Los días 23 y 24 de febrero, la Comisión Mujer de COESPE organizará en Madrid el I Encuentro de Mujeres Pensionistas, a nivel estatal. El objetivo fundamental de la convocatoria y organización de este encuentro es poder tener un espacio para el análisis y el debate sobre la situación de las mujeres pensionistas y visibilizar la precaria situación de muchas de nosotras, haciendo énfasis especial en la brecha de género existente en este ámbito, debido al tiempo que históricamente las mujeres hemos dedicado a trabajos no remunerados como cuidados, el campo, textil, limpieza. Poniendo de manifiesto la falta de cotizaciones y no ser reconocidos en las pensiones.

Buscamos generar un encuentro para la propuesta y la iniciativa, concienciar al conjunto de la sociedad sobre el riesgo que implica la dependencia económica para la integridad física y psicológica de las mujeres

El sistema es muy injusto con nosotras, no toma en consideración el papel particular que hemos tenido en la sociedad, especialmente en el pasado. Muchas de nosotras no pudimos completar nuestras carreras de cotización, con periodos cortos, jornadas reducidas y salarios precarios. Infravaloradas, somos las primeras en despedir y las últimas en contratar. Todas estas circunstancias llevan a pensiones inferiores a las de los hombres, por lo que somos muchas quienes nos encontramos en el límite de la pobreza.

Para eliminar esta brecha son necesarias medidas estructurales en el terreno laboral, económico, social y cultural e imprescindibles medidas como:

— El reconocimiento de que la pensión mínima sea igual al salario mínimo interprofesional y éste llegue al 60% del salario medio del país, única forma de que la mitad de las y los pensionistas salgan de la pobreza, principalmente mujeres, que como los datos y la realidad demuestran somos las más perjudicadas. Este reconocimiento no eliminaría la brecha existente, pero al menos servirá de base para erradicar esta diferencia

— El reconocimiento del 100% de la base reguladora que correspondiese a la persona fallecida para las pensiones de viudedad.

— La extensión del complemento para la eliminación de la brecha de género a todas las mujeres pensionistas, incluidas las jubiladas anteriores a febrero de 2021, y las no contributivas.

— Derogación de las reformas que han endurecido las condiciones para jubilarnos. Volver a los 60 años como edad de jubilación y a los 10 años cotizados para recibir una pensión.

Hasta llegar al día del encuentro queremos recoger el máximo número de apoyos, por lo que nos hemos propuesto reunir 4.000 firmas exigiendo medidas reales y eficaces para erradicar la brecha de género en las pensiones públicas. Para ello las plataformas de todo el Estado disponen de hojas de firmas para solicitar a organizaciones de pensionistas, colectivos de mujeres, cargos políticos nacionales, autonómicos y municipales, comités de empresas, asociaciones vecinales, médicas, académicas y del mundo de la cultura. Y para quienes no puedan hacerlo de modo físico, disponen del enlace en Change https://chng.it/Pmdmn8qB

El objetivo es la entrega de las mismas junto con un Manifiesto a los grupos parlamentarios (excepto Vox) en una concentración frente al Congreso el viernes 23 de febrero, durante la mañana del día en el que daremos comienzo al encuentro. Se convocará una rueda de prensa, y concluida ésta, tras la entrega del manifiesto y en el mismo lugar, se hará una asamblea donde se dará las gracias a todos y todas las asistentes por los apoyos recibidos. Durante la tarde, se expondrán ponencias y debatiremos en mesas de trabajo, de donde emanarán distintos informes.

La Jornada del 24 durante la mañana serán invitadas mujeres de diferentes colectivos: 8M, sindicatos, que se escuche la voz de las mujeres de trabajos feminizados y precarios como Kellys, SAD, empleadas de hogar, textil…

Que este I Encuentro sea el inicio una secuencia de reuniones que nos lleve a la erradicación de la brecha de género en salarios y pensiones.

