25 años después de abrir el sistema sanitario a la privatización, el Gobierno de “izquierdas y progresista” ratifica su obediencia al Ibex y apuesta por continuar con el desmantelamiento del sistema público sanitario
Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS) – Madrid
Pasadas las elecciones andaluzas, y ante el varapalo que la izquierda institucional ha recibido, “el Gobierno más progresista de la historia” aprobó en Consejo de Ministros la tramitación de la “Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud”, que está intentando vender como la varita mágica que blindará la sanidad pública de la privatización.
Después de los incumplimientos en pensiones, en la derogación de la reforma laboral, en la atención a nuestros mayores o en la Ley Mordaza, ahora el Gobierno se pliega de nuevo a los poderes económicos y mantiene los instrumentos que permiten la privatización sanitaria.
Como ya advertimos hace meses, se deroga la Ley 15/97, pero se traslada su contenido al artículo 47 de la Ley General de Sanidad (hasta ahora vacío por derogación previa), introduciendo la privatización en la propia Ley General de Sanidad (LGS).
Se establece un supuesto carácter “excepcional” para la utilización de modelos privados, lo que ya existía desde 1986 en el contenido del artículo 90 de la LGS (conciertos privados), y no ha impedido en estas décadas que cada año cerca de 9.000 millones de euros acaben en los bolsillos de los accionistas de hospitales privados. Advertimos que la “excepcionalidad” la van a definir los mismos que llevan décadas desmantelando el sistema sanitario, y que las motivaciones que detalla la ley para considerar adecuada la privatización son tan inconsistentes como la “insuficiencia de medios propios para dar respuesta a los servicios y prestaciones y/o la necesidad de recurrir a fórmulas diferentes a la de gestión pública directa”, según reza el anteproyecto. Es curioso que la patronal de hospitales privados no esté preocupada por la nueva ley, dado que, según ellos, “no impide la concertación con el sector privado, sino que solo la protocoliza”.
La situación actual del Servicio Nacional de Salud, incapacitado para atender en plazos adecuados a la población debido al proceso de desmantelamiento y deterioro (planificados) ejecutados en los últimos años, que ha provocado que la primera motivación apuntada por la ley para la privatización sea en realidad una coartada estructural que justifique el mantenimiento de la hemorragia de miles de millones de euros que suponen los conciertos privados. Dinero que se debería dedicar a contratar a nuestros jóvenes médicos y sanitarios para que no se vean obligados a emigrar, y a dotar de recursos a los centros públicos para que realizaran las actividades que hoy se “externalizan”. Uno de cada nueve euros de gasto sanitario público ya acaba en manos privadas por esta vía, y la nueva norma no lo va a modificar.
Se mantiene el artículo 67 de la Ley General de Sanidad (convenios singulares), que legaliza la atención sanitaria a través de hospitales privados, indefinidamente, y con dinero público, en muchas localidades del Estado, evitando así la construcción de los hospitales públicos que se merecen los pacientes de esas ciudades.
Las decenas de centros privatizados con base en la Ley 15/97 y a pesar de su cosmética derogación, se mantendrán durante décadas como una losa económica sobre los presupuestos sanitarios. Ninguna Administración se ha atrevido a rescatar estos centros (recordamos que sus costes finales a 30 años de concesión serán como mínimo entre siete y diez veces superiores a la inversión realizada), al revés que otros Gobiernos de países de nuestro entorno que sí han rescatado centros similares, debido a sus altos costes y a los deficientes resultados en términos de calidad de la atención sanitaria.
Para vender el producto, sin molestar a los dueños del Ibex, el Gobierno introduce un barniz progresista con la supresión de ciertos copagos (más bien repagos, ya que la sanidad se financia con nuestros impuestos) de material protésico, o en transporte sanitario no urgente, peccata minuta con el volumen de negocio que se garantiza con el mantenimiento del proceso privatizador.
Por último, la presente ley vuelve a establecer las condiciones necesarias para el derecho a la protección de la salud con cargo a fondos públicos de todas las personas con varios condicionantes y un complicado proceso administrativo pendiente de desarrollo posterior y al que habrá que estar atentos para desentrañar las posibles trampas a la universalidad que de nuevo se creen.
Desde CAS hacemos un nuevo llamamiento: la Iniciativa Legislativa Popular de Recuperación del Sistema Sanitario, que hemos presentado con el apoyo de muchos colectivos de todo el Estado (www.recuperatusanidad.org), y que ningún partido quiere tener que debatir en el Congreso, es la única que garantizaría en este momento el blindaje del sistema sanitario.
Desde 1986, cada año cerca de 9.000 millones de euros de la sanidad pública acaban en los bolsillos de los accionistas de hospitales privados
Las decenas de centros privatizados con base en la Ley 15/97 y a pesar de su cosmética derogación, se mantendrán durante décadas como una losa económica sobre los presupuestos sanitarios
