Nieves Manrique Reol. Macua21 (Asociación Madrileña de Profesores de Enseñanza no Reglada, Madrid Cultura Activa)

El pasado día 10 de octubre se conmemoró el Día de la Salud Mental. El objetivo que se persigue es el de recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias.

“Hace años caí en un pozo oscuro y profundo del que no sabía como salir. Una amiga me insistió en que iniciase alguna actividad, y me propuso taichi… Gracias a su insistencia me animé y comencé a asistir a esas clases en un centro cultural. Hoy agradezco a mi amiga su consejo”.

Así se expresa Julia, una alumna que a día de hoy se siente confortada y más serena. Como Julia hay muchos y muchas más que han buscado salir de lo cotidiano, de la soledad, de la angustia, y han decidido compartir experiencias y, de paso, aprender diferentes disciplinas que se imparten en los distintos centros culturales.

Miguel está en un taller de informática, le gusta estar al día y, si es posible, solucionarse sus cosas por Internet. Nos comenta lo siguiente: “Somos muchas y muchos a los que los médicos nos recetan apuntarnos a alguna actividad, no solo para salir de nuestro entorno cotidiano, sino también como terapia. Además es importante estar ocupado. Los días se pasan mejor”

En estos centros educativos y de proximidad, de los que “presumen” tanto Ayuntamiento como Comunidad pero que dejan de lado como si no fuera con ellos, los profesionales, suficientemente titulados y preparados, imparten diversos tipos de talleres (taichi, yoga, pintura y dibujo, restauración, historia, conocer Madrid, cerámica, bailes de todo tipo, teatro… un sinfín).

Las personas que acuden a recibir las clases son de todo tipo y condición. Lo que buscan, en su mayoría, es socializar, encontrarse con gente nueva con la misma inquietud y compartir gustos y experiencias comunes. Otras y otros van para salir de la rutina del trabajo o del hogar y seguir aprendiendo cosas que de otra manera no podrían hacer.

Carmen, usuaria de los talleres, se ha apuntado a varios. Añade: “La soledad, la angustia y el aburrimiento desaparecen por unas horas e incluso para siempre al encontrar un entorno afable y de amistad que da una nueva perspectiva de esperanza e ilusión para seguir adelante.”

El curso es de nueve meses, y se rubrica con una exposición de los trabajos realizados o con la representación en escena de bailes y teatro.

La importancia de los centros culturales sobre la salud mental es indiscutible. Centros que están en todos los distritos, que son asequibles y que cuentan con profesionales, con profesores y profesoras que dan lo mejor de sí mismos aunque sientan año tras año la indiferencia y el mal trato de las Administraciones públicas y de las empresas que los manejan.

Como Julia, Miguel o Carmen, que han tenido la generosidad de contarnos su situación, hay muchos y muchas. Personas mayores, jóvenes y niños usuarios de los centros, en los que no solo se aprenden distintas actividades, sino que se hacen amistades y se crean grupos de personas que tienen muchas cosas en común.

Solamente por la labor que efectúan los expertos y expertas en los talleres se tendría que tener en cuenta las reivindicaciones que año tras año se hacen y que caen en saco roto por dejación de las personas responsables. Mejoras que no solo son para ellos, sino pensando en los usuarios para que tengan un mejor servicio.

Conclusión: un espacio tan importante de la cultura de proximidad debe seguir adelante y que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, así como las empresas que los llevan, les den la importancia que se merecen y tengan en cuenta la situación de este sector educativo que contribuye, en lo posible, a que la salud y la salud mental de los alumnos y alumnas sea una parte importante a tener en cuenta. Y por supuesto que todas y todos puedan pasar un ratito muy agradable haciendo la actividad que les gusta.

Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda

El pasado 26 de octubre, el Gobierno llevó al Consejo de Ministros una ley que es sinónimo de más desahucios, más subidas de alquileres y más desprotección al derecho a la vivienda. Frente a ello hemos explicado en una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados por qué rechazamos la propuesta del Gobierno y cuáles son los puntos claves que debe incorporar una ley que garantice realmente el derecho a la vivienda.

Nuestro comunicado:

En relación con el reciente acuerdo hecho público por el Gobierno de España sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda, desde la Iniciativa Ley Vivienda —plataforma integrada por más de 120 organizaciones— y una vez conocido y evaluado el contenido de la ley, solo podemos expresar nuestra profunda indignación por el muy corto alcance de la misma y su evidente falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional que sufrimos en el Estado español.

