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    RD 789/2022: de nuevo, Escrivá hace trampa con el IMV

    Solidaridad en Acción

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    Luis M. Sáenz, participante en el colectivo Invisibles de Tetuán

    Escrivá está en plena campaña publitaria durante estas semanas. Ha fletado un autobús —uno solo para toda España— muy “televisivo” para informar sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pero las oficinas de la Seguridad Social siguen desbordadas, con personal muy escaso y sin la preparación adecuada: las citas presenciales son muy difíciles de obtener y tardías, la información recibida es con frecuencia errónea y se utiliza con demasiada frecuencia la artimaña de proponer a la persona afectada que, sobre la marcha, rellene un formulario de reclamación y lo entregue allí mismo, lo que casi siempre lleva a que esas reclamaciones sean desestimadas por no haber sido preparadas con la información necesaria. Por otra parte, también en estos días el Ministerio de Seguridad Social y el propio Gobierno de España ha puesto las campanas a repicar anunciando que 510.000 familias eran perceptoras de IMV, lo que es por un lado falso y por otro engañoso: falso porque ese dato, según el propio INSS, responde a “Datos acumulados de altas iniciales de prestaciones”, lo que significa que es el número de resoluciones de concesión desde que el IMV se puso en marcha en junio de 2020, sin restar las muchísimas familias que han visto cómo les quitaban el IMV después, siendo sorprendente que Escrivá no fuese capaz de responder a la pregunta sobre cuántas familias cobraban IMV ahora, en el dato más fácil de saber dado que solo tiene que preguntar al INSS cuántas nominas IMV ha pagado el último mes. Y es un dato engañoso porque también incluye a las familias a las que se les ha denegado el IMV pero concedido el complemento de ayuda a la infancia.

    En medio de ese autobombo engañoso, el Gobierno PSOE-UP aprobó el RD 789/2022, “por el que se regula la compatibilidad del IMV con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación”. Descripción engañosa para un real decreto con trampa. Una vez más.

    El RD 789/2022: antecedentes

    Tanto el RDL 20/2020 como la Ley 19/2021 incluyeron el compromiso de regular medidas futuras para que el IMV fuese “compatible con las rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia” (art. 11.4 Ley 19/2021), rentas a las que, en lo que sigue, se abreviará como rentas del trabajo. El objetivo de esa regulación sería, según dicha ley, “que la percepción de esta prestación no desincentive la participación en el mercado laboral”.

    Ese objetivo era razonable y necesario. La razón es muy sencilla: si una familia perceptora de IMV encuentra un empleo que les dará 3.000 euros al año (250 euros/mes) pero se encuentra con que al año siguiente el INSS se los descontará íntegros del IMV, que es lo viene haciendo el INSS desde junio de 2020, ¿qué incentivo hay para trabajar? Tendrás gastos de transporte, menos tiempo para buscar un empleo mejor o formarte, dificultades para cuidar a menores, etc., pero al fin y al cabo no obtendrás ni un solo euro de ese esfuerzo. Todo lo que entre por la nómina laboral saldrá de la nómina IMV. Esto también favorece que, bajo la presión de necesidades básicas inmediatas, una familia pueda preferir un trabajo sin contrato por 150 euros al mes —que ingresará— a un contrato por 300 euros/mes que el INSS te descontará meses después. Por tanto, hay un fuerte consenso en el ámbito de la investigación social y de las organizaciones comprometidas en la lucha contra la pobreza y la exclusión en que toda actividad laboral debería suponer ingresos no absorbibles en el IMV o en prestaciones autonómicas como la RMI en Madrid, que tiene el mismo vicio que el IMV.

