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Desde el 15 de junio de 2020 se puede pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), nueva prestación de la Seguridad Social. Pero la esperanza se ha convertido en decepción. Tramitación complicada, resoluciones tardías y confusas, requisitos muy restrictivos. Sin embargo, mientras hacemos presión social para que el IMV sea mejorado en su tramitación como proyecto de ley y mientras mantenemos un horizonte hacia otro modelo más justo y eficaz de salario social o renta básica suficiente, es necesario solicitar esta prestación e intentar obtenerla. Intentaremos dar algunos indicios para moverse en el laberinto del IMV.

 

¿Qué tipos de IMV hay?

Hay tres tipos de IMV, dos de duración indefinida y otro transitorio que caduca el 31/12/2021.

— Un IMV transitorio, concedido de oficio a algunas familias que cobraban prestación por hijo a cargo (no a todas). Caduca el 31/12/2021, y a partir de esa fecha, si se cumplen ciertas condiciones, se podrá reconvertir en un IMV estándar de duración indefinida. Inicialmente caducaba el 31/12/2020, pero se ha modificado.

— Un IMV para personas solas. Es el más difícil de conseguir, ya que tiene condiciones especiales que complican el acceso a las personas solas que conviven con otras personas que no son parientes cercanos suyos y a la gente joven.

— Un IMV para unidades de convivencia, para familias (hasta segundo grado de parentesco). Es algo más fácil de obtener, pero también le han puesto algunos requisitos bastante excluyentes.

En lo que sigue, para abreviar las referencias, llamaremos “unidad de convivencia” al conjunto de personas, una o varias, beneficiarias de un IMV; y “unidad familiar” a la formada por varias personas. “Titular” sería la persona que solicita el IMV, y “beneficiarias” serían todas las personas que forman parte de la unidad de convivencia.

 

¿Qué condiciones hay que cumplir?

Hay requisitos que son comunes al IMV para personas solas y al IMV para unidades de convivencia:

— Todas las personas beneficiarias deben tener residencia efectiva y legal en España desde al menos un año antes de hacer la solicitud (con algunas excepciones). Tras un reciente cambio hay que matizar que a las personas solas menores de 30 años se les exigen tres años de residencia legal y efectiva en vez de un año.

— Vulnerabilidad económica.

— Haber solicitado todas las prestaciones y pensiones a las que se tenga derecho, a excepción de las rentas autonómicas, que no es obligatorio.

Hay requisitos específicos para personas solas, aunque varios de ellos no se aplican en caso de víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual. Entre ellos:

— Edad: al menos 23 años y menos de 65 años, esto último salvo que no se tenga derecho a pensión de jubilación.

En caso de tratarse de personas solas menores de 30 años se añaden dos requisitos más:

— Haber estado de alta en la Seguridad Social al menos 12 meses en los tres últimos años.

— Llevar al menos tres años continuados de residencia legal y efectiva en España y viviendo independiente de madre, padre, tutores, etcétera.

A las personas solas con 30 años o más también se les pide estar viviendo “independientes”, pero solo durante el último año.

Hay requisitos específicos para unidades familiares:

— Edad de la persona titular: mayor de 23 y 65 años, pero si hay menores a cargo basta con ser mayor de edad o menor emancipado.

— La unidad familiar de convivencia debe estar constituida desde al menos un año antes de la solicitud, aunque hay algunas excepciones a esta condición.

¿Cómo se pide?

En las primeras semanas solo se pudo pedir, y con complicaciones, por vía “telemática”, pero ahora hay tres vías principales:

— Telemática: en imv.seg-social.es

Inconvenientes: los justificantes de solicitud que emite el sistema no llevan la fecha en que se registró la solicitud, convertir la documentación papel en ficheros informáticos no es algo que esté al alcance de todas las familias, muchas de ellas no tienen los medios o las habilidades para registrar la solicitud por esta vía, etcétera.

— Entrega de toda la documentación en oficinas de la Seguridad Social.

