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III. Las UCI al límite: “pelotazo” y rebrote

¿El milagro de IFEMA?

Cuando el objetivo de la Política Sanitaria —como en el caso del P.P. de la Comunidad de Madrid— es poner en valor el beneficio por encima de la salud, generar respuestas acertadas a crisis sanitarias como la pandemia actual por coronavirus, resulta poco menos que un «milagro».

Tal vez influida por profundas convicciones religiosas —como las de su Consejero de Sanidad— la presidenta de la Comunidad de Madrid vendió a los ciudadanos y a la opinión pública el Hospital de campaña de IFEMA como un milagro, más que por su nefasta gestión en esta crisis sanitaria.

Fuente: MATS-SANIDAD

En pleno pico de la pandemia y ante el colapso sanitario que se estaba produciendo en los hospitales de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad «improvisó» en menos de dos días este hospital de campaña a pesar de la opinión en contra de muchos epidemiólogos. Estos opinaban que concentrar a los contagiados y a cientos de trabajadores en un mismo espacio estaba contraindicado y que lo adecuado para frenar y controlar el virus era clasificar y separar a los contagiados en grupos menores para evitar que el propio personal se convirtiera en transmisor del virus.

No solo los expertos manifestaban las carencias y los inconvenientes de este hospital de campaña. Los profesionales que realizaron allí su actividad señalaron que sus condiciones laborales eran penosas y que había más riesgos de contagio que de curación, por el hacinamiento, la falta de material, las condiciones ambientales, etc.

Sin embargo, se decidió seguir adelante con el proyecto, quizás porque los objetivos estaban puestos en seguir con las privatizaciones y la cultura del «pelotazo», más que en reestablecer y cuidar de la salud de pacientes y trabajadores.

IFEMA sirvió no solo como plataforma para entregar contratos a empresas privadas sino que, además, supuso la exclusión sanitaria, la subutilización de los recursos y la continuación del desmantelamiento de la atención primaria con consecuencias devastadoras para los pacientes y las arcas públicas.

En IFEMA se produjo una exclusión sanitaria del colectivo con la tasa de contagio y mortalidad más alta —los mayores—, pues solo 2 de los 472 geriátricos activos en la Comunidad de Madrid enviaron pacientes al hospital de campaña (23 pacientes en total, un 0,6 % de la población atendida).

Hubo además una subutilización de los recursos. En principio la estimación fue de 5 500 camas — 5 000 convencionales y 500 de UCI—, pero al final solo se pudo disponer de 3 000 camas con 96 puestos de UCI. De las 3 000 camas disponibles solo se ocuparon en el pico máximo 1 350 y 1 000 solo durante 10 días. La ocupación de las UCIS fue de 16 camas, aunque recientemente el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, reconoció que en el IFEMA solo se atendieron a pacientes leves y que solo se instalaron 12 puestos de UCI.

En cuanto a la atención primaria, se siguió con el desmantelamiento de la misma. De los 1 000 profesionales que prestaron sus servicios en las instalaciones durante los 41 días que permaneció abierto, el 90 % procedía de atención primaria.

Pero lo peor de todo estuvo en los sobrecostes que este hospital «improvisado» tuvo para las arcas públicas, especialmente en los costes de apertura y mantenimiento.

De los 19,4 millones de euros inicialmente presupuestados se llegó a 59 como cifra final. En mantenimiento, cada día que el hospital de IFEMA estuvo abierto se gastaron más de 380 000 euros ( 15,6 millones de euros en total).

Los 19,4 millones de euros fueron solo en adjudicaciones directas de infraestructuras e instalaciones como la comida o la limpieza y algunos de ellos llegaron a triplicar el coste de los servicios en otros hospitales. Por ejemplo, en comida, el contrato casi dobla el licitado en el hospital de El Escorial donde el coste de la pensión completa es de 10,58 € (IVA incluido) y triplica el del hospital Niño Jesús de 6,79 € (IVA incluido).

En total son 132 contratos sin publicidad, dada la situación de emergencia, firmados entre marzo y abril. La mayoría de los importes funcionan con la fórmula de crédito presupuestario donde los costes no son cerrados y se tienen que liquidar. Es decir, se contempla una partida determinada que se va gastando en función de unos parámetros establecidos previamente (precio de un menú, kilo de ropa lavada, etc.) que aunque se liciten, no significa que sea el pago final alcanzado por la empresa.  (ver cuadro 1)

El día 1 de mayo cerró el hospital de IFEMA en un polémico acto multitudinario organizado por el Gobierno de la Comunidad después de 41 días abierto. El verdadero milagro de IFEMA fue la factura que este dejó en los ciudadanos madrileños (59 millones de euros) y todo el negocio que generó a su alrededor, del que se beneficiaron los mismos de siempre: aquellos que solo ven la Sanidad como un negocio, sin importarles lo más mínimo la salud y las vidas de la población.  