* Portavoz CoorpenMadrid en Comisión de Mujer Coespe

Buscamos concienciar al conjunto de la sociedad sobre el riesgo que implica la dependencia económica para la integridad física y psicológica de las mujeres

Ana Merino / Colectivo Cuadernos de Trabajo

A finales de 1996, apenas una década después de la gran ola de protestas obreras en la que se vio sumido el país durante el verano de 1987, los trabajadores coreanos atrajeron la atención del mundo con una huelga masiva como respuesta la aprobación de polémicas medidas laborales.

En la madrugada del 26 de diciembre de 1996, los líderes del Gobierno, pertenecientes al Partido Nueva Corea (NKP), convocaron a sus legisladores de manera secreta. Desde cuatro hoteles en distintos puntos de la capital, éstos fueron trasladados a la Asamblea Nacional, donde a las seis de la mañana aprobaron, entre otras, una serie de leyes enfocadas a una reforma laboral sin precedentes. Ante la ausencia de legisladores de la oposición, fueron aprobadas por unanimidad.

Estas medidas, que según el Gobierno y representantes empresariales eran necesarias para convertir a Corea del Sur en un país competitivo frente a otras economías en desarrollo, incluían facilitar los despidos (eliminando las compensaciones económicas), incrementar las horas de trabajo semanal de 44 a 56 y facilitar los horarios “flexibles”. Se permitía el uso de mano de obra de reemplazo (trabajo esquirol) y se ilegalizaba el subsidio de huelga. Estas nuevas leyes también retrasaban tres años la autorización a la creación de nuevos sindicatos, que existían, pero que técnicamente estaban prohibidos, y negaba el derecho de asociación a los profesores. Otra de las medidas más controvertidas era la dotación de nuevos poderes a la Agencia de Seguridad Nacional, un órgano de inteligencia conocido previamente como la Agencia Central de Inteligencia Coreana, que había sido usada en el pasado como herramienta de represión política y espionaje doméstico.

El anuncio de lo ocurrido en la Asamblea Nacional desató una oleada de furia. Sin embargo, a diferencia de protestas anteriores, esta huelga estaba bien organizada y fue producto del esfuerzo conjunto de las dos organizaciones sindicales más importantes de la época: la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU), aún una institución ilegal en aquel momento, y la Federación de Sindicatos de Corea (FKTU), de carácter más conservador y tradicionalmente simpatizante del Gobierno.

A diferencia de conflictos previos, donde las demandas estaban más centradas en la obtención de una compensación económica a corto plazo, el foco de los trabajadores estaba en preservar la estabilidad laboral y en conseguir la institución legal de sus derechos mediante la legalización de la KCTU. Se considera que la razón del éxito de la movilización contra estas medidas legislativas es la importancia y transversalidad de las demandas. En el contexto de una globalización a marchas forzadas, el modelo tradicional de trabajo en la que el puesto se conservaba desde su obtención hasta el fin de la trayectoria laboral se veía amenazado con la flexibilización del despido. Esto se convirtió en una realidad para muchos trabajadores, no solo aquellos que desempeñaban su labor en factorías (blue collar), sino que también afectaba a mandos intermedios, puestos de gestión, asalariados, etc. En un país marcado por la escasez de políticas sociales que ofreciesen apoyo en caso de la pérdida del trabajo y al profundo enraíce entre la identidad personal y laboral, el conflicto adquirió tintes morales. La opinión pública consideró que suponía una falta al compromiso de reciprocidad entre trabajadores y empleadores, constituyente de la base del modelo empresarial coreano, y mostró su apoyo a los huelguistas.

En las horas siguientes al anuncio de las nuevas leyes, la KCTU convocó de manera inmediata la huelga, y la misma tarde del 26 de diciembre 145.000 personas abandonaron sus puestos de trabajo, liderados por las plantas de automoción de Hyundai y Kia. Al día siguiente, la FKTU declaró su apoyo a la huelga y convocó a su base de 1,2 millones de trabajadores a formar parte de los parones. Para el 28 de diciembre de 1996 372.000 trabajadores estaban en huelga, paralizando las plantas automovilísticas y los astilleros en todo el territorio peninsular.

