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Cuando en 2004 alertamos del plan para desmantelar los hospitales de gestión directa de Madrid para derivar volumen de negocio a las empresas privadas, la mayor parte de los madrileñxs miró hacia otro lado. La construcción de 11 hospitales de modelo privado y su adjudicación a múltiples empresas para su explotación por 30 años (con una cláusula que permite prorrogar el negocio hasta 60 años, es decir hasta 2067), fueron el avance de lo que vendría después, gráficamente sintetizado en el “Cronograma de la Privatización”.

 

Fuente: #CASMadrid

Estos días todos los medios de formación de conciencias parecen centrarse exclusivamente en el despropósito del “almacén Isabel Zendal”, sin embargo, las criticas superficiales esconden lo básico.

 

La estructura construida forma parte de la continuación del plan puesto en marcha por el PP madrileño desde 2004 para desmontar el sistema sanitario público-estatal, a la vez que se trasvasaban ingentes cantidades de nuestros impuestos a los bolsillos privados.

 

Hoy, con los grandes centros estatales desmantelados, la atención primaria reducida hasta la más mínima expresión y sin actividad alguna contra los determinantes colectivos de la enfermedad, y el sistema se salud publica desaparecido, ya conocemos en que consistía la sanidad del futuro que Esperanza Aguirre, con el beneplácito de la izquierda institucional, nos prometía: ver enlace.

Frente a esto, la “izquierda del capital” lanza actos simbólicos, performances, destinadas a centrar toda la atención en la figura esperpéntica que capitanea el nuevo proceso: Sor Isabel Ayuso. Maniobra perfectamente urdida para ocultar que los instrumentos que han permitido dedicar casi 200 millones de euros (hasta ahora) para construir un aparcamiento de pacientes (dinero equivalente a la contratación durante un año a 3.500 médicos, o 6.000 enfermer@s), son totalmente legales. Desde la ley 15/97 de “Privatización Sanitaria”, hasta el artículo 90 de la Ley General de Sanidad (conciertos privados), pasando por la Ley de Contratos del Sector Público, son normas estatales, sostenidas por “el gobierno más progresista de la historia”. La última, y sus desarrollos posteriores, en base a la “emergencia Covid-19”, permiten adjudicar por la vía de urgencia, sin ningún tipo de publicidad, las actividades más insospechadas, que se podrían realizar perfectamente desde el sector

público-estatal, para mayor alegría y satisfacción de los piratas del Ibex35.

La aplicación de estas leyes ha permitido la destrucción del SNS, al tiempo que han sentado las bases para el nuevo sistema sanitario de beneficencia, que ya anunciamos en su día[1]. El gobierno central, marioneta de las grandes corporaciones, no ha intervenido para garantizar el interés general. ¿Qué mayor interés general puede haber que reforzar la atención primaria, contratar rastreadores, aislar individualmente a los infectados, es decir, romper la cadena de transmisión y no construir infraestructuras ninnecesarias? ¿Por qué en cambio se ha permitido durante estos meses que los fondos Covid se hayan dedicado a lo más inadmisible?

La evidencia de un sistema sanitario que llegó al colapso por falta de medios, permitió al gobierno central a aplicar medidas represivas sin límites. La pandemia ha dejado claro que aquellos países en los que sus sistemas sanitarios estaban desmantelados, aplicaron las más duras medidas represivas y de confinamiento y abolición de los derechos sociales más básicos. Los países que aun mantenían sistemas sanitarios potentes no se han visto obligados a confinamientos medievales.

En el fondo lo que subyace es la aplicación de la mala medicina, la que se centra en los síntomas y evita ir a las causas actuando sobre los responsables y los determinantes del malestar colectivo. No es un problema de modelo de gestión, o de quien gestiona lo “público”. El problema es el sistema y la delegación consentida que las personas, impregnadas del consumismo y el individualismo más atroz, hemos hecho de los asuntos colectivos.

Frente a ello, solo hay un tratamiento gobierne quien gobierne: actuar sobre las causas, derogar las leyes privatizadoras, y recuperar el sentido de que lo colectivo debe de ser gestionado desde los propios afectados. Solo así salvaremos al SNS y podremos garantizar una atención sanitaria para todxs, democrática y que actúe sobre los “productores de enfermedad”.

Juan Antonio Gómez Liébana, activista de CAS Madrid 

 

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