La cita previa puede pedirse por teléfono (901 106 570) o en https://bit.ly/3f6a8T6 (Internet). Inconveniente: a veces se tarda en conseguir cita o ésta es tardía.

— Envío de la documentación desde una oficina de correos por el Servicio de Registro Virtual Electrónico con la Administración (ORVE). En la Comunidad de Madrid hay que enviarlo a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, López de Hoyos, 169-171, 28002 Madrid (Dir-3: EA0042172). Inconveniente: hay que pagar algo; por ejemplo, 20 páginas salen por unos 5 euros.

¿Qué documentación hay que aportar?

Depende del caso, lo básico es lo siguiente:

— El impreso de solicitud. Cuidado, que algunos locutorios están dando un modelo antiguo. El modelo oficial se obtiene en https://bit.ly/3gUGsZo

— Un documento, firmado por todos los miembros mayores de edad de la unidad de convivencia, confirmando que se solicita el IMV.

— Documentación acreditativa de la identidad de cada miembro de la unidad de convivencia (ver https://bit.ly/3hVWOCp).

— Las personas extranjeras tienen que aportar también un documento difícil de conseguir y por el que hay que pagar 7,17 euros por persona: el certificado de la Dirección General de la Policía de tiempo de residencia legal en España. Cita previa en https://bit.ly/3iLcHf5 (¡entérate antes de ir de la documentación necesaria, consíguela y paga la tasa por anticipado, porque si vas sin ello hecho tendrás que conseguirlo y volver a pedir cita!)

— Certificado de empadronamiento colectivo e histórico (los otros no valen). Eso quiere decir que tienen que salir todas las personas empadronadas en el domicilio, aunque no sean parte de la unidad de convivencia, y reflejando la antigüedad de empadronamiento. Como hay que acreditar que al menos el último año se ha residido en España (y puede haber sido en varios municipios) y las personas solas también tienen que acreditar que los últimos tres años no han vivido con sus progenitores, en ocasiones habrá que aportar varios certificados de padrón de varios municipios. Algunos municipios, como el de Madrid, tienen acuerdos para que el INSS los consulte directamente, pero mejor aportarlo.

— En caso de unidades familiares: libro o libros de familia o certificados en extracto de las partidas de nacimiento de hijas/hijos, así como libro(s) de familia que acredite(n) la filiación de las personas que forman parte de la unidad de convivencia.

— En determinadas circunstancias, otros documentos que acrediten situaciones relacionadas con separación/divorcio, convenios reguladores, abandono de hogar, guarda y custodia, violencia de género, víctimas de trata y explotación sexual, etcétera.

Algunos detalles de interés

a) El cómputo de los ingresos disponibles se hace en base a los ingresos obtenidos en el año anterior a la solicitud (por tanto, durante 2020 consideran los ingresos de 2019). Sin embargo, transitoriamente y hasta el 31/12/2020, puede solicitarse que se haga una estimación a partir de los ingresos obtenidos en lo que va de 2020, aunque hay ciertas condiciones para ello; en ese caso, además de dar los datos de 2019 y 2020 allá donde el impreso de solitud pide estimaciones de ingresos obtenidos, conviene detallar que se pide que computen los ingresos de 2020 en el apartado 5 del impreso, “Alegaciones”.

b) En las estimaciones de ingresos no pongas los ingresos por renta autonómica (RMI en Madrid), pues no computa, o ponlos separados y especificando su origen (por ejemplo: “Ingresos 2019: 1.800 euros ingresos laborales; también 4.800 de RMI, pero ésos no son computables a efectos de IMV”).

c) Tras la reforma del RDL 20/2020 hecha recientemente, el INSS tiene seis meses para resolver a partir de que se registra la solicitud, pero eso se borra con la otra mano diciendo luego que si no emite resolución en ese plazo se puede entender que el IMV ha sido denegado. Aunque en ese caso habría que pedir resolución explícita, cuando eso ocurra sería conveniente consultar con las redes vecinales de apoyo mutuo, porque es uno de los temas en discusión con el Gobierno de España.

d) Ante resoluciones de denegación o por cuantía inferior a la esperada, se puede presentar, en el plazo de un mes, una reclamación previa a la vía jurisdiccional. Aconsejable contactar antes con redes sociales de apoyo mutuo. No te quedes esperando a ver si te dan cita en el centro de servicios sociales para informarte; pide cita, pero no esperes.