Lejos de elaborar una ley que, respetando las competencias autonómicas, establezca una protección común del derecho a la vivienda para el conjunto del Estado, las altamente insuficientes medidas que se recogen quedan de forma mayoritaria en manos de la voluntad política de las comunidades autónomas, renunciando a establecer ninguna garantía frente a la insumisión ya anunciada por algunas de ellas y aumentando el riesgo de discriminación en función del lugar de residencia.

La ley elaborada por el Gobierno no impide que siga habiendo desahucios sin alternativa habitacional de personas y familias vulnerables si se superan los plazos, ni cumple con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos al ignorar las obligaciones derivadas de los sucesivos dictámenes del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Justicia. Tampoco se incluye ninguna garantía para los suministros básicos, los cuales consideramos imprescindibles a la hora de hablar de vivienda digna y adecuada.

La influencia de la banca y de los fondos buitre se hace notar especialmente en el apartado de Parque Público de Vivienda Protegida, al renunciar a movilizar las decenas de miles de casas vacías en manos de las entidades financieras rescatadas con dinero público, y ni tan siquiera aquellas bajo control de la empresa de capital público SAREB, de la que se ha sabido recientemente que se prevé que deje al Estado una deuda de 8.000 millones de euros. En definitiva, no se prevé ni se ataja la emergencia habitacional actual siendo todo el mundo conscientes de la enorme carencia de disponibilidad de viviendas en las Administraciones públicas.

Pero además, ante las comunicaciones y amenazas de desahucios por parte de fondos buitre al no renovar contratos de alquiler y de la banca de seguir expoliando vivienda de los impagos hipotecarios, tampoco contempla la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a familias vulnerables como alternativa real al desahucio, como ya regula la ley 24/2015 en Catalunya. Es inconcebible: un Gobierno progresista debe exigir corresponsabilidad para que los esfuerzos sean compartidos —no solo de la ciudadanía o del Estado— y no se convierta el sistema en un aliado a la especulación.

Nos parece vergonzoso e inaceptable que el Gobierno pretenda aprobar una Ley por el Derecho a la Vivienda que no garantice la protección de un techo para las personas sin hogar. La propuesta de ley del Gobierno no establece y ni siquiera impulsa ninguna medida adicional ni distinta a las que ya se vienen aplicando con los resultados conocidos de cronificación del sinhogarismo para las más de 32.000 personas que ahora se encuentran en esta situación.

Incluso la medida estrella del Gobierno para esta ley nace estrellada. La regulación de alquileres que se propone es totalmente ineficiente: deja fuera a la mayoría de inquilinos al dejar a voluntad de los gobernantes autonómicos su aplicación en lugar de fijar condiciones objetivas y, en los casos en que la comunidad autónoma pidiese al Estado aplicar la regulación, los municipios lo tendrían muy difícil para obtener el permiso dada la dificultad para demostrar que se cumplen los requisitos que se establecen debido a la inexistencia de datos a nivel municipal. La ley del Gobierno no contrarresta las brutales subidas del alquiler de los últimos años, y se centra en la posibilidad de acogerse a prórrogas anuales manteniendo el mismo precio y condiciones, condenando a los inquilinos a una situación incierta y asfixiante. Para colmo, el Gobierno pretende regalar una espectacular reducción de impuestos a los especuladores de la vivienda ampliando la deducción a los arrendadores del 60% al 90% si aplican una ridícula reducción del alquiler del 5%, todo ello contra el criterio de la autoridad fiscal (AIReF), que ya ha dicho que este tipo de medida beneficia a las rentas altas y perjudica a las bajas. Es más, Hacienda no está preparada para comprobar que quien declara haber bajado el precio para tener más beneficios fiscales lo haya hecho de verdad.

Por otra parte, si queremos aprender alguna cosa de las crisis sufridas y mirar esperanzados al futuro, hace falta añadir mecanismos que eviten el sobreendeudamiento de las familias, incorporando la responsabilidad limitada al bien y una regulación justa y gratuita de la segunda oportunidad.

La participación ciudadana en la elaboración de las políticas de vivienda y urbanismo, que ha estado ausente a lo largo del proceso de elaboración de la ley ignorando absolutamente las reivindicaciones y propuestas de los colectivos de afectados, continúa ausente también en la propia ley, cuando sería una herramienta eficaz para frenar la especulación y la cultura de la corrupción urbanística y el ladrillazo que tanto gusta a algunos dirigentes.

