crisis de los regímenes representativos. ¿Pero cuál podría ser esta nueva democracia? ¿Cuáles son exactamente las críticas dirigidas a la democracia liberal? ¿Qué alternativas se inventan y experimentan a través de estas ocupaciones prolongadas del espacio público?

El libro Democracia real. El legado del 15M (Postmetropolis/El Berretín, 2023) entra en el corazón del laboratorio político español, gracias a una investigación sociológica inédita realizada durante diez años en Madrid. Muestra que el principal efecto del 15M tiene que ver con la socialización política de los participantes, que desempeñaron un papel fundamental en las transformaciones de los movimientos sociales, los partidos políticos y el panorama institucional en España a lo largo de la década. En comparación con otras publicaciones sobre el 15M, el libro se diferencia por el análisis longitudinal que propone, al seguir las trayectorias de varias personas que participaron en el movimiento en Madrid entre 2011 y 2021, a través de observaciones directas de sus prácticas y entrevistas repetidas en el tiempo. Este enfoque microsociológico permite analizar tanto las consecuencias biográficas de la implicación en el 15M como las transformaciones de la acción colectiva, partidista e institucional. Vemos así que el 15M sigue impregnando la vida social y política de España, mientras evoluciones recientes —como el reforzamiento del nacionalismo y de la extrema derecha— van a contracorriente de sus ideales democráticos.

El principal legado del 15M es haber generado una nueva generación de activistas que, desde una multitud de microesferas militantes e instituciones (centros sociales ocupados autogestionados y redes de solidaridad en los barrios, asociaciones y colectivos, nuevos partidos políticos como Podemos, ayuntamientos, etc.), siguen haciendo vivir la reivindicación de “democracia real” mucho después de su experimento en las plazas. Al forjar el imaginario y las prácticas democráticas de los Indignados, el 15M ha influido de forma duradera en las formas de hacer política en diversos ámbitos militantes, partidarios e institucionales. Las respuestas de los Indignados a la crisis de los regímenes representativos fueron múltiples, apoyándose en distintas concepciones de la democracia (directa, participativa, deliberativa, representativa) y declinaciones prácticas (asambleas, herramientas digitales, sorteo, referéndum de iniciativa popular), que pueden articularse en combinaciones inéditas. La experiencia del 15M y la diversidad de los proyectos que siguieron a la ocupación de las plazas invitan entonces a imaginar una pluralidad de respuestas a la crisis de la democracia representativa tanto desde las instituciones como desde el espacio de los movimientos sociales, para que la delegación de poder pierda su papel dominante en el sistema político.

El 27 de abril, ante la aprobación de la nueva ley, desde el movimiento por la vivienda hemos hecho una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados

Sindicato de Inquilinas e inquilinos de Madrid

Desde el movimiento de vivienda y otros muchos colectivos hemos peleado durante años a pie de calle para tener una ley que garantizase el derecho a la vivienda en todo el país. La primera Ley por el Derecho a la Vivienda que se aprueba hoy no es esa ley, ya que la vivienda seguirá funcionando como un bien de mercado con el que especular, en lugar de garantizarse como un derecho al alcance de todas las personas.

Frente a las necesidades reales y urgentes de la gente, se han impuesto las presiones del periodo electoral, así como las de los fondos de inversión y las patronales inmobiliarias, y el resultado es una ley que no ofrece una alternativa a los desahucios, ni garantiza alquileres asequibles, ni asegura la protección de un techo a las personas sin hogar, y cuyas medidas más destacables consisten en ventajas fiscales para los propietarios y una regulación de alquileres llena de carencias que difícilmente tendrá el efecto de bajar de forma efectiva los precios de los mismos. No se tienen en cuenta ni la subida de tipos de interés ni las elevadísimas cifras de demandantes de vivienda.

1. Derecho a la vivienda

El Gobierno y sus socios han ignorado el reciente informe de los relatores de Naciones Unidas de Vivienda y Pobreza Extrema sobre el proyecto de ley (OL ESP 1/2023), que señalaba que “El proyecto de ley no consagra el derecho a una vivienda adecuada como un derecho humano de todas las personas” y que “consagrar un derecho en la legislación nacional solo tiene un valor limitado si las personas no tienen acceso a la justicia y recursos efectivos cuando pueden ser denegados o violados”. La ley no ha incluido ninguna posibilidad de recursos administrativos ni judiciales para su cumplimiento, por lo que el ejercicio del derecho no queda realmente protegido. Cualquiera puede recibir una demanda para desahucio, pero nadie puede demandar al poder público que corresponda para que le facilite una vivienda.

