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Antes de la llegada de la COVID teníamos la mejor sanidad del mundo. Tras un año de pandemia, esa percepción ha cambiado. Estábamos muy orgullosos. Médicas y enfermeras son las dos profesiones más valoradas, por delante incluso de las profesoras. Cuando entras a un hospital público, nadie te pregunta si tienes póliza ni qué coberturas incluye. Si necesitas un trasplante, a nadie le importa si eres millonario o pobre de solemnidad.

 

Autor Guillen para Nº 6 de Madrid en Acción

▼ El ninot de Ayuso Pinocha en la manifestación de la Marea Blanca el 14 de marzo. AMakeda

Es verdad que en Madrid hay 4,9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras que la media europea es de 8,9, y que cada año emigran más de 2.000 médicos. También es cierto que muchos centros de salud daban citas de cuatro minutos de duración, con varios días de espera. 14 de esos centros dejaron de dar citas por las tardes. Madrid supera los 2,3 millones de personas con seguros privados de salud. Aunque la Marea Blanca detuvo la privatización de seis hospitales, ya se habían abierto otros 11, todos ellos total o parcialmente privatizados. En nuestros hospitales permanecían cerradas o sin terminar varias plantas, una UCI e incluso una torre entera. 770.000 madrileños estaban en lista de espera para citas, pruebas o cirugías. Pero pensábamos que teníamos la mejor sanidad del mundo.

Con la llegada del virus descubrimos varias cosas. No había suficientes camas en los hospitales, ni EPI. Tampoco respiradores, ni personal suficiente con experiencia en su manejo. Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria cerraron el 22 de marzo y aún no se han reabierto. En los centros de salud se dejan la piel sin dar abasto, y las médicas que caen enfermas no son sustituidas. Por poner un ejemplo, que no es un caso aislado, el Centro de Salud de Abrantes en Carabanchel tenía 16 médicas. En agosto y septiembre no quedaba ninguna. A día de hoy tienen entre dos y cinco médicas, y solamente por las mañanas.

Los madrileños enfermos de COVID se amontonaron en pasillos, gimnasios y bibliotecas de los hospitales. Mientras tanto, y en lugar de abrir o terminar las plantas cerradas, el hospital de campaña de IFEMA sirvió para regalar dinero a empresas amigas. Anunciaron a bombo y platillo el fastuoso Hospital Isabel Zendal, presupuestado en 48 millones de euros, que acumula un gasto de 135 y aún no está a pleno rendimiento.

La vacunación contra la COVID se está llevando a cabo en estadios y hospitales, en lugar de hacerlo en la red de 262 centros de salud de la Comunidad de Madrid, que llevan décadas vacunándonos desde nuestros primeros días de vida.

Lo que hemos vivido nos lleva a varias conclusiones.

La primera es que nuestra sanidad no estaba tan bien como nos gustaba pensar, y que esa debilidad nos llevó al desastre durante la pandemia.

¿Por qué era tan frágil nuestra sanidad, por qué se ha gestionado la pandemia de esta manera, por qué nos enfrentamos a la ruina absoluta de la sanidad pública?

Se está librando una guerra. Como en todas las guerras, un grupo ataca a otro para arrebatarle algo. Las empresas de la sanidad privada, los políticos y medios de comunicación a sus órdenes, atacan a la población para obtener de nosotros mayores beneficios.

Para ello emplean dos estrategias: privatizar la sanidad pública para que sean estas empresas quienes presten el servicio a cambio de un beneficio, y deteriorarla para que quienes puedan permitírselo se paguen un seguro privado. Esta trama es una guerra contra la población por cinco razones. En primer lugar, deterioran la sanidad pública para expulsar de ella a una parte de la población: las clases medias que pueden pagarse un seguro pero no lo harán mientras la sanidad pública siga funcionando bien. Para que la abandonen, la situación tiene que volverse insufrible: centros de salud colapsados, Servicios de Urgencias de Atención Primaria cerrados, meses de espera para citas, pruebas y cirugías. Eso es lo que les espera, lo que ya empiezan a sufrir quienes no pueden pagarse una póliza. Ésa es la segunda razón por la que esto es una guerra contra la población. En tercer lugar, los privatizadores obtienen sus beneficios de la explotación de sus trabajadoras, destruyendo nuestras condiciones laborales. Para obtener un beneficio de la atención sanitaria que el sistema público presta sin ánimo de lucro, la supuesta eficiencia de la gestión privada de la sanidad consiste en atender a los pacientes con personal escaso y mal pagado. Estas condiciones deterioran la asistencia sanitaria que reciben nuestros pacientes.
En cuarto lugar, este deterioro nos vuelve vulnerables ante situaciones como una pandemia. Un sistema sanitario al límite de capacidad no nos protege bien de nuevas amenazas. Combinados con la pandemia, el deterioro y la privatización han causado muertes que se habrían evitado con un sistema sanitario mejor dotado.
En quinto lugar, nos están robando. Todos estos contratos públicos con los que regalan dinero a la sanidad privada se pagan con nuestros impuestos.

En esta guerra, por el momento vamos perdiendo. Lo que nos espera si nos derrotan definitivamente es la ruina del sistema sanitario, el saqueo de las arcas públicas y más explotación.

Por todas estas razones, no debemos luchar por reconstruir la sanidad pública, sino por refundarla. No nos sirve de nada que nuestra sanidad vuelva a la situación previa a la pandemia, desmantelada a medias.

La sanidad pública tiene que dejar de ser un pastel que se repartan la sanidad privada, las constructoras y las farmacéuticas. Debe profundizar en las razones por las que fue creada: un sistema que protege la salud y disminuye la desigualdad. Que lucha por curarnos, pero también para que no enfermemos. Donde pagan más impuestos quienes más tienen, para que quienes más lo necesiten a causa de su enfermedad reciban la mejor atención que nuestra sociedad pueda darles.

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