Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid
El pasado 6 de abril, el Senado dio aprobación definitiva a la reforma del Código Penal que sanciona el acoso ante las clínicas que realizan abortos. Desde la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid tenemos sentimientos encontrados. Por un lado, entendemos que esto supone el reconocimiento y visibilización de un tipo de acoso que llevamos sufriendo durante años; además, saludamos que frente a la libertad de expresar odio se proteja la libertad de ejercer nuestros derechos para decidir sobre nuestros cuerpos, si queremos ser madres y cuándo. Por otro lado, a pesar de ser bienvenida la protección ante el acoso frente a las clínicas, queremos remarcar la urgencia de resolver la situación de fondo.
La Administración pública no puede financiar grupos antielección que utilizan recursos de todas y todos para presionarnos ante el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos reconocidos tanto en la ley del Estado como en las leyes de derechos humanos internacionales.
Estos grupos, que además son financiados por la extrema derecha y grupos conservadores y religiosos, han ampliado las maneras de acosarnos: día a día acosan frente a las clínicas, juzgando, obstaculizando, culpabilizando y estigmatizando. En muchas ciudades vemos como cubren edificios enteros con sus mensajes contra nosotras, se publicitan en marquesinas o alquilan locales frente a clínicas para que tengamos que ver su propaganda. Por esto exigimos que la Ordenanza de Publicidad Exterior no permita que en la vía pública se muestren mensajes de acoso.
Las feministas entendemos que la solución ante los problemas no puede ser solo punitiva. Esta reforma del Código Penal sanciona el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas de aborto con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad. Para nosotras, la solución real está en una educación afectivo-sexual desde la diversidad que promueva una sociedad igualitaria. Porque educar en el respeto significa prevenir el acoso y la violencia.
La mejor manera de erradicar el acoso es abortar en la sanidad pública. Lo que necesitamos es que la interrupción voluntaria del embarazo se realice con normalidad en ambulatorios y hospitales, como una prestación más del sistema de salud.
Exigimos sanidad universal: garantizar el derecho al aborto es garantizar el derecho para todas, todas, todas. Las feministas no podemos olvidar que en el Estado español hay personas que no pueden acceder a la sanidad pública. Denunciamos también que en la Comunidad de Madrid el colapso de los servicios sociales y del sistema público de salud impide realizar los trámites necesarios para el acceso al aborto de las mujeres en situación administrativa irregular.
La Comunidad de Madrid bloquea en la práctica el acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Denunciamos la Ley Ómnibus con la que Ayuso privatiza, desmantela y limita de forma global los servicios sociales y públicos necesarios para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Desde la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid consideramos que estas situaciones expresan la necesidad de una visión integral que reforme la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos en la línea que hemos venido trabajando y con mecanismos de obligado cumplimiento en todas las Comunidades Autónomas.
Compañeras, nuestros derechos están en disputa. La extrema derecha tiene en el centro de su agenda el retroceso de nuestros derechos sexuales y reproductivos, aquí, en Polonia o en Hungría. Ante su “nosotros primero” decimos “nosotras juntas”. Sigamos organizadas, trabajando juntas y construyendo derechos sexuales y reproductivos para todas, todos los días.
Aborto libre y educación sexual, ¡un grito global!