2. Desahucios

También en este aspecto se ignoran las principales demandas de nuestras organizaciones y el informe de Naciones Unidas. Únicamente se incluyen medidas que alargarán los procedimientos judiciales, pero no se garantiza la alternativa habitacional para las personas vulnerables víctimas de desahucios. Desde la iniciativa pedimos la inclusión de la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a personas vulnerables, pero el Gobierno y sus socios no lo han querido tener en cuenta. En los años 2021 y 2022, a pesar del “escudo social”, se han ejecutado 79.628 desahucios. Nos preocupan enormemente los más de 56.000 procedimientos de ejecución hipotecaria que se encuentran en curso en los juzgados y que pueden acabar en desahucios.

Tampoco la ley tiene en cuenta que para que una vivienda pueda tener la consideración de “digna y adecuada” ha de tener garantizado el acceso a los suministros básicos de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.

3. Alquileres

En la regulación pactada se plantea un enfoque que propone congelar precios a nivel general y obligar a bajar precios en el caso de los grandes tenedores. Esto no es tan solo un retroceso respecto a lo que se había ganado con la ley de regulación catalana, una ley efectiva y de aplicación universal que obligaba a contener y bajar precios para todos los alquileres sin importar el tipo de tenedor, sino que tampoco es una medida de la cual se va a poder beneficiar todo el conjunto de la población. El Gobierno hoy ha fallado en su labor de garantizar el acceso a un alquiler asequible y estable para toda la población.

Además, la regulación de alquileres aprobada en la ley tiene serios defectos que desvirtúan su intención y la hacen inefectiva: está llena de agujeros puestos intencionalmente por los partidos para proteger los intereses de la patronal inmobiliaria y permitir que los arrendadores puedan continuar subiendo los precios del alquiler. En primer lugar, la regulación en las áreas tensionadas deja fuera a los alquileres turísticos y de temporada, por lo que los arrendadores que quieran saltarse la ley podrán desviar la oferta de alquiler residencial a alquiler de temporada sin ninguna sanción, tensionando todavía más el mercado. En segundo lugar, en las viviendas con precio regulado, lejos de asegurar la congelación de los precios respecto al contrato anterior, se podrán hacer subidas encubiertas de hasta el 10% alegando simples mejoras en la accesibilidad o incorporando nuevos gastos como el IBI. Por último, deben sumarse las subidas interanuales vinculadas a la inflación, que están permitidas hasta el 2% y el 3% respectivamente durante los dos próximos años y que no garantiza ningún otro límite a partir del 2025, a pesar de que ya estamos en máximos históricos en cuanto al precio de vivienda en ciudades como Madrid y Barcelona.

Sin embargo, aunque sean insuficientes, hay ciertos avances que reconocemos como victorias de nuestra lucha y organización. El más significativo es que se ha puesto fin a la estafa de las inmobiliarias: los inquilinos ya no deberán pagar unos honorarios injustos, puesto que la ley reconoce que las inmobiliarias no son meras intermediarias, sino que trabajan para los rentistas y en contra de los intereses de los inquilinos, garantizando altos rendimientos de sus activos inmobiliarios. Los honorarios suponían no solamente un robo sino una barrera muy importante de acceso a la vivienda para muchas personas de la que por fin nos logramos librar gracias a la lucha colectiva. Asimismo, hemos presionado para bajar el criterio de gran tenedor de 10 a 5 inmuebles, en aquellas comunidades autónomas que así lo decidan. Todas las obligaciones que a partir de este momento se establezcan sobre los grandes tenedores afectarán a un número mayor de rentistas y por lo tanto también beneficiarán a un mayor número de inquilinos.

4. Parque público

Aunque saludamos las promesas dirigidas a corresponsabilizar a las Administraciones en el acceso a la vivienda y que rompen con las terribles políticas de derechas que nos han dejado en esta situación, tenemos que decir que el proyecto de ley carece de una elemental planificación del parque público y de la correspondiente memoria económica. Este vacío es respondido parcialmente por el presidente Sánchez con un anuncio de 113.000 viviendas (50.000 Sareb + 43.000 fondos europeos + 20.000 en suelos de Defensa y a través de SEPES.

En todo caso, el exiguo parque público actual, del 1,6% de las viviendas principales, exige la construcción de 1.391.783 viviendas si se quiere llegar a la media europea del 9,3% de viviendas principales, según datos del Eurostar recogidos por el Observatorio de la Vivienda del Ministerio de Transportes. Además, se debe prever, de las viviendas que figuran como públicas, la parte que está pendiente de pasar a manos de sus propietarios porque se fijaron hace años en régimen de venta.