    En consecuencia, el mandato del artículo 11.4 de la Ley 19/2021 era que se regulase reglamentariamente un procedimiento que garantizase que una parte de las rentas del trabajo del año anterior estaría exenta a efectos de IMV del año actual. Eso era lo esperado cuando el Gobierno PSOE-UP anunció que ya iba a proceder a regularlo; incluso, una vez emitido el RDL 789/2022, que tenía esa tarea, el comienzo de su lectura parecía confirmar esa esperanza, ya que en su preámbulo reconocía que su objetivo debía ser “que la percepción del Ingreso Mínimo Vital no desincentive la participación en el mercado laboral”.

    Pero una vez más Escrivá y quienes dieron vía libre a su propuesta se superaron a sí mismos en lo que se refiere al IMV, posiblemente el mayor y más rotundo fracaso del “Gobierno de progreso” en cuanto al compromiso de “no dejar a nadie atrás”.

    El RDL 789/2022: excluyendo a quienes más necesitan

    La normativa del IMV es muy excluyente. Una de sus características es excluir más a quienes más precaria situación padecen. Que las personas jóvenes sufren las mayores tasas de pobreza y tienen difícil independizarse, pónganse requisitos de “independencia” que les dificulten el acceso al IMV. Que una persona sola comparte vivienda con otras personas porque solo así puede tener techo, pídansele varios certificados insensatos emitidos por unos servicios sociales con frecuencia reacios a ello. Que la tasa de pobreza entre las familias monoparentales en las que hay cuatro o más menores es brutal, póngaseles un límite patrimonial 7.000 euros más bajo que a las demás familias del mismo tamaño. Si la normativa y la gestión del IMV es muy agresiva contra todas las familias empobrecidas, esa violencia institucional crece cuanto mayor es su precariedad.

    Pues bien, ese mismo tipo de criterio resurge en el RDL 789/2022. Excluye a una parte enorme de las familias perceptoras de IMV que obtienen rentas del trabajo, a las que el INSS seguirá restándoles el 100% de su cuantía, y para el resto convierte la buscada “compatibilidad” en esporádicas migajas.

    El RDL 789/2022: ¿a quién excluye?

    EL RDL 789/2022, que entrará en vigor el 1/1/2023, roza el fraude de ley en su desarrollo del artículo 11.4 de la Ley 19/2021. Allá donde la ley dice que “la percepción del IMV será compatible con las rentas del trabajo”, el real decreto lo convierte en “regular la compatibilidad de la percepción del IMV con los incrementos de ingresos procedentes de rentas de trabajo” (RD 789/2022, art. 1). Imaginad un momento que el Gobierno anunciase una ley de garantía de acceso a vivienda social de alquiler para las familias empobrecidas, pero que al regularla introdujese, traicioneramente, un imprevisto requisito por el cual para obtener ese acceso o mantenerlo fuese necesario que esa familia obtenga cada año más ingresos que el anterior, para “demostrar” que “se esfuerza”. Sería chocante e indignante, ¿verdad? Pues algo así es lo que ha hecho el Gobierno PSOE-UP con este real decreto.

    Vamos al grano. Es algo complicado, pero intentaremos explicarlo lo mejor que podamos y sepamos.

    El RD 789/2022 establece que, al proceder en un año X (por ejemplo 2023) a la revisión anual de cuantía del IMV (Ley 19/2021, art. 16.3), las familias que en el año anterior (X-1, p.e. 2022) obtuvieron rentas del trabajo solo podrán conseguir que una parte de ellas se considere exenta a efectos de IMV si se cumplen todas las siguientes condiciones:

    a) Que las rentas del trabajo obtenidas en el año X-1 (p.e. 2022) sean mayores que las obtenidas en el año X-2 (p.e. 2021).

    b) Que la familia ya fuese beneficiaria de IMV en el año X-1 (p.e. 2022).

    c) Que fuese beneficiaria “El 1 de enero del ejercicio en el que se vaya a realizar la revisión” (p.e. 1/1/2023).

    d) Que, en caso de que el IMV se hubiese obtenido por el criterio de vulnerabilidad sobrevenida, esa obtención se haya producido durante el ejercicio X-2 (p.e. 2021) o antes.

