Más

    Sanidad pública y de calidad

    Solidaridad en Acción

    spot_img spot_img

    No al plan de remodelación de las urgencias extrahospitalarias de la
    Comunidad de Madrid

    Mar Rodríguez Gimena – Edith Pérez Alonso. Médicas del SAR de Buitrago del Lozoya

    El deterioro de nuestra sanidad pública y de la Atención Primaria en particular es un hecho que poca gente podrá negar.

    Ya no es universal, desde hace años: gracias al Real Decreto-Ley 16/2012, las personas extranjeras en situación administrativa irregular no tienen garantizado el derecho a la atención sanitaria.

    La accesibilidad y equidad se mantienen a duras penas. La calidad se ve resentida, a pesar de la excelente formación de muchos y muchas profesionales sanitarias. Con 5-7 minutos por paciente, en el mejor de los casos, hay que hacer malabarismos para poder atender dignamente las demandas de las personas más vulnerables.

    La Comunidad de Madrid, con Ruiz Escudero, su consejero de Sanidad, bien mandado de la señora Díaz Ayuso, da una vuelta de tuerca más al maltrecho sistema sanitario con su plan de remodelación de las urgencias extrahospitalarias.

    Este plan constituye un ataque tanto a la garantía de la prestación del servicio de urgencias en las zonas rurales de la Comunidad de Madrid como a los derechos laborales de todo el personal que atiende dicho servicio (celadores, enfermería, medicina).

    ¿Cómo se han prestado los servicios de urgencias extrahospitalarias hasta ahora?

    En la Comunidad de Madrid las urgencias extrahospitalarias son atendidas por dos tipos de equipos: los SAR (Servicios de Atención Rural, que dependen de la Gerencia de Atención Primaria), que atienden a la población rural de las zonas más alejadas de los hospitales de referencia; y los SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria), que pertenecen al SUMMA 112 y atienden las urgencias en las zonas urbanas y periurbanas de la Comunidad de Madrid.

    Cabe señalar que los SAR han permanecido abiertos en todas las crisis recientes, tanto durante la pandemia por COVID-19 como en la borrasca Filomena. Los SAR ofrecen un servicio de calidad y son una pieza clave en la garantía de la equidad en el acceso al servicio sanitario para la población rural: permiten la asistencia sanitaria cercana durante los horarios de cierre de los consultorios y centros de salud en zonas donde el acceso a la urgencia hospitalaria es complicado tanto por la distancia a los hospitales como por las dificultades de desplazamiento en transporte público. Estos dispositivos son complementados por otros del SUMMA 112 (CUE de El Molar, Unidad de Atención Domiciliaria, ambulancias, UVI móvil y helicóptero).

    Los SUAP fueron cerrados por la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 a raíz de la pandemia. El cierre iba a ser temporal, pero siguen cerrados. La razón principal alegada para su cierre fue que no se podía asegurar la separación entre un espacio contaminado y otro no contaminado por COVID-19 en el interior de los centros de salud. Actualmente, dos años después, 37 de 38 de estos servicios de urgencia siguen cerrados “temporalmente”. El Centro de Urgencias Extrahospitalarias de El Molar es el único que funciona con normalidad. Los y las profesionales fueron trasvasados primero a IFEMA y después al WiZink Center o al Zendal. El maltrato a sus profesionales ha provocado una pérdida continua de personal desde entonces, especialmente acusada en el estamento médico.

    ¿Qué plantea el nuevo plan?
    Los PAC

    El plan de reestructuración de las urgencias extrahospitalarias programa, sin aumentar recursos económicos ni profesionales, la apertura de 80 Puntos de Atención Continuada (PAC) distribuidos entre el ámbito urbano, periurbano y rural. Todos estos dispositivos, que ya existían antes de la pandemia, pasan a depender de la Gerencia de Atención Primaria excepto el CUE de El Molar. Con poco más que el personal de los 40 SAR, pretenden cubrir la asistencia de los 80 PAC. Han llegado indicaciones a los centros en relación con el personal de los SAR para reducir en un cincuenta por ciento o más su plantilla médica, y en al menos un 20% la de enfermería. Es más que evidente que esto es imposible sin un deterioro del servicio que se presta, especialmente en las zonas rurales. Este plan se ha lanzado, además, sin ningún trabajo previo de consulta o consenso con agentes sociales y políticos: ni con los sindicatos, ni con otros partidos políticos, ni con (hasta donde sabemos) los ayuntamientos del ámbito rural, ni con la ciudadanía. Incluso ha dimitido la gerente de Atención Primaria después del anuncio de su puesta en marcha.