Para hacer efectivo el derecho a la vivienda a todo el Estado, hemos pedido en nuestras aportaciones que los municipios con demanda residencial acreditada superior a la media del Estado deben disponer, en el plazo de 20 años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 20% respecto al total de viviendas principales existentes.

Por otra parte, el parque público, a pesar de las recientes promesas, no va a permitir dar ya alternativa habitacional ante los desahucios y enfrentar la enorme emergencia habitacional. De hecho, las 43.000 viviendas de fondos europeos financiadas con el ICO y las 15.000 en suelos de la SAREB han de ser construidas y solo podrán ser útiles en 5/10 años, al igual las ultimas 20.000 anunciadas.

Por otra parte, las 14.000 viviendas de la SAREB en las que viven ahora, servirán (y es muy importante) para no aumentar la emergencia de las mismas, debiéndose firmar con gran urgencia contratos de alquiler pendientes, retirar procedimientos judiciales injustos, encontrar alternativas a impagos y regularizar ocupaciones de buena fe.

Pero de las 21.000 de venta a CC AA y ayuntamientos, solo se va a disponer de la mitad si se mantiene la proporcionalidad utilizada en diferentes CC AA (unas inhabitables, otras en zonas sin demanda o con una rehabilitación muy cara). Además, es una quimera y un sinsentido pretender que se endeuden más las CC AA y ayuntamientos al obligar a recomprarnos nuestras propias viviendas, las de peor salida mercantil, cuya deuda de 35.000 millones está ya avalada con dinero público. Nos preocupa que la gestión del proceso esté en manos de grandes fondos de capital de riesgo como Blackstone (Aliseda/Anticipa), KKR (Hipoges) y de Lone Star (Servihabitat). También que no se hayan ofrecido las mejores viviendas que tiene la Sareb (las 417.000 previstas de Arqura Homes, destinadas a hacer caja).

En definitiva, hace falta una medida complementaria necesaria: el Alquiler Social Obligatorio para GT aplicada con éxito en Cataluña para poder enfrentar la emergencia habitacional y los desahucios, y avanzar en los siguientes aspectos:

— La cesión obligatoria de las viviendas vacías de la banca rescatada deudora de préstamos y avales públicos; y programas con propietarios particulares para promover la cesión a ayuntamientos dando garantías.

— El aumento de suelo para reserva de viviendas de protección social (del 40% al 50% de la edificabilidad en nueva urbanización y el 50% en el suelo urbanizado para actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

— Extender y profundizar el derecho de tanteo y retracto, ya publicado en algunas comunidades autónomas, como la valenciana.

No se incluyen otras medidas necesarias y urgentes para que no aumente la emergencia habitacional ni a corto plazo (ASO frente no renovación de miles contratos por los fondos; créditos blandos/quitas/.. ante demandas hipotecarias presentadas —solo entre 2021 y 2022 hay 52.826—; intervención ante subidas del interés variable en hipotecas de 4 millones de familia; la falta de regularización adecuada de ocupaciones y de previsión ante el fin moratoria 1505-24 a miles de familias…), ni a medio plazo (responsabilidad limitada, inembargabilidad vivienda habitual, segunda oportunidad también para avalistas…).

5. Sinhogarismo

Tal y como aseveran los relatores de Naciones Unidas en su informe, “la falta de respuesta por parte del Estado a las solicitudes de asistencia para superar la exposición a la falta de vivienda y a condiciones de vida inhumanas puede constituir un trato cruel, degradante e inhumano, en violación del artículo 7 del PIDCP y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”. La ley no prevé ningún derecho efectivo para las personas en situación de calle, lo que “viola la obligación fundamental del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de ‘garantizar la satisfacción de, al menos, los niveles mínimos esenciales’”. El sinhogarismo supone un peligro especialmente grave para los derechos a la vida, a la salud y la integridad física y a la seguridad de la persona, derechos fundamentales de nuestra Constitución que continúan sin protección con esta ley.

6. La organización como única solución

Si hoy hay ley de vivienda es gracias al esfuerzo titánico de miles de personas que han puesto su corazón y su cuerpo desobedeciendo leyes injustas para proteger a sus vecinas y vecinos del terror de los desahucios y los alquileres abusivos. Aunque sabíamos que no era la solución última al enorme problema al que nos enfrentamos, confiábamos en que esta ley supusiera un gran avance en el camino hacia el derecho universal a la vivienda, acabando con el sufrimiento y la angustia de las personas en situación de precariedad habitacional. Lamentablemente no es así.

