En 2010, en pos de la salida de una crisis de la que los sanitarios no éramos los responsables, nos bajaron un 5 % el sueldo.

En 2012 nos quitaron la paga extra de Navidad, los días de libre disposición, los canosos y además nos ampliaron la jornada 112,5 horas más al año. 16 días libres menos al año. Redujeron las plantillas orgánicas un 10%. Suspendieron los nuevos reconocimientos de la carrera profesional.

En 2013 quitaron las ayudas a guardería, el plus por hijos y las demás ayudas. Privatizaron a todo el personal no sanitario de los hospitales Aguirre, originando los despidos de muchos de ellos, todos los interinos, y obligando a cambiar de centro al resto.

Tuvimos el sueldo congelado hasta 2016.

Entonces en 2020 llegó el COVID, y otra vez nos tocaba sacrificarnos.

Tuvimos que trabajar enfundados en bolsas de basura, reciclando mascarillas que nos daban una cada 15 días. Muchos trabajadores cayeron enfermos. Muchos trabajadores pasamos el duelo de la pérdida de seres queridos trabajando, porque no pudimos estar con ellos.

Y entre el ruido de los aplausos de las ocho, la Administración dio otro mazazo a los profesionales. Suspendieron el derecho a solicitar excedencias parciales para cuidado de hijos. No había posibilidad de cuidar de los hijos confinados porque no se podía dejar de trabajar. No confeccionaron turnos especiales para que los trabajadores pudiesen conciliar. Menos salario y menos tiempo para cuidar.

A fecha de hoy todas las comunidades autónomas salvo tres ya tienen recuperada o en vías de recuperación la jornada de 35 horas.

Hoy Lasquetty ha hecho unas declaraciones cuestionando las intenciones de los sanitarios, a los que señala por querer trabajar menos horas. “Es una reivindicación en la que llevan muchos años, mientras todo el resto de la gente trabaja 40 horas a ellos les parece que es mucho trabajar 37 y media”; “Teniendo su plaza de por vida, cosa que no tienen el resto de los trabajadores, creen que, a diferencia del resto de los trabajadores, deberían trabajar cinco horas menos”.

#EncierroManoteras nació el día 19 de enero de 2023, como un encierro simbólico en el que cerca de 160 profesionales de la Atención Primaria de Madrid se han ido turnando para mantener un espacio abierto, queriendo provocar la visualización de una situación que ya se remontaba años atrás y que detonó con la convocatoria de huelga indefinida de médicos de familia y pediatras de la Atención Primaria madrileña.

Nace gracias a la Asociación de Vecinos Manoteras, que no solo nos cedió La Soci, su casa: también nos regaló su corazón, su apoyo y cariño. En definitiva, nos convirtió en “manoters” para siempre.

Este grupo de gente normal ha logrado mantener nuestras reivindicaciones en el ruedo mediático. Hemos dialogado con los partidos políticos representados en la Asamblea de Madrid, hemos ido a la Asamblea, hemos conseguido hacer reflexionar a miles de personas acerca de las motivaciones que podíamos tener para encerrarnos…

A su vez, este encierro se ha convertido en un laboratorio de ideas. De la necesidad de ampliar la visibilización del encierro nace el Proyecto SUME, acrónimo de “Servicio Urgente de Médicos Encerrados”, para extender nuestra lucha por todos los barrios y municipios de la Comunidad de Madrid que podamos.

Para esto nos hemos acercado a los que más saben de la defensa de la sanidad pública, que no son otras que las asociaciones vecinales.

Y más recientemente, con la consecución del acuerdo de cierre de huelga del día 16 de marzo, vemos que el deterioro de la sanidad madrileña es mucho más profundo y no se resolverá solo con estas medidas. Somos testigos de las reflexiones de nuestros gobernantes sobre “sanidad líquida”, modelos alternativos con UVI móviles sin médico, puntos de urgencias extrahospitalarias sin médico y con telemedicina de pantalla…

Reivindicamos un sistema cercano, eficiente y que resuelva los problemas con medios adecuados a cada situación, sin renunciar a tecnología mientras no merme la calidad. Donde cada profesional dé lo mejor de sí mismo y el paciente reciba la mejor atención lo más cerca de su domicilio posible. Queremos una sanidad a mano y con las manos.

Para ello abrimos el encierro a todos los profesionales de la sanidad pública, sanitarios y no sanitarios. Nos afecta a todos, y también como ciudadanos, pues está en juego el modelo de sanidad.