    El SAR ha sido, hasta la fecha, un dispositivo que ha permitido, al contrario de lo que ocurre en gran parte del sistema sanitario público, fijar profesionales en los centros de salud rurales. Es así porque pese a garantizar la atención en momentos que pueden no resultar deseables a priori desde el punto de vista personal (festivos, tardes y noches), ofrece unas condiciones laborales que pueden compensar a una parte del personal. El cambio propuesto supone un empeoramiento radical de estas condiciones: se aumenta la jornada laboral en más de 100 horas al año, se reduce el salario, se cambia el horario de un calendario de guardias de 12, 17 o 24 horas anual a un horario de tardes hasta las 22 o 24 horas según el centro, complementado por guardias en fin de semana y festivo y por una jornada complementaria adicional de unas 60 horas mensuales. Se genera una incertidumbre adicional con la ubicación del puesto de trabajo: se abre la posibilidad de desplazamientos importantes por toda la Comunidad de Madrid y ya no se tiene un centro de trabajo estable.

    Con esta transformación, es más que probable que parte de los profesionales, aunque quisieran, no puedan seguir en sus puestos por dificultades de conciliación o incompatibilidad con otras actividades que con el modelo organizativo previo podían desempeñar. Aunque no podamos adivinar el futuro, sospechamos que, de mantener la propuesta de reestructuración de la urgencia en estos términos, se puede producir una desbandada de profesionales a otros puestos laborales o a otras regiones, lo que supone, una vez más, una amenaza para la garantía de la atención sanitaria en las zonas rurales de la Comunidad de Madrid.

    ¿Qué ha pasado hasta ahora en nuestra ‘relación’ con la Comunidad de Madrid?

    La Consejería ha convocado tres mesas sectoriales en las que se sientan las organizaciones sindicales del sector: CC OO, UGT, CSIT, AMYTS y SATSE. La primera se celebró el 22 de septiembre de 2022 con un único punto en el orden del día: nuevo modelo asistencial de las urgencias extrahospitalarias del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud). No se plantearon ni propuestas concretas, ni distribución de jornadas, ni turnos, ni… nada. El 7 de octubre se celebró la segunda con las mismas propuestas de la primera: ninguna. El 13 de octubre fue la tercera y última, y terminó con la convocatoria de huelga indefinida que los cinco sindicatos han registrado para el 25 de octubre. Una huelga que afecta a todo el personal del SAR y a los y las profesionales desplazados en el Hospital Isabel Zendal de los SUAP y que serán reubicados en los nuevos Puntos de Atención Continuada (PAC).

    Además, los médicos y médicas de las Urgencias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes en Madrid han dicho “basta” ante la terrible sobrecarga asistencial, y se ha convocado una huelga indefinida en el servicio de este hospital para el 28 de octubre ante esta situación de extrema gravedad que se ha alertado y que la Gerencia y la Consejería han ignorado.

    ¿Qué impacto puede tener la implementación de este plan?

    La falta de personal para su puesta en marcha y el deterioro en las condiciones laborales del personal de urgencias expuesto previamente supondrá una merma en la calidad de la asistencia por:

    1.- Inequidad en el acceso: las personas que viven en pueblos tendrán menos servicios de urgencias que las que viven en las ciudades. A mayor lejanía y menor población habrá un riesgo mayor de falta de servicios.

    2.- Los cuidados prestados por los y las profesionales podrán ser de peor calidad ante la infradotación de personal, al no conocer a la población a la que atienden y al no trabajar en un centro de referencia conocido.

    3.- El cierre de servicios de urgencias nocturnos en poblaciones muy alejadas de centros hospitalarios supone un serio riesgo para la vida de los y las pacientes con patologías graves.

    4.- Se producirá una marcha de los profesionales a otros servicios y a otras comunidades autónomas, lo que podrá provocar el cierre de las urgencias rurales. La conciliación de la vida familiar y laboral con estas nuevas condiciones es casi imposible (hay profesionales que ya han renunciado a sus contratos y habrá más renuncias).

    Ante este deterioro de la sanidad pública y la inminente puesta en marcha de este descabellado plan, durante las últimas semanas vienen sucediéndose asambleas ciudadanas y movilizaciones en diversas localidades y regiones de la Comunidad de Madrid, cada vez más numerosas. La tarde del 22 de octubre una multitudinaria manifestación de decenas de miles de personas recorrió el centro de Madrid, y ciudadanía y profesionales unieron su voz en la defensa de una sanidad pública, universal y de calidad.

    Con la salud no se juega. Por todo ello, vamos a la huelga indefinida desde el 25 de octubre.

    Últimas noticias

    Crónicas del viaje

    - Solidaridad en acción- spot_img
    Noticias relacionadas