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    Nace la Unión Ciudadana por la Mejora en Residencias (UCMR)

    Solidaridad en Acción

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    UCMR

    La pandemia ha sacado a la luz las miserias de las residencias de tercera edad en España. Un sector con trabajos precarios, salarios bajos, muy feminizado, con legislaciones propias en cada comunidad autónoma cuyas competencias están transferidas desde hace años. Hemos visto imágenes aterradoras de fallecidos en los centros, nos hemos indignado con los “protocolos de la muerte” implantados en comunidades como Madrid y Cataluña, donde directamente se dejaba morir a los ancianos de los geriátricos sin asistencia sanitaria.

    También ha quedado al descubierto la voracidad de las grandes operadoras en el sector geriátrico, quienes cobran precios exorbitados por atender a las personas mayores, publicitando la “excelencia”, cuando la realidad es totalmente opuesta: maltrato institucional, pésima alimentación, desatención continua, incremento de infecciones, úlceras y caídas en ámbito residencial, incumplimiento de ratios de personal, ausencia de profesionales técnicos y, lo que es peor, las continuas mentiras por parte de las direcciones de los centros ocultando la realidad.

    En este contexto, UCMR nace como un nuevo movimiento ciudadano de carácter estatal que integra a usuarios de residencias, familiares de usuarios, trabajadores de residencias y familiares afectados por COVID en residencias. Hemos decidido unirnos y crearla con el objetivo común de sensibilizar a la población y los políticos, denunciar incumplimientos por parte de la Administración de sus obligaciones en materia de servicios sociales, concretamente la labor inspectora de estos centros, y señalar aquellas residencias que incumplen la legislación.

    — Sus integrantes representan a 12 comunidades autónomas y proceden de distintas asociaciones, movimientos, agrupaciones y plataformas autonómicas, locales y provinciales que desde hace años trabajan como agentes de la sociedad civil para cambiar el modelo estructural de las residencias.

    — UCMR aspira a constituirse en un interlocutor estatal válido ante la sociedad, los medios de comunicación, los políticos, el Congreso y el Senado, las consejerías autonómicas, la fiscalía y los grupos empresariales inversores en dependencia.

    Defendemos la unidad de acción en positivo con otras plataformas estatales en pos de los objetivos que se persiguen: mejorar sustancialmente el estado actual del sistema de residencias.

    — UCMR exige la inmediata creación de grupos independientes de investigación en todas y cada una de las comunidades autónomas que diluciden las verdaderas causas de los miles de fallecidos por COVID en las residencias de todo el país.

    — UCMR, ante el dramático dato que concluye que el 50% de las muertes por COVID tuvieron su origen en residencias, exige la intervención del poder judicial para el esclarecimiento de las causas de esas muertes; la COVID no tuvo toda la culpa. La mala gestión ayudó de forma irresponsable al avance de la enfermedad en las residencias. Queremos saber por qué en una misma ciudad en unas residencias murieron decenas de mayores y en otras no murió ninguno.

    — Desde UCMR hemos concluido que la inmensa mayoría de nuestros mayores que fallecieron durante la pandemia estando en residencias murieron deshidratados, con anemias y/o con fallos renales, además de por COVID. Ésa es la prueba del colapso de la gestión de estas residencias.

    Pedimos la transformación de las residencias en verdaderos centros sociosanitarios y unos servicios sociales de la dependencia que se caractericen, entre otros aspectos, por ser:

    — De financiación, titularidad, gestión y provisión 100% públicas.

    — De cobertura universal, por lo tanto con un número de plazas acorde a la demografía no solo actual, sino la previsible para los próximos años.

    — Bien financiados y gratuitos en su parte de cuidados, pagando solo la parte hostelera.

    — Con ratios de profesionales adecuados, debidamente formados y con unas condiciones laborales y salariales dignas.

    — Bien coordinados con los servicios sanitarios públicos de Atención Primaria, que deberán contar con los recursos precisos para que esto pueda ser realidad.

    — Abiertos a la participación de los usuarios y de sus familiares, y a un precio razonable para las pensiones medias.

    Esos servicios deberán estar basados en el principio de “envejecer en casa” y deberán tener su base en unos fuertes servicios de proximidad (servicios de ayuda en el hogar, centros de día, teleasistencia, Atención Primaria…) que procuren retrasar la “institucionalización”, hasta el momento en el que ya sea inviable mantener a la persona en su domicilio.

    Para ello es imprescindible finalizar con el infrafinanciamiento crónico de la dependencia en España, que solo dedica el 0,7% del PIB, mientras que la media europea es del 1,7%, y en los países del norte de Europa llega al 3,7%.

    Los servicios sociales, entre ellos los de la dependencia, deben constituir el cuarto pilar del estado de bienestar.