Después de un parón festivo, que hizo a los líderes sindicales temer una pérdida de apoyo y compromiso significativa, la huelga se hizo aún más transversal, incluyendo trabajadores de la industria de los seguros, la banca, hospitales y prensa, uniéndose a los piquetes.

Así, durante tres semanas, las acciones sindicales continuaron, con parones horarios, semanales y continuos, llegando a contar con la participación de más de tres millones de trabajadores. La industria automovilística, grandes factorías y operaciones navales quedaron completamente paralizadas; se cerraron algunas áreas de más de diez hospitales de la capital y pausaron tratamientos no esenciales (se mantuvieron los servicios en las salas de emergencia y de maternidad) y sumaron a los trabajadores del metro.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, declarando la huelga ilegal. Las amenazas de represión se hicieron reales en incidentes como el arresto de los líderes sindicales el 6 de enero o el uso de gas lacrimógeno sobre los manifestantes durante la marcha a la catedral de Myongdong.

Sin embargo, los altos niveles de participación de manera consistente y un gran apoyo popular permitieron a los trabajadores mantener la presión sobre el Gobierno de manera organizada y sistemática. Finalmente, el 21 de enero de 1997 el Gobierno se veía obligado a reunirse con los líderes de los partidos de la oposición y a revisar el proyecto legislativo. La KCTU desconvocó la huelga, bajo amenaza de retomar las acciones en caso de que las nuevas leyes no cumpliesen las demandas de los trabajadores.

Esta huelga, de marcado componente político y social, es un ejemplo del impacto de la acción organizada de los trabajadores a gran escala. Si bien los éxitos pueden ser considerados modestos con la perspectiva que da el tiempo, a lo largo de 20 días, cerca de tres millones de personas pusieron en jaque a un Gobierno que pretendía imponer medidas injustas y sentaron las bases del modelo sindical más militante del movimiento obrero coreano actual.

REBECA (Red de Búsqueda de Empleo de Carabanchel) es una herramienta para apoyar a las personas que viven en el distrito de Carabanchel principalmente a encontrar un trabajo, y desde que surgió hace casi dos años ha conseguido sumar a cerca de 1.000 suscriptores en el canal de mensajería Telegram.

Y la prueba de que esta red funciona y tiene alcance nos la da una llamada de una pastelería del barrio que se pudo en contacto con ADELA para pedir que anunciáramos en el canal que buscaban un trabajador o trabajadora para su negocio. Para evitar que se convierta en un chat imposible de gestionar, solo las cuatro personas administradoras pueden publicar los mensajes con las ofertas laborales.

La iniciativa está gestionada por ADELA (el grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel), y a lo largo de este tiempo han ido publicando cerca de un millar de ofertas laborales, sobre todo de comercios cercanos, personas conocidas y otros colectivos sociales, que encuentran o les hacen llegar. Las más comunes suelen estar relacionadas con la hostelería, la limpieza, las reparaciones o la construcción, pero también para trabajar en talleres, tiendas o dar clases.

Este último año, después de hacer una encuesta entre las personas suscriptoras del canal, se ha ido abriendo a informar de cursos y talleres (como búsqueda de empleo, formaciones…), así como datos y enlaces sobre derecho laboral. También se sumaron vecinas a ayudar en el trabajo de informarse y publicar las ofertas y avisar de las propias reuniones del grupo ADELA.

La idea de no mercantilizar las relaciones nos sirve además para ayudar en la siempre complicada búsqueda de empleo, sobre todo para las personas que están en situaciones más vulnerables (precariedad, brecha digital, situación administrativa irregular, etc.), que son las que pueden caer más fácilmente en las situaciones de mayor explotación.

Este canal se ve complementado con la distribución de hojas informativas en varios puntos del distrito (como Oporto o Plaza Elíptica) para que las personas, sobre todo migrantes, conozcan sus derechos, las formaciones y talleres de derecho laboral que da el grupo ADELA y las propias asesorías abiertas que hace el grupo.