A horas de su aprobación, hacemos un llamamiento a los partidos del bloque de investidura a introducir en esta fase final de la tramitación las medidas necesarias para que el derecho a la vivienda se haga efectivo y su protección quede garantizada jurídicamente.

Pero lo más importante es que, haya ley o no haya ley, nuestros colectivos y organizaciones seguirán al frente de la lucha por el derecho a la vivienda. Por un lado, presionaremos sin cesar para que se apliquen las pequeñas medidas útiles que recoge la ley de hoy. Por otro, y mucho más importante, seguiremos organizando a la población, a la clase trabajadora, a la sociedad civil, para defender algo que nunca se debería haber puesto en duda: que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna en la que construir un proyecto de vida estable, sea quien sea y viva donde viva.

¿Quieres pasar a la acción contra la subida de los alquileres? Únete a nuestras Brigadas Inquilinas para pasar a la ofensiva contra la especulación

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid

Los alquileres no han dejado de subir desde 2013. Se alcanzan precios históricos cada mes. En algunas zonas, los efectos de la especulación y el rentismo son mucho peores, unidos a la gentrificación y expulsión de vecinas. Esta situación es insostenible.

Por eso, desde el Sindicato de Inquilinas pasamos a la ofensiva contra la especulación junto a las Brigadas Inquilinas. La organización por propietarios es clave para desbancar al rentismo, así que queremos llevar el Sindicato a cada bloque.

Las Brigadas Inquilinas son una herramienta de acción sindical que nos permite buscar y potenciar conflictos más allá de aquellos que se acercan al Sindicato. La idea es no esperar a un nuevo abuso por parte del casero, sino crear bloques en lucha organizados mucho antes.

¿Cómo? El pasado martes 18 de abril empezamos visitando bloques de propiedad vertical por toda la comunidad, es decir, bloques que pertenecen a la misma persona y por tanto sus inquilinos comparten casero. Fuimos informando a los inquilinos de sus derechos y animándolos a organizarnos juntas. Imagina que todos empiezan a exigir mejoras en el edificio a la vez. O que se plantan ante el desahucio invisible de una de ellas. O que empiezan una huelga de alquileres demandando rentas más bajas para todas. Las opciones son infinitas, ¡solo hace falta estar organizadas!

Así, más de 100 personas salimos a la calle organizadas en estas Brigadas Inquilinas, una acción que se desarrolló de forma simultánea en siete puntos distintos de la región: Arganzuela, Ciudad Lineal, Usera, Tetuán, Puerta del Ángel, Getafe y Torrejón. En todos estos lugares, las Brigadas visitaron un total de más de 1.500 viviendas, hablando con sus inquilinos sobre sus derechos y animándoles a organizarse frente a posibles abusos, que van de la subida de los alquileres a las cláusulas abusivas en sus contratos, el incumplimiento del límite del 2% o la falta de mantenimiento de las viviendas.

Al llevar el Sindicato a cada bloque, no solo creamos comunidades en lucha, sino que también ganamos fuerza como un inquilinato organizado que ponga freno a la especulación inmobiliaria sin límites. Es gracias a esa organización por propietarios que ya hemos logrado victorias contra Blackstone o multiarrendadores más pequeños. Es hora de transformar la rabia que sentimos cada principio de mes en acción, y empezar a cambiarlo todo hasta acabar con el rentismo.

¿Lo mejor de todo? Tú también puedes unirte, solo necesitas ganas. Desde el sindi nos encargamos de todo lo demás. Llevamos panfletos, pósteres, practicamos cómo hablar con la gente y luego nos vamos a tomar algo para seguir creando ese mundo mejor en el que creemos, donde la vivienda digna realmente sea un derecho. Quédate atento a nuestras redes, calendarios y boletines porque esto solo acaba de empezar.