    Tal vez se entienda mejor poniendo cuatro ejemplos de situaciones en las que, al realizar la revisión de cuantía 2023, seguirá descontándose, como hasta ahora, la totalidad de las rentas del trabajo obtenidas por una familia en 2022. A esas familias de nada les servirá el RD 789/2022, pues les excluye:

    1) Si sus rentas del trabajo fueron 3.200 euros en 2021 y 3.200 euros (o 3.170 o 1.800) en 2022 (por la condición a).

    2) Si no fue beneficiaria del IMV durante 2022 (por la condición b).

    3) Si percibió IMV durante parte de 2022 y parte de 2023, pero no era beneficiaria de IMV a fecha 1/1/2023 (por la condición c).

    4) Si cumple en 2023 las condiciones a, b y c, pero obtuvo el IMV por vulnerabilidad sobrevenida en el ejercicio 2022 (por la condición d).

    RD 789/2022: ¿cómo se aplicará a quienes incluya?

    Conviene resaltar primero que si una familia obtiene ocasionalmente el incentivo de que una parte del incremento de rentas esté exento a efectos de IMV, al año siguiente lo perderá si no ha conseguido de nuevo aumentar sus ingresos por rentas del trabajo. La lógica subyacente no es “os apoyaremos para que atendáis vuestras necesidades y podáis prosperar”, sino la de “prospera y os apoyaremos”. Como si en España, especialmente desde la crisis de 2008, aunque ya antes había pobreza, fuera tan fácil prosperar, encontrar empleo y mejorar los ingresos año tras año. Y recordemos que el número de personas en pobreza severa subió en 372.000 personas entre las Encuestas de Condiciones de Vida de 2020 y 2021. Más lo que se ha venido encima.

    Se trata por tanto de un “incentivo” arraigado en la precariedad. Un incentivo tan arbitrario que si, por ejemplo, dos familias están exactamente en la misma situación pero un miembro de una de ellas trabaja en un ramo que consigue un aumento del 2% y un miembro de la otra lo hace en un ramo en el que el convenio queda congelado, la primera tendrá acceso al incentivo (muy pequeño) y la segunda no.

    Por otra parte, la cuantía de la parte de las rentas de trabajo exenta a efectos de IMV será casi siempre pequeña, ya que no será una parte de las rentas del trabajo, sino, para decirlo con más precisión, una parte del aumento de las rentas del trabajo. La cuantía del incentivo nunca será mayor al aumento de rentas del trabajo obtenido el año anterior; si ese aumento no supera el 60% de la renta garantizada, la cuantía exenta será igual a ese aumento, pero si éste supera dicho 60% la cuantía exenta será menor al aumento. Por ejemplo, si una familia pasó de tener 4.990 euros de rentas del trabajo en 2021 a tener 5.000 euros en 2022, la cuantía exenta a efectos de IMV en 2023 será… ¡10 euros! 2 euros de cada 1.000 euros obtenidos trabajando en 2022. Todo lo demás, es decir, 4.990 euros, se le seguirá restando de la renta garantizada en 2023. ¿Es eso un “incentivo”? ¿De verdad que “solo” te quiten 4.990 euros en vez de 5.000 contrapesará la tentación de preferir un “empleo” en negro por 3.000 euros anuales o de dedicar tu tiempo a buscar un empleo que te saque al menos de la pobreza?

    En cuanto al procedimiento para el cálculo de la cuantía exenta, es demasiado complicado para desarrollarlo aquí, pero hagamos un resumen, una vez ya calculado el incremento de las rentas del trabajo.

    — El primer paso es descomponer dicho incremento en uno, dos o tres tramos (o simplemente en tres tramos entendiendo que puede darse que el tercero sea cero o que el segundo y el tercero sean cero). El primer tramo recogerá la cuantía del incremento, pero sin pasar del 60% de la renta garantizada; si ese tramo no cubre la totalidad del incremento, la parte restante se asignará al segundo tramo, pero sin pasar del 40% de la renta garantizada; si el incremento supera el 100% de la renta garantizada, ese exceso sobre la renta garantizada se asignará como valor del tercer tramo.

