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La medicina occidental, por algunos denominada “medicina hegemónica”, actúa fundamentalmente sobre los síntomas de las enfermedades, en una carrera por reducir las manifestaciones morbosas de la enfermedad, lo cual es meritorio si no fuera porque se olvida, a propósito, de llevar a cabo las acciones para actuar contra las causas, para que la enfermedad no llegue a desarrollarse.

Juan Antonio Gómez Liébana: CAS Madrid

 

Imagen Juan Carlos Lucas

En la misma línea, resulta tremendamente significativo que, tras las decenas de miles de muertos del coronavirus, ningún medio “progresista” haya realizado un mínimo esfuerzo de acercamiento a la realidad para establecer cómo pudo ocurrir que el sistema sanitario, en diversos puntos del Estado, colapsara o se acercara al colapso, provocando la mayor masacre de ancianos en el Estado español desde la época de las hambrunas posteriores a la Guerra Civil, es decir, para identificar las causas y los responsables.

Desconocimiento no puede ser, más bien intereses cruzados. Así pues, es curioso que no se analice el papel de las leyes que permiten la privatización del sistema y, por tanto, la derivación de ingentes cantidades de dinero desde los bolsillos públicos a los de los inversores de los fondos de capital riesgo que rigen buena parte de los centros sanitarios y sociosanitarios del Estado. Desde los de las empresas del IBEX, algunas convenientemente posicionadas en el negocio sanitario, hasta los acólitos cercanos al Gobierno bipartito, para quienes no se debe de hablar de esto, porque “ayuda a la extrema derecha”, o porque ahora no es el momento, como incluso sostienen algunos apologetas del anticapitalismo light. Nada más lejos de la realidad. Conocer los elementos que provocaron la destrucción del sistema sanitario nos puede dar pistas para una eventual reconstrucción.

Este silencio viene de lejos. Allá por 2005, destacados periodistas de El País fueron informados, en tiempo y forma, del plan de Esperanza Aguirre para poner patas arriba la sanidad madrileña a través de la Ley 15/97. Tras escuchar y ver los documentos que lo probaban, los periodistas en cuestión se negaron a sacar ni una palabra sobre el asunto, allanando el camino a lo que vendría después.

De 2005 a 2012, se sucedieron decenas de movilizaciones con decenas de miles de manifestantes en ellas, contra la privatización y por la derogación de la Ley 15/97, que no fueron recogidas por ningún medio de (des)información. Curiosamente, la cadena pública alemana ARD sí cubrió dichas manifestaciones, mientras periodistas españoles y la izquierda institucional miraban para otro lado.

En 2009, tras decenas de manifestaciones, fundamentalmente de usuarios (los trabajadores sanitarios estaban en otra cosa), se presentaron 500.000 firmas en el Congreso de los Diputados solicitando la derogación de la Ley 15/97, a lo que el partido gobernante, con Zapatero a la cabeza, respondió con el silencio, y sus profetas afirmaron que reclamar la derogación que permitía que Florentino Pérez o fondos de capital riesgo ubicados en paraísos fiscales pasasen a gestionar hospitales de Madrid era algo antediluviano. Es cierto, la ley es del siglo pasado. Y la ley establece que cualquier centro sanitario o sociosanitario del Estado pueda ser gestionado y explotado por cualquier empresa privada, lo que no permitía la Ley General de Sanidad.

Hubo que llegar a 2012, tras la eclosión del 15M, para que los trabajadores sanitarios cayeran en la cuenta de que en los años anteriores, de 2005 a 2012, es decir, durante ocho años, se habían adjudicado, delante de sus narices, 12 hospitales a empresas privadas por décadas, mientras se cerraban centenares de camas en sus centros; se había desmantelado la salud pública de la región; se habían privatizado laboratorios públicos; se desmontaron las áreas sanitarias y se introdujo el área única para que el dinero siguiera al paciente; se privatizó el servicio de citas médicas; se redujeron las plantillas de todas las categorías; se incrementaron los conciertos con centros privados, etc. Para que naciera, tarde, está claro, la Marea Blanca. Podríamos afirmar que tuvieron una muy deficiente visión clínica. En aquel momento, como ya advertimos, la privatización (por desgracia) gozaba de muy buena salud.

Hoy parece que se vuelven a cometer los mismos errores del pasado. Obviando las proclamas de la extrema derecha, el “progresismo” se ha puesto anteojeras dobles y proclama la reconstrucción del SNS, la vuelta al día previo a la crisis, sin analizar por qué el sistema colapsó y por qué los fondos de capital riesgo controlan buena parte del sistema sanitario. Su discurso es enternecedor: todo vino del cielo, fue un castigo divino, no hay causas ni responsables (más allá del papel del PP). Como si la cotización en bolsa de las empresas que huyendo de la burbuja inmobiliaria de la pasada década se posicionaron en el ámbito sanitario fuera gratuita, como si todo no fuera resultado de una ley muy simple que une a Gobierno y oposición, la Ley 15/97, que abrió el sistema sanitario público a los especuladores de todos los colores. Por eso, el próximo 20 de junio estaremos en las calles con compañeras y compañeros de todo el Estado, porque nos va la vida en ello.

De 2005 a 2012, se sucedieron decenas de movilizaciones contra la privatización y por la derogación de la Ley 15/97 que no fueron recogidas por ningún medio

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