Ovidio Bustillo
Yayoflautas Madrid

Por duro que parezca hay personas que se lucran con el sufrimiento y la muerte de otros. No estoy pensando en funerarias, sino en ferias de armas como la que acabamos de tener en Madrid, que abastecerá las guerras presentes y futuras para beneficio de unos pocos señores de la guerra y para desgracia de millones de inocentes. Estas ferias no caen del cielo, cuentan con la complicidad de nuestras instituciones: Ayuntamiento, Comunidad, Gobierno central, Ministerio de Defensa, de Interior… Podríamos pensar que el negocio del comercio de armas es cosa de malhechores malencarados, nada más lejos de la realidad, está en manos de nuestros bondadosos políticos que besan niños y abrazan vacas en campaña electoral, de nuestros bien acicalados generales de pelo en pecho y abundante medallero, de exitosos y elegantes empresarios y hombres de negocios bien encorbatados y con discreto perfume a macho universal. Juntos conforman lo que se ha dado en llamar el Complejo Político-Militar-Industrial, con puertas giratorias bien engrasadas que permiten con pasmosa facilidad pasar de un estamento a otro. Tienen una lógica propia y defienden los intereses comunes, de modo que la política está marcada por los intereses de este poderoso lobby. No en vano España es la octava exportadora mundial de armas, lo que nos ha metido en una dinámica infernal de apoyo a guerras y otras formas de dominación y control por todo el mundo. Actualmente estamos implicados en 20 “misiones” militares.

Desde Desarma Madrid iniciamos la campaña contra la feria de armas FEINDEF, que tuvo lugar en IFEMA del 17 al 19 de mayo, con un acto en el Teatro del Barrio el 25 de abril. Yayoflautas de Madrid también dedicamos tanto el lunes 8 de mayo como el 15 a denunciar en Sol la infame feria que se avecinaba. Para el mismo día que comenzó, La Prospe convocó una protesta ante el Nostrolito, donde está enterrada la guerra, en la plaza de Prosperidad. El día 18 una acción sorpresa llenó de colorido activista la rotonda de acceso al IFEMA. Nos esperaba numerosa policía y actuaron con una brutalidad desmedida e innecesaria, haciendo caso omiso de que no necesitan ejercer violencia frente a personas que no la van a usar contra ellos. Varias personas sufrieron lesiones, alguna de consideración. Quiero pensar que por parte de la policía solo hubo mala praxis y no mala fe. El día 19 habíamos convocado una concentración comunicada ante el Cuartel General del Ejército en Cibeles, como en otras ocasiones. Para nuestra sorpresa estaba la fachada totalmente acordonada con despliegue policial a todo lo largo, además de varias furgonetas en la calzada, un despliegue y despilfarro de recursos totalmente innecesario para apenas un centenar de pacifistas ¿peligrosos? Nuestro mayor peligro es que podemos pensar y rebelarnos frente a las imposiciones del patriarcado militar.

Hemos de reconocer que no hemos tenido la suficiente fuerza para mandar de paseo a los señores de la guerra con sus mercancías de muerte. Salvo algunos modestos medios, ninguno de los grandes medios de comunicación se ha hecho eco de nuestra protesta, no por ello menos legítima y necesaria. Es cierto que la idea de que los gastos militares se dediquen a necesidades sociales va tomando peso y es frecuente oír en distintas manifestaciones “gastos militares para escuelas y hospitales” y para muchas necesidades más. ¿Os imagináis todo lo que se podría hacer con los 48.800 millones de euros que dedicaremos a sostener el militarismo y las guerras? En los sucesivos consejos de ministros en lo que va de año se han aprobado 10.000 millones extra de gasto militar, un saco sin fondo que nos quita la vida, el chiringuito más costoso y más mimado, sin ruido ni debates mediáticos, no sea que nos enteremos del despropósito militar. La propaganda de guerra quiere que asumamos con naturalidad que hay que apretarse el cinturón para alimentar sus guerras. No lo consintamos, más armas significa más muertes, más destrucción, más dolor para poblaciones ya empobrecidas. Poner la vida en el centro, luchar por la seguridad humana, centrarnos en los cuidados de las personas, los colectivos, los ecosistemas y el planeta nos lleva necesariamente a enfrentarnos al militarismo que atenta contra toda forma de vida y nos roba los recursos. En 2025 tienen intención de volver a Madrid para una nueva feria de armas. Tenemos que prepararnos desde ahora para decirles con una voz que no se pueda acallar: “¡Fuera de Madrid los señores de la guerra!”. Nos va la vida en ello.

Juan D. Fdez. Riera (“Jota”) y Paloma Trapero

El pasado miércoles 17 de mayo se realizó un acción de protesta, convocada por la Escuela Popular de Prosperidad en el “Nostrolito” de la plaza de Prosperidad, contra la tercera celebración en el recinto ferial de Madrid, Ifema, de la feria de armas FEINDEF 23 (17, 18 y 19 mayo 2023).
La convocatoria fue recogida por diversos medios de comunicación, colectivos y redes sociales afines.