¿Cuánto se cobra de IMV?

La nueva prestación lo que garantiza es una renta garantizada, cuya cuantía depende del tipo de familia de que se trate. De esa renta garantizada se restan los demás ingresos computables, y eso es lo que se paga. Por ejemplo, para una familia formada por dos personas adultas la renta garantizada son unos 600 euros; pero si esa familia tiene 400 euros de ingresos por otras cosas, el IMV que cobrará serán 200 euros. Recuerda: los ingresos por RMI no cuentan.

¿Quién me apoya?

Ante la ausencia de respaldo institucional, lo mejor que pueden hacer las personas/familias que buscan informarse y algún apoyo para solicitar el IMV es contactar con las redes sociales de apoyo mutuo que han surgido en muchos barrios. Una opción es hacerlo con la iniciativa RMI Tu Derecho, en rmituderecho@gmail.com, en la que se incluyen varios colectivos sociales, o con otras que conozcas en tu barrio.

El “caso Madrid”: IMV y RMI

La “ley IMV” preveía que las comunidades autónomas pasasen a la Seguridad Social los datos de las familias que pudieran tener derecho a IMV, evitando así el complicado trámite de solicitud y agilizando el proceso. El Gobierno regional no lo ha hecho.

La “ley IMV” establece que las rentas autonómicas no cuentan como ingresos a la hora de evaluar el derecho a IMV y su cuantía. Eso permitía que IMV y RMI se complementasen, al menos parcialmente, como convenía, dado que cada una por separado son insuficientes. El Gobierno regional no lo ha hecho, por el contrario ya ha extinguido miles de rentas mínimas por haber obtenido el IMV. Ha enviado miles de cartas amenazando a las familias beneficiarias de RMI con suspender o quitar la RMI si no piden el IMV y demuestran haberlo hecho en un plazo de 10 días hábiles. Incluso ha habido algunas cartas de suspensión cautelar por “sospechas” de que la familia ya estaba cobrando IMV, cuando aún no existía siquiera resolución de la Seguridad Social. También han paralizado la concesión de nuevas RMI y el levantamiento de suspensiones, todo ello con la intención de prolongar la situación hasta que se sepa si piden y obtienen IMV.

La primera consecuencia es que en julio el Gobierno regional ha quitado más de 3.000 RMI por cobrar el IMV, y unas 100 en agosto. Se trata sobre todo de familias que recibieron el IMV transitorio sin pedirlo, pero esa decisión es arbitraria, porque ese peculiar IMV, el transitorio, era entonces una prestación de solo seis meses (ahora se ha prolongado a todo 2021), y según el reglamento correspondía una suspensión temporal.

Todo esto es dinero quitado a lo social. La nómina RMI total de julio ha sido dos millones de euros menor a la de junio.

La actitud de la Comunidad de Madrid impide que algunas familias muy numerosas que estaban cobrando RMI y varias prestaciones por hijo a cargo decidan quedarse en esa situación, sin pedir el IMV o renunciando a él, lo que sería razonable en los casos, pocos pero reales, en que los ingresos que tendrán si obtienen IMV serán menores a los que tenían hasta el momento. El problema está en que si no piden el IMV o renuncian a él, el Gobierno regional les quita la RMI y se quedarían solo con las prestaciones por hijo a cargo.

La Comunidad de Madrid debería aceptar las propuestas que se le han hecho para complementar parcialmente el IMV. Pero si no lo hace, al menos debería dejar de acosar y meter prisas a familias que bastante hacen con intentar atravesar el “laberinto IMV”.

 

LmS (participa en Invisibles de Tetuán)

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