En este nuevo giro, sin abandonar los SUME, el encierro se reorganiza para dar salida a nuevos proyectos más centrados en la divulgación de nuestra visión, buscando la expansión de nuestro mensaje. Nacen proyectos como Plató Manoteras, en el que convertimos La Soci en un plató en el que generar contenidos audiovisuales de impacto con los que llegar a toda la población de la Comunidad de Madrid.

Objetivos:

— Ayudar a la visibilización de la problemática en torno a la sanidad pública.

— Crear un espacio de encuentro entre compañeros con las mismas preocupaciones ante la deriva de deterioro de la Atención Primaria de Madrid.

— Generar una alianza con las asociaciones vecinales y todo aquel sensible a nuestras inquietudes para así impulsar iniciativas que nos ayuden a defender el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y universal.

— Promover el refortalecimiento del sistema de atención primaria, seriamente dañada en los últimos años por políticas claramente alejadas de promover este primer y esencial escalón del sistema sanitario.

— Mantener viva la conciencia cívica sobre la importancia de un modelo que ha demostrado sobradamente su eficacia y eficiencia.

— Luchar contra la tendencia privatizadora del sistema sanitario claramente promovida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos lustros, modelo que ya ha demostrado ser más caro y obtener peores resultados de salud en otros países como Reino Unido, al que hay que copiar lo bueno, no todo.

‘Reivindicamos un sistema cercano, eficiente y que resuelva los problemas con medios adecuados a cada situación, sin renunciar a tecnología mientras no merme la calidad’

Marea de Residencias y Verdad y Justicia

La fecha fue el 23 de marzo de 2023. El escenario, los juzgados de plaza de Castilla en Madrid. Muchos nervios y expectación, pero sobre todo mucha esperanza para que se sepa la verdad y se haga justicia para las 7.291 víctimas de las residencias de Madrid por los protocolos de no derivación entre marzo y abril de 2020, los protocolos de la vergüenza. La convocante fue Marea de Residencias, que se vio arropada por Verdad y Justicia y por muchas personas solidarias con la causa que se acercaron a mostrar su apoyo, algunas también familiares de víctimas que hablaron de cómo vivieron esos últimos momentos de sus familiares sin saber cómo estaban y sin poder despedirse, ese último abrazo que no pudieron darles nunca. Imposible no sentir empatía con ellos, aunque aquellas personas no fueran de tu familia.

De la expectación ante la declaración de los dos ex-cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso citados a declarar daba fe el gran número de medios de comunicación que se congregaron. La presencia de Alberto Reyero estaba confirmada, no así la de Carlos Mur de Viu al haber trasladado su residencia a Andorra (se creía que no se le podría haber notificado). El primero entró y salió sereno y habló con los allí presentes antes y después. Carlos Mur en cambio fue recibido con expresiones como “asesino” y salió protegido por la puerta de atrás. De lo que pasó dentro del Juzgado nº 9 habló tras las declaraciones de ambos ex-cargos el abogado de las familias querellantes Carlos Vila, cuya salida se retrasó para evitar algún incidente con el segundo declarante.

Carlos Vila declaró ante los medios y ante los que allí estábamos que el juez titular parecía muy interesado en investigar los hechos. Vila dijo que la declaración de Reyero había sido muy contundente y que la de Mur apuntó en el mismo sentido de lo que dijo en su momento en la Asamblea de Madrid, pero que le reconoció esta vez haber recibido un correo de Reyero el 22 de marzo en contra de los protocolos de no derivación y avisando de que podían ser delictivos, hecho que en su día negó en la sede asamblearia. Mur dijo estar en contra de los protocolos basados en las escalas de Barthel y GDS, pero que los firmó para apoyar a los geriatras de los hospitales, insistiendo en que no eran de obligado cumplimiento y que eran documentos clínicos (aplicación según criterio médico, y no una orden administrativa de cumplimiento obligatorio, y que debería ir firmada por el consejero de Sanidad, según él).

Reyero en cambio cree que sí que eran de cumplimiento obligatorio y parece que el juez también cree lo mismo, al afirmar en otro momento que así no se puede imputar a los directores de las residencias si tenían órdenes de acatar esos protocolos de no derivación hospitalaria. Los protocolos se decidieron en una reunión el 14 de marzo con geriatras, personas de la consejería de Reyero, estando también presentes Francisco Javier Martínez Peromingo (actual director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Consejería de Sanidad desde el cese de Mur) y Antonio Burgueño en dicha reunión. Su superior jerárquico Enrique Ruiz Escudero lo sabía y fue quien dio la orden y mandó los protocolos a los hospitales desde la Consejería de Sanidad. A las residencias los envió la Consejería de Políticas Sociales.

