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Los datos de gestión del IMV confirman que se excluirá a cientos de miles de personas que lo necesitan y que es necesario exigir la modificación de la Ley IMV.

Una vez más, se constata que las políticas públicas que intentan vertebrar la erradicación de la pobreza en nuestro país se hacen sin enfoque de derechos porque se realizan sin la participación de las personas empobrecidas tanto en el diseño como en la ejecución y evaluación de dichas políticas.

Fuente: RMI Tu Derecho

Los plazos de resolución de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital son inasumibles tanto para nuestra sociedad como para las familias en situación de extrema pobreza. El Instituto de la Seguridad Social debe incorporar a más personal y recursos con el objetivo de disolver el enorme tapón administrativo que reflejan los datos aportados o bien conceder de oficio todas las solicitudes que se admitan a trámite y posteriormente hacer las comprobaciones oportunas asegurando un ingreso mínimo a las familias en situación de pobreza.

Desde la sociedad civil exigimos al Gobierno que fije ya una fecha para el debate de la Ley del Ingreso Mínimo Vital, que estudie y eventualmente incorpore las mejoras que por diversas vías se le han trasladado, incluidas las aportadas por nuestra plataforma. De igual manera, invitamos al resto de los partidos políticos que hagan suyas nuestras propuestas de enmienda y las incorporen al debate de la ley de Ingreso Mínimo Vital.

Aquí, en PDF, el comunicado completo de RMI TU DERECHO

Reproducimos la tabla, añadiendo una columna donde se recogen los datos de las solicitudes que a fecha de hoy han sido recepcionadas por la empresa TRAGSATEC1 sin que conste que se haya realizado gestión alguna respecto a su tramitación.

En toda España, se han presentado 837 333 solicitudes, de las cuales han sido aprobadas y abonadas 12 789; 69 530 han sido denegadas y se encuentran en tramitación 34 534.

El Gobierno refiere que 82 119 solicitudes se encuentran en proceso de requerimiento de información, tarea encargada a la empresa TRAGSATEC, pero no las incluyen en las solicitudes en estado de tramitación. De las otras 638 364 solicitudes, nada se sabe, salvo que han sido recepcionadas por TRAGSATEC y esperan en un limbo administrativo, mientras 638 364 familias de carne y hueso, esperan su resolución en situación de extrema pobreza.

Si sumamos a estas solicitudes las 82 119 requeridas por la empresa tramitadora, encontramos que el 78,9 % de las solicitudes presentadas desde el día 15 de junio de 2020 no han llegado al Instituto Nacional de la Seguridad Social, órgano competente para su resolución.

Antes de continuar con el análisis de los datos, queremos destacar algunas cuestiones de fondo que hacen que el Ingreso Mínimo Vital sea una prestación más, pero no una política global y eficaz contra la pobreza:

• La condicionalidad: las situaciones de pobreza son tan diversas como familias vulneradas hay en España, condicionar el acceso al Ingreso Mínimo Vital a un corsé administrativo deja atrás a muchas personas empobrecidas:

  • Personas menores de 23 años.
  • Personas menores de 30 años que no han cotizado doce meses a la seguridad social.
  • Familias en las que algún miembro no tienen reconocido el derecho a la residencia en España o que no ha podido renovarlo por la precariedad laboral. o
  • Familias que deben compartir casa al no existir un parque público de viviendas sociales que asegura el Derecho a la Vivienda de todas las familias. El IMV limita a dos prestaciones por vivienda, independientemente de las familias que compartan casa.

• El incumplimiento de la recomendación de la Carta Social Europea respecto a la cuantía de la prestación: Europa fija que la cuantía mínima para superar el umbral de la pobreza en este tipo de prestaciones debe ser de 739,00 euros mensuales (en el caso español). El Ingreso Mínimo Vital tan solo llega a 461,50 euros mensuales y llega a lo kafkiano cuando penaliza a las familias monomarentales de cinco o más miembros.

Sobre la incidencia del IMV en la situación de pobreza severa en España

 

Se han presentado, desde el inicio del Ingreso Mínimo Vital hasta el 14 de septiembre, 837 333 solicitudes. Si a esta cantidad sumamos las 75 418 prestaciones reconocidas de oficio, han tenido la oportunidad de acceder a la prestación un total de 912 751 hogares.

 

Según el 10º informe sobre “El estado de la pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España”, publicado por EAPN este mismo mes de octubre, el 9,1 % de los hogares (que representan 1 695 000 hogares) se encuentran en situación de pobreza extrema.

Esto significa, en el supuesto que todas las solicitudes las hayan realizado familias en situación de pobreza severa, que algo más de la mitad habría solicitado el IMV y que, cuatro meses después de su anuncio, el Ingreso Mínimo Vital solo ha llegado a una de cada veinte familias en situación de extrema pobreza. A pesar de los anuncios tanto de Pablo Iglesias como de José Luis Escrivá, es evidente que muchos hogares en situación de pobreza se están quedando atrás. Hogares que con toda seguridad son muchos más después del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo tras medio año de pandemia (circunstancia que no recoge el estudio de EAPN, basado en una encuesta aplicada en 2019).

 

Una vez más, se constata que las políticas públicas que intentan vertebrar la erradicación de la pobreza en nuestro país se hacen sin enfoque de derechos porque se realizan sin la participación de las personas empobrecidas tanto en el diseño como en la ejecución y evaluación de dichas políticas.

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