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Una vez más comienza un nuevo proceso de reforma de la Ley Mordaza. Es algo que nos suena al Día de la Marmota, a algo que ya vivimos, que acabó quedando en nada mientras decenas de miles de multas se imponían en un contexto de clara arbitrariedad y con los colectivos sociales que defienden nuestros derechos en el punto de mira.

Esta ley le encanta a quien se encuentre en el Gobierno porque es implacable contra quienes cuestionan sus decisiones políticas

Fuente: #NoSomosDelito

Este otoño ha comenzado con la aprobación de la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, bien conocida como Ley Mordaza por su enorme capacidad de generar inseguridad ciudadana a la hora de ejercer nuestros derechos a la libertad de expresión, manifestación e información.

Mientras que públicamente este Gobierno con el PSOE a la cabeza reitera una y otra vez que la Ley Mordaza es mala y que hay que acabar con ella, la aplica a destajo, y en los últimos tiempos más que nunca, cebándose a sanciones sobre la población aplicando precisamente uno de los artículos más criticados de dicha ley. Se trata del artículo que hace referencia a la desobediencia a la autoridad, según el criterio del policía de turno, y, como es característico de esta ley, sin que tenga que mediar juez alguno a la hora de imponer la multa.

Esto es, gracias a la Ley Mordaza, la multa te la comes, y luego ya si eso pelea por tu cuenta que te la quiten. Se invierte así la carga de la prueba y será la persona sancionada la que tendrá que demostrar su inocencia. Al carajo el principio de in dubio pro reo, que esto es la Ley Mordaza. Y a este despropósito no podemos olvidarnos de la limitación extra causada por la persecución policial a quien toma imágenes de las intervenciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Otro golpe bajo para la defensa de quienes defienden derechos humanos y se ven multados por ello.

Teniendo que demostrar que eres inocente y sin pruebas para ello… nos hemos convertido en delincuentes si esa es la caprichosa decisión de los actuales policías convertidos en dioses. Y es que ni siquiera existen mecanismos que pongan coto de algún modo al libre albedrío policial, y sin control policial, más inseguridad ciudadana.

Ante este despropósito de ley, como decíamos, los actuales líderes políticos con mayoría en el Parlamento y ahora en el Gobierno siguen erre que erre con que hay que acabar con la Ley Mordaza, y así pasan los meses y los años sin que lo hagan, cuando podían hacerlo desde… Oh wait! ¡Hace cuatro años!

Efectivamente, fue hace cuatro años cuando el Congreso aprobó una moción del PSOE para la derogación de la denominada Ley Mordaza, con el voto a favor de Podemos y los nacionalistas. Esto quiere decir que desde entonces ya existía una mayoría parlamentaria para llevarla a cabo.

Tanto empeño dialéctico en “devolver la libertad a la ciudadanía”, como anunciaron en 2016, así como en tantas ocasiones, frente a una ley al puro estilo de la de Vagos y Maleantes, “propia de los tiempos del franquismo”, se topa con la dura realidad: esta ley le gusta a quien se encuentre en el Gobierno porque es implacable contra quienes cuestionen sus decisiones políticas.

Si bien en el nuevo acuerdo de gobierno de diciembre de 2019 PSOE y Podemos se comprometieron (una vez más) a derogar la Ley Mordaza, el refranero español nos recuerda que “obras son amores, y no buenas razones”.

Nos topamos así con más de un millón de propuestas de sanción en los últimos meses usando para ello la Ley Mordaza, con una cantidad ingente de abusos policiales documentados por un buen número de organizaciones que la denuncian junto a la Plataforma No Somos Delito, y ninguna respuesta por parte del Gobierno.

A estas alturas es normal preguntarse si el actual Gobierno concibe que el espíritu de esta legislación debería ser la protección de la ciudadanía frente a los abusos del poder, y que garantice una verdadera protección de la ciudadanía para el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas.

Los colectivos sociales nos jugamos el pellejo a base de sanciones y abusos policiales. Ellos se juegan su credibilidad de cara a la sociedad civil entregada a la defensa de nuestros derechos y libertades. Pero, al fin y al cabo, ¿acaso les importa?

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