El barrio de Prosperidad se ha convertido en un lugar donde la población llana reconocemos el mensaje transversal de las jóvenes generaciones a los adultos: parad el horror, usad la inteligencia, no más armas, no más guerras. Reclamamos sentido común en su más amplia acepción a los gobernantes y poderosos para que se ponga la vida por delante del negocio de las armas y la geopolítica. Poco a poco vamos fortaleciendo un punto pacifista y optimista de construcción del futuro para las generaciones venideras.

Durante el acto, las personas que participaron, integrantes de la Escuela Popular de la Prospe, de la Asociación de Vecinos Valle-Inclán siempre presentes en concentraciones reivindicativas, y algún transeúnte, alzaron la voz diciendo alto y claro: “No a la guerra”, “No ferias de armas”, “Si quieres la paz, no prepares la guerra”.
Nos falta, entre otras cosas, que los grupos políticos municipales cumplan la promesa de incorporar el monumento de los niños por la paz al Catálogo de Monumentos Protegidos de la ciudad de Madrid, pues al parecer podría ser el único existente en el mundo con tales características: el mensaje, su diseño infantil, su construcción vecinal y su historia.
Existen diversos ejemplos de monumentos a la paz en el mundo, variopintos y curiosos. Quizás debamos organizar una exposición de ellos en la plaza para poner el Nostrolito en parangón con los mismos para que el barrio, el distrito y la ciudad se puedan sentir orgullosos de tenerlo, como otras ciudades con sus monumentos.

Al finalizar el acto quedaron delante del Nostrolito carteles dejados por los vecinos con mensajes pacifistas: “Queremos ferias de desarme” “Educación para la paz y la convivencia”, “Resolución conflictos mediante negociación, sin armas”, “Reconversión industria armamentista”…

Guillén del Barrio
Colectivo Cuadernos de Trabajo

Rojava en kurdo significa “poniente” (por ser la parte más occidental del Kurdistán, una región que abarca también el sudeste de Turquía, norte de Irak y noroeste de Irán). Su nombre oficial es Administración Autónoma del Noreste de Siria (AANES), ya que durante la guerra contra el DAESH se liberaron zonas en las que otras etnias eran mayoría. Pasó a ser independiente del Gobierno sirio en 2012 en el contexto de la Guerra Civil Siria. La revolución del noreste de Siria adquirió fama mundial por ser una revolución social en la que las mujeres juegan un papel central tanto en la sociedad y la política como en el campo de batalla, y donde se ha implantado el confederalismo democrático, basado en la descentralización y la democracia directa. Aunque el pueblo kurdo es mayoritario en Rojava, la región de la AANES engloba a varios pueblos con diferentes creencias como asirios, siriacos, armenios y árabes, participando todos ellos en el proceso político.

Confederalismo democrático

El confederalismo democrático fue planteado por Abdullah Öcalan, líder kurdo que lleva más de 20 años encarcelado en aislamiento, único preso en la cárcel de máxima seguridad de Imrali, construida en una isla del mar de Mármara, Turquía. Se basa en tres pilares: democracia directa, liberación de la mujer y ecologismo. Se empezó a poner en práctica en Bakur (sudeste de la actual Turquía), pero se ha dado a conocer a través de la revolución en el noreste de Siria.

Democracia directa

El autogobierno se organiza de abajo arriba: cada barrio o pueblo es gestionado por sus vecinos, que eligen representantes para transmitir las necesidades o decisiones a un mayor nivel (ciudades, regiones o el conjunto de la AANES). Cada consejo local tiene varios comités (economía, sanidad, educación, defensa, etc.) dependiendo de lo que se decida o se necesite en cada comuna (nombre que recibe allí la organización a nivel de barrio o pueblo). En la economía conviven las iniciativas de la administración autónoma, empresas privadas y cooperativas. Estas cooperativas cultivan legumbres y cilantro, confeccionan ropa y otros productos o practican la silvicultura, produciendo madera que se emplea para la construcción con técnicas tradicionales. Dedican una parte de lo que producen al autoconsumo de sus miembros, y venden el excedente para obtener dinero con el que poder invertir y sobrevivir. En servicios públicos como los hospitales se celebran asambleas mensuales en las que se presentan propuestas, pero también críticas y autocríticas. Los directivos del hospital empiezan su jornada hablando con pacientes y trabajadores para conocer su situación y sus necesidades, de una forma cercana y amigable. Estos son solo algunos ejemplos de las iniciativas que se están llevando a cabo.