    — El segundo paso es aplicar a cada tramo un porcentaje o coeficiente para determinar la parte exenta del tramo. El primer tramo está siempre exento (100% exento) y el tercer tramo es totalmente no-exento (0% exento). Lo más complejo se refiere al segundo tramo, ya que el coeficiente a aplicar oscila entre un 20% y un 45% según las circunstancias familiares.

    — Aplicando al valor de cada tramo los coeficientes que correspondan y sumando las cuantías resultantes se obtendrá la parte de las rentas del trabajo obtenidas que se considerará exenta a efectos de IMV.

    Preguntas (a las que no responderán)

    — ¿Por qué excluyen ustedes a las familias que trabajan, a veces desde hace varios años, pero no han conseguido aumentar sus rentas del trabajo?

    — ¿Por qué dan un trato peor a las familias que obtuvieron rentas del trabajo dos años antes que a las familias que no los obtuvieron? ¿Por qué además para esas familias tampoco se toman en consideración las discapacidades en grado igual o mayor al 65% a la hora de determinar el coeficiente de importe exento a aplicar en el tramo 2?

    — ¿Por qué cada reforma de la legislación sobre IMV se hace en un lenguaje y con procedimientos cada vez más incomprensibles para la población afectada e incluso para los grupos de apoyo con experiencia activa en cuanto al IMV?

    — ¿Por qué un “Gobierno de progreso” ha decidido sumar al caciquil latiguillo “quienes cobran IMV es porque no quieren trabajar” el no menos caciquil “quienes no consiguen aumentar sus ingresos cada año es por que no quieren”? ¿En qué mundo viven ustedes?

    — ¿Por qué desde junio de 2020 sigue sin regularse la ayuda de vivienda prometida en el artículo 13.3 de la Ley 19/2021 para “cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10% de la renta garantizada”? Y si lo hacen, ¿tendrán ocurrencias como la de excluir a quienes no puedan acreditarlos porque necesitarían la ayuda para poder pagar un alquiler formalizado o a quienes deban algún recibo, imitando a algunas de las ayudas de vivienda habituales en la Comunidad de Madrid?

    Propuestas

    No se pueden pasar por alto estos abusos. Tampoco cabe callarse o mirar para otro sitio con la excusa de “menos es nada”. Ni el Gobierno puede atrincherarse tras “los otros serían peores”. Ni los socios a quienes necesita el Gobierno para mantenerse pueden tragar con todo para no crear “desequilibrios”. La Ley 19/2021 fue una oportunidad perdida y sigue siendo necesaria una nueva ley que en verdad atienda a todas las familias que necesitan el IMV. La gestión del IMV es de una agresividad inusitada, mucho más allá de lo marcado por la ley e incluso de las tradiciones, ya perniciosas, de la gestión de las rentas mínimas autonómicas.

    Pedir por pedir a los Gobiernos, de España, autonómicos o municipales, es inútil. Nuestras reivindicaciones deben basarse en la organización del apoyo mutuo desde abajo, en la capacidad de propagar la indignación que llena a quienes han tenido que entrar en relación con el IMV, en la capacidad para movilizarse, organizarse en los barrios. Así es como se consiguen mejoras, así es como las peticiones se convierten en reivindicaciones sociales. Así es, incluso, como en el ámbito del IMV se consiguieron algunas insuficientes mejoras, que habrían sido muchas más si tuviéramos más fuerza, más solidaridad colectiva. No es un camino fácil, pero no hay otro. Cabe desentenderse o cabe implicarse.

    Puede consultarse un análisis del RD 789/2022 más amplio en trasversales.net/criticard7892022.pdf

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