 

La desescalada y los Planes de Elasticidad

 

Tras el «saqueo» a las arcas públicas por los Gobernantes de la Comunidad de Madrid con el hospital de campaña de IFEMA, estos se prepararon en los próximos meses para asestar el siguiente golpe que culminó a mediados de agosto con la segunda ola de contagios y un nuevo colapso del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid (especialmente en sus Unidades de Cuidados Intensivos).

Durante los primeros días de mayo y con la intención de ganar el discurso ante la opinión pública, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, anuncia que está trabajando con los hospitales públicos y privados en la elaboración de sus Planes de Elasticidad con el fin de «poner de manifiesto la capacidad habitual y ampliada de cada uno de estos centros e incorporar de forma gradual la actividad asistencial como principal prioridad sanitaria para la desescalada, así como los circuitos para el caso de que fuera preciso por causa de un nuevo brote o repunte de la pandemia». Sin embargo, este plan es presentado sin ninguna orden específica y se diseña antes de la finalización del Estado de Alarma, en previsión de que la situación de la pandemia cambiara.

El consejero de Sanidad sabía de antemano que la Comunidad de Madrid en esas fechas, no cumpliría ni de lejos con los requisitos del Gobierno Central para poder avanzar de fase, pero necesitaba un elemento de propaganda para no desanimar a la población madrileña, ni defraudar a la mayoría de sus votantes.

La Comunidad de Madrid tenía, a principios de mayo, uno de los peores datos epidemiológicos de todo el país y el 10 de mayo ya había superado la cifra de 3 500 pacientes que habían pasado por la UCI, desde que comenzó la crisis del coronavirus, con 8 600 fallecidos en hospitales.

Sin embargo, cualquier excusa es buena para cambiar de estrategia y a mediados de junio, cuando las UCI de algunos hospitales empezaron a quedar libres de pacientes graves con coronavirus (12 de Octubre, Severo Ochoa, Santa Cristina, Sureste y El Escorial) con 105 pacientes ingresados en la UCI en aquellas fechas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid vuelve a rediseñar sus prioridades asistenciales, anteponiendo una vez más el beneficio a la salud de los madrileños.

En vez de aprovechar el verano para reducir unas listas de espera insostenibles —que se habían disparado todavía más tras la pandemia hasta 1 millón de personas entre quirúrgica, diagnóstica, terapéutica y consultas externas—, a las que el propio Gobierno de la CM se comprometió a reducir con un «Plan de Choque», se empezaron a cerrar camas de hospitales públicos (unas 2 000 aproximadamente) y quirófanos, a pesar de que los hospitales habían estado «cerrados» casi 3 meses, atendiendo casi exclusivamente una patología.

En el cuadro 1 se pueden ver parte de los contratos más importantes

De nada sirvió tan siquiera el préstamo de 600 millones de euros recibidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid del Banco Europeo de Inversiones ( BEI) con el objetivo de luchar contra la COVID-19, el del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa por valor de 200 millones de euros para hacer frente a la emergencia sanitaria, ni los 1 500 millones de euros del Fondo COVID adjudicados por el Gobierno Central —de los que hasta la fecha se desconoce su utilización y destino— y que hubiesen supuesto una buena dosis de inyección pública para contratar rastreadores, reforzar la atención primaria, comprar equipos de protección individual (EPIS) o ampliar las camas de UCIS en los espacios adecuados y paliar la obsolescencia tecnológica de estas unidades con la compra de nuevos equipos de ventilación mecánica, monitores, tecnología para el soporte renal, etc., para evitar que la escasez de equipos y medios vuelva a provocar situaciones como las generadas en marzo y abril cuando la necesidad de ampliar camas de las UCI provocó la exclusión sanitaria o fallecimientos innecesarios.

Plan de desescalada de las UCI

Quizás por ello, o como consecuencia de ello, el 2 de julio de 2020 la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) presentó su propio plan de desescalada para estas unidades.

En dicho Plan, se abordan las necesidades de la región para superar un nuevo pico de coronavirus —la Comunidad de Madrid necesitaría entre 621 y 1 854 camas de UCI según este Organismo— y se estima que esos números serían también los óptimos para mantener una actividad no COVID.