Liberación de la mujer

Es el pilar fundamental de la revolución. Las mujeres han dado un paso al frente a la hora de luchar por la liberación de toda la sociedad, ya que se entiende que sin una liberación real de éstas no puede existir una libertad total para la sociedad en su conjunto. Las leyes de la AANES establecen la igualdad plena entre hombres y mujeres. Se ha prohibido el matrimonio de menores de edad, la poligamia y los crímenes de honor. El movimiento de liberación kurdo está organizado de manera que todos los consejos y comités son presididos conjuntamente por un hombre y una mujer, y todas las estructuras tienen su equivalente integrado solamente por mujeres, con derecho de veto sobre las decisiones que ellas consideren que atentan contra los derechos de las mujeres. Entre otros, cuentan con sus propias fuerzas armadas, el YPJ (Unidades de Defensa de la Mujer), que jugaron un papel fundamental en la expulsión del Estado Islámico de todo el territorio de la AANES y que a día de hoy siguen jugando para evitar que el DAESH vuelva a resurgir. También cuentan con sus propias instituciones para tratar asuntos ligados a su realidad, como matrimonios con menores, violencia machista o cooperativas exclusivamente gestionadas por ellas.

Ecología

La economía se intenta planificar a nivel local y de forma asamblearia. Se emplean modos de organización social anteriores a la creación del Estado, basándose en la teoría de la ecología social de Murray Bookchin, que considera que la humanidad es el último desarrollo de la larga historia de la evolución de la vida en la Tierra, y que por lo tanto es necesaria una rearmonización entre el mundo natural y la humanidad.

A pesar de lo ilusionante que pueda parecer todo esto, está lejos de ser perfecto. Una de las situaciones que ocurren a menudo es la falta de participación en las comunas, o que las enemistades personales dificultan la colaboración para mejorar la situación de cada comunidad, en un contexto de diez años de guerra ininterrumpida. Se necesita un trabajo de base constante para mantener en funcionamiento esta forma de organización social.

Ali (nombre ficticio) es un militante del movimiento de liberación kurdo que recorre desde hace años algunos pueblos de Rojava. Viaja ligero, solo lleva una mochila con una muda, un libro y tabaco. Para comer, dormir o desplazarse depende completamente de las comunidades que visita. Se aloja con las familias a las que está intentado organizar, en esta región en la que la hospitalidad sigue siendo sagrada. Cuando llega a un pueblo, Ali empieza por conocer a cada familia, rotando de casa en casa y escuchando sus problemas y preocupaciones. Este proceso puede durar meses. Una vez conoce bien a los vecinos, les propone llevar a cabo un primer proyecto conjunto. Habitualmente consiste en construir un parque en el que los niños puedan jugar y los vecinos verse y charlar, una fuente que permita tener agua para todos o una recogida de basura. Para llevar a cabo estos proyectos participan todos los vecinos: hombres, mujeres y niños. Una vez sale adelante esta primera iniciativa, preguntan a los vecinos cuál puede ser la siguiente mejora que quieran introducir en el pueblo. En un municipio construyeron un salón de actos en el que poder celebrar reuniones, bodas o funerales. Además de su trabajo, cada vecino aportó los materiales de construcción que pudiese conseguir. También se organizan cooperativas que sirven de sustento económico para el propio pueblo. Parte de este trabajo de base consiste en mediar en los conflictos entre vecinos para que consigan cooperar entre sí. Cuando a Ali le acompaña algún voluntario internacionalista, a veces se sirve de ello para animarles a superar sus diferencias: “si esta persona ha venido desde tan lejos para conocer nuestra revolución y apoyar a nuestro pueblo, ¿cómo no vamos a poder superar pequeñas rencillas para poder mejorar juntos?”.

La revolución en el noreste de Siria no hubiese podido llevarse a cabo si no fuera por el trabajo de base que sentó los cimientos los 30 años anteriores. Al comienzo de la guerra civil en Siria, el régimen de Bashar Al Asad abandonó literalmente la región y el Movimiento de Liberación Kurdo estaba preparado para tomar las riendas. Todo esto no sería posible sin la organización de base social, sin el trabajo de ir puerta a puerta conociendo y entendiendo los problemas y necesidades de la comunidad, de que vean una coherencia entre palabras y actos, y que se sientan parte de ello. Ésta es la labor que el movimiento de liberación kurdo ha estado llevando a cabo durante más de 40 años en todo el Kurdistán y más allá, en cada pueblo y cada barrio, por parte de una vanguardia que entiende que su función no es ir por delante de la gente, sino con ella.

Juan Presa

Por fin se han celebrado las elecciones autonómicas y municipales. Seguramente el resultado nos ha dejado descolocados a muchos de nosotros.