Porque el objetivo no es el de realizar una labor asistencial, sino el de proporcionar las herramientas y conocimientos a los propios trabajadores y trabajadoras para que puedan organizarse y pelear por sus derechos. Demostrando, una vez más, que son las redes de solidaridad y apoyo mutuo popular las que llegan donde no se puede o no se quiere llegar por parte de las Administraciones públicas.

¿Dónde puedo consultar las ofertas de empleo de REBECA o publicarlas?
Pues a través del grupo
de Telegram:
https://t.me/busqueda_empleo_carabanchel

Si te interesa alguna de las ofertas que publicamos puedes contactar directamente con ella. Nuestras pautas son:

— ¡Sé amable! Si nos escribes un correo o si escribes a una de las ofertas publicadas, no olvides que al otro lado de la pantalla hay una persona y es con ella con quien te estás comunicando. Escribe solo lo que dirías en persona.

— ¡Sé honesto! Si nos mandas una oferta laboral para que la publiquemos, asegúrate de que lo que escribes es lo que ofreces. Para preservar la confianza entre la vecindad actúas en tu nombre.

— ¡Respeta! Igualmente, no publicaremos ofertas que contengan discriminaciones de ningún tipo, ya sean motivos de raza, género, edad, orientación sexual… ¡de ningún tipo!

— ¡Ayuda! Solo el pueblo salva al pueblo, así que prepárate a ayudar al vecindario, ofrece servicios o empleo, cuida tu barrio y a su asamblea.

La iniciativa, que surgió con el objetivo de convertirse en un grupo de ayuda de búsqueda de empleo, cumple dos años.
La coordinación de esta nueva herramienta la realiza ADELA, el grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel, que también celebra ocho años de trayectoria luchando frente a la explotación laboral.

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid

Ha nacido un nuevo Bloque en Lucha organizado en Madrid. Las vecinas de Galileo 22, clásico edificio del barrio de Chamberí, se han unido para hacer frente a una oleada de expulsiones que pretende llevar a cabo la empresa Elix Rental Housing Socimi II, creada en 2022 y dedicada a la compra, rehabilitación y venta de viviendas. La socimi es propiedad de AltamarCAM Partners, detrás de la cual se encuentra Claudio Aguirre, presidente de la firma y primo de Esperanza Aguirre.

En noviembre de este año, las vecinas de Galileo 22 recibieron la comunicación de que el edificio había sido comprado por Elix Rental Housing, tras haber recibido previamente un burofax en el que se les informaba de la no renovación de sus contratos. El primer desahucio se dio el pasado agosto, cuando la vecina y portera del bloque fue despedida de manera improcedente y expulsada de su vivienda. A partir de ahora, se espera un goteo de burofaxes para cada una de las viviendas, con la mirada puesta en una oleada de expulsiones en todo el edificio.

Sin embargo, las vecinas de Galileo 22 han decidido organizarse con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y acogerse a la estrategia #NosQuedamos para permanecer en sus viviendas y plantar cara a los planes especulativos de Elix. Esta herramienta sindical, que consiste en permanecer en la vivienda una vez haya finalizado el contrato, es utilizada por inquilinas de toda la región contra los abusos de nuestros caseros, desde grandes fondos como Néstar a caseros individuales. En Galileo 22 también lo tienen claro: “No nos vamos a ir. Somos vecinas y vecinos de toda la vida del barrio y ahora pretenden echarnos. Vamos a plantar cara a quienes quieren especular con nuestras viviendas y gentrificar nuestros barrios”, comenta Dámaris, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y vecina del bloque. Junto a la suya, tenemos historias de vida de gente que lleva décadas viviendo en el barrio; personas que han nacido ahí, que han crecido ahí, que han envejecido ahí. Todas ellas dispuestas a luchar juntas para defender sus casas. El plan es claro: quedarse en sus viviendas y forzar a los caseros a una negociación colectiva que consiga soluciones para todas, sin que nadie se quede fuera.

