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Plataforma de Solidaridad con los Pueblos del Mediterráneo

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El pasado jueves 14 de mayo celebramos un encuentro para situarnos en las realidades de campo andaluz, con una perspectiva local y global. En el encuentro participaron académicos, expertos y representantes de varias organizaciones sindicales y colectivos sociales del sur europeo, del Magreb, de Brasil y de México.

El agronegocio es un modelo económico neoliberal orientado a aumentar la productividad agrícola y la especulación. En el Estado español 150.000 jornaleros y jornaleras, la mitad de los puestos de trabajo del campo, son de origen migrante y una gran parte de ellos, especialmente en Andalucía, se encuentran sometidos a opacos contratos en origen o a una completa situación irregular que les instala en la movilidad y en la precariedad permanente como modo de vida y les condena a la esclavitud y a una explotación brutal. Pero no solo el agronegocio florece en Andalucía o en el sur de Europa sino que se extiende a otros territorios del planeta. Un ejemplo es el continente africano donde las operadoras dominantes se apropian de la agricultura y la someten a un modelo comercial y productivo que coloniza los territorios y expulsa a los campesinos. Muchas de las causas del éxodo rural se explican en el marco de esa deriva. Por ello los trabajadores del campo y la defensa de los territorios y de las comunidades rurales es uno de los objetivos de los actores sociales y defensores de derechos humanos en las nuevas batallas del siglo XXI.

A lo largo del debate quedaron establecidos los ejes de esta lucha en el ámbito del Estado español. El primero de ellos es establecer la centralidad en los derechos de los inmigrantes con una urgente regularización incondicional, con la participación de sindicatos y movimientos sociales en los contratos en origen que garantice la transparencia y el respeto de los derechos de los trabajadores y con la revisión de los acuerdos avanzados entre la UE y los países del sur del Mediterráneo. El segundo es emprender el debate sobre el modelo de alimentación y la cuestión agraria, el acceso a la tierra, que minimice la concentración de propiedades no productivas y posibilite el acceso a unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de campo. Y el tercero mantener y extender la solidaridad y la cooperación de los movimientos sociales, colectivos de migrantes, sindicatos y partidos políticos más allá de los territorios e intereses particulares en favor de los derechos humanos.

En este ámbito, se recordó la conflictiva memoria histórica de los migrantes con las sucesivas leyes de extranjería, y la realidad de que esta represión y explotación racista ha sido encubierta y respaldada en las últimas décadas por las administraciones públicas. Es el momento de instar al gobierno actual, ahora que se debate la reconstrucción social tras la pandemia del coronavirus y que se abren nuevas perspectivas que ponen en valor la aportación de la migración a nuestra sociedad, a que afronte esta realidad desde los valores de la ciudadanía, de la solidaridad y la justicia universal.

En Madrid a 18 de mayo de 2020

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