Es difícil de entender que la ministra Ione Belarra y la vicepresidenta Yolanda Díaz reconozcan que la ley es “poco ambiciosa y no les gusta” pero hayan renunciado a tramitar nuestra Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, que registraron en el Congreso solo cinco días antes junto con otros ocho partidos políticos, para firmar deprisa y corriendo un acuerdo que ni garantiza el derecho a la vivienda ni se vislumbra como solución del drama de vivienda que sufre nuestro país.

Desde la Iniciativa Ley Vivienda exigimos al Gobierno que recapaciten y retrasen el paso del proyecto de ley por el Consejo de Ministros hasta haber incorporado garantías reales que aseguren el derecho a la vivienda, y pedimos a todos los partidos que avalaron con su firma el registro de nuestra ley que sigan respaldándola, tanto impulsando y apoyando su pase al Pleno del Congreso, como confrontando al Gobierno y enmendando el texto que propone tramitar.

¡No vamos a detenernos hasta conquistar el derecho a la vivienda!

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Lavapiés se ha puesto de moda, y algunas élites, empresarios y políticos están utilizándolo para hacer negocios con el turismo y la vivienda.

Es el caso del arquitecto Javier González, que después de especular y servir de intermediario para construir el Hotel Ibis en la plaza de Lavapiés en 2016, quiere volver a hacerlo. En este caso, ha puesto el ojo y el dinero sobre una de las plazas más famosas del barrio, la plaza de Cabestreros o la Nelson Mandela. Ha comprado a Tomás Prada, el dueño de la pensión, el n.º 1 de la calle de Cabestreros (el Restaurante Baobab) y el n.º 3 (la Pensión Prinoy) para derribarlos y construir un hotel low cost.

El plan elaborado por Javier González y Tomás Prada consiguió provocar el cierre del mítico restaurante de comida senegalesa Baobab en enero del 2020. Pero para rematar este plan, había que echar a las 13 personas que se alojaban en la Pensión Prinoy, un lugar de ayuda y encuentro de la comunidad senegalesa en el barrio.

Según declaraciones de las propias afectadas, a finales de julio del 2020, Tomás y la policía se presentaron en la pensión para presionar a las personas que allí vivían a que abandonaran el lugar. Al tercer día, Tomás les cortó la luz y el agua, y cerró los baños con llave. Ante estos hechos presuntamente ilegales, la policía les aconsejó acudir a la comisaría de Leganitos para denunciarlo. Cuando llegaron, la propia policía avisó a Tomás de que no había nadie dentro del edificio, y que podía proceder a cambiar la cerradura de la puerta. Acababan de dejar en la calle a 13 personas, entre ellas una de 80 años y una mujer embarazada de ocho meses.

Además, aprovechando que los habitantes de la pensión estaban en la comisaría, la policía detuvo a dos personas durante dos días por un supuesto delito de amenazas y desobediencia a la autoridad. Esta acusación, aparte de no tener ningún tipo de credibilidad, responde más a un intento de la policía de atemorizar y castigar a las inquilinas. Ante estos hechos, las personas expulsadas denunciaron la situación ante el juzgado. En un primer momento, la querella fue archivada, pero la abogada recurrió y actualmente el caso se ha reabierto.

Desafortunadamente, éste no ha sido el único caso de desalojo ilegal en la ciudad de Madrid. Recordemos, por ejemplo, el del Centro Social La Ingobernable. Esta situación ilustra perfectamente cómo las leyes en los denominados “Estados de derecho” son arbitrarias, ya que se aplican o no dependiendo de las circunstancias y de a quién beneficie.

Estas operaciones inmobiliarias no son casualidades ni hechos aislados. Lo que está sucediendo en Lavapiés y en otros barrios que también sufren la gentrificación y turistificación responde a una estrategia de empresarios y políticos que ha permitido crear un marco legal y cultural donde todo está permitido para hacer negocios, incluso cuando esto implica dejar a la gente sin casa.

No es razonable que los precios del alquiler en Madrid hayan subido un 33% desde el 2008 y los salarios tan solo un 6%. Con estas condiciones es imposible que nos planteemos un proyecto de vida estable. ¿Quién tiene la certeza de que en unos meses nuestros caseros no nos subirán el precio del alquiler?

Ante esta situación de sufrimiento y angustia para la gran mayoría de la clase trabajadora, los políticos se encargan de construir una imagen del barrio en la que los culpables de la degradación son los “otros”, ya sean los pobres, los okupas, las personas migradas o sin hogar. Nos dicen que la solución es traer más policía, poner cámaras de seguridad y expulsar a las migrantes, pero no dicen nada de acabar con la desigualdad, la precariedad laboral o la racista Ley de Extranjería. Además, promulgan leyes que dotan de mayor importancia al “derecho” a la propiedad privada que al derecho a la vivienda.