Especulación sin límites por un entramado de socimis

El objetivo de Elix Rental Housing Socimi II consiste en repetir la misma estrategia que ya siguió anteriormente su empresa hermana, Elix Vintage. La familia Polanco —históricos accionistas del Grupo Prisa— junto a otros inversores como AltamarCAM Partners de Claudio Aguirre —primo de Esperanza Aguirre—, crearon la socimi Elix Vintage en 2017 para extraer beneficios millonarios gracias a la especulación inmobiliaria. Desde entonces, la empresa se dedicó a adquirir bloques en la capital, así como en la Ciudad Condal, para después rehabilitarlos y volverlos a vender a precios desorbitados, sacando máximo provecho al sistema normativo y fiscal que beneficia la actividad de las socimis desde las reformas del PP en 2013.

Durante cuatro años de actividad especuladora de Elix Vintage, cientos de familias fueron expulsadas de sus hogares en Madrid y Barcelona hasta que, en 2021, su portfolio de 22 bloques fue vendido a Allianz, aunque siguen siendo gestionados por Elix a día de hoy. Un ejemplo de ello se encuentra a apenas unos minutos a pie de Galileo 22, en la calle Cardenal Cisneros. En este nuevo capítulo, la recién creada Elix Rental Housing pretende imponer un modelo similar de expulsión de vecinos y extracción de capital, pero esta vez centrado en la gestión de viviendas de alquiler y la especulación con las mismas. El nuevo proyecto ya ha comprado varios edificios por todo Madrid; Lavapiés, Tetuán y Barrio de la Concepción parecen ser sus nuevos objetivos, uniéndose así a ser principales propulsores del proceso de destrucción del tejido vecinal y de intensificación de las dinámicas de gentrificación y turistificación que vienen afectando a toda la ciudad desde hace años.

El impacto de la especulación en nuestros barrios

Las socimis como Elix, así como otros grandes tenedores y las agencias inmobiliarias, juegan un papel clave en este proceso: los pisos para turistas (ya hay más de 280 Airbnb en Chamberí), las habitaciones en alquiler a 750 euros o los alquileres de temporada que permiten subir los precios de la vivienda al margen de la LAU están siendo el día a día del barrio. Las vecinas de Galileo tienen un ejemplo muy cercano con el que compararse y contra el que pretender luchar: recientemente una gran empresa adquirió un edificio de su misma calle que, tras la expulsión de las vecinas y una remodelación de las viviendas, ahora ofrece lujosos pisos con piscina en alquiler.

Chamberí lleva más de una década siendo víctima de la subida constante de los precios de la vivienda, cada vez más prohibitivos para la gente del barrio que ha vivido siempre en las zonas más populares del distrito. De hecho, según los últimos datos publicados por el INE y el Ayuntamiento de Madrid, el precio medio del alquiler en Chamberí ha subido un 22,7% entre 2020 y 2023, lo que le sitúa entre las zonas de la ciudad en la que más se ha encarecido la vivienda en ese periodo. En noviembre de 2023, el precio medio del suelo para alquiler se situaba en 21,6 €/m2, lo que hace que el alquiler de un piso de 70 m2 cueste más de 1.500€ y algunas consultoras cifran el alquiler medio de un piso de tres habitaciones en unos desorbitados 3.572€. Por eso mismo, hay un especial interés en expulsar a aquellas familias que siguen manteniendo precios de 500-700€; solo así se podrán hacer negocios por y para las rentas altas, limpiando el barrio de aquellos a los que ya no se quiere por ahí.

Ante esta situación, desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid decimos que #NosQuedamos. Nos organizamos ante las subidas abusivas de alquiler y los especuladores que están haciendo de nuestra ciudad, vivienda y vida una mercancía.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9lVJ1pBlmJU&t=91s

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CSOA La Ferroviaria

La Ferroviaria se encuentra en riesgo de desalojo inminente. Estamos cerca de sufrir un nuevo episodio de la ofensiva que espacios como el nuestro soportan constantemente. Pero nosotras lo tenemos claro: ante sus ataques, nuestra respuesta organizada.

Tras casi tres años de actividad política, social, vecinal y cultural, nos encontramos frente a la amenaza de un desalojo inminente. Han pasado 11 meses desde que recibimos nuestra primera notificación anunciando este proceso. Meses en los que no hemos parado, hemos seguido siendo espacio de encuentro, de lucha y de debate, un punto de referencia en el que hacer efectiva la organización colectiva en Madrid.

