Plataforma Verdad y Justicia
El número de personas que murió en residencias de Madrid durante los meses de marzo y abril de 2020 fue desorbitado. En esos meses, la mitad de los fallecimientos de las residencias de todo el país se produjeron en la Comunidad de Madrid, a pesar de que en esta región solo está el 14% de las plazas; y mientras que aquí murió el 20% de los residentes (uno de cada cinco), en el conjunto de país falleció el 6% (1). No es extraño, por tanto, que Madrid, que en 2019 y durante años atrás había sido la región europea con mayor esperanza de vida, en 2020 pasase a ser la número 53, perdiendo 3,5 años: de 85,8 años a 82,3 (2).
Datos tan escandalosos no han tenido ninguna consecuencia negativa, ni judicial ni política, para Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Gobierno regional, que gestionaba y gestiona las residencias de esta comunidad. En el aspecto político, en las elecciones de 2021 fue premiada con una importante subida de votos, lo que hizo pasar a su partido, el PP, de número dos a ganador. Judicialmente, ni la presidenta ni ningún miembro de su Gobierno o de la Administración autonomica han sido investigados por estas muertes.
Tan alto y desproporcionado número de muertes no parece ser fruto de factores difíciles de descubrir, sino de algo tan siniestro como negar desde la Consejería de Sanidad el derecho a que las personas de residencias con cierto grado de dependencia pudiesen ser atendidas en el hospital o en cualquier otro centro sanitario.
En la Comunidad de Madrid, durante los dos meses citados, murieron en residencias 9.468 personas; de ellas, 7.291, el 77% del total, lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Unos protocolos emitidos por la Consejería de Sanidad los días 18, 20, 24 y 25 de marzo lo impedían. Se les negó la posibilidad de ser trasladados a los hospitales públicos, al hospital de campaña de Ifema (De las 3.811 personas que fueron atendidas, solo 23 eran provenientes de residencias), a los hoteles medicalizados o a los hospitales privados (salvo que la persona enferma tuviese seguro privado). Tampoco se medicalizaron las residencias, a pesar de que así lo exigió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es decir, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso privó a un sector de la población madrileña, tal vez el más necesitado, del derecho a ser curado y salvado. Privación que, con toda seguridad, condujo a muchas de esas personas a la muerte. Por ejemplo, la directora del centro Geriasa declaró: “si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos, puesto que siendo residencia y no hospital carece de los medios hospitalarios” (3).
El Gobierno de la Comunidad de Madrid niega, y fiscales y jueces miran para otro lado
Las personas responsables de decisiones tan graves y trágicas, Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ruiz Escudero, siguen en sus cargos políticos, con enorme poder a la hora de tomar decisiones que afectan a la vida de las personas que vivimos en esta comunidad. No solo siguen ahí, sino que niegan el derecho de las víctimas a que se investigue lo que pasó. Niegan hasta la misma existencia de los mencionados protocolos. La victoria del PP, el 4 de mayo del año pasado, llevó a que este partido, con el apoyo de Vox, liquidase la Comisión de Investigación que había constituido la Asamblea de Madrid.
Jueces y fiscales no parecen muy preocupados por juzgar tan graves hechos. La Fiscalía, en su escasa actuación, suele afirmar que los protocolos no eran obligatorios, lo que supone negar los hechos. Las querellas deben presentarse de forma individual, lo que explica que éstas se encuentren dispersas por los juzgados y que incrementen los gastos económicos de las familias que han dado un paso tan doloroso emocionalmente. El resultado, en la actualidad, es que de alrededor de cuatrocientas querellas solo se han estimado parcialmente 30, y la mitad están a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
Mociones en los ayuntamientos y constitución de una comisión de investigación de la sociedad civil
Investigar estas muertes y las causas que las produjeron se justifican solamente por la naturaleza de los hechos —miles de muertes de personas dependientes a las que se les negó cualquiera de los medios de asistencia hospitalaria existentes para el resto de la población—, pero también por las consecuencias que no investigar, no juzgar y no tomar medidas está teniendo y tendrá en la deshumanización que caracteriza el mundo de las residencias. Hoy, después de tanta muerte, tanto sufrimiento y tanta soledad, nada ha cambiado en estos lugares: ni la dotación de medios, ni el número de trabajadoras y trabajadores, ni el tamaño de los centros, ni el alto número de residencias privadas, ni el modelo, ni los responsables de dirigirlas.
Si lo miramos con un poco más de amplitud, podremos observar cómo existe una lógica entre la impunidad de un Gobierno que tomó decisiones tan mortíferas y el maltrato continuado a la población madrileña, especialmente a la más pobre y necesitada: cierre definitivo de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria, despido de miles de trabajadoras y trabajadores de la sanidad, deterioro de la Atención Primaria en particular y la sanidad pública en general, cierre de escuelas infantiles o puesta en riesgo del futuro del taxi.
Tras dos años sin que el Gobierno de la Comunidad, la Fiscalía o los jueces hayan investigado tan luctuosos hechos, un grupo de personas hemos decidido buscar los medios para que esto no quede así. Familiares de personas fallecidas y de personas que están en las residencias, residentes, trabajadoras y trabajadores de estos centros, profesionales del derecho, de la sanidad, la salud y los cuidados, de la información, personas expertas en ética, trabajadoras y trabajadores de la cultura y personas de cualquier condición hemos decidido agruparnos para tratar de implicar a la sociedad civil en lograr que estas muertes y las circunstancias que las rodearon se esclarezcan y se tomen las medidas correctoras pertinentes.
Primero trataremos de obligar a que las instituciones investiguen. Para ello, el pasado 9 de junio la Plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid acordamos con Más Madrid, PSOE Y Unidas Podemos presentar mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid exigiendo que se reabra la Comisión de Investigación.
Pero si, a pesar de estas mociones, el Gobierno de la Comunidad, la Fiscalía y los jueces no cambian el rumbo actual, nos proponemos constituir una Comisión de Investigación de la Sociedad Civil, en la que intentaremos que participen personas afectadas y que vivieron los hechos en primera persona, profesionales con experiencia jurídica, sanitaria y en atención y cuidados a personas mayores. Llevarlo o no adelante no es una cuestión técnica: la sociedad madrileña tiene conocimientos y capacidades suficientes para llevar adelante esta tarea de investigación y de propuestas de medidas de humanización en las residencias. Lograrlo o no depende de la convicción o no de una parte importante de la población madrileña de que el futuro de esta comunidad está relacionado, en gran medida, con que sobre estos hechos se imponga la verdad y la justicia.
Animamos a que cada cual, en función de sus conocimientos y posibilidad, colabore con esta plataforma, cuyo medio de contacto es la siguiente cuenta de correo:
justiciadignidadresidencias@gmail.com
1. Estos datos están sacados del libro de Manuel Rico ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias. Editorial Planeta, 2021. Pág. 14.
2. Telemadrid: Madrid deja de ser la región con más esperanza de vida de la UE debido a la pandemia. 1/05/2022.
3. Manuel Rico, obra citada.
En la Comunidad de Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020, murieron en residencias 9.468 personas. De ellas, 7.291 lo hicieron sin recibir atención hospitalaria
