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    Propuesta de ley por el acceso a un suministro mínimo vital de agua en la Comunidad de Madrid

    Solidaridad en Acción

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    Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII)

    En el marco de la campaña “Agua y saneamiento, derechos humanos básicos para la vida”, suscrita por una treintena de organizaciones ciudadanas, el 29 de septiembre comenzamos una campaña de petición de firmas solicitando a la Asamblea de Madrid que promulgue una ley que garantice el suministro mínimo vital de agua y prohíba los cortes a las personas en situación de vulnerabilidad. Éste es el enlace a la campaña:

    https://www.change.org/p/por-una-ley-de-m%C3%ADnimo-vital-de-agua-en-la-comunidad-de-madrid

    El derecho al agua y al saneamiento fue reconocido explícitamente por la Asamblea y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2010. Hasta ese momento, estos derechos se justificaban en el marco del derecho a la vida o el derecho a la salud; su reconocimiento supone de alguna manera más peso de cara a su exigibilidad.

    El marco normativo internacional que da contenido al derecho y establece los principios fundamentales y los estándares mínimos que deberán servir de base para la formulación, implementación y garantía en los ámbitos nacional y local de estos derechos, así como el desarrollo de los elementos que integran estos derechos y las obligaciones que conllevan, se ha producido al amparo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y se estableció en la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Relatoría Especial de Naciones Unidas para estos derechos, desde su creación en 2008, a través de los informes que elabora, realiza un importante trabajo que ha ido esclareciendo el contenido, sentido y alcance.

    España, al ratificar los tratados internacionales, adquirió el compromiso de plasmar el marco internacional de los derechos humanos en su normativa interna, transponiendo estas normas de derecho internacional en el ordenamiento jurídico nacional a través de leyes, reglamentos u otros instrumentos.

    También la Comunidad de Madrid y sus municipios, dada la distribución de competencias sobre el agua y el saneamiento existente en nuestro país, pueden regular estos derechos.

    ¿Por qué exigimos una ley de mínimo vital para la Comunidad de Madrid?

    La situación actual en nuestra región, como ya venimos diciendo, es verdaderamente delicada. Según el informe FOESSA 2022, una de cada cuatro personas se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y social que limita su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas. Esta situación es el producto de la convergencia de distintas crisis cuyos efectos se superponen en la actualidad, desde la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, la de suministros, la derivada del conflicto de Ucrania o la inflacionista, que han agudizado drásticamente la situación provocada por la crisis económica y social de 2008.

    Por tanto, es urgente promulgar en la Comunidad de Madrid una ley que garantice a toda la población, independientemente de su capacidad de pago, el acceso al nivel mínimo esencial de agua (mínimo vital) en condiciones compatibles con la dignidad humana y la sostenibilidad ambiental.

    Pero no solo eso: con la situación de cambio climático en la que nos encontramos, en la que la cantidad y la calidad de agua va a verse afectada, es necesario incorporar la perspectiva de los derechos humanos a la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, y para poner en valor la función social, ambiental y cultural del recurso, su condición de bien común y la conveniencia de gestionar el sistema de suministro y saneamiento como un servicio público de interés general.

    Nuestra propuesta de ley incluye los siguientes aspectos:

    — Una cuantía mínima de suministro mínimo vital de 100 litros por persona y día.

    — El contenido y las obligaciones derivadas de los principios de universalidad, disponibilidad, igualdad y no discriminación, calidad, accesibilidad y asequibilidad y sostenibilidad, inherentes al derecho humano al agua.

    — Prohibición de cortes de agua por incapacidad de pago.

    — Obligación de desarrollar los mecanismos oportunos para realizar el seguimiento de la implementación de lo dispuesto por la propuesta de ley, así como para reclamar, en su caso, posibles incumplimientos.

    Esta propuesta de ley se trasladará a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, con los que se tratará de consensuar un proyecto de ley definitivo que cuente con los apoyos suficientes para ser aprobado.

    Desde aquí pedimos a todas aquellas organizaciones, plataformas, ONG y a todas las personas preocupadas por la vida y por la dignidad que se adhieran a esta campaña y que firmen la petición. Para adherirte a esta campaña escribe al correo aguaysaneamientoddhh@gmail.com.

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