Aconseja, además, colocar en todas las camas un equipo de ventilación mecánica invasiva y estable y establece un cálculo de las necesidades de camas de UCI de forma global basada en 3 escenarios:

Uno pesimista en el que el número de camas de UCI para asumir enfermos COVID y no COVID oscile entre 1 691 y 1 854 camas —dependiendo de si la ocupación de pacientes de otras patologías es del 50 % o del 25 %—.

Uno medio en el que la necesidad de refuerzo pivote entre 1 070 y 1 242 camas UCI.

Uno optimista en el que se requieran entre 621 y 784 camas para cuidados de pacientes graves.

Con ello se trataría de garantizar que los enfermos que lo necesiten reciban una total atención en las UCI.

Además señalan que es importante disponer de los espacios adecuados y el equipamiento necesario y que los intensivistas y resto de personal sanitario estén adecuadamente entrenados y preparados.

El documento trata de aportar una visión realista y completa sobre como organizar los Servicios de Medicina Intensiva, el material, los recursos humanos etc y aconseja mantener los “ Proyectos Zero “ de cara a evitar infecciones, bacterimias o neumonías en las UCIS y destacan la necesidad de que los hospitales cuenten con Planes para obtener suministros adicionales, en coordinación con otros centros cercanos, proveedores farmacéuticos y autoridades de salud nacionales y regionales.

Los nuevos rebrotes. Camino del colapso

A pesar de todas estas recomendaciones y planificaciones, la nueva oleada de la COVID-19 vuelve a mostrar las carencias y el nulo interés del Gobierno de la Comunidad de Madrid por anteponer la salud de la población sobre los intereses especulativos y económicos, se pilla una vez más con el pie cambiado a este Gobierno que no para de improvisar medidas cada vez que la situación se pone difícil.

Tras la primera oleada, el Gobierno Central había establecido unos criterios para las Comunidades Autónomas para afrontar con garantías unos nuevos rebrotes. Estos criterios consistían en instalar en un plazo máximo de 5 días, entre 1,5 y 2 camas de UCI por 10 000 habitantes y entre 37 y 40 camas de agudos por 10 000 habitantes.

 

En la Comunidad de Madrid esto suponía para las UCI tener disponibles entre 996 y 1 328 camas, es decir, entre 335 y 687 más de las que había antes de la pandemia.

Esto no incluía, por supuesto, ni las unidades de REAS, URPAS, quirófanos u otras unidades que no reunieran los requisitos de camas de UCI, pues como ya hemos explicado varias veces, esto haría exponer a muchos pacientes a riesgos innecesarios —especialmente a la dotación o no de equipos de ventilación mecánica invasiva—.

A mediados de agosto de 2020, ya advertía un repunte de los ingresos en los hospitales de la Comunidad de Madrid y un ligero aumento de ingresos en las UCI.

El Hospital de Móstoles fue uno de los más afectados con 40 ingresos en planta y 5 en la UCI, debido a que, en ese momento, los contagios en dicho municipio se dispararon hasta 193,6 casos por 10 000 habitantes, por los 112 casos por 10 000 habitantes en el resto de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, esto todavía no hizo encender ninguna alarma en los dirigentes de la Comunidad de Madrid —la mayoría de los cuales estaban en esas fechas de vacaciones—. Se limitaron a comentar que activaban el Plan de Elasticidad del hospital y que suspendían toda cirugía no prioritaria —cosa que ya venían haciendo desde los primeros meses de verano con el cierre de camas—.

En La Paz a últimos de agosto todavía había 6 camas de UCI bloqueadas, aunque la 9ª Diagonal, donde existe una UCI médica para 10 pacientes, estaba ya ocupada totalmente por pacientes COVID y los pacientes correspondientes a dicha unidad habían sido trasladados a REAS y URPAS, en un claro ejemplo de improvisación.

En el 12 de Octubre a principios de septiembre, la situación ya empezaba a ser preocupante. Las camas de UCI estaban ya al 60 % de ocupación con 23 pacientes COVID de 38 camas de las UCI médicas. Pero lo peor estaba por llegar.

A mediados de septiembre, 402 médicos del Hospital Infanta Leonorde 480 Facultativos del Centro —un 83,7 % de la plantilla— trasladaron a través de un escrito a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria que se encontraban en situación de precolapso con un 54 % de las 361 camas de hospitalización ocupadas por pacientes COVID y el 100 % de las de la UCI y que el nivel de saturación estaba aumentando de forma alarmante debido a la alta incidencia de la enfermedad en el área sanitaria, ya que a esas fechas, el Puente de Vallecas era el distrito con mayor incidencia en la Comunidad de Madrid.