Por otro lado están los empresarios, que gracias a su dinero e influencia comercian sin escrúpulos con una necesidad tan básica como la vivienda. En este caso queremos señalar a Javier González y Tomás Prada, que han sido los responsables de la expulsión de 13 vecinas del barrio y del cambio que sufrirá éste y la plaza permitiendo la construcción del hotel.

Por último, la Policía, que es quien se encarga de ejecutar las órdenes de los políticos y empresarios con métodos que se suelen basar en la coacción y en el uso de la fuerza, extralimitándose en sus funciones muchas más veces de las que aparecen en los registros oficiales. En el caso de la pensión, las antiguas inquilinas denunciaron el comportamiento presuntamente ilegal de la policía, pero el juzgado ha decretado el archivo de la causa recientemente. Las abogadas están en proceso de recurrir esta decisión judicial.

Su avaricia, sus negocios y el derecho a la propiedad no están por encima de nuestro derecho a un techo y a una vida digna.

No queremos que nos echen del barrio, ni que echen a nuestras vecinas. No queremos vivir en soledad, viendo cada día caras nuevas de turistas en nuestras calles y casas. Queremos que la plaza de Cabestreros sea un espacio de encuentro y disfrute de las vecinas, no un negocio para unos pocos.

¡Por encima de sus negocios, nuestras vidas!

Twitter: @ParemosHotel

paremoshotelcabestreros.wordpress.com

En relación con el reciente acuerdo hecho público por el Gobierno de España sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda, desde la Iniciativa Ley Vivienda (www.iniciativaLeyvivienda.com), plataforma integrada por más de 120 organizaciones, y una vez conocido y evaluado el contenido de la Ley, solo podemos expresar nuestra profunda indignación por el muy corto alcance de la misma y su evidente falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional que sufrimos en el Estado español.

Desde el inicio de la crisis del coronavirus, en marzo de 2020, los colectivos y asambleas en defensa del derecho a la vivienda comenzamos a reclamar medidas sociales que evitaran que, en un mercado tan especulativo y poco protegido como el de la vivienda, la crisis sanitaria y económica conllevara el desahucio de cientos de miles de familias, en un momento en el que las casas se habían convertido en la primera barrera contra el virus.

En el marco de estas presiones se aprueba el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19, que recoge algunas de las medidas de protección a inquilinas vulnerables como la paralización de procedimientos de desahucio o la moratoria de rentas.

Este real decreto-ley recoge también una medida que ha venido prorrogándose en varias ocasiones desde su aprobación, y que supone la posibilidad de aquellas inquilinas cuyo contrato finaliza dentro de determinado período de solicitar una prórroga de hasta seis meses del mismo, de obligado cumplimiento por el arrendador.

Esta medida se ha prorrogado recientemente, mediante el Real Decreto-Ley 21/2021, hasta el 28 de febrero de 2022.

¿Qué supone esto? Que si tu contrato de alquiler finaliza antes de la fecha límite establecida por la norma —actualmente 28/02/2022—, y tu casero o arrendador te ha comunicado la intención de no prorrogar el contrato, podrás solicitar esta prórroga adicional de hasta seis meses sobre el mismo, durante la cual se mantendrán exactamente las mismas condiciones que venías teniendo hasta ese momento.

¿Cómo hacerlo? Solo es necesario comunicar que te acoges a dicha prórroga, pero te recomendamos que lo hagas mediante una comunicación fehaciente —un burofax—. Es indiferente que el casero o arrendador esté de acuerdo en la prórroga: ésta debe aplicarse.

¿Y si me dice que no? Únicamente con la comunicación fehaciente ésta ya se aplica automáticamente, así que, aunque el casero te diga que no acepta la prórroga, el contrato puede considerarse prorrogado. Si quieres, puedes insistirle con la segunda comunicación, pero tu prórroga está garantizada.

¿Y puedo pedir una segunda prórroga si ya pedí una primera? Sí: el real decreto-ley aclara que podrá pedirse cuando vaya a finalizar el contrato o sus prórrogas legales, y esta medida excepcional supone una prórroga legal. Además, así se han pronunciado varias Administraciones, entre ellas el Ministerio de Derechos Sociales. Te dejamos un modelo para solicitar esa segunda prórroga en https://www.inquilinato.org/solicitud-de-prorroga-covid19-ampliacion/

Sin el apoyo y la organización de los inquilinos sería imposible realizar nuestro trabajo. ¡Súmate para luchar por un alquiler digno!