El juez va a realizar una investigación basada en informes forenses en cuatro puntos: si hubo un tratamiento adecuado, si los protocolos influyeron en las muertes, si la no derivación tuvo algo que ver en el fallecimiento o no… y Carlos Vila insistió en que además del delito de homicidio imprudente puede haber más como el de denegación de auxilio y prevaricación (muy claro para Vila). Queremos destacar que el fiscal no se personó. Las familias de las víctimas fallecidas sin atención médica persiguen la declaración de Enrique Ruiz Escudero, después de que Carlos Mur, el responsable de firmar esos triajes, haya admitido que contaba con su visto bueno.

Que se sepa la verdad. Que se imparta justicia. Y sobre todo que esto no vuelva a suceder. No nos lo podemos permitir como sociedad.

La sanidad pública hace aguas en todo el Estado, independientemente de quien gobierne. Desde los centros de salud a los hospitales, pasando por la salud mental o el transporte sanitario, el brutal deterioro se plasma en las listas de espera más elevadas de la historia, pacientes que fallecen sin ser atendidos, excesos de mortalidad no investigados, etcétera.

Todo lo que está ocurriendo es desgraciadamente legal, gracias a las leyes de ámbito estatal 15/97 y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que el Gobierno “más progresista de la historia” mantiene en vigor pudiéndolas derogar. Es decir, unos hacen el “trabajo sucio” y los otros se rasgan las vestiduras. Puro espectáculo.

Hoy la realidad es ésta: uno de cada tres euros dedicados a sanidad acaba en los bolsillos de empresas privadas mientras los centros públicos agonizan por falta de medios y los seguros privados se disparan. En cuanto a los trabajadores, tras los aplausos, el maltrato ha alcanzado niveles escandalosos, lo que ha provocado la huida y el abandono de muchos de ellos en busca de mejores condiciones laborales.

Lo llevamos advirtiendo dos décadas: la agresión no va a acabar aquí. Con la justificación de la crisis están desmantelando todos los servicios públicos, y van a convertir la sanidad en un sistema de beneficencia. Los “Ayuso dimisión (o el político que corresponda)” o “La sanidad no se vende, se defiende” son reclamos vacíos. Si queremos salvar la sanidad no nos tenemos que dejar engañar por los síntomas, hay que actuar sobre las causas (las leyes estatales) y señalar a los responsables (todos los partidos que las mantienen). Están todos en el ajo: los partidos y sindicatos que han permitido esta situación son parte del problema y no pueden formar parte de la solución. Son los mismos que desmantelan las pensiones, han pasado página en la masacre de las residencias, mantienen la Ley Mordaza, no derogan la reforma laboral, siguen sin garantizar el acceso a la vivienda…

O recuperamos la movilización autónoma, al margen de los privatizadores, o nos despojaran de todo.

Cronograma de la privatización de la sanidad

1986: Ley General de Sanidad. Incorporó avances como la creación de la Atención Primaria, pero se suprimieron propuestas iniciales como la creación de un sistema público de farmacia o la atención integral de salud mental y bucodental. Se introducen los artículos 67 (convenios singulares) y 90 (conciertos), que van a permitir trasvasar miles de millones de euros a empresas privadas por actividad que se podría hacer en los centros públicos si estuvieran dotados de plantillas suficientes.

1997: Ley 15/97 (de “Nuevas Formas de Gestión”), que va a permitir, con dinero público, la apertura de centros sanitarios privatizados durante décadas.

1999: primer hospital de modelo concesión (Alzira, Valencia), cedido a una empresa privada por 20 años. Posteriormente se abren otros cuatro del mismo modelo.

2004-2011: Madrid aplica el mismo modelo, poniendo en manos privadas por 30 años (hasta 2038-2040) 11 hospitales públicos, lo que implicó el cierre de más de 2.000 camas públicas y el trasvase de cientos de millones de euros anuales que se detraen de los centros públicos.

2010: Se extiende el modelo de hospitales privatizados a Baleares, Cataluña, Castilla y León, Galicia, etc. Paralelamente se privatizan ambulatorios y laboratorios públicos, citas médicas, extracción de sangre, lavandería, limpieza, informática, mantenimiento, almacenaje, vacunas, etcétera.