Como es lógico deducir, la administración no decepciona en su respuesta. La gerencia del Infanta Leonor, se limitó a señalar: «estamos desplegando nuestro Plan de Elasticidad Asistencial en función de las necesidades existentes», respuesta que a partir de entonces repetirían todas las Gerencias como un eco.

Las UCI «a todo gas»

Si el Infanta Leonor ya había llegado al límite de sus UCI con el 100 % de ocupación a mediados de septiembre, el resto de los hospitales no le iban a la zaga, ni mucho menos.

En el Gregorio Marañón, el 22 de septiembre había 42 pacientes COVID en sus UCI y sobrepasaban con creces sus 25 camas con un personal agotado y muy quemado.

En el Gómez Ulla se produce una circunstancia sorprendente. Una unidad de alto aislamiento reservada para enfermedades infectocontagiosas situada en la planta 22 se cierra, mientras las Urgencias y las UCI están saturadas. Esta planta podría ser de gran ayuda para combatir el virus en el área asistencial al contar con el personal mejor formado para tratar a pacientes infecciosos de alto riesgo. Sin embargo, la solución pasa nuevamente por desplegar un hospital de campaña en su aparcamiento para labores de triaje por si continúan al alza los contagios, pero sin contar con los trabajadores necesarios.

Muchos hospitales públicos estaban ya al 100 % de ocupación en UCI en esas fechas: (Gómez Ulla, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Móstoles, Infanta Sofía, Henares, Clínico, Torrejón, Rey Juan Carlos, Villalba y Tajo).

En esa fecha, 22 de septiembre, se llegaba ya a 900 camas de UCI —409 ocupadas por pacientes con coronavirus— y el colapso de las UCI empezaba a acarrear problemas de salud pública con muchas dificultades para atender adecuadamente otras patologías graves (ictus, operaciones quirúrgicas, etc.), y obligando a los centros sanitarios a derivar y seleccionar a quién atienden.

Es decir, en las UCI volvemos a acercarnos a una situación muy parecida a la de la primera ola, a pesar de los Planes de Elasticidad anunciados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no han supuesto a la vista de los resultados, ninguna medida ni solución. Tampoco se sabe nada del uso y destino de los préstamos y fondos públicos recibidos, ni de las medidas adoptadas con base en las necesidades planteadas por los profesionales de las Unidades de Cuidados Intensivos. (Ver cuadro 2 Datos de Ingresos Covid en UCI)

En la mayoría de los centros los datos de las Unidades de Cuidados Intensivos llegan a ser peores que cuando se decretó el estado de alarma y la segunda ola de coronavirus está siendo mucho más larga y la curva más plana.

La ocupación de los hospitales públicos en las UCI durante la primera quincena de octubre, sobrepasa ya el 110 % de ocupación —20 puntos por encima del resto de España— y aún así, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue sin aportar soluciones más allá de utilizar los datos como herramienta política.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue contando como cama de UCI cualquier unidad donde haya instalado un respirador (quirófanos, salas de REA, UCI pediátrica, etc.), así que al darle consideración de camas de UCI a esos refuerzos, baja el porcentaje de ocupación del 110 % al 44 %. La situación es tan grave, que se están robando espacios a sitios impensables hasta ahora como urgencias ginecológicas, hospitales de día quirúrgicos o paritorios, como en el Hospital Sureste de Arganda del Reydonde se han cerrado los 3 paritorios para empezar a reconvertirlos en UCI, derivando los partes programados al Hospital Gregorio Marañón que se encuentra a 25 minutos.

 

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid la Sanidad nunca ha sido una prioridad y ni siquiera le presta atención en situaciones de pandemia como las actuales al no ser que suponga la obtención de ingentes beneficios.

 

El próximo hospital de emergencias de Valdebebas, que están preparando para inaugurar este otoño, es otra muestra más de ello, se repite la misma estrategia que con el hospital de IFEMA: inversión millonaria a costa del contribuyente —50 millones de euros— , tramitación con mecanismos de dudosa legalidad —procedimiento de urgencia—, reparto del «botín»/contratación pública entre las empresas de siempre —en esta ocasión 14 encargadas del estudio de ingeniería, urbanización y edificación, entre las que están Dragados, Ferrovial, Sacyr, San José, Fetecsa, Aidhos, etc.— y socialización de las pérdidas cuando se empiece a producir la infrautilización.

Cuadro 2. Datos de Ingresos Covid en UCI

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