Cómo es posible que el partido que defiende y quiere imponer la privatización de la sanidad, educación, etc., haya ganado las elecciones y por mayoría.

Aquí en Madrid llevamos mucho tiempo luchando por la defensa de nuestros servicios públicos esenciales, sobre todo en defensa de la sanidad pública. Gracias a estas luchas y movilizaciones se está frenando el proceso privatizador, que es el objetivo del partido que gobierna en la comunidad.

Seguramente sintiéndose respaldado por el resultado electoral quiera acelerar el proceso de privatización de la sanidad pública y vaya a incrementarlo en los centros de día, en los centros de urgencias y en los hospitales, expulsando a médicos de la sanidad pública de Madrid a otras comunidades o al extranjero.

La única manera de parar este proceso de liquidación es seguir con nuestra lucha y movilizaciones.

Tenemos que seguir concentrándonos en las puertas de los centros de salud, rodeando nuestros hospitales, haciendo acampadas y manifestaciones unitarias lo más numerosas posible en todos los pueblos y barrios de Madrid, porque…

¡La lucha es el único camino!

Damián Rodríguez García portavoz de COESPE Madrid

El 25 de mayo, el movimiento pensionista ha culminado una serie de movilizaciones unitarias, reivindicando en primer lugar que las pensiones mínimas se sitúen, al mismo nivel del salario mínimo profesional actual, en el camino del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. Así mismo, el cierre de la brecha de genero de salarios y pensiones públicas, la derogación de la ley que posibilita los planes de pensiones privados a través de la negociación colectiva, así como el cumplimiento de la ley en lo que se refiere a la realización de la auditoria de la seguridad social y otras medidas que precisa el sistema público de pensiones para mejorar, cerrando las vías de su privatización.

En Madrid, se realizó ante el Congreso de los Diputados una concentración, rodeando la plaza del Congreso, con participación de varias plataformas representativas del Estado, así como las coordinadoras, colectivos y movimientos de pensionistas de Madrid, más una representación de CGT, que apoyó esta movilización.

El 17 de mayo se entregó, a través de unas reuniones que mantuvimos con los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de coalición, una carta donde se recogían algunas medidas para incluir en el proceso parlamentario derivado del último decreto acordado por el Gobierno relacionado con las pensiones públicas y la seguridad social, que supone un retroceso en cuanto a derechos de las y los trabajadores y del colectivo pensionista.

Las concentraciones del 25 de mayo y la semana anterior y posterior sitúan al movimiento pensionista como una referencia de la resistencia del movimiento unitario ante los planes de introducir recortes y reformas, que privatizan en parte las pensiones públicas y merman económicamente la sostenibilidad de la Seguridad social.

En las concentraciones se anunció la posición unitaria del movimiento pensionista de continuar el apoyo de las movilizaciones en Francia, concretada de manera unitaria en una jornada solidaria el 6 de junio ante la embajada francesa en Madrid a partir de las 11:30, el apoyo a la movilización del 14 de julio, día nacional francés, que se irá concretando.

De igual modo instamos a todo el colectivo pensionista y a las y los trabajadores para proseguir la información y la movilización, así como la exigencia de introducir las enmiendas precisas en el trámite parlamentario que impidan continuar con las reformas negativas en el sistema público de pensiones.

Acumulando voluntades y fuerza para que en el otoño podamos demostrar un año más la posición del colectivo pensionista y de la ciudadanía y las y los trabajadores en defensa del sistema público de pensiones, durante los últimos 5/6 años el colectivo pensionista nos hemos movilizado, y hemos sido un agente dinamizador de la movilización social y sindical. Nuestro lema, que se mantiene en el tiempo y que no desistirá, es “Gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones públicas se defienden”, y hemos demostrado al poder económico y político que seguiremos la resistencia a las políticas contrarias a los derechos públicos y las libertades.

Movimiento Pensionista
de Madrid (MPM)

Reivindicamos unas pensiones dignas. Entre otras reivindicaciones exigimos unas pensiones mínimas iguales al salario minímo interprofesional. Así como un ipc real.

Tambien hemos decidido hacer una nueva hoja de ruta, que consiste en hacer una convocatoria frente a las juntas municipales de los 21 distritos de Madrid. Las haremos los penúltimos miércoles de cada mes.

El fin es darnos visibilidad, repartir octavillas y animar a todos los jubilados y pensionistas a salir a las calles y reivindicar nuestros derechos adquiridos a lo largo de nuestra vida laboral.

Mostramos cartel de la última convocatoria del dia 24 de mayo frente a la Junta Municipal de Arganzuela, paseo De La Chopera, 10.