2018-2023: Se disparan las listas de espera hasta cifras récord, lo que les ha permitido justificar el brutal incremento de los conciertos privados (art. 90 Ley General de Sanidad) mientras se cerraban o reducían servicios en los centros públicos. La crisis de la COVID es aprovechada para derivar cientos de millones de euros hacia empresas privadas, abrir “hospitales” innecesarios, cerrar servicios de urgencias, rematar la Atención Primaria y maltratar aún más a los trabajadores.

Sanitarios y vecinos del ambulatorio de Imperial han montado una acampada indefinida en las puertas del servicio de urgencias para exigir personal médico en la urgencia de Primaria.

Los Servicios de Urgencia de Atención Primaria jugaban un papel fundamental en la atención sanitaria. Fueron cerrados injustificadamente durante más de dos años por decisión de la Consejería de Sanidad. Cuando los reabrieron la inmensa mayoría lo hizo sin equipos completos, en concreto sin personal médico.

Dejar las urgencias de Atención Primaria sin médicos genera un riesgo enorme para las personas, es cruel, peligroso y crea una cantidad enorme de problemas y desprotección.

Los vecinos llevan mucho tiempo luchando para exigir equipos completos en las urgencias de Atención Primaria para garantizar la calidad asistencial. Ante el desprecio de la Comunidad de Madrid a las demandas de la sociedad y hartos de esta situación de inseguridad y falta de atención, han tomado esta determinacion: acampar y exigir la contratación del personal necesario para que funcionen los servicios de urgencia.

https://fotonoticias.madridenaccion.org/acampada-por-la-sanidad

El acceso a la salud es un derecho y no hay salud sin salud mental. Es por ello que este año la III Edición de Derechos en el Objetivo, concurso fotográfico de Amnistía Internacional, pone el foco en este derecho fundamental como parte de su trabajo de sensibilización y denuncia ante la falta de financiación adecuada de la Atención Primaria.

Con la III Edición de Derechos en el Objetivo, Amnistía Internacional busca ahondar en las consecuencias de la falta de recursos, el aumento de las barreras en el acceso a la Atención Primaria de personas con problemas de salud mental, a través de las imágenes donde los participantes pueden plasmar las diversas consecuencias que está dejando este problema.

La preocupación por parte de Amnistía Internacional ha ido creciendo en los últimos años ante las perspectivas de un empeoramiento de la situación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que en 2030, es decir, en menos de una década, la salud mental sea la primera causa de enfermedad en el mundo, sin embargo ya en 2020 denunció que los países solamente destinan el 2% de media de sus presupuestos sanitarios a atenderla.

¿Cómo participar?

— Haz una foto en la que muestres tu perspectiva sobre el derecho a la salud mental: las formas de vida que nos deterioran o sanan mentalmente; la importancia de la accesibilidad a los recursos, materiales y humanos, del sistema sanitario, y el impacto de su falta o carencias en la calidad de vida y la dignidad de las personas.

— Las propuestas se tienen que presentar, únicamente, a través de este formulario: https://bit.ly/400ZtR4

— El concurso es una ventana abierta a profesionales y amateurs que desean mostrar su visión sobre esta realidad.

— El plazo de presentación se cierra el 30 de abril de 2023 a las 23:59.

— Puedes consultar todos los detalles y las bases del concurso en este enlace: https://bit.ly/42D43qL

Con estas iniciativas, Amnistía Internacional continúa reforzando, con el apoyo de la ciudadanía, su campaña para que los Gobiernos prioricen en la inversión en salud mental, para lo cual es urgente cumplir con el 25% de inversión presupuestaria en atención primaria que recomienda la OMS. Esto permitiría contar con un mayor número de profesionales, como psicólogos en los centros de atención, así como la atención de los problemas de la infancia y adolescencia, especialmente la más vulnerable, como es el caso las víctimas de violencia de género y trata, personas migrantes, víctimas de acoso escolar e internos en prisiones.

Tampoco debemos olvidar la salud mental de los propios profesionales del sector, quienes sufren también el impacto de la falta de recursos en el sistema sanitario y las consecuencias derivadas de la pandemia, lo cual hace necesario implementar un plan especial de recuperación por síndrome de burn-out y estrés postraumático de este colectivo.

Porque la salud mental no es un privilegio, es un derecho.</Artículo>