    Son muchos los aspectos que mejorar tanto en los servicios para la dependencia como en las residencias. Citaremos algunos:

    En inspección: es preciso, para prevenir el maltrato y el abandono, establecer distintos cuadros de indicadores claros, definidos y evaluables, por ejemplo de desnutrición, deshidratación, maltrato… y publicitarlos en la propia residencia, para que cualquier familiar o trabajadora pueda identificar los síntomas fácilmente y alertar a la inspección.
    Auditar periódicamente el funcionamiento de la inspección y publicitar los resultados, control que contaría además con el análisis de resultados de una encuesta que se enviaría puntualmente a todos los denunciantes y una vez al año a todos los usuarios de residencias.

    En cuanto a labor inspectora propiamente dicha:

    Creemos preciso que la inspección incorpore a sus protocolos criterios de resultado, es decir, aquellos que nos indican por consecuencia del que hacemos, más allá del que se encuentren los inspectores en el día de la inspección.

    Para un mejor y más eficaz funcionamiento del servicio de inspección se hace imprescindible aumentar, y mucho, los medios humanos y materiales.

    Las inspecciones deben tener carácter sociosanitario.

    En personal: para establecer las ratios de personal proponemos que se revisen los procesos de trabajo diarios en los centros residenciales, se cualifiquen y cuantifiquen los recursos humanos necesarios para tener bien atendidas a las personas, y luego con ese criterio que se establezcan las ratios. Un nuevo modelo debe garantizar y especificar las ratios generales de trabajadoras/residentes en cada especialidad y para los siguientes casos: atención diurna, atención nocturna, atención de festivos y fines de semana en el marco establecido por los convenios colectivos de aplicación y cubriendo siempre las necesiadades de los residentes.

    En transparencia: la falta de transparencia es una de las condiciones que favorece el maltrato institucional. Las familias deberían poder conocer cuantas denuncias o quejas, así como las causas, se presentaron contra el centro en el que van a ingresar a un pariente.

    El acceso a la información debe abarcar todos los ámbitos que afectan a los dependientes institucionalizados (excepto los personales): personal, alimentación, inspecciones, sanciones, protocolos, planes, el cuadrante de personal, los precios de todos los servicios incluida la comida, etcétera.

    En participación: es preciso hacer, en la legislación, una referencia a los instrumentos de cooperación que especifique los distintos foros de participación para la ciudadanía y demás agentes que intervienen en los centros residenciales: familias, trabajadores y sindicatos, equipos directivos, administración, etc. Deberia haber un organo de representacion en cada residencia.

    En prevencion del maltrato: proponemos una ley que defina y regule el maltrato a los ancianos y que establezca unos indicadores de resultado claros, evaluables y bien definidos como presencia de llagas, heridas, moratones, irritaciones, caídas, bajadas de peso, higiene, etcétera.

    En abusos al consumidor: es preciso y urgente establecer las garantias y los derechos de los usuarios y familiares en las residencia, participación, información, cumplimiento de los contratos, etc. El ingreso en una residencia geriátrica no puede seguir suponiendo la pérdida de nuestros derechos.

    En sanidad: la asistencia sanitaria actual de residencias tiene que optimizarse lo antes posible para que no se repitan las circunstancias vividas en pandemia. Actualmente funcionan con el modelo DDDIOR (Discriminación – Disfuncionalidad – Desconexión – Indefensión – Opacidad – Represalia).

    La discriminación sanitaria supone que, a pesar de que son usuarios con necesidades de vigilancia y atención clínica reconocidas, vienen sufriendo dificultades de acceso a los recursos asistenciales de los sistemas de salud públicos. No siempre se les aplican los mismos protocolos que están vigentes en los servicios de salud, ni se les cumplimentan los partes de lesiones o se les tramita con el debido rigor los consentimientos informados de los procedimientos y tratatamientos que les aplican.

    La asistencia y prestación farmacéutica es muy dispar según las comunidades autónomas: mientras algunas han implementado la legislación en vigor, en otras ni han empezado, lo que supone otra forma importante de discriminación y desigualdad, dada la importancia y los riesgos que entraña.

    La desconexión se produce porque desde el momento en que un usuario ingresa en una residencia el servicio de salud en general deja de hacer un seguimiento tan exhaustivo del paciente como si estuviera en el domicilio particular. Las consultas médicas se realizan de forma telefónica, en ocasiones de manera exclusiva.

    Los usuarios de residencias geriátricas deben tener garantizada una atención sanitaria multidisciplinar proporcionada por el servicio de salud, diligente, adaptada a sus necesidades y complejidad, especializada si es preciso e inexcusablemente presencial para aquellos usuarios más vulnerables, particularmente los que tienen deterioro cognitivo.

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