El caso de La Ferroviaria se suma a una larga lista de proyectos similares que han sufrido la ofensiva en la que nos encontramos, siendo sometidos a campañas de acoso y derribo por parte de los principales baluartes del capital: bien en forma de bancos y de fondos de inversión, o bien a través del propio Estado. Retail Company 2021 S.L.U., propietaria legal del local y empresa pantalla del Banco Santander, no ha cesado en su hostilidad contra nuestro espacio, agotando todos los cauces para acelerar el desalojo.

Su objetivo es acabar con cualquier atisbo de organización autogestionada y colectiva que plantee alternativas al sistema capitalista, frenar el desarrollo de nuestras capacidades políticas y terminar con nuestros intentos de recuperar y controlar espacios para el mundo que está por construir. Un mundo alejado de la especulación y el lucro inherentes a la propiedad privada, un mundo en donde seamos capaces de autoorganizar nuestras necesidades.

Desde el CSOA La Ferroviaria nos negamos a aceptar que esta ofensiva avance sin respuesta. Por ello, queremos declarar nuestra firme intención de preservar un espacio de organización política y social en nuestro barrio y en nuestra ciudad. Hacemos un llamamiento activo a todas aquellas personas, colectivos y organizaciones que han habitado y coexistido con nosotras a que se unan a las convocatorias que realizaremos en las próximas fechas.

Porque, como dijimos nada más abrir el espacio, ayer como hoy: okupamos porque no nos resignamos a la derrota, queremos recuperar lo que es nuestro.

Ante su represión, nuestra unidad. Ante sus ataques, nuestra respuesta organizada.

Redacción El Salto

La Policía Nacional ha anunciado la detención de 22 integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal por “conformar una estructura criminal” y causar daños por valor de más de medio millón de euros. Los arrestos han tenido lugar en Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda, Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián. Según el comunicado policial, entre las personas detenidas se encuentran “sus tres máximos responsables, quienes coordinaban y dirigían el colectivo como una organización criminal”.

El colectivo, sin embargo, ha precisado en sus redes sociales que estas detenciones no son nuevas, sino “el balance que hace la Policía del último año, y las detenciones a las que alude son las del pasado mes de diciembre”. Durante ese mes, la persecución policial contra los activistas se saldó con un total de 26 arrestos.

La Policía atribuye a Futuro Vegetal la comisión de 65 hechos delictivos por toda España, entre ellos el lanzamiento de pintura a las fachadas del Congreso de los Diputados y otros edificios, el corte de la circulación en carreteras de circunvalación de Madrid, daños a obras artísticas del Museo del Prado y otros bienes privados, y el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Madrid-Barajas, provocando el cierre temporal de las mismas.

El coste total de los daños atribuidos por la investigación policial se estima en más de 500.000 euros, sin cuantificar los desperfectos causados al patrimonio artístico. Las 22 personas detenidas han pasado a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.

Desde su fundación en 2022, Futuro Vegetal ha llevado a cabo acciones de denuncia caracterizadas por su impacto inmediato y gran visibilidad. El pasado verano llevó a cabo acciones de señalamiento del lujo en Ibiza. Yates y aviones privados fueron rociados con pintura para denunciar el impacto climático de la desigualdad. En otros puntos del Estado se han llevado a cabo cortes temporales de carreteras, irrupción en museos o acciones de señalamiento contra los mercados de abastos. Todo sin daños personales, como señalan sus miembros.

El hostigamiento policial contra este colectivo se recrudeció a finales del año pasado después de que en septiembre la Fiscalía rectificase la información de su propio informe de 2022 en el que vinculaba las acciones de Futuro Vegetal y Extinction Rebellion con la actividad terrorista. Fiscalía dijo a EFE el 12 de septiembre que las acciones de estos colectivos podían suponer “posibles amenazas, pero en ningún caso acciones terroristas”.

Despedimos el año más caluroso en los últimos 125.000 años, con una temperatura media de la Tierra que ha experimentado un aumento superior a 1,4ºC con respecto a los niveles preindustriales. Cerramos el año con la reserva hídrica española al 46% y disminuyendo.

Con una situación tan crítica cabría esperar que las instituciones, supuestamente al servicio de la ciudadanía, estuviesen entrando en un estado de emergencia y haciendo todo lo necesario para paliar esta crisis, ¿no?
La respuesta de los Gobiernos por todo el globo ha sido hacer como si nada, más allá de algunas declaraciones, un par de carriles bici y mucho dinero público derivado hacia las empresas de combustibles fósiles para que hagan una inexistente y científicamente imposible “transición energética”. En nuestro Estado, a sabiendas de las implicaciones que tiene la ganadería en el territorio, en el último año y medio se ha subvencionado al sector con 1.380 millones de euros. A nosotras, que estamos protestando para exigir que esta brutal cantidad de dinero público se derive a la promoción de alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales, las instituciones nos han infiltrado a policías nacionales, nos han abierto más de 50 procesos penales, nos han catalogado como terroristas y denunciado como organización criminal.

Uno de los últimos artículos de The Guardian del año pasadio titulaba: “El mundo recordará 2023 como el año en que la humanidad puso de manifiesto su incapacidad para atajar la crisis climática”. Esto no va a pillar a nadie por sorpresa, pero no podemos seguir esperando a que las instituciones reaccionen. Ni siquiera podemos esperar a que un gran porcentaje de la población se conciencie y decida tomar partido. Si tú, como nosotras, crees que una situación límite requiere medidas a la altura, te invitamos a que vengas a una de nuestras sesiones de bienvenida en línea, todos los martes a las 20:00, y nos ayudes a poner fin a una industria que nos condena a sufrir las peores consecuencias de la crisis climática.

Como ya se ha escrito mucho sobre las causas, solo recordar que tras condenar el ataque de Hamás el 7 de octubre, me parece más importante tener claro que la responsabilidad es la invasión desde hace 75 años de Palestina por parte del sionismo israelí.

Citar las cifras es bastante revelador de la tragedia que se está viviendo: más de 23.300 personas asesinadas, de ellas 9.000 niños; 59.000 heridas; 4.300 estudiantes han sido asesinados; 384 escuelas han sido demolidas; hay que sumar los 100 periodistas asesinados y como mínimo 500 encarcelados; cientos de personal sanitario han sido asesinados; la mayoría de hospitales han sido destruidos. En Cisjordania hay más de 350 víctimas de la represión israelí. Podría seguir enumerando cifras, las cuales seguirán subiendo según pasen los días, pero no podemos dejar de pensar que detrás de cada número hay una persona, una vida, una familia, y esto nos debe indignar mucho más.

Desde el movimiento ecologista siempre hemos denunciado las emisiones de CO2, la contaminación del aire, de ríos; la destrucción de hábitats naturales, de fauna y flora que provocan los ejércitos y la industria armamentística. Los datos de las emisiones de los ejércitos son secreto de Estado, solo tenemos aproximaciones. Los estudios realizados muestran números de una magnitud altísima. Esto ocurre en situaciones de paz, porque cuando hay guerras los números se multiplican exponencialmente y las consecuencias duran décadas y generaciones.

Siempre hemos denunciado las emisiones que se producen al realizar desfiles, maniobras con fuego real en lugares naturales, “misiones de paz” a miles de kilómetros. España participa en 20 misiones.

El bloqueo al que está sometida Gaza hace que las condiciones de vida sean terribles: gran parte de los alimentos, del agua, de medicinas y de combustible llegaba a través de la ayuda internacional. Ahora, salvo unos días en que se negoció una tregua, no entra nada. Los gazatíes se ven obligados a cortar árboles para protegerse del frío. La escasez de agua potable obliga a beberla en malas condiciones. La ofensiva israelí en Gaza equivale a la combustión de 150.000 toneladas de carbón y se han emitido 281.000 toneladas métricas de CO2. Desde los años 60 se han destruido 800.000 olivos en Cisjordania con el único objetivo de arruinar la economía del pueblo palestino.

Me parece importante terminar con algunas alternativas y un poco de esperanza.

Es obvio que la responsabilidad la tienen los Estados desde la ONU, EE UU como principal suministrador de armas y dinero a Israel, hasta nuestro Gobierno, que no ha dado pasos permanentes para acabar con el comercio de armas con Israel.

La ciudadanía tiene un gran peso a la hora de poder cambiar los acontecimientos. Después de un boicot a nivel mundial se consiguió acabar con el estado de apartheid en Sudáfrica. Siguiendo ese ejemplo en 2005 se creó por más de 170 organizaciones la campaña BDS (Boicot, Desinversiones, Sanciones) que presiona económica, diplomática, cultural y deportivamente a Israel. Un ejemplo es la campaña de boicot a Carrefour, por apoyar al Ejército israelí. Alentador es el caso de Puma, que tras el boicot realizado ha dejado de patrocinar a la selección nacional de futbol de Israel, lo que demuestra que estas campañas son efectivas.

Tenemos que acudir masivamente a las manifestaciones que se están convocando; también a las concentraciones, charlas, conciertos, etc. de muchos barrios y pueblos. Tenemos que demostrar que la inmensa mayoría está contra el genocidio. Somos conscientes de que la actual posición del Gobierno está influenciada por la solidaridad y apoyo que una gran mayoría de la ciudadanía está demostrando.

Los pequeños actos individuales tienen mucha importancia: ir con una kufiya, llevar una chapa, poner una bandera palestina en nuestra ventana sirve para crear una opinión pública que rechace esta masacre.

No es fácil tener esperanzas de que esta guerra se acabe pronto, y en especial es difícil imaginar las condiciones en que puede acabar el pueblo palestino en Gaza. Pero nos ha dado ejemplo en su historia de que son capaces de sobrevivir en las condiciones más adversas y de volver a llevar una vida “normal”.

Tenemos que exigir el fin del genocidio

Tenemos que exigir acabar definitivamente con el comercio de armas

Tenemos que exigir la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel

Tenemos que exigir un alto el fuego permanente

Queremos una Palestina libre y en paz.

Inspiradas por un vídeo que vimos de unas compañeras brasileñas, el sábado 30 de diciembre, vecinas de la Sierra Norte de Madrid, en colaboración con BDS Madrid, nos juntamos en el interior del C. C. Plaza Norte 2 de San Sebastián de los Reyes para hacer visible nuestro apoyo al pueblo palestino y exigir el cese inmediato de los asesinatos que a diario comete el Estado sionista de Israel con total impunidad.

La acción consistió en una actuación colectiva en la que diversas personas alzamos la voz contra las atrocidades que se están llevando a cabo en Palestina sin que los Gobiernos se posicionen con claridad, bien rompiendo relaciones diplomáticas, aplicando sanciones a Israel o dejando de comercializar con empresas que se aprovechan y lucran con el genocidio, la colonización y el apartheid del pueblo palestino.

El vídeo se puede ver en la web y redes sociales de este periódico y en el Instagram de Bds (Boicot, Desinversiones, Sanciones a Israel) Madrid.

En una segunda parte y tras ser identificadas por la Policía, nos dirigimos al Carrefour del mismo centro comercial, donde hicimos cola para entregar en Atención al Cliente una carta en la que explicábamos los motivos por los cuales no vamos a comprar nada en dicho supermercado hasta que este grupo ponga fin a la asociación con empresas israelíes cómplices como Electra Consumer Products y Yenor Bitan, que cometen crímenes de guerra según el derecho internacional por ser activas en el establecimiento de colonias ilegales.

La carta, para quien quiera utilizarla, se puede descargar del siguiente enlace: https://boicotisrael.net/campanas/boicot-a-carrefour/

No dejaremos de gritar por el fin inmediato del exterminio planificado y consentido sobre el pueblo palestino.

Leer Carta

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Momentos de la acción en el Plaza Norte